“En España había un plan de exterminio”
Es uno de los mayores impulsores de la causa judicial abierta sobre los crímenes de la dictadura franquista. El juez Baltasar Garzón ya pidió al Gobierno y a la Iglesia datos sobre 150 mil desaparecidos
El abogado español Fernando Magán Pineño colabora desde hace décadas con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica de su país y fue uno de los principales promotores de la exhumación de cuerpos de víctimas del franquismo. En diciembre de 2006, cuando ya se habían detectado cerca de 300 fosas y recuperado 900 cuerpos de fusilados en todo el país, Magán presentó ante la Audiencia Nacional una demanda para que el Estado español aporte datos y asuma la responsabilidad por el destino de cerca de 150 mil desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975). En ese momento, el juez de turno era Baltasar Garzón, quien dio impulso a la causa, a pesar de la oposición de la fiscalía. Finalmente, el juez Garzón pidió a los ministerios de Justicia y Cultura, a los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, y a la Conferencia Episcopal que abran sus archivos para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, fecha en que se produjo el alzamiento contra la II República.
–¿Cómo surgió la iniciativa de realizar exhumaciones de los ejecutados?
–Estoy ligado a ello desde el inicio, desde antes del año 2000. En ese entonces tenía objetivos concretos en un lugar concreto, Priaranza. Nunca se pensó que esta iniciativa llegara a tener la repercusión social que ha alcanzado, desbordando a la clase política. Resultó tener un enorme impacto en la conciencia colectiva de los españoles, que a muchas personas represaliadas les hizo perder miedos del pasado y salir a dar la cara para reclamar a sus familiares desaparecidos. De modo unánime, lamentan que no se hubiera hecho antes.
–¿Qué intervención tuvo el Estado español en la investigación?
–Ninguna. Ésa ha sido exclusivamente una tarea de voluntarios. Apenas algún ayuntamiento ha prestado alguna colaboración con medios físicos. Las asociaciones de recuperación de la memoria histórica intentan recoger las demandas de familias a las que el Estado no atiende suficientemente.
–¿Podría describir las prácticas represivas del franquismo?
–La represión franquista consistió básicamente en el aniquilamiento físico, moral, social y laboral de toda persona que para los sublevados adhiriera, personal o familiarmente, a la II República Española. Se estima que las muertes por paseos (el secuestro y desaparición de personas) o por juicios sumarios de guerra fueron más de 135 mil. Estos fusilamientos se produjeron desde la sublevación de 1936 hasta la misma muerte del dictador en 1975. La mayor parte fue durante los primeros meses del golpe y luego mediante juicios sumarios, que continuaron hasta 1948, cuando las autoridades franquistas suprimieron formalmente el estado de guerra. Pero hubo otras muchas condenas posteriores. A modo de ejemplo, nombro dos casos con gran repercusión internacional: el del comunista Julián Grimau, en 1964, o los fusilamientos a finales de septiembre de 1975.
La cifra de exiliados alcanzó los 500 mil; los prisioneros, luego presos, suman otras 500 mil personas. Los depurados del régimen, en gran parte maestros, otros 500 mil más.
–¿Cuál era el sustento político y jurídico de los juicios sumarios?
–Estos juicios, por así llamarlos, se desarrollaban sin la menor garantía para el acusado. Políticamente, no tenían otra justificación que llevar a cabo el plan de la sublevación: un plan de terror masivo y exterminio físico. Sobre ese método de guerra se basaba la sublevación militar de 1936. Jurídicamente, son la expresión de una justicia al revés, porque los rebeldes juzgaron a los leales. El sustento para estos juicios era el Bando de Guerra, o también las Ordenanzas militares del siglo XIX, que eran las normas que se dieron a sí mismos los militares golpistas. Así, ellos fijaron las normas y fueron jueces, parte y ejecutores.
–¿Cómo pudo prosperar la causa que usted lleva ante la Audiencia Nacional?
–Está en trámite de instrucción judicial. La Audiencia Nacional no se puede desvincular de resoluciones precedentes, sobre hechos que en esencia revisten características similares y que proceden, sobre todo, de la Argentina, Chile y otros puntos de Latinoamérica, donde sus responsables se declaraban admiradores del general Franco.
–¿Sobre qué argumentos se basó la oposición de la fiscalía?
–Sobre la Ley de Amnistía de 1977 que, como las demás leyes dictadas para garantizar la transición democrática, dejó a miles de personas sin una reparación ni material ni moral conforme a normas internacionales que, paradójicamente, la propia Constitución española vigente reconoce como normas propias y de aplicación interna. Además, la fiscalía argumentó que la Audiencia Nacional sólo ha intervenido en materia de delitos de lesa humanidad cuando éstos han sido cometidos en otros partes del mundo. Y que, en todo caso, los hechos han de conocerse en los juzgados donde fueron cometidos. Obviamente, así se evita conocer que se produjeron de forma análoga en los distintos pueblos de España y, también, que ello tuvo origen en un plan preconcebido para todo nuestro territorio.
Los muertos republicanos en el mausoleo falangista
–¿A qué atribuye la persistencia del nombre de Franco en monumentos, calles y espacios de toda España?
–Al lastre del pasado. Un franquismo político que da su apoyo electoral al actual Partido Popular. Estoy seguro de que el próximo 20 de noviembre los seguidores de Franco volverán a celebrar actos en el Valle de los Caídos, ese mausoleo faraónico inaugurado en 1959. Aprovecho para recordar que allí se encuentran también los restos de miles de republicanos, tanto los muertos durante su construcción como los trasladados anónimamente, poco antes de la inauguración.
–¿Qué opina de la Ley de Memoria Histórica sancionada en diciembre de 2007?
–Que no resuelve ningún problema importante. Resulta altamente significativo que esta ley cite muchas normas precedentes, pero ni siquiera haya recordado la Constitución española de 1931, que todavía no fue derogada conforme a criterios de Derecho, sino sólo a sangre y fuego.
No habrá más penas ni olvido
Los familiares de las víctimas de la Guerra Civil española y de la dictadura del generalísimo Francisco Franco siempre se preguntaron por qué el juez Baltasar Garzón no podía replicar en España sus investigaciones de las dictaduras militares de la Argentina o Chile. Insatisfechos con los alcances de la Ley de Memoria Histórica aprobada el 31 de diciembre de 2007, celebraron la última decisión judicial de Garzón. El lunes, el magistrado ordenó al Ejecutivo, a la Iglesia católica y a sus 23.000 parroquias que aporten los datos necesarios para elaborar un censo de los fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil. La medida es el inicio de la mayor investigación sobre desaparecidos de la historia española y el paso preliminar que le permitirá decidir si acepta o rechaza las ocho demandas presentadas en 2006 por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica.
Etiquetas: apertura de archivos, asociaciones de memoria historica, Audiencia Nacional, fernando magan, Garzón fosas comunes, represaliados, represion franquista
