Los españoles, a favor de investigar los crímenes del franquismo
Tres de cada cinco ciudadanos no quieren que queden impunes los delitos de la dictadura

PÚBLICO MADRID 10/05/2010 08:20

España demanda que se investiguen los crímenes cometidos durante el franquismo. Tres de cada cinco ciudadanos no quieren la impunidad del régimen. La conclusión, rotunda, la arroja el último Publiscopio, realizado sobre la base de 800 entrevistas entre el 3 y el 5 de mayo, apenas una semana después de las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles del país a favor del castigo judicial a la dictadura y en defensa del magistrado Baltasar Garzón.

En concreto, el 59,2% de los consultados "está de acuerdo" con que se investiguen los crímenes políticos de Franco que han quedado impunes. A ello se opone un 26,9%. Otro 14% prefiere no opinar.

El 58% censura al Supremo por abrir causa contra el juez de la Audiencia

La exigencia de que se abra una causa contra el régimen ha calado hondamente entre los socialistas. Hasta un 75% de los votantes del PSOE se manifiesta a favor, y sólo un 14% se dice contrario.
Los socialistas, con el juez

El PP y su líder nacional, Mariano Rajoy, han subrayado su rechazo frontal a que se pueda enjuiciar el franquismo. Sin embargo, sus electores, a tenor de los datos del Publiscopio, no lo tienen tan claro: un 34% de los votantes conservadores sí quiere que se indague el horror del régimen, y otro 53% lo cree inconveniente.

Hasta un 34% de los votantes del PP cree que hay que juzgar el régimen

Son los jóvenes de 18 a 29 años los que se expresan más partidarios de juzgar el franquismo. Un 70% está de acuerdo. El apoyo decrece en cambio conforme aumenta la edad. Así, entre los mayores de 60 años, sólo respalda la persecución judicial un 45%.

La encuesta descubre otro dato incontestable: el apoyo de la mayoría de los españoles a Garzón. Un 58,1% no está de acuerdo con que el Tribunal Supremo (TS), a instancias del juez instructor, Luciano Varela, haya decidido procesarle por haber cometido una presunta prevaricación al haberse atrevido a encausar los crímenes franquistas. Un 21,9% sí cree pertinente que se le siente en el banquillo.

De nuevo, se observan fugas en las filas conservadoras. Aunque un 52% de los electores del PP defiende el proceso al juez de la Audiencia Nacional como hace la cúpula del partido, otro importante 31% se manifiesta contrario.

La mitad de los españoles respalda que se eliminen los símbolos franquistas

Entre los electores socialistas prima la cohesión: un 75% no está de acuerdo con la decisión del TS, frente a un 8% que la avala. Asimismo se constata que los jóvenes son los más concienciados: hasta un 64% de los encuestados entre los 18 y los 29 años censura que se vaya a juzgar a Garzón.
La norma se conoce más

El Publiscopio también recoge la valoración ciudadana acerca de la Ley de Memoria Histórica, como ya hizo en octubre de 2007, dos meses antes de que las Cortes ratificaran definitivamente la norma. En menos de tres años, ha aumentado 7,5 puntos el apoyo a la misma y la concienciación social. Si en octubre de 2007 un 34% se mostraba de acuerdo con la ley, en 2010, ese porcentaje sube al 41,5%.

En tres años, sube más de siete puntos el apoyo social a la Ley de Memoria

El índice de rechazo baja, y pasa del 27,6% al 27,3%. Una variable que sí evoluciona es el volumen de sondeados que confiesa no saber nada sobre la ley. En 2007, se cifró en un 38,5%. Hoy, en el 31,3%.

La ley gusta más a los consultados con edades comprendidas entre los 30 y los 59 años. Y convence al 59% de los votantes del PSOE. Entre los electores del PP, es llamativo que un 22% defiende las líneas maestras de la norma.

Múltiples indicadores refuerzan la idea de que la Ley de Memoria ha generado mayor aceptación. Por ejemplo, cuando se pregunta si se respalda "que se eliminen los símbolos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura". El 51,1% responde que sí, que lo apoya. Tres años atrás, estaba a favor un 44,7%.

La mitad de los españoles respalda que se eliminen los símbolos franquist!

Otro abultado 62,4% secunda que se concedan ayudas a los represaliados por Franco, frente al 53% que lo creía oportuno cuando se aprobó la norma. Esta medida también cuenta con el plácet de un 47% de los votantes del PP.

Igualmente crece el porcentaje de los que juzgan conveniente que se condene la dictadura: pasa del 52,4% al 57%. Sólo se contrae el número de los que aprueban que se declaren "ilegítimas" las condenas de los juzgados franquistas por causas políticas, del 49,1% de 2007 al 41,4% de hoy.
A favor de exhumar las fosas

Las ayudas a las víctimas reciben el beneplácito de los electores del PP

Vista la ley con perspectiva, un 47,5% cree que sí ha "fomentado el odio y la división entre los españoles", mientras que un 39,5% juzga lo contrario. Son también más, en cambio, hasta un 38,1%, los que entienden que la norma no "se ha quedado corta". La afirmación suscita controversia entre los votantes del PSOE, ya que en su mayoría (un 39%) tacha la ley de insuficiente.

El Publiscopio se cierra con otra cifra de apoyo a la memoria histórica: un 64,5% pide al Gobierno central que ponga los medios para que se saquen los cadáveres de las fosas franquistas. Rechaza la intervención del Ejecutivo un 24,8%.

La contradicción en el PP emerge otra vez: un 49% de sus electores reclama que se exhumen los restos. Un 40% de ellos no lo cree sensato. Los votantes socialistas lo tienen mucho más claro. Casi un 80% considera necesario que el Gobierno aborde la cuestión.

Día Internacional de los Desaparecidos

Este domingo se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Amnistía Internacional lamentó hoy que la futura reforma del Código Penal en España no contemple como delito imprescriptible la desaparición forzada, aunque valoró que el Gobierno haya hecho todos los trámites necesarios para ratificar el próximo mes de septiembre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos, que se celebrará el próximo domingo, Amnistía reclamó al Gobierno español “coherencia” en sus iniciativas legislativas, ya que el actual anteproyecto de ley de reforma del Código Penal no prevé la desaparición forzada de personas como delito autónomo imprescriptible.

Por ello, recomendó que se incluya el delito de desaparición forzada de personas dentro del título de “delitos contra la comunidad internacional” y se defina conforme a las exigencias del derecho internacional.

Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007, Amnistía lamentó que este texto dejase al margen a víctimas de graves crímenes de derecho internacional, como las víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o torturas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Amnistía señaló que decenas de miles de personas fueron víctimas de estos graves crímenes, pero el Gobierno no facilita información sobre los desaparecidos, se limitan las vías de acceso a la justicia a los familiares y el Estado no asume su responsabilidad sobre exhumaciones de acuerdo a la normativa internacional.

Además, el Grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas está pidiendo desde 2005 al Gobierno español información sobre tres casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo, pero el Ejecutivo aún no ha satisfecho esta demanda.

Por otro lado, Amnistía Internacional censuró que el debate sobre las competencias judiciales de los casos de desaparición forzada consolide “un clima de impunidad”, ya que sólo tres juzgados de localidades con fosas identificadas de desapariciones forzosas han abierto diligencias e investigan la causa, de los 43 juzgados a los que cedió la competencia la Audiencia Nacional.

Por último, Amnistía recalcó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones posibles y exigir al Ejecutivo de Estados Unidos que aclare el paradero del español Mustafá Stemariam, detenido en noviembre de 2005 en el marco de la “guerra contra el terror”, puesto después bajo custodia de aquel país y actualmente desaparecido.

(SERVIMEDIA)

28-AGO-09

ASOCIACIONES ANTIFRANQUISTAS CIFRAN EN 5820 LOS VASCOS MUERTOS EN 1936

ASOCIACIONES ANTIFRANQUISTAS CIFRAN EN 5.820 LOS VASCOS MUERTOS EN 1936

Las asociaciones antifranquistas remitieron ayer un informe a la Audiencia Nacional española en el que constatan e informan de la muerte de cerca de 5.820 vascos en 1936 en fusilamientos y desapariciones forzosas.
El listado enviado no es definitivo ni exhaustivo, ya que no consta ningún dato oficial al respecto y los nombres han sido recogidos gracias al esfuerzo y trabajo de organismos populares como "Altaffaylla Kultur Elkartea" -en Nafarroa- o la sociedad de ciencias "Aranzadi" en otros herrialdes. La labor de historiadores como José María Jimeno Jurío o Iñaki Egaña también ha sido fundamental para recabar los informes.
El profesor de medicina forense, Francisco Etxeberria, ha sido una de las personas que ha participado en la elaboración del listado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para "Aranzadi" y explica a GARA que «los datos se corrigen según progresa la investigación, ya que están sujetos a correcciones y cambios». En este sentido, Etxeberria señala que han contabilizado entorno a 2.000 desapariciones forzosas en la CAV y afirma que la cifra de víctimas ascendería a unos 8.000 si se tienen en cuenta también los muertos en combate. La cifra de desaparecidos en Nafarroa asciende a 3.480 nombres, aportados ahora por la "Asociación de Familiares de Fusilados" tras las investigaciones realizadas por "Altaffaylla Kultur Elkartea". El dato demuestra la trascendencia de la represión en el herrialde; la población rondaba entonces los 350.000 habitantes, lo que indica que fue fusilado el 1%.
La entrega del listado se produce tras el requerimiento del juez Baltasar Garzón a las 22 asociaciones antifranquistas que presentaron en julio de 2007 una denuncia para que se investigaran las desapariciones ocurridas durante el régimen franquista. En total, han remitido más de 140.000 nombres de represaliados en todo el Estado español.
El magistrado español tan sólo concedió 15 días para recabar la información, por lo que los datos no son exhaustivos y se han recogido a toda prisa. Además, la denuncia no ha sido aún admitida a trámite por el juez.
Represión generalizada
Etxeberria señala al respecto que los datos aportados demuestran que «la represión fue generalizada» y queda acreditado que «mataron a gente en todas partes». Asimismo, expresa que «son muertes violentas de gente sin ningún rigor judicial y no en la guerra».
El médico forense de "Aranzadi" concluye también que ha quedado en evidencia que en 72 años no se ha realizado ninguna investigación oficial. «Todos sabíamos lo que había ocurrido, pero hay que acreditarlo. En cualquier lugar se han investigado las muertes y desapariciones, pero aquí nunca», añade.
La iniciativa de las asociaciones franquistas surge por el «retraso» del Gobierno español en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica. Según criticaron ayer al presentar el informe, existe «una ausencia total de voluntad política» por parte del Ejecutivo de Zapatero en este sentido.
Asimismo, explicaron que pretenden «reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales». «No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven», declararon, aunque añadieron que «si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean».
La Fiscalía pidió el archivo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.
También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de «asesinato», «detención ilegal» o «lesiones» en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República. «Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes, les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su polémico escrito el Ministerio Fiscal.
De igual modo, sostenía que la competencia no corresponde a la Audiencia Nacional española debido a que los «crímenes contra la humanidad» deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
140.000 en total
Las asociaciones antifranquistas personadas en la causa han aportado los nombres de más de 140.000 desaparecidos en el conjunto del Estado español durante la Guerra Civil.
La investigación judicial en Madrid, a remolque de la investigación popular en Euskal Herria
La investigación judicial emprendida por Garzón se ha limitado a recibir los datos aportados por organismos populares y deja en evidencia que hasta el momento nadie ha hecho nada a nivel oficial. Los listados que existen parten exclusivamente de la labor de organismos populares con mucho esfuerzo de documentación, pueblo a pueblo, y a contrarreloj debido al tiempo pasado y a la escasez de testimonios diectos. El ejemplo más claro es el de Nafarroa y el libro de Alttafaylla «Navarra 1936: de la esperanza al terror» , confeccionada mediante colaboradores en los años 80 y actualizada después. Los nombres inscritos en la gran placa del Parque de la Memoria de Sartaguda inaugurado hace unos meses, por ejemplo, se basan en ese listado.
En la CAV, el trabajo también ha sido extraoficial y se ha llevado a cargo de historiadores y colectivos particulares. La sociedad de ciencias "Aranzadi" ha tomado el liderazgo de las exhumaciones en los últimos años. En este sentido, el Gobierno de Lakua afirma ahora contar con un listado que ha elaborado en los últimos años y que iba a presentar ayer, pero la comparecencia se suspendió argumentando el atentado ocurrido en Santoña.
La asociación de víctimas del franquismo Ahaztuak 1936-1977, por su parte, mostró en una nota su disposición a colaborar enviando los datos con los que cuentan a Garzón «si la iniciativa busca llenar el vacío existente hasta hoy día en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de la verdad, justicia y reparación». Advirtió, por contra, de que «si por el contrario busca un nuevo fraude, nos tendrán, evidentemente, enfrente». Ahaztuak insistió, al igual que cuando se conoció la actuación de Garzón, en que queda en evidencia el modelo español de impunidad para los crímenes del franquismo.
(Gara. 23 / 09 / 08)
posted by Ahaztuak1936-1977 @ 06:59