martes, 9 de septiembre de 2008

CEUTA 268 PERSONAS EJECUTADAS EN LA GUERRA CIVIL Y LA POSTGUERRA por JUANJO OLIVA




La cifra de ejecutados en la Guerra Civil y la dictadura asciende a 268
Escrito por Juanjo Oliva
jueves, 04 de septiembre de 2008
El libro ‘Guerra Civil y Represión en Ceuta’, publicado en 2004 y cuyo autor es el historiador ceutí Francisco Sánchez, recoge que el número de ceutíes ejecutados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista asciende a 268 personas cuyos nombres y apellidos fueron registrados.
Sánchez, según los datos que obtuvo a partir de las investigaciones que luego reflejaría en su obra, contabilizó que de estos 268 fallecidos, 156 fueron arrojados a la fosa común que se encuentra en el Cementerio y donde en la actualidad se erige un panteón en el que figura el nombre de los ajusticiados por su ideología.
La fecha de comienzo de estos crímenes data de 1936, fecha del levantamiento militar, y las últimas tres defunciones son de 1944, en concreto, tres activistas que querían refundar el Partido Socialista en el Protectorado.
Esta semana trascendió que Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, abrió diligencias para requerir a diversas instituciones listados de desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo con el fin de elaborar un listado y determinar si es competente para, tal y como afirmó entre otros medios ‘ABC’, investigar estos crímenes.
El historiador ceutí expuso que en torno a cinco o seis casos se ajustarían en la ciudad a lo solicitado por Garzón, es decir, personas que fueron desalojadas de sus domicilios en los primeros días del golpe pero cuyos cuerpos no han aparecido. “Ya acudieron a mí algunas de estas familias a raíz de las investigaciones que llevé a cabo sobre este tema, pero evidentemente están fuera del listado del que dispongo por lo que fue imposible localizarlos”, explicó Sánchez.
El autor de ‘Guerra Civil y Represión en Ceuta’ comentó que en el archivo del Cementerio y el Registro Civil de Ceuta, fondos que consultó para la elaboración de este libro, “existen varias ejecuciones de ceutíes sin nombre y tal vez pueda ser alguno de ellos, pero saberlo sería una labor imposible, pero tendríamos que abrir la fosa común y realizar la prueba de ADN a los enterrados, algo impensable y fuera de toda lógica”. Por tanto, sería difícil responder a la solicitud de Garzón en la ciudad ya que no existen pistas para conocer su paradero a diferencia de la localización de fosas en la península, donde muchos saben que sus familiares están enterrados en puntos concretos.
Estas 156 personas ajusticiadas, aunque en algunos casos sus familiares conocieron su ejecución a escasas horas de producirse, no pudieron llegar a tiempo para su funeral individual y fueron arrojados junto a otros a la fosa común en el cementerio.
Las ejecuciones se realizaban en mitad de la noche, fundamentalmente por afiliación a partidos políticos de la izquierda, y eran trasladados en camiones hasta el depósito. Los falangistas no mostraban ningún tipo de reparo en hablar de los crímenes, incluso en las cafeterías, según testimonios de la época. En sus reuniones nocturnas obligaban a pequeños grupos a acompañarlos a la comisaría, excusa tras la que se encondían las ejecuciones.

El viernes se cumplen 72 años del fusilamiento de Sánchez-Prado

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domingo, 7 de septiembre de 2008

REPARACION HISTORICA EDITORIAL

Reparación histórica
EDITORIAL La providencia que el juez Garzón ha dirigido a diversos ayuntamientos, organismos e instituciones, entre ellas la Abadía del Valle de los Caídos y la Conferencia Episcopal, para que pongan a disposición de la policía judicial sus archivos y obtener así un censo completo de los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, es un paso decisivo para lo que se ha venido a llamar la recuperación de la memoria histórica. Hasta ahora, a pesar de la recién aprobada Ley de Memoria Histórica, quienes han llevado el peso de las investigaciones han sido asociaciones privadas y de familiares de los desaparecidos, excavando en fosas comunes y rebuscando en archivos, pero sin poder ir más allá. Por tanto, de lo que se trata es que sean las propias instituciones del Estado las que se hagan cargo de este proceso y puedan proceder en consecuencia. Eso es al menos lo que pretenden ocho de estas asociaciones - entre las que se encuentra la de Mallorca- que presentaron la denuncia ante la Audiencia Nacional y que ha motivado esta intervención judicial.
Ha pasado ya muchísimo tiempo y tanto la guerra civil como las causas que la provocaron han dejado de ser motivo de enfrentamiento político en la sociedad española. Tras la muerte del dictador, algunos decidieron enterrar con él parte de la memoria, a fin de pactar el tránsito hacia la democracia sin revanchismos de ningún género. La ley de amnistía de 1977 supuso la prescripción de los delitos políticos que indiscutiblemente se cometieron durante y después de la guerra civil. Pero ahora, treinta años después, no queda más remedio que reconocer que la transición, cuyas virtudes nadie discute, cerró en falso uno de los períodos más oscuros de nuestra historia: los responsables no fueron juzgados y, lo peor, las víctimas - infinidad de ellas - condenadas al olvido. Hasta que sus nietos decidieron que había llegado el momento de pasar a la acción y buscar en la tierra y en los papeles los restos o un rastro de quienes fueron "desaparecidos" por el franquismo.

Sin embargo, el impagable trabajo llevado a cabo por las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica no se centra exclusivamente en la búsqueda de desaparecidos sino, con ellos, en la recuperación de la dignidad colectiva. Quizás ya no se pueda juzgar a quienes asesinaron u ordenaron asesinar por razones políticas y escondieron los cadáveres, pero sí hacer justicia con los desaparecidos, devolviéndoles su identidad ante sus familias, la sociedad y la historia. Parecía un contrasentido, y lo es, que la Audiencia Nacional, a la que la Fiscalía aconsejó archivar las denuncias por afectar a delitos que ya prescribieron, no investigue en España y sí trate de esclarecer desapariciones ocurridas en Argentina o Chile.
La providencia de Garzón tiene la virtud de exigir del Estado la confección de un listado de las víctimas y de los desaparecidos del franquismo, algo que incomprensiblemente aún no existe y que ha de servir para poder cerrar con la mayor dignidad posible el capítulo más trágico y amargo de la historia española del siglo XX. No se trata de reabrir heridas del pasado, ni de animar revanchismos, sino de llenar los espacios de la memoria que la dictadura hizo invisibles. Lo que Garzón pretende es que el olvido no afecte a la justicia y, haciendo caso a las asociaciones denunciantes, conocer exactamente hasta dónde llegó la tragedia humana y mantener viva la memoria histórica sobre unos hechos que jamás debieron producirse.

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TOLEDO OPINION DEL FORO DE LA MEMORIA

El Foro por la Memoria respaldaría la iniciativa de Garzón si busca «justicia»
El presidente del colectivo, Emilio Sales, tiene claro que si pide información a varios ayuntamientos «tiene que pedírsela a todos». Espera que la Justicia vaya más allá de un registro de nombres
(Tribuna de Toledo, 03-09-2008)



Ya se sabe que algunas decisiones del juez Garzón se acompañan de polémica. En esta ocasión, la decisión de pedir a cuatro ayuntamientos los nombres de los enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil puede convertirse en un asunto judicial de importancia para rescatar parte de la memoria histórica pero, sobre todo, para «hacer justicia».


El presidente del Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha y por Toledo, Emilio Sales, se toma con cautela las últimas noticias sobre el juez Baltasar Garzón porque considera que aún es pronto para conocer cuáles son las intenciones del magistrado y si la Audiencia Nacional es competente en estos casos.



Sin embargo, el colectivo tiene claro que si Garzón entra «al fondo del asunto» respaldaría su iniciativa porque ayudaría a «conocer la verdad», a hacer «justicia» con el objetivo de reparar a las víctimas y sus descendientes. Pero cabe la posibilidad, según cuenta Sales, que la única intención de Garzón sea llevar a cabo una «investigación informativa», una iniciativa que se saldaría con un ‘jarro de agua fría’ para los familiares de muchos desaparecidos durante la Guerra Civil.



De momento, Sales tiene claro que si el juez ha decidido pedir información a los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla, «debe hacerlos con todos, incluido el de Toledo». Por contra, entiende que muchas administraciones municipales no disponen de documentos que puedan arrojar algo más de luz sobre los desaparecidos, la mayoría durante la etapa del Primer Terror en 1936. Está de acuerdo en que la Iglesia debe facilitar la documentación que disponga sobre estos años para aportar algunos datos, aunque reconoce que será «difícil», puesto que la Conferencia Episcopal ya ha mostrado una rotunda oposición.



Sales lamenta que el tema de la Memoria Histórica se convierta en un debate político, sobre todo, en algunos medios de comunicación, y espera que las intenciones de Garzón sean buenas, ya que todavía se podrían celebrar juicios contra «los criminales de la Guerra Civil, estén vivos o muertos». También mantiene ciertas esperanzas en que la investigación termine reconociendo esos «crímenes de guerra» que no prescriben, según mantienen todos los que defienden la Memoria Histórica.



En este sentido, Sales critica la pasividad de «nuestro país» para reparar moralmente a las víctimas y a sus descendientes del daño del franquismo y recuerda que otros países, como Francia y Alemania, han indemnizado a muchos represaliados y a sus familiares hasta hace poco tiempo.



En relación a las voces que aseguran que el juez debería tomarse la molestia de pedir también los registros de los fallecidos a manos de los republicanos, Sales tiene claro que la República intentó por todos los medios «que no hubiera desórdenes» y que Franco se encargó también de indemnizar y «ofrecer estancos y otros negocios» a estas víctimas y a sus familiares.

Documentación. Sales opina que el juez querrá ir más allá de la petición de algunas asociaciones de la Memoria Histórica de investigar los archivos que contengan información sobre los desaparecidos. Reitera que muchos ayuntamientos no pueden ofrecer nada nuevo, pero opina que los archivos de la Guardia Civil pueden disponer de datos de gran valía.

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domingo, 31 de agosto de 2008

GARZON DECIDIRA SI SE ABRE LA FOSA DE GARCIA LORCA



Garzón decidirá si se abre la fosa de García LorcaLos familiares de los fusilados junto al poeta exigen al juez una orden de exhumación


El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tendrá la semana que viene en sus manos la posibilidad de esclarecer cómo fue el asesinato del poeta y dramaturgo español más reconocido, Federico García Lorca. Los descendientes de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí, dos de las tres personas que yacen junto al poeta (el tercero no tiene familiares), van a exigir al juez la exhumación de la fosa.

"Es la última salida que nos queda", razonó ayer Nieves Galindo, nieta de Dióscoro, el maestro republicano de Pulianas (Granada) enterrado junto a Lorca en el barranco de Víznar. Para apoyar la petición, ha preparado documentación que certifica que su abuelo está en el municipio de Alfacar. Fernando Magán, abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cree que es un asunto público y dice tener "el convencimiento" de que Garzón llevará adelante el proceso.

La familia del poeta se opone
No es la primera vez que los descendientes de los fusilados junto al autor de Yerma intentan recuperar los cuerpos. Siempre han encontrado la oposición de la familia García Lorca que argumenta respuestas de todo tipo. El sobrino del poeta, Manuel Fernández Montesinos, declaró a Público que la postura de la familia "es la misma antes o después de la ley" de la Memoria Histórica. "Puede abrir la puerta definitiva del olvido", dice la versión oficial de la familia, expresada por Laura García-Lorca de los Ríos, sobrina nieta y portavoz familiar.

Tampoco es la primera vez que un familiar de un represaliado del franquismo consigue exhumar el cuerpo de su antepasado por vía judicial. El único requisito es que haya documentación que asegure que el cuerpo esté en un lugar concreto. En el caso de Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas (el cuarto enterrado junto a Lorca) no existe partida de defunción. Tan solo hay una anotación al margen en una lista en la que aparece un aspa en el nombre de Federico García Lorca que dice: "Falleció en el mes de agosto de 1936 a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra". Sin embargo, numerosos testimonios acreditan lo sucedido.

Gran parte de la documentación ha sido recuperada por el historiador irlandés Ian Gibson, autor de El hombre que detuvo a García Lorca, Ramón Ruiz Alonso y la muerte del poeta (Editorial Aguilar, 2007). El hispanista se enteró ayer de la intención de Nieves Galindo. "Para mí es una cuestión de Estado. No es bueno para nadie que no se sepa todo sobre la muerte del poeta". Gibson cree que la exhumación de la fosa, cuyo punto exacto descubrió él, sería fundamental para aclarar como fueron las últimas horas de Lorca. "Estoy seguro de que lo torturaron y lo machacaron", afirma.

Bulos en Granada

La reconstrucción eliminaría muchos bulos que circulan por Granada desde hace décadas. Uno de ellos explica la postura de la familia del poeta. El rumor dice que décadas después del fin de la Guerra Civil, la familia de Lorca llegó a un acuerdo con el régimen de Franco para recuperar el cuerpo y enterrarlo en la Huerta de San Vicente, hogar familiar de los García Lorca en Granada.

"Es que no hablamos de un desconocido, hablamos de una de las figuras más importantes de la historia de España. Es una vergüenza que cualquier Gobierno lo mantenga ahí", denuncia Gibson.

Lo cierto es que la sombra del nombre de uno de los autores más traducidos de la literatura española oculta el dolor de la familia de sus compañeros de fosa. "Les hemos dicho que lo hacemos lo hacemos de manera privada, sin medios de comunicación, pero ni por esas", lamenta la nieta del maestro.

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lunes, 30 de junio de 2008

JUSTICIA PARA LOS ESPAÑOLES ASESINADOS EN EL HOLOCAUSTO

David Moyano: «Pido justicia para los españoles asesinados en el Holocausto»
«De España nunca hemos recibido nada», recuerda el hombre que impulsa una querella contra ex oficiales de la SS
(El Comercio Digital, 25-06-2008)



25.06.08 - M. SÁIZ-PARDO -MADRID

Quiere justicia para los casi 4.500 republicanos españoles asesinados en tres campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial. A sus 86 años, David Moyano impulsa una querella contra cuatro ex oficiales de la SS que encarnaron la peor cara del III Reich. Desde su casa de Bruselas explica por teléfono su intención: que España reconozca a los miles de republicanos «asesinados por Hitler por defender la libertad».



-¿Qué pretende con su querella?

-Justicia, sólo pido justicia para los cientos de republicanos que fueron asesinados en los campos nazis y a los que jamás España ha reconocido nada. Antes de morir quiero ver cómo los tribunales hacen justicia con los españoles asesinados en el Holocausto. Lucharon por la libertad y fueron torturados y asesinados por Hitler por plantar cara al más atroz de los regímenes, pero nunca han tenido un reconocimiento.



-¿Cabría pensar que ya sólo le mueve la venganza?


-En aquellos días, después de ver las atrocidades que hacían, seguro que hubiera querido colgar del pescuezo a los SS del campo. Hoy no, sólo justicia, que se sienten en el banquillo por lo que hicieron.



-¿Qué le diría a los jueces que tienen que aceptar la demanda?

-Que cada noche oigo los gritos de los compañeros que vi morir a manos de los nazis, que cada día recuerdo cómo mis amigos españoles se lanzaban contra las vallas electrificadas del campo para acabar con tanto sufrimiento. Y que todavía nadie les ha hecho justicia.



-¿Cuándo llegó a Mauthausen?

-Con 18 años entré en la Legión Extranjera para combatir a los nazis. A mediados de 1940, nos capturaron los nazis. Seis meses después nos llevaron a Mauthausen. Cuando llegamos al campo, en enero de 1941, los nazis nos desnudaron encima de la nieve, nos dieron un número y nos dejaron bien claro dónde estábamos. Nos dijeron que en Mauthausen se entraba a pie, pero que se salía por la chimenea.



-Desde que salió libre, ¿Qué tal se ha portado España?

-Los combatientes de la República víctimas de los nazis nunca hemos recibido nada.

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sábado, 28 de junio de 2008

GARZON Y EL PEDIDO DE CUANTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Garzón abre la puerta a una investigación de las desapariciones durante el franquismo
El juez de la Audiencia Nacional pide a Interior y Defensa que identifiquen cuántas personas desaparecieron en la Guerra Civil y la dictadura
JAVIER TORRES / CADENA SER 26-06-2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abre la vía para que la Audiencia Nacional investigue las desapariciones sucedidas en España a partir del 17 de julio de 1936 a consecuencia del llamado "alzamiento nacional", el golpe de estado contra la República que acabó encabezando Franco.
El Magistrado ha dado órdenes a Defensa e Interior para que vuelquen sus archivos y le informen sobre los organismos que, en esos ministerios, pueden dictaminar sobre el número de desaparecidos "como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional y la situación de guerra civil que provocó y la postguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España".
El juez también ordena a ambos ministerios para que "en la medida de lo posible se identificaran los casos y si han existido denuncias por las desapariciones" .
La providencia, fechada el lunes, pide a los denunciantes (particulares y asociaciones de desaparecidos de todo el Estado) que aporten "la identificació n o enumeración de los casos de desaparición de personas que continúan hasta el día de hoy, detallando las circunstancias , en la medida de lo posible".
Autentificar el número de denuncias
El Magistrado ordena esta serie de diligencias no para verificar la veracidad de las denuncias, sino para autentificar su número y decidir si la Audiencia Nacional es competente en algunas de las atribuciones que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a que el magistrado admitiera la denuncia y pidió su archivo al considerar que ese órgano judicial no es competente para investigar las desapariciones. La fiscalía considera que cada caso debe remitirse a los juzgados de Primera Instancia que les correspondiera.
Los denunciantes consideran que las desapariciones producidas durante el régimen franquista constituyen un delito de "lesa humanidad".

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sábado, 22 de marzo de 2008

JUEZ GARZON QUEREMOS JUSTICIA!

Saludos cordiales.

Cuando el juez Baltasar Garzón actúa, o cuando en sus declaraciones se refiere a la necesidad de no permitir la impunidad de los crímenes cometidos por las dictaduras sudamericanas, todos los hacemos la misma pregunta: ¿y qué pasa con los crímenes del franquismo, señor juez?

Solo una generación separa a la dictadura de Franco con la Pinochet o Videla, pero ya vemos que hay muchas más distancias que las del tiempo o la geografía, para comprobar cómo un mismo juez ha sido capaz de procesar a criminales chilenos o argentinos, y calla, y mira para otro lado mientras en su propio país las fosas del franquismo siguen esperando la acción de la justicia.

¿De qué tiene miedo el juez Garzón?.

Traficantes y terroristas tienen puesto precio a su cabeza y aunque anda siempre rodeado de escoltas, no por ello parece que le amedrente estar presente en todos los foros en donde el brillo de su presencia aporte un extra de "look" a los eventos a los que es llamado. No, Garzón no tiene miedo a los terroristas ni a los traficantes. Ni siquiera le quita el sueño la presencia en España de los tentáculos de los grupos de ultradercha argentinos o chilenos, tanto como para desistir y no hacer aquello que le interesa.

Pero Garzón sí tiene miedo a la derecha española. Pudiera ser un miedo escénico, o tal vez un terror atávico a abrir la caja de Pandora, teniéndolos aquí, tan cerca, disfrutando plácidamente sus pensiones gratificantes; dejando meciéndose apacibles en su ancianidad, sin el más mínimo reparo de conciencia ni sentimiento del mal causado. Aquí al lado los tiene también, a los hijos y los nietos de aquellos asesinos, tan próximo él al lugar de autos, tan viviendo al lado de aquellos apellidos que inevitablemente habría de inscribir en la instrucción del primer sumario para investigar los crímenes franquistas.

Garzón tiene miedo, pero no tanto para intentar vestir la toga una vez aceptado el guión de aquellos casos " de impacto" y portada en telediarios, que no le hagan sentir complejos, ni tener que bajar la vista cuando se mueve por paisajes españoles, obediente al subliminal y admonitorio ¡ojo al parche! si se atreve a pisar en el lodazal sembrado de calaveras que lleva al Valle de los Caídos. No hace falta que Zapatero o Rajoy se lo digan. Garzón sabe que ningún fiscal español le va a poner en aprietos. Que ningún juez español va a tirar de una manta que oculta cuarenta años de crímenes, silenciados e impunes. El lo sabe. El gobierno lo sabe. Los demás jueces y fiscales, también.
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Y nosotros también lo sabemos.

El día 5 del pasado febrero, envié al juez Garzón por correo postal una carta. No ha habido la menor respuesta.

Hemos esperado por deferencia, pero ahora la hacemos pública, agracediendo que todo el que la lea, la difunda "urbi et orbe", para que Garzón nunca pueda decir que ninguna asociación española nunca le díjo nada. Nosotros ya lo hemos hecho varias veces, pero ahora queremos que lo sepas tú también, que lo sepa toda España y en el resto del mundo.

Ayúdanos. Gracias.

Floren Dimas
Presidente regional
AMIGOS DE LOS CAÍDOS POR LA LIBERTAD
REGIÓN DE MURCIA
www.galeon.com/murcia1939
Email: murcia1939@yahoo.es



CARTA AL JUEZ BALTASAR GARZÓN REAL

D. Baltasar Garzón Real

Magistrado Juez titular del

Juzgado Central de Instrucción nº 5

Audiencia Nacional

28071 MADRID



Murcia, 5 de marzo de 2008



Respetado Sr. Juez:



Por si esta carta lograse traspasar la barrera burocrática que se interpone entre quiénes intentamos mover su sensibilidad y los funcionarios que, a modo de “filtros”, le hacen llegar solo los asuntos que a Vd. interesan, quisiera transmitirle el sentir general del colectivo social que represento, integrado en su mayor parte por familiares de los más de mil doscientos republicanos murcianos, asesinados por sentencia de los tribunales militares franquistas, una vez iniciado en este territorio la operación represiva mortal, que se inició el 28 de marzo de 1939 y alcanzó hasta enero de 1945, y los incontables que fallecieron por causas vinculadas a los malos tratos a que fueron sometidos durante su cautiverio.


Hace unos días, tuvimos oportunidad de escuchar sus declaraciones en el programa “En días como hoy” de Radio Nacional de España, en donde el presentador destacaba su intervención en el procesamiento de significados servidores de dictaduras australes, imputándoles la comisión del delito de crímenes “de lesa humanidad”, como Vd. mismo los calificó, sin duda evocando el artículo 607.bis del vigente código penal, que Su Señoría bien conoce.


Estamos convencidos de que usted es consciente del hondo sentimiento de desazón y del brote de sentimientos encontrados que nos producen sus palabras y sus iniciativas de hacer justicia, a las víctimas de los regímenes infames que sojuzgaron las sociedades argentina y chilena, pues mientras nos invade una inmensa satisfacción por su decisión de procesarles, el vacío que al propio tiempo usted practica al no investigar de los crímenes perpetrados en España, -su propio país Sr. Juez- durante la dictadura de Franco, nos sume en un doloroso pesar al sentirnos abandonados y discriminados por alguien que ha acreditado altas dosis de sensibilidad para juzgar los crímenes de otras latitudes, y no tiene una palabra ni un gesto para intervenir en los casos de cientos de miles de atrocidades cometidas entre 1936 y 1975, como parte de un programa de terror puesto en marcha para vencer en una guerra impuesta al gobierno legítimo de España y posteriormente, para implantar una dictadura que duró cuarenta años.


Usted no desconoce la existencia de este clamor doloroso y de frustración que produce su intervención en los casos citados, porque tiene plena conciencia de que habiéndose ido muy lejos a hacer justicia, le alcanza muy de cerca la sombra de la impunidad que ampara a los asesinos españoles.


Usted Sr. Juez, y créame que me resulta harto doloroso tener que expresarme en estos términos, está haciendo oídos sordos a todos los llamamientos que desde las asociaciones de víctimas del franquismo le venimos haciendo, para que el mismo tratamiento jurídico con el usted que acoge las demandas de los familiares de las víctimas de Argentina o Chile, le sirvan para actuar aquí en la misma forma que lo está haciendo con personajes extranjeros que están en la mente de todos.


Cerraba Vd. su intervención en el programa de radio con estas palabras: “Olvidar el pasado imposibilita la construcción del futuro” Y nosotros nos preguntamos si esa Memoria por la que Su Señoría se postula como activo adalid, excluye a su propia jurisdicción.


Esperando merecer su atención alguna vez, le saluda respetuosamente


Floren Dimas Balsalobre

Presidente regional
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sábado, 2 de febrero de 2008

EL FISCAL PIDE ARCHIVAR DENUNCIAS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

El fiscal pide archivar denuncias por crímenes de la Guerra Civil
El Código no contemplaba el delito de lesa humanidad
JULIO M LÁZARO - Madrid - 01/02/2008

Las denuncias por desapariciones, sacas, asesinatos, secuestro, torturas y exilios forzosos en la Guerra Civil, instadas ahora por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, deben ser archivadas, según el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional, puesto que no pueden ser considerados un delito de lesa humanidad que no prescribe, ya que éste no existía durante la contienda.

El pasado 18 de julio, coincidiendo con el 71 aniversario de la sublevación del general Franco, familiares de 55 desaparecidos y represaliados de la Guerra Civil presentaron tres denuncias por "crímenes de lesa humanidad", un tipo penal que no prescribe nunca pero que no entró en vigor en España hasta el 1 de octubre de 2004.

Las denuncias fueron presentadas ante el juez Baltasar Garzón, quien pidió al fiscal el preceptivo informe. Según ese informe, las denuncias deben ser archivadas, y además, la Audiencia Nacional no sería competente para investigarlas. El fiscal recuerda que en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Scilingo -el militar argentino que participó en los vuelos de la muerte- se llegó a la imposibilidad de aplicar retroactivamente el delito de lesa humanidad.

En el Código Penal de la Segunda República, aprobado en el año 1932, estaban contemplados todos los hechos denunciados -asesinato, violación, detención ilegal, lesiones-, pero

entonces estaban tipificados como delitos comunes, y no con la especial cualificación derivada de la finalidad de acabar con un grupo político. Ahora, el artículo 25.1 de la Constitución supone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito o falta, según la legislación vigente en el momento. Y en el Código de 1932 no había ninguna norma que sancionase hechos como el delito de lesa humanidad que describe el vigente artículo 607 bis del Código Penal.

El fiscal argumenta también que aunque se considerasen delitos comunes les alcanzaría la Ley de Amnistía de 1977 y que, en cualquier caso, la Audiencia Nacional sólo es competente para conocer delitos de genocidio o tortura cuando han ocurrido fuera del territorio español. Cuando los delitos de lesa humanidad hayan sido cometidos en España, son competencia de juzgados provinciales.

"Esto es un revés. Llevo toda la vida buscándola", lamentaba ayer Juan Pérez Silva, hijo de La Libertaria de Casas Viejas, una de las mujeres desaparecidas en la Guerra Civil, informa Natalia Junquera. "No la recuerdo, porque la última vez que estuve con ella, en la cárcel, yo tenía 15 meses. Pero no he dejado de buscarla. Tengo su acta de defunción, que dice "muerta por arma de fuego", y sólo quiero saber dónde está. No entenderé si la justicia decide no ayudarme. No me interesan los verdugos. Sólo quiero encontrarla a tiempo", asegura Pérez Silva, de 73 años. Su abogado promete recurrir si es necesario y llevar las denuncias a tribunales internacionales.

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