LOS PARTIDOS POLITICOS PIDEN COMPENSACIONES POR PATRIMONIO EXPOLIADO EN LA GUERRA CIVIL

PIDEN MEJORAS EN LA LEY DE COMPENSACIONES POR EL PATRIMONIO EXPOLIADO Los partidos quieren cobrar sus deudas de la Guerra Civil
Sedes emblemáticas de las organizaciones políticas que apoyaron a la República, incautadas por Franco, no han sido compensadas económicamente.
Javier Otero
Los partidos que sufrieron la incautación de sus bienes en la Guerra Civil han retomado en el Parlamento una reforma legal para poder reclamar compensaciones por ese patrimonio. Una ley de 1998 abrió un periodo limitado para reclamar, y las restricciones que puso el Gobierno del PP provocaron que sólo se hayan pagado compensaciones por unos 28 millones de euros. Esta cifra contrasta con lo que recibieron los sindicatos gracias a otra norma. UGT consiguió compensaciones por 151 millones de euros. Se trata ahora de salvar las dificultades que tuvieron los partidos en este proceso. Por ejemplo, Isabelo Herreros, líder de Izquierda Republicana, cuenta cómo no han obtenido compensación por algunos de los edificios más simbólicos para este partido, como la que fuera la sede central de la calle Mayor de Mapropiedad. Madrid, junto a la Puerta del Sol, donde tenía su despacho Manuel Azaña, u otros como una escuela laica en el barrio de Pacífico. Y aún podría aparecer alguna finca destacada más si se reabre el proceso.

IZQUIERDA REPUBLICANA ESTIMA QUE GARZON DEBE DECLARARSE COMPETENTE EN LA DENUNCIA POR DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO

Comunicado de prensa
IZQUIERDA REPUBLICANA ESTIMA QUE GARZÓN DEBE DECLARARSE COMPETENTE EN LA DENUNCIA POR DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO

Su petición de censos y datos a instituciones demuestra la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica y de la Comisión Interministerial de atención a las víctimas del franquismo


Ante la petición de información sobre fusilados y desaparecidos a diversas instituciones y entidades oficiales y privadas (entre ellas, la Conferencia Episcopal católica) que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para decidir si es competente para investigar esos hechos denunciados por ocho asociaciones de familiares de desaparecidos por el franquismo, Izquierda Republicana considera que el juez dispone ya de los elementos suficientes para declararse competente, y que debe declarar que lo es.

Por un lado, la denuncia presentada hace más de un año incluye suficiente información sobre lo solicitado, y por otro lado, más importante, que las cuestiones de procedimiento jurídico para declararse competente son dominadas perfectamente por un juez que ha instruido los casos de los desaparecidos españoles en las dictaduras chilena y argentina de los años setenta y que se ha documentado ampliamente en el tiempo transcurrido desde la denuncia.

La petición de datos que el juez realiza ante el Archivo General de la Administración, el Ministerio de Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba y a los monjes que dirigen el mausoleo del Valle de los Caídos en Madrid, así como al órgano máximo de la iglesia Católica española y a otras entidades, demuestra, para Izquierda Republicana, la vacuidad e inoperancia tanto de la Comisión Interministerial para la atención a las víctimas del franquismo, de 2005, como de la ley de Memoria Histórica, y de un Gobierno que no quiere dar a las víctimas del franquismo la consideración jurídica de tales, de acuerdo a los estándares jurídicos que España ha refrendado, como son el Tribunal de Derechos Humanos europeo, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar el hecho significativo de que la Fiscalía General del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se opone a que se admita la denuncia presentada ante Garzón.

Ese reconocimiento implicaría una lucha efectiva contra la impunidad judicial que al respecto hasta ahora ha existido en España, donde, por ejemplo, los tribunales militares siguen rechazando la reapertura de casos tan famosos como el de Julián Grimau porque estiman legítima la legislación franquista. Debería seguirse el ejemplo de países como Alemania o Japón, con dictaduras similares a la nuestra en su persecución de la democracia y sus defensores, con recientes condenas e indemnizaciones millonarias a las empresas y entidades que tuvieron esclavos laborales y esclavas sexuales, respectivamente, durante el nazismo y el emperador Hirohito.

PRECEDENTE RECIENTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Izquierda Republicana considera que el juez Garzón debe declararse competente en este caso u otros similares siguiendo el precedente que la propia Audiencia Nacional ha sentado el pasado 17 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia hizo público el auto de admisión a trámite de la querella formulada por familiares y víctimas españolas en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, ciudadanos que llegan por primera vez en 60 años a los estrados de la justicia del Estado español que, hasta la fecha, les ha desconocido como tales víctimas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha devuelto la nacionalidad española.


3 de septiembre de 2008

Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana




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QUE FUNDAN A MILLAN ASTRAY

"Que fundan a Millán Astray"

A Coruña retirará la estatua del militar franquista tras la denuncia de un jubilado

PAOLA OBELLEIRO - A Coruña

EL PAÍS - 22-05-2008
Fue el hartazgo lo que movió a Ovidio Bao, un veterinario retirado de 87 años, a plantarse hace unos días en un juzgado de Instrucción de A Coruña con una denuncia contra el Ayuntamiento por incumplir la ley que obliga a retirar toda simbología franquista de las calles y edificios públicos en una ciudad en que proliferan las huellas de la dictadura y los homenajes a los golpistas de 1936. "Esos recuerdos no sirven de nada, di el paso porque soy viejo, estoy agotado y quiero acabar con todo eso de una puñetera vez".

Y su iniciativa, inédita, parece haber hecho mella en el gobierno municipal, hasta ahora remiso a emprender, en aras de no remover supuestos "valores artísticos o históricos", la obligada retirada de la simbología falangista y franquista que campa a sus anchas en A Coruña. Por de pronto, el alcalde, el socialista Javier Losada, desveló ayer, como "primer paso", la supresión hace unos días de una pequeña placa, en el corazón de la ciudad, que rezaba Los Cantones de José Antonio, el anterior nombre de lo que es hoy el Cantón pequeño.

Del cambio de nombre de las 69 calles, entre ellas las principales arterias de la ciudad, que rinden homenaje a falangistas y franquistas, aún no se sabe nada. Pero el regidor también anunció la pronta retirada, aunque sin tampoco ponerle fecha, de la estatua de Millán Astray, el fundador de la Legión y destacado falangista que fue jefe de Prensa y Propaganda en los primeros años de la dictadura. El contestado monumento, que preside una pequeña plaza a espaldas del Palacio Municipal de María Pita, será depositado en el Museo Militar, cuando finalicen las obras de ampliación ahora en curso, explicó Losada.

"Lo que habría que hacer es fundir la estatua, que desaparezca del todo", replica Bao, desde su domicilio, en el edificio más alto de A Coruña que domina la calle Cabo Santiago Gómez, otro coruñés erigido en héroe por las autoridades franquistas por haber muerto, el día del golpe militar de 1936, al estallar el cañón con el que estaba disparando contra la sede del entonces Gobierno Civil, la más alta instancia de la República en la ciudad. Y es que en A Coruña, no se puede dar un paso sin toparse con símbolos u homenajes a los vencedores de la Guerra Civil y la larga dictadura que le siguió.

Este anciano veterinario es hijo de un represaliado militante de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, que "estuvo tres años escapado" y padeció la cárcel. "A mí lo que me dejo frío es que cuando fui a presentar la denuncia, el secretario del juzgado me contó que su padre fue fusilado y su abuelo desapareció". El anciano, con declarada "mala leche", no se explica cómo causa tanto revuelo "algo tan simple" como acudir, como él hizo, a un juzgado para presentar una denuncia, que escribió sin ayuda de nadie, sólo "por desahogo". "La gente está dormida o les parece un cuento lo que pasó, espero que tengan el valor de despertar y reaccionar", insiste.

Bao se hartó de ver leyes incumplidas, como la de 1981 sobre el escudo constitucional que daba un plazo de tres años para la retirada de toda simbología de la dictadura en edificios públicos y calles. O de ver y oír "el despertar de la derecha" ante la Ley de la Memoria Histórica, en vigor desde enero, que también obliga a suprimir todo homenaje y recuerdo de los franquistas. Y qué decir de la polémica sobre el Pazo de Meirás. Bao no se explica cómo la casa de Emilia Pardo Bazán "regalada a Franco por ser jefe de Estado" no forme parte hoy del Patrimonio del Estado, o que ni tan siquiera "el presidente de la Xunta tenga permiso para entrar en él". "Me importa todo un rábano, en la cárcel no me pueden meter por edad, en todo caso en un hospital", replica, pragmático, Ovidio Bao a su esposa, inquieta por la posibilidad de que su iniciativa judicial tenga "consecuencias malas". Dentro de 15 días, volverá por el juzgado para ver si se admitió a trámite su denuncia, a la que no piensa renunciar pese al anuncio del alcalde. "El primer paso es que se retire todo de una vez", clama.