La Justicia argentina ordena investigar los crimenes del franquismo

La Justicia argentina ordena investigar los crímenes del franquismo

Investigar los crímenes franquistas

INVESTIGAR LOS CRIMENES FRANQUISTAS
“Hay que ayudar a los españoles”

El abogado que representa ante la Justicia madrileña a las víctimas de la dictadura quiere replicar esa experiencia. Dice que sería una “devolución” a España por su ayuda al desarrollo de la lucha contra la impunidad de los represores argentinos.
[cerrar]



Por Laura Vales

Genocidio, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, ¿qué describe cada término y qué consecuencias tiene usar uno u otro en los juicios por violaciones a los derechos humanos? Este fue el tema del debate que, el miércoles y jueves pasado, reunió a especialistas del país y del exterior en el Centro Cultural Borges. Invitados por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de Tres de Febrero, jueces, fiscales, querellantes y funcionarios hablaron sobre los modos de nombrar los crímenes de la dictadura. El abogado Carlos Slepoy, representante de las víctimas argentinas en las causas que se abrieron en Madrid, fue uno de los panelistas y habló con Página/12.

–Alguien dijo, en estos debates, que en los juicios a los represores la Justicia no está llamando a las cosas por su nombre. ¿Es una queja fundada?

–Se refería a las sentencias que no asumen que en la Argentina se cometió un genocidio; en ese caso, sí, la Justicia no está llamando a las cosas por su nombre. No es un problema académico; un robo y un hurto no son lo mismo, aunque se trata de la sustracción de un bien, porque en un caso hay violencia y en otro no. Un homicidio es diferente de un homicidio agravado, porque en el agravado hay alevosía.

–Pero también se aclaró que condenar por genocidio no implicaría penas mayores.

–No es un tema de mayor o menor pena. La importancia de qué calificación usar es en otro sentido: uno, es que la verdad judicial se corresponda con la verdad histórica. Para que esto suceda, la calificación adecuada del crimen cometido es fundamental, porque es lo que da conciencia de qué ocurrió. Además, al plantear que hubo un genocidio se está cuestionando la forma en que se están realizando los juicios, parcelada, con testimonios indidivuales, como si acá hubiera habido múltiples crímenes y no un plan sistemático de eliminación de personas. Ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, ni la Corte Suprema hicieron una ordenación de los juicios para que guarden relación con la forma en que se cometió el plan criminal, un ordenamiento por cuerpos, por ejemplo, entonces ocurrió esta atomización. Se juzga lo que ocurrió en un centro clandestino, luego en otro, o se juzga dentro de un centro clandestino a un grupo de personas y no a otro grupo, por unas víctimas y no por otras. Esta disfuncionalidad nació de no haber asumido el tipo de crimen que se cometió, un crimen que necesitó de una planificación, de la instalación de cientos de centros clandestinos, de una forma de operatividad que nada tiene que ver con la idea de crímenes de lesa humanidad.

–¿Cuál sería la diferencia entre crímenes de lesa humanidad y genocidio?

–Los crímenes de lesa humanidad se caracterizan por ser un ataque contra la población civil. Las bombas atómicas, por ejemplo, yo entiendo que son crímenes contra la humanidad, porque son indiscriminadas, y además ataques súbitos contra la población civil. Acá no hubo un ataque, hubo una planificación sistemática para eliminar determinados grupos de la sociedad argentina. Existe una convención sobre genocidio, que en lo fundamental plantea que el propósito del genocida es la destrucción total o parcial de un grupo o grupos, a diferencia de los crímenes contra la humanidad, que son ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.

–Las condenas seguirían siendo por homicidio agravado o por secuestro, por las figuras del Código Penal.

-Sí, y a esas figuras se las enmarca... porque todos estos delitos estarían prescriptos, de acuerdo a la aplicación del Código Penal, pero se los considera imprescriptibles en la medida en que son crímenes contra la humanidad. Con el mismo criterio, tampoco prescribirían si se los calificara como delitos instrumentales para cometer un genocidio. Enmarcar los crímenes de la dictadura como un genocidio tendría efectos además con otra cuestión, que es la de los instigadores, cómplices y coautores civiles y económicos del exterminio. No es posible que Videla sea condenado y sus crímenes se declaren imprescriptibles y Martínez de Hoz y el resto no sean perseguidos por la Justicia, porque ellos son copartícipes del genocidio. Alguien dijo en uno de los debates, con mucho tino, que no fue Videla el que puso a Martínez de Hoz sino al revés. La convención sobre genocidio dice que no solamente serán juzgados quienes cometan directamente el crimen, sino quienes lo instiguen, sean sus cómplices o coautores. Pero mientras no se aplique, no se resolverá esencialmente ni se revertirá esta etapa post-genocida de Argentina. Lo digo en el marco de la extraordinaria importancia que tienen los juicios: Argentina hoy es una referencia ante el mundo. Pero esta sociedad ha derribado muros mucho más poderosos que los que tiene hoy enfrente y puede seguir avanzando.

–La semana pasada, en el juicio por ESMA, Donda declaró que la represión fue un tema de toda la Armada, no sólo del grupo de tareas que está siendo juzgado. ¿Ayudan estas confesiones a avanzar en ese sentido?

–Por lo menos se debería tomar nota, porque él lo hace con una actitud defensista, trata de escudarse en la generalidad, pero a la vez afirma una verdad muy grande. Yo no sé si la totalidad de la Armada es responsable, pero sí muchísimos más de los que están siendo juzgados. Y con todo lo importante que son los juicios, con todo lo que se ha conseguido, tenemos unos 600 procesados y se estima que hubo casi 500 centros clandestinos de detención, o sea que por cada centro hay sólo un represor procesado.

–Si en el 2011 asumiera un gobierno de derecha, ¿la continuidad de los juicios estaría en riesgo?

–Va a ser muy difícil que suceda eso, porque habría una respuesta del movimiento de derechos humanos, que en la Argentina es muy poderoso. Les sería muy difícil revertir el camino, aunque no imposible, claro... pero yo creo que eso se agita a veces como un fantasma, “cuidado que viene el lobo, no avancemos demasiado, no organicemos las cosas como las tenemos que organizar”. Y eso, más que precaución, es un temor que hace que uno se enroque en lo que ha conseguido por temor a perderlo, y deje de ver la propia historia. El movimiento de derechos humanos en la Argentina derribó muros que parecían infranqueables, como las leyes de punto final y obediencia debida, impulsó los juicios en el exterior, terminó con la historia de que había un juez natural, porque al principio se decía que los militares debían ser juzgados por jueces militares. A mí me parece que en algunos sectores hay una cierta conformidad con lo logrado como si dijeran ‘hasta acá llegamos’. En realidad, éste es un paso más. No diría que estamos empezando, pero nos falta un largo camino por recorrer, se pueden conseguir muchas más cosas. La tarea fundamental es revertir las consecuencias del genocidio desde todo punto de vista, y lo primero que hay que hacer es llamarlo como tal y organizar los juicios como tal.

–¿Qué va a pasar con los juicios en el exterior?

–Continúan. En Italia se han dictado algunas sentencias en ausencia, por ejemplo contra Massera. Nosotros en España tenemos pedida la extradición de 48 represores, que quedó congelada.

–¿Tendría sentido que avanzara ahora?

–Tendría sentido con varios que no están siendo procesados en la Argentina. O se los procesa acá, con las acusaciones que llegan de España, o bien se los debería extraditar. Claro, teniendo en cuenta que acá los juicios están avanzando parecería un contrasentido extraditarlos, pero es bueno que se sepa que este tipo de criminales son perseguidos internacionalmente. Entonces, aunque sea a nivel simbólico, es bueno que continúen abiertos aquellos juicios.

–Usted vive en España. ¿Qué pasó con el intento de juzgar los crímenes del franquismo?

–Baltasar Garzón intentó avanzar con los juicios y le plantearon que no podría porque la ley de amnistía que se dictó en 1977 en España dice que quedan exonerados de responsabilidad penal quienes durante el franquismo hayan cometido delitos con intencionalidad política. El avanzó sobre eso, hizo una interpretación de la ley de amnistía en el sentido de que no puede amparar crímenes contra la humanidad o genocidio, desaparición forzada de personas, etcétera, y no solamente hubo una ofensiva tremenda contra él de parte de la fiscalía, que responde al fiscal general, designado por el gobierno, quien logró la paralización de esta investigación, sino que además le abrieron un expediente por prevaricato, es decir lo acusan de haber dictado a sabiendas una resolución injusta. Es patético. Una de las cosas que quiero plantear es que la Argentina realice una devolución a España.

–¿Abrir acá una causa?

–Así como en España hubo juicios que ayudaron al desarrollo de la lucha contra la impunidad de los represores argentinos, ahora hay que ayudar a los españoles abriendo un procedimiento judicial contra los crímenes del franquismo. Yo creo que se podría.

Fosas, huesos, víctimas, personas

* Es difícil considerar las exhumaciones de la Guerra Civil un acto de venganza o lucrativo
* Los familiares se resisten a que cadáveres maltratados sigan sin derecho a un homenaje
www.soitu.es
Por GERVASIO SÁNCHEZ (SOITU.ES)
Actualizado 27-06-2009 11:29 CET

Acérquese a una fosa común y mire durante unos minutos. Pregúntele a su conciencia: ¿si fuera mi padre o mi abuelo permitiría que continuase ahí tirado? Piénselo de verdad, es decir, en silencio.

Hay dos respuestas posibles: sí y no. Si su respuesta es sí, está claro que debe ir al psicólogo. Ya sé que hay familiares que no quieren revolver la tierra. Pero dudo mucho que contestasen de esa manera a pie de fosa.

Si su respuesta es no, actúe en consecuencia: acepte que todas las fosas sean abiertas, todos los huesos de las víctimas sean ordenados, identificados y entregados a sus familiares para que le den una sepultura decente.

Entiendo su dilema: hay muchos desaparecidos y es un trabajo muy caro. Además, estamos en crisis. ¿Vale la pena escarbar el pasado? ¿No sería mejor dedicar el dinero a construir puestos de trabajo, adecentar empresas o bancos ruinosos, subvencionar la compra de coches? Insisto: mire a la fosa y hágase otra vez la misma pregunta.
Gervasio Sánchez

La demagogia nos puede sacar del atolladero. Se puede pensar en ahorrar cuando un equipo de fútbol se gasta casi 100 millones de euros en un fichaje o cuando un Estado nos regala 400 euros por nuestra cara bonita. ¿Sabe cuántas fosas se podrían abrir con 100 millones de euros? Con una cuarta parte del regalo que el año pasado nos hizo nuestro Estado (el Gobierno simplemente ejerció de irresponsable), podríamos asear nuestro pasado.

¿Sabe cuánto está costando la búsqueda de los restos de los pasajeros y del avión de Air France que se cayó al océano hace tres semanas? Si su padre, su abuelo o su hijo estuviesen en el fondo del mar, ¿se conformaría con la explicación banal de que es muy caro buscarlos? Claro que no. ¿Rechazaría la entrega de algunos restos de su familiar en una pequeña caja? Claro que no.

Resulta que ve a los familiares como unos aprovechados que sólo quieren dinero o, peor, que buscan culpables y venganza. Vuelva a la fosa y observe cómo trabajan los arqueólogos y antropólogos. Entre ellos, camuflados, también verá familiares limpiando huesos armados de pequeños pinceles. ¿De verdad piensa que esa persona está ahí por dinero o venganza?

Pongamos que recibe una reparación económica. Primero recuerde que habrá tenido que acreditar documentalmente los hechos ocurridos. Le aseguro que es una misión imposible tal como están los archivos de nuestro país y las restricciones existentes. Si supera todos los obstáculos y consigue confeccionar un expediente decente, cobrará unos miles de euros. ¿No le parece que tiene el mismo derecho que le asistiría si su padre o su hijo fuesen atropellados en un paso de cebra? Al fin y al cabo, a su familiar quizá lo sacaron de su casa, lo pasearon durante unos minutos eternos, lo ejecutaron y lo lanzaron al fondo de un agujero.

Pongamos que se quiere vengar. ¿De quién? ¿Del asesino que ya murió? ¿De la historia? Nunca he escuchado la palabra venganza en una fosa. Ni en Guatemala, ni en Irak, ni en Bosnia. Tampoco en España. Nadie se remanga el traje y se dedica semanas, meses y años a buscar los restos de su padre o su abuelo por venganza. No se sostiene.

Trabajando en la limpieza de la fosa encontrada.

Es cierto que algunos verdugos siguen vivos. Me han explicado la historia de un asesino que, además, violó a una de sus víctimas femeninas antes de matarla, y que cada día va a comulgar en bicicleta. Las personas que conocen la historia nunca se la han contado a los familiares directos. El asesino ya tiene más de 90 años. ¿Usted tendría un comportamiento similar? ¿Usted se lo callaría? ¿Usted aceptaría que el violador de su abuela o su madre se pasease en bicicleta a unos kilómetros de su casa sin haber sido juzgado? Permítame que lo dude.

De nuevo, entiendo su dilema: era una guerra y ya sabemos lo que pasa cuando todo se desmorona. Los vecinos y los hermanos se matan. La violación es un arma de terror. El enemigo es reconvertido en un demonio para paliar los golpes de la conciencia. Llevo más de 25 años viviéndolo de forma regular. Ni el peor de los testimonios me asombra, aunque me siga hiriendo.

Pero la guerra tiene reglas. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques contra la población civil son crímenes contra el derecho internacional que no prescriben. Los máximos responsables ya murieron o son ancianos, pero sigue existiendo un Estado llamado España que tiene una obligación con su propia historia.

«¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo?

La Voz de Galicia.es
Jaime Mayor Oreja critica duramente la Ley de la Memoria Histórica y no cree que haya que condenar el franquismo.

-¿Qué opina de la Ley de la Memoria Histórica?

-Hacer de una tragedia de nuestra historia un elemento de división es fácil, pero es un disparate. Si hicimos un esfuerzo en la transición para que este tema no siguiera dividiendo a los españoles, ¿para qué resucitar otra vez quiénes fueron más asesinos en la guerra?

-¿Por qué le cuesta tanto al PP condenar el franquismo?

-Porque eso forma parte de la historia de España. Yo no lo he condenado, yo elogio y alabo la transición democrática. ¿Cómo voy a condenar lo que, sin duda, representaba a un sector muy amplio de españoles?

-Por esa misma lógica, tampoco condenará el nazismo o el estalinismo, porque muchos alemanes y soviéticos los apoyaron.

-En la guerra hubo dos bandos y en el nazismo solo uno.

-En el franquismo solo hubo un bando que reprimía.

-También hubo dos, porque el franquismo fue la consecuencia de una Guerra Civil en la que hubo dos bandos. No es lo mismo que el régimen nazi, donde había un solo verdugo.

-Entonces, dejando al margen la Ley de la Memoria Histórica, ¿no considera pertinente condenar el franquismo?

-No, por muchas razones. ¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad? En mi tierra vasca hubo unos mitos infinitos. Fue mucho peor la guerra que el franquismo. Algunos dicen que las persecuciones en los pueblos vascos fueron terribles, pero no debieron serlo tanto cuando todos los guardias civiles gallegos pedían ir al País Vasco. Era una situación de extraordinaria placidez. Dejemos las disquisiciones sobre el franquismo a los historiadores.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de la Nieta de Negrín y niega su competencia para juzgar los crímenes del franquismo

El Supremo se declara incompetente para juzgar el franquismo tras la petición de la familia Negrín
El Alto Tribunal argumenta que ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano

EFE - Madrid - 03/12/2008


El Tribunal Supremo ha rechazado asumir la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano. En una providencia notificada este miércoles, la sala de lo penal del Alto Tribunal desestima con este argumento la cuestión de competencia planteada por Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945), que pretendía que el Supremo asumiera la investigación de los crímenes del franquismo.


El tribunal concluye que del relato de hechos planteado por Negrín "no resulta (...) que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos (...) desempeñe en la actualidad alguno de los cargos" que le convierten en aforado, como son los de miembro del Gobierno, diputado o senador, juez o consejero del Tribunal de Cuentas, entre otros muchos.

Ni "razón" ni "fundamento legal"

El Supremo añade que tampoco "alguna de las personas que actualmente desempeñen estos cargos en los diferentes ámbitos del Estado interviniera o participara en los hechos". Por ello, el tribunal considera que no hay "ninguna razón ni fundamento legal que justifique el conocimiento por la sala de lo penal" de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que desestima el recurso de Carmen Negrín y ordena su archivo.

La nieta del presidente del Gobierno republicano había instado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a no pronunciarse sobre si el juez Baltasar Garzón era o no competente para investigar los hechos hasta que el Supremo tomara una decisión sobre el asunto. Además, el pasado 17 de noviembre interpuso ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los magistrados de esa sala que diez días antes habían votado a favor de paralizar las exhumaciones de desaparecidos ordenadas por Garzón.

Nota del Equipo Nizkor acerca del Auto de Garzón

Nota del Equipo Nizkor sobre el Auto del J.C.I. Núm. 5 de la Audiencia Nacional declarándose competente en casos de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo:

A continuación encontrarán el Auto del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de la Audiencia Nacional declarándose competente para investigar lo que el mismo califica como crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.

En una primera lectura de esta resolución consideramos aceptable la fundamentación jurídica realizada de los delitos cometidos por el franquismo, la cual estimamos concordante con los documentos y declaraciones de las asociaciones que apoyaron el informe del Equipo Nizkor de 14 de abril de 2004 y, muy especialmente, la caracterización de los delitos subsumibles en el tipo penal de "crímenes contra la humanidad". También es de resaltar la trascendencia jurídica implícita en el hecho de reconocer que el Código Penal vigente durante la II República ya contemplaba los tipos penales correspondientes y que éstos eran concordantes con el derecho internacional en vigor en la época.

Hay un aspecto a destacar y son las instrucciones relativas a los desenterramientos de las fosas de actos de exterminio, en cuanto a que éstas se realicen de conformidad con las normas del debido proceso, garantizando en todo momento el respeto a las víctimas, el control de la cadena de prueba a través de las autoridades judiciales correspondientes y los trámites de identificación a través de la autoridad forense estatal. Estos aspectos han sido una clara reivindicación de todas las asociaciones anteriormente mencionadas y, como es conocido, no han sido respetados en muchos de los desenterramientos que se han realizado en el Estado español, habiéndose llegado incluso al extremo de utilizar esta cuestión, en algunos casos, como forma de dividir a las asociaciones de víctimas y a las propias víctimas.

Hay también que señalar que dado que la Fiscalía se opuso en el momento procesal oportuno a la competencia y a la caracterización penal efectuada, debería ésta, en buena lógica procesal, proceder al recurso del auto hecho público, por lo que hasta en tanto en cuanto no se dirima esta cuestión el auto no se puede considerar firme.

En los próximos días, y como es costumbre con relación a los aspectos transcendentes relativos a nuestra campaña sobre la "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", haremos público un análisis más detallado sobre este auto.

ASOCIACIONES ANTIFRANQUISTAS CIFRAN EN 5820 LOS VASCOS MUERTOS EN 1936

ASOCIACIONES ANTIFRANQUISTAS CIFRAN EN 5.820 LOS VASCOS MUERTOS EN 1936

Las asociaciones antifranquistas remitieron ayer un informe a la Audiencia Nacional española en el que constatan e informan de la muerte de cerca de 5.820 vascos en 1936 en fusilamientos y desapariciones forzosas.
El listado enviado no es definitivo ni exhaustivo, ya que no consta ningún dato oficial al respecto y los nombres han sido recogidos gracias al esfuerzo y trabajo de organismos populares como "Altaffaylla Kultur Elkartea" -en Nafarroa- o la sociedad de ciencias "Aranzadi" en otros herrialdes. La labor de historiadores como José María Jimeno Jurío o Iñaki Egaña también ha sido fundamental para recabar los informes.
El profesor de medicina forense, Francisco Etxeberria, ha sido una de las personas que ha participado en la elaboración del listado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para "Aranzadi" y explica a GARA que «los datos se corrigen según progresa la investigación, ya que están sujetos a correcciones y cambios». En este sentido, Etxeberria señala que han contabilizado entorno a 2.000 desapariciones forzosas en la CAV y afirma que la cifra de víctimas ascendería a unos 8.000 si se tienen en cuenta también los muertos en combate. La cifra de desaparecidos en Nafarroa asciende a 3.480 nombres, aportados ahora por la "Asociación de Familiares de Fusilados" tras las investigaciones realizadas por "Altaffaylla Kultur Elkartea". El dato demuestra la trascendencia de la represión en el herrialde; la población rondaba entonces los 350.000 habitantes, lo que indica que fue fusilado el 1%.
La entrega del listado se produce tras el requerimiento del juez Baltasar Garzón a las 22 asociaciones antifranquistas que presentaron en julio de 2007 una denuncia para que se investigaran las desapariciones ocurridas durante el régimen franquista. En total, han remitido más de 140.000 nombres de represaliados en todo el Estado español.
El magistrado español tan sólo concedió 15 días para recabar la información, por lo que los datos no son exhaustivos y se han recogido a toda prisa. Además, la denuncia no ha sido aún admitida a trámite por el juez.
Represión generalizada
Etxeberria señala al respecto que los datos aportados demuestran que «la represión fue generalizada» y queda acreditado que «mataron a gente en todas partes». Asimismo, expresa que «son muertes violentas de gente sin ningún rigor judicial y no en la guerra».
El médico forense de "Aranzadi" concluye también que ha quedado en evidencia que en 72 años no se ha realizado ninguna investigación oficial. «Todos sabíamos lo que había ocurrido, pero hay que acreditarlo. En cualquier lugar se han investigado las muertes y desapariciones, pero aquí nunca», añade.
La iniciativa de las asociaciones franquistas surge por el «retraso» del Gobierno español en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica. Según criticaron ayer al presentar el informe, existe «una ausencia total de voluntad política» por parte del Ejecutivo de Zapatero en este sentido.
Asimismo, explicaron que pretenden «reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales». «No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven», declararon, aunque añadieron que «si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean».
La Fiscalía pidió el archivo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.
También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de «asesinato», «detención ilegal» o «lesiones» en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República. «Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes, les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su polémico escrito el Ministerio Fiscal.
De igual modo, sostenía que la competencia no corresponde a la Audiencia Nacional española debido a que los «crímenes contra la humanidad» deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
140.000 en total
Las asociaciones antifranquistas personadas en la causa han aportado los nombres de más de 140.000 desaparecidos en el conjunto del Estado español durante la Guerra Civil.
La investigación judicial en Madrid, a remolque de la investigación popular en Euskal Herria
La investigación judicial emprendida por Garzón se ha limitado a recibir los datos aportados por organismos populares y deja en evidencia que hasta el momento nadie ha hecho nada a nivel oficial. Los listados que existen parten exclusivamente de la labor de organismos populares con mucho esfuerzo de documentación, pueblo a pueblo, y a contrarreloj debido al tiempo pasado y a la escasez de testimonios diectos. El ejemplo más claro es el de Nafarroa y el libro de Alttafaylla «Navarra 1936: de la esperanza al terror» , confeccionada mediante colaboradores en los años 80 y actualizada después. Los nombres inscritos en la gran placa del Parque de la Memoria de Sartaguda inaugurado hace unos meses, por ejemplo, se basan en ese listado.
En la CAV, el trabajo también ha sido extraoficial y se ha llevado a cargo de historiadores y colectivos particulares. La sociedad de ciencias "Aranzadi" ha tomado el liderazgo de las exhumaciones en los últimos años. En este sentido, el Gobierno de Lakua afirma ahora contar con un listado que ha elaborado en los últimos años y que iba a presentar ayer, pero la comparecencia se suspendió argumentando el atentado ocurrido en Santoña.
La asociación de víctimas del franquismo Ahaztuak 1936-1977, por su parte, mostró en una nota su disposición a colaborar enviando los datos con los que cuentan a Garzón «si la iniciativa busca llenar el vacío existente hasta hoy día en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de la verdad, justicia y reparación». Advirtió, por contra, de que «si por el contrario busca un nuevo fraude, nos tendrán, evidentemente, enfrente». Ahaztuak insistió, al igual que cuando se conoció la actuación de Garzón, en que queda en evidencia el modelo español de impunidad para los crímenes del franquismo.
(Gara. 23 / 09 / 08)
posted by Ahaztuak1936-1977 @ 06:59