Entierro simbólico de soldados muertos durante la guerra civil española en Sindra (Teruel)

Sus restos fueron encontrados de manera casual en una fosa común

Entierro simbólico de soldados muertos durante la guerra civil en Sindra (Teruel)

V.V.

Los restos de 36 soldados muertos en 1938 durante la Guerra Civil en el Frente de Teruel fueron enterrados este martes en el cementerio municipal del municipio de Singra. Sus cuerpos fueron encontrados de manera fortuita en una fosa común del cementerio cuando se buscaban los restos de varios políticos de izquierdas fusilados durante el verano de 1936. El acto contó con representantes del Gobierno de Aragón así como del Ministerio de Defensa.
También en Navidad sigue funcionando la Memoria Histórica: el municipio turolense de Singra celebró este martes un entierro simbólico de los restos de 36 soldados del Frente de Teruel que fueron encontrados en una fosa común cuando un grupo de arqueólogos coordinados por la asociación de memoria Pozos de Caudé buscaban los cuerpos de una quincena de políticos de izquierdas que fueron fusilados el verano de 1936.

Intervención de Chacón
Los soldados, con edades comprendidas entre los 16 y los 40 años, habrían fallecido en combate en febrero de 1938 y la propia ministra de Defensa, Carme Chacón, ha intervenido en el caso para poner en marcha un final digno para sus cuerpos, que fueron enterrados el martes en el cementerio municipal de Singra en nichos preparados para ser abiertos a medida que sus familias reclamen sus restos.

Gobierno de Aragón y Defensa
Al acto han acudido, además de miembros de Pozos de Caudé, el alcalde del municipio, Manuel Martín, la subdelegada del Gobierno en Teruel, María Victoria Álvarez, el director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Jaime Vicente Redón, y el teniente coronel Ruiz Arnal, en representación del Ministerio de Defensa.

"Por quién doblan las campanas"
En el entierro simbólico se ha colocado una placa homenaje en la que se puede leer un texto del poeta inglés John Donne: “La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas”.

Más cuerpos
Según apuntó Jaime Vicente Redón, la fosa en la que se encontraron sus cuerpos podría contener hasta 70 cadáveres que aún no han sido desenterrados. Tampoco se han encontrado los restos de los políticos que buscaba la asociación Pozos de Caudé.

Cuando la petición de justicia se define como venganza. Por Vincenc Navarro

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« Cuando la petición de justicia se define como venganza. Por Vicenç Navarro
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Los niños perdidos del franquismo. Por Vicenç Navarro
Published by Imma Trianoon Diciembre 24, 2008in Memoria Histórica .
Publicado por El País. 24/12/2008

Una de las sorpresas que me encontré a la vuelta de un largo exilio fue el ver que mis estudiantes (gente joven, despierta y curiosa intelectualmente, horrorizados por las barbaridades realizadas por las dictaduras chilenas y argentinas -tales como el robo de niños de padres asesinados por aquellas dictaduras-) desconocían que todos aquellos horrores habían ocurrido también en España durante la dictadura franquista, incluyendo el robo de niños de madres republicanas asesinadas por el Ejército golpista. Recordaré siempre su respuesta al excelente documental de la televisión catalana Els nens perduts del franquisme, de Montse Armengou y Ricard Belis, que documentaba tales robos durante la dictadura. Al entrar en el aula al día siguiente de haberse proyectado tal documental, noté un silencio ensordecedor. Los estudiantes estaban sorprendidos, avergonzados e indignados de que se les hubiera ocultado parte de la historia de su país. Sabían lo que había ocurrido en Argentina y Chile, pero desconocían lo que había ocurrido en España. Fue así como pude explicarles que no sólo lo que había ocurrido en aquellos países, sino incluso muchas de las cosas que habían ocurrido en la Alemania nazi, se habían dado también en España. En realidad, parte de los experimentos realizados por la Gestapo en los campos de concentración nazis se habían iniciado en España bajo la supervisión de la misma Gestapo. (Ver Michael Edwards A time of silence. Civil War and the Culture of Repression in Franco’s Spain. 1936-1945. Cambridge University Press, 1998). No se lo podían creer. ¿Cómo es que nadie se lo había contado? Y así se lo expliqué.

En contra de lo que se ha dicho y escrito, el régimen militar liderado por el general Franco era racista. Los militares golpistas se consideraban parte de una raza hispánica superior (el día nacional se llamaba el día de la Raza), superioridad que le otorgaba el derecho de conquista y sometimiento sobre otras razas inferiores, entre las cuales incluían la raza de los republicanos rojos (término utilizado por la dictadura hacia aquellas poblaciones que se opusieron al golpe militar y a la dictadura). El ideólogo de tal doctrina era el militar psiquiatra Vallejo Nájera, que dirigía los Servicios Psiquiátricos del Ejército. Parte de su formación había tenido lugar en Alemania, habiendo estudiado las teorías racistas nazis de las cuales era un ferviente admirador. Su interpretación de la raza, sin embargo, contenía un fuerte componente político-cultural y psicológico más que étnico, aunque incluía elementos antisemíticos en su definición. Fue nombrado por el dictador director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas con el objetivo de estudiar la raza española y su superioridad, con la intención de purificarla eliminando cualquier forma de contaminación que diluyera su pureza. Sus teorías quedaban reflejadas en sus libros, incluyendo Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza, en el que definía raza como espíritu. “La raza es espíritu. España es espíritu. La Hispanidad es espíritu… Por eso hemos de impregnarnos de Hispanidad… para comprender nuestras esencias raciales y diferenciar nuestra raza de las extrañas”. Este espíritu lo definía como “militarismo social, que quiere decir orden, disciplina, sacrificio personal, puntualidad en el servicio, porque la redoma militar encierra esencias puras de virtudes sociales, fortaleza corporal y espiritual”. Y para mejorar la raza era necesaria “la militarización de la escuela, de la Universidad, del taller, del café, del teatro, de todos los ámbitos sociales”. Su purificación de la raza incluía el resurgimiento de la Santa Inquisición en contra de las personas que consideraba antipatrióticas, anticatólicas y antimilitares que corrompían la raza española. Afirmó que parte del problema racial de España era que había demasiados Sanchos Panzas (físico redondeado, ventrudo, sensual y arribista), y pocos Don Quijotes (casto, austero, sobrio e idealista), personajes imbuidos en un militarismo, identificando la cultura militar como la máxima expresión de raza superior. (Para expansión de este análisis, ver el excelente libro de Enrique González Duro Los Psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos. Península, 2008).

Vallejo Nájera tenía un gran desprecio para las personas corrientes y creía que la sociedad moderna necesitaba de una “minoría selecta… con espíritu aristocrático… imbuido en una misión especial de salvar al país y a la raza”. Era también profundamente anti-mujer, considerando que “las hembras no estaban facultadas para la lectura de libros”. Desaconsejaba a las niñas que leyeran libros excepto los de carácter religioso, y alertaba que la debilidad mental de las mujeres las hacía especialmente vulnerables al marxismo, el máximo exponente del deterioro de la sociedad. Hablaba del marxismo como de una peste transmitida a partir de los centros urbanos, los centros industriales de la costa de España.

Vallejo Nájera estableció un campo de experimentación en Málaga, “Málaga que ha importado toda clase de ideas”, ciudad costera que él consideraba proclive a tal enfermedad. En aquel campo hizo todo tipo de experimentos, asesorado por agentes de la Gestapo, incluyendo un estudio de 40 malagueñas, milicianas republicanas, consideradas todas ellas como “casos de anormalidad psíquica, exaltadas por sentimientos pasionales… que se sumaron al saqueo para satisfacer impunemente rencores y venganzas personales”. Dentro del campo de concentración agrupaba a los rojos en varias categorías, siendo una de ellas (considerada de las más degeneradas) las mujeres marxistas y catalanas. Fue en estos campos de concentración donde se realizaron tales estudios que generaron la información de la que Vallejo- Nágera concluía que el marxismo era la máxima forma de patología mental, siendo “el marxismo español una mezcla judeo-masónica que la distingue del marxista extranjero, semita puro”.

Tal señor no era una figura menor en el edificio ideológico del Ejército franquista y del régimen militar que estableció. Sus teorías se transformaron en la ideología del régimen. Eran profundamente racistas, contraponiendo la raza española (que se caracterizaba por su masculinismo, canto a la fuerza física, nacionalismo extremo y un profundo catolicismo) a la raza roja inferior, compuesta de subdesarrollados mentales, psicópatas y degenerados, contaminados por un marxismo, judaísmo y masonismo al cual eran vulnerables las clases populares por su subdesarrollo mental.

Tal inferioridad de raza podía corregirse, sin embargo, a la temprana edad de la infancia. De ahí que se requiriese que a las madres rojas se les quitaran los infantes para evitar su contaminación y degeneración. La Acción Social de La Falange y la Iglesia jugaron un papel muy importante en esta depuración de la raza “salvando” a los infantes de tal patología que podía transmitirse de madres a hijos. Tales robos eran frecuentemente hechos para el beneficio de parejas afines al régimen que deseaban tener niños. Miles de niños fueron sustraídos de sus madres rojas.

Esta política de robos era, tal como escribe Enrique González Duro, política del Estado. El Ministerio de Justicia tenía como responsabilidad robar (el término que se utilizaba era recoger) a todos los hijos de los asesinados, encarcelados o desaparecidos, a fin de “liberarles de la miseria material y moral que suponía su distanciamiento del nuevo Estado español”. En 1943 los hijos de presos bajo tutela del Estado eran 12.043.

Estos hechos se han ocultado al pueblo español. El documental Els nens perduts del franquisme, ampliamente galardonado internacionalmente, ha sido mostrado en la televisión sólo en Cataluña, en el País Vasco y en Andalucía (a la 1 de la madrugada). Recientemente se hizo una presentación de una versión abreviada en TV2. Por lo demás no se ha presentado en ninguna otra televisión, sea pública o privada, contribuyendo al olvido de los horrores de aquella dictadura cuyo conocimiento es muy escaso en nuestro país, y que el auto del juez Garzón hubiera podido ayudar a remediar. Su retiro del caso ha aumentado las posibilidades de que aquel horror continúe desconociéndose

El año en que Garzón certificó la muerte de Franco

El año en que Garzón certificó la muerte de Franco

El juez Baltasar Garzón ha vuelto a protagonizar el año judicial con su fracasado intento de investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, como hizo con gran éxito en 1998 con los desaparecidos en Argentina y Chile.

Pero esta vez no pudo ser. La Fiscalía, encabezada por Javier Zaragoza, y el Pleno de la Sala de lo Penal, con Javier Gómez Bermúdez al frente, prometían desde un primer momento poner las cosas difíciles al magistrado.

Tanto para uno como para otro, esa causa, además de no ser competencia de Garzón como juez de la Audiencia Nacional, tampoco era necesaria existiendo leyes como la de Amnistía de 1977 o la de Memoria Histórica de 2007.

De hecho, al rechazar la competencia de Garzón, la Sala de lo Penal destacó que 'el legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura' de recuperar los restos de desaparecidos está reconocido en la Ley de Memoria Histórica.

Pero además, según la Sala, el magistrado nunca pudo haber abierto una causa penal por estos hechos porque los presuntos responsables de esas desapariciones, entre los que destaca el dictador Francisco Franco, estaban muertos.

El propio magistrado parecía ponerse la venda antes de la herida cuando en el auto en el que se declaró competente anunció que declararía extinguida la responsabilidad penal de los altos cargos del régimen a los que creía autores de esas desapariciones cuando le fueran remitidos los certificados de defunción.

De haber seguido siendo competente cuando la Sala emitió su dictamen, en un auto del pasado 4 de diciembre suscrito por catorce de los diecisiete magistrados del Pleno, Garzón no hubiera conseguido esquivar el varapalo judicial.

Anticipándose a esa posibilidad, el 18 de noviembre, un mes después de declararse competente, optó por inhibirse en favor de los juzgados en los que hubiera fosas con restos de desaparecidos tras certificar la muerte de Franco y de los responsables del régimen.

Para el hispanista Ian Gibson no fue más que 'una estrategia, al saber el juez desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra y que tenía pocas oportunidades de salir adelante'.

La maniobra sorprendió por inesperada, principalmente porque se produjo un día después de su vuelta al juzgado tras pasar quince días de baja después de haberse operado las cuerdas vocales.

Esa baja fue el plazo que el Pleno le dio para responder en un informe al incidente de competencia que planteó el fiscal cuatro días después de declararse competente.

Por tanto, en ese momento, de Garzón sólo se esperaba un informe defendiendo su competencia y no un auto de 152 páginas en el que dejaba la causa a los juzgados locales al mismo tiempo que acusaba al franquismo de propiciar 'la pérdida de identidad de miles de niños' arrebatados a sus padres para educarles en la afección el régimen.

No obstante, durante su baja, la carrera por la apertura de fosas siguió adelante y tras haber autorizado abrir 19 fosas al declarase competente, entre ellas en la que supuestamente reposan los restos del poeta Federico García Lorca, su sustituto Santiago Pedraz permitió exhumaciones en otros seis emplazamientos.

Pedraz permitió también a los familiares de Lorca presenciar la apertura de la fosa en la que se habían pedido exhumar los restos de Dióscoro Galindo, un maestro supuestamente enterrado junto al poeta.

La familia de Lorca no puso objeción a la apertura de la fosa, pero algunos de sus descendientes como Laura García Lorca, sobrina nieta del poeta, manifestaron públicamente sus reticencias.

La autorización de estas diligencias durante la baja de Garzón provocó que el fiscal pidiera la suspensión de las exhumaciones hasta que se resolviera la competencia, solicitud que fue aprobada el 7 de noviembre por el Pleno por una mayoría de 10 magistrados.

Esta decisión provocó un gran malestar en las asociaciones y los particulares denunciantes, entre ellos la nieta del que fuera presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín que recusó a esos diez magistrados, los denunció ante el Supremo y pidió que la causa se instruyera en el alto tribunal.

El 3 de diciembre, el Supremo rechazó también ser competente porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano.

Por tanto, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo se han considerado competentes para investigar estos hechos y ahora cada juzgado al que se le presenten denuncias de familiares de desaparecidos deberá decidir si asume la competencia.

El propio Garzón declaró el pasado día 2 a los medios de comunicación que 'lo importante no es quién sea el juez' que investigue esas desapariciones sino 'que las cosas se hagan'.

Y según seis magistrados de la Sala de lo Penal, desde hace dieciocho años 'se siguen abriendo fosas y exhumando restos', por lo que paralizar los trabajos que autorizó Garzón ha provocado una situación 'rayana en lo absurdo'

Las Asociaciones de Memoria Histórica llevan la investigación hasta el Supremo

Las asociaciones de Memoria Histórica llevan la investigación hasta el Supremo


Las asociaciones de Memoria Histórica recurrirán ante el Tribunal Supremo la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de declarar la incompetencia de este tribunal para investigar las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo.

La asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en representación de todas las partes personadas en la causa que por esos hechos abrió el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, anuncia este recurso de casación ante el Supremo en dos recursos de súplica que presentó ayer ante el Pleno. Estos recursos, que según fuentes consultadas en la Audiencia Nacional serán rechazados con toda probabilidad por no ser recurribles las resoluciones, se refieren a la admisión del incidente de competencia que planteó la Fiscalía cuando Garzón se declaró competente en esta causa el pasado 16 de octubre y al rechazo de una recusación de los magistrados del Pleno.

SANTA CRUZ DE TENERIFE El alcalde cambia de denominación a ocho calles "franquistas"

Memoria.- El alcalde decreta el cambio de denominación de ocho calles 'franquistas' en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ha firmado esta mañana un decreto para cambiar el nombre de ocho calles 'franquistas'.

Su rúbrica permitirá que a partir de este fin de semana la rambla del General Franco, pase a llamarse rambla de Santa Cruz; que la avenida José Antonio Primo de Rivera, se denomine por su denominación popular 'avenida Marítima'; que la avenida de General Mola, cambie a Islas Canarias; mientras las 'históricas' calles de General Goded, General Fanjul; General Sanjurjo; General Moscardó y General García Morato dejarán los galones militaries para denominarse Perdón, Olvido, Sueños, Amor y Tolerancia, respectivamente.

Fuentes municipales así lo han explicado a Europa Press señalando que este es el primer paso para adecuarse a las demandas de la Ley de Memoria Histórica y a las peticiones de los colectivos asociados que han presentado 108 propuestas diferentes, si bien algunas no serán aceptadas, como el cambio de General Gutiérrez, "ya que no guarda relación con la Guerra Civil Española, sino con el ataque del Corsario Nelson a Tenerife".

La decisión para modificar estos nombres se ha decididos porque estas personalidades "no estuvieron nunca en Canarias, ni tuvieron vinculación con el archipiélago".

UNA DEMANDA HISTÓRICA

A comienzos de los años 80 bajo el mandato de Manuel Hermoso en la capital de la isla, se presentó una moción al pleno para cambiar los nombres de las calles que fue aplazada en el momento del debate. A lo largo de los años, se han sucedido las demandas y peticiones para los cambios en el callejero, que han sido aprobadas pero sin poco éxito.

El primer cambio se produjo con la muerte de Juan Pablo II que sirvió para que la calle conocida como 18 de julio recibiera el nombre del Santo Padre, borrando la fecha de la sublevación de la Guerra Civil en Tenerife en 1936.

El Gobierno deja en manos de las autoridades la apertura de fosas comunes

LAS NORMAS DE EXHUMACIÓN DE VÍCTIMAS ELABORADAS PARA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
El Gobierno deja en manos de las comunidades la apertura de fosas
La Asociación de Memoria Histórica rechaza la propuesta
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 15/12/2008


Si hay conflicto, como en el caso de García Lorca, la decisión será política
"Esto es urgente. Los hijos se están muriendo", dicen allegados de víctimas

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, describe paso a paso qué hay que hacer para abrir una fosa de la Guerra Civil y quién debe hacerlo. En el aspecto técnico, el protocolo es muy similar a otros ya existentes, incluido el que ha utilizado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para exhumar más de 4.000 cuerpos en los últimos años.

Aquel protocolo lo elaboró Francisco Etxeberria, médico forense, perito en la comisión que investiga los crímenes de la dictadura de Pinochet y uno de los expertos que iba a asesorar al juez Garzón en su causa contra el franquismo. Ambos documentos coinciden, por ejemplo, en la importancia de contar con un equipo multidisciplinar de expertos (forenses, antropólogos, historiadores. ..) a lo largo de todo el proceso.

Pero también tiene una dimensión política. Según el borrador, la intención del Gobierno es seguir prestando "colaboración" a los familiares de las víctimas y a las asociaciones que los representan, que llevarán a cabo las exhumaciones "con sus propios medios o con los que se aporten mediante la suscripción de los correspondientes convenios o contratos". El documento establece que los trabajos de recuperación de cadáveres se realizarán previa solicitud de los descendientes directos de las víctimas o de entidades interesadas y que "será necesaria la autorización por la Comunidad Autónoma correspondiente y por los órganos de gobierno de la entidad local donde se ubiquen los restos". Es decir, que la apertura o no de una fosa de la Guerra Civil dependerá, no ya del criterio de uno u otro juez, si no de una u otra administració n autonómica.

La apertura de una fosa necesitará, además, un permiso por escrito de los familiares o representantes legales de los fallecidos. Si fuera necesario, añade el texto, la entidad local o la comunidad autónoma donde se ubiquen los restos "deberán realizar publicaciones en tablones municipales, boletines provinciales o autonómicos o diarios de mayor difusión" para encontrar a las familias.

En caso de conflicto entre familiares o asociaciones, "la exhumación deberá ser ponderada por la comunidad autónoma", que, "tras dar audiencia a los interesados, decidirá la realización total, parcial o la no realización de los trabajos". Es decir, si este protocolo estuviera ya en vigor, sería el Gobierno de Andalucía, presidido por Manuel Chaves (PSOE), quien decidiera si se abre o no la fosa donde se cree están enterrados el maestro granadino Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí (cuyos familiares quieren recuperar los restos), junto al poeta Federico García Lorca (cuyos herederos desean que se queden donde están).

A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no le gusta el texto. Su presidente, Emilio Silva, lamenta que el Gobierno vuelva a dejar "en manos de voluntarios las exhumaciones, es decir, las consecuencias de un asesinato", que no haya aprovechado la oportunidad del protocolo "para crear una oficina estatal de atención a las víctimas que centralice las peticiones y lleve a cabo los trámites necesarios". La asociación lamenta que se "convierta en una decisión política de una comunidad autónoma u otra el derecho de los familiares a desenterrar a sus muertos y darles una sepultura digna". A la asociación le preocupa que "esta maraña burocrática" acabe alargando un proceso para el que no hay apenas tiempo. "Esto es urgente. Porque sus familiares se están muriendo. Los hijos de las víctimas son muy mayores. ¿Por qué una mujer de 80 años ha de esperar a que una comunidad autónoma decida si tiene derecho o no a sacar a su padre de una cuneta?", denuncia Silva. "El derecho es positivo. No se lo puede quitar alguien que no quiera ejercerlo. Si yo no voy a votar, ¿significa que se suspenden las elecciones?" .

Hasta ahora, para iniciar los trabajos de exhumación, las asociaciones pedían autorización al propietario del terreno donde se hallase la fosa, solicitaban un permiso sanitario al ayuntamiento correspondiente y enviaban un escrito al juez de instrucción de la zona, que generalmente, no solía responder.

El borrador del protocolo prevé que, en caso de no obtener la autorización del dueño de los terrenos donde se encuentre la fosa, la administració n competente iniciará "los trámites para la ocupación temporal de los terrenos", de acuerdo con lo previsto en la normativa sobre expropiación forzosa.

Localizados los restos, se dará parte al juzgado de instrucción competente, a la policía y a la Guardia Civil y se llevarán a un laboratorio forense que tratará de identificar a las víctimas y averiguar las causas y circunstancias de su muerte. Si son identificados, serán entregados a las familias; en caso contrario, se inhumarán en el cementerio de la población donde se haya encontrado la fosa.

El protocolo
- Cómo exhumar cuerpos de la Guerra Civil, según propone el Gobierno:

1. Investigación preliminar. Recogida y grabación de testimonios, elaboración de la ficha ante mortem de la víctima y consulta de archivos.

2. Proyecto de intervención arqueológica. Informe sobre la ubicación y características de la fosa, estimación de medios necesarios, del coste y del tiempo de ejecución.

3. Autorización. Permiso por escrito de los familiares de las víctimas y autorización de la comunidad autónoma y los órganos de gobierno local del municipio donde se ubiquen los restos.

4. Excavación. Elaboración de un diario de trabajo y documentación de las tareas realizadas. Establecimiento de un perímetro de seguridad para evitar el expolio de los restos. Comunicación al juzgado de instrucción, a la Policía o Guardia Civil y a la comunidad autónoma de los restos encontrados. Inventario de los hallazgos.

5. Investigación forense. Identificación de la víctima, diagnóstico de la muerte, fecha y circunstancias del fallecimiento.

LOS LISTADOS DE LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO, ¿Quién controlará ahora su destino?

LOS LISTADOS DE LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO. ¿Quién controlará ahora su destino?


El 22 de Septiembre de 2008 varias decenas de entidades, asociaciones, investigadores e historiadores, depositaban en el Registro de la Audiencia Nacional en torno a 114.000 nombres de víctimas mortales del franquismo. En menor medida (se desconocen los datos) algunas instituciones del Estado (Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Universidades como la de Granada) hacían lo mismo previa demanda del juez y no precisamente por voluntad propia.


La página www.todoslosnombres.org era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo –testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa).


Por primera vez un Poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la SUERTE de tener en su poder – SIN TRABAJARLO- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil.


Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo –esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa –y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe donde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente.

No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos ESO. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se hagan del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?.



Cecilio Gordillo (28501266B), Francisco Espinosa Maestre y Fernando Romero

equipo www.todoslosnombres.org

Alcalde Isacio Contreras 2b local * 41003 Sevilla

Tlf: 695.276656 / todoslosnombres@cgt.es

EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DD.HH por Marcal Isern

En el día internacional de los DD.HH
En el día internacional de los Derechos Humanos. En recuerdo de todas las víctimas republicanas de la guerra civil y la dictadura franquista
Marçal Isern (Kaos en la Red, 10-12-2008)


Dedicado a todos y cada una de las víctimas Republicanas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco

Hoy se conmemora el día internacional de los D.D.H.H. Todos hemos visto por la tele, o escuchado por la radio, a niños, famosos y políticos recitar uno a uno, los puntos recogidos en la carta de D.D.H.H. a los que algunos dan dogma de fe. Pero, todo y todos son buenas intenciones, palabras vacías y hipocresía política. He tenido que aguantarme la risa, cuando he escuchado a Rajoy leer lo de la libertad de expresión o al inmoral Ministro de Justicia, recitar con voz clara y firme algo en que ni uno ni el otro creen. O sea los D.D.H.H. Al menos en lo que concierne a las víctimas de la guerra civil y la dictadura Franquista. Por que de Rajoy, no puedo esperar nada: alguien que se alegra de que se paralicen las exhumaciones y la investigación de los crímenes Franquistas, un político de un partido Franquista, donde las N.N.G.G abogan por el revisionismo, cuando no el negacionismo, un partido Franquista y antidemocrático ( de dirigentes con pies ligeros, ya sea para hacer los 100 m lisos o para pisar charcos de sangre de otros) que insultan y menosprecian a nuestras víctimas y se quedan tan panchos, o alaban las transacciones políticas, o los regímenes asesinos como si fueran "plácidos" años de Paz y orden, un partido que escupe en la memoria de nuestros muertos. En definitiva un partido que tiene la hipocresía de leer la carta de los D.D.H.H y quedarse tan ancho, sabiendo que ellos ni los respetan ni creen en ellos.

Y que decir de nuestra "Izquierda". Un Ministro que aboga por dar subvenciones para enterrar a nuestros muertos, como el deber manda (casi se le escapó eso de que como Dios manda), un partido cuyo presidente, nieto de represaliado, dice que aboga por el OLVIDO, así en mayúsculas, tal y como también dijo el Ministro Celestial, Rouco Varela. Olvidar?? El que o a quien? Olvidar, mas todavía?. Un partido de Presidentes de Congreso orgulloso del pasado fascista de su padre, cómplice de crímenes contra la humanidad, un partido de Leyes de la desmemoria histórica, que se aprueban con el voto de la Izquierda Hundida y los nacionalistas Catalanes, partidarios de que los símbolos de siempre, sigan donde siempre. Unos nacionalistas Cambonistas, que al mismo tiempo, son herederos de víctimas de unosy defensores de la memória de los verdugos de todos. Si el PSOE también aboga por los D.D.H.H y me dan arcadas solo de pensar en el daño que estos "surferos" de la memoria están haciendo a las pocas víctimas que quedan vivas y a sus familias.

Si, D.D.H.H en España, pero no para las víctimas del Fascismo. Siento, no vergüenza, si no rabia por tanta inmoralidad y inhumanidad. A dos dias de nuestro homenaje anual a las víctimas REPUBLICANAS de la Guerra Civil, no puedo si no sentir un odio especial y dedicado a todos aquellos políticos que hoy, gracias a su incompetencia, a su desidia y a su maldad, han hecho de este país, monarquía parlamentaria, un país mas amnésico y abonado a todo menos a la RMH y a la siembra de los D.D.H.H.


Dedicado a todos y cada una de las víctimas Republicanas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco. Hoy no han tenido su homenaje público, por ser no son ni esoVÍCTIMAS DE NADA. Yo se lo hago, hoy desde aquí

EL CONGRESO INSTA A ELIMINAR LAS FICHAS DE LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES

El Congreso insta a eliminar las fichas de la ley de vagos y maleantes
La Cámara Baja aprueba una moción para borrar antecedentes del franquismo
(Público, 11-12-2008)



PÚBLICO - MADRID - 11/12/2008


Invertido, maleante, amancebado, gamberro... Antecedentes penales tan peculiares aún pesan sobre numerosos españoles. El motivo: la incapacidad hasta ahora de los diferentes gobiernos democráticos para limpiar completamente los ficheros policiales heredados del franquismo y, sobre todo, de las célebres leyes de Vagos y Maleantes, de 1933, y de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de 1970.



La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados decidió este miércoles poner fin a esta situación, denunciada por la Asociación de ex Presos Sociales, con la aprobación por unanimidad de una proposición no de Ley del PSOE, que incluyó una enmienda transaccional del PP.



En la misma, la Cámara Baja insta al Ejecutivo a establecer "las medidas necesarias para culminar definitivamente la expurgación de los ficheros policiales en todo lo relativo a datos de ex presos políticos y ex presos sociales y, en general, de personas detenidas o condenadas por motivos políticos, ideológicos o por su orientación sexual durante la dictadura franquista". Estos quedarían, a partir de ese momento, únicamente como documentos históricospara su "consulta".



Como destacó el diputado socialista José Antonio Pérez Tapia, se trata de "hacer desaparecer del todo" unos antecedentes que "estigmatizan" aún a numerosas personas en España y que no han podido ser borrados pese al avance de los sistemas informáticos.



El código 361

La culpa, resaltó, es del "código 361" de los archivos policiales, un cajón de sastre que bajo la denominación de "indeterminado" aún recoge como antecedentes tendencias sexuales que el franquismo consideró delito y, por tanto, ha impedido limpiarlos hasta ahora. Tapia recalcó que la iniciativa está en la línea de la Ley de Memoria Histórica.



Pese a la unanimidad de la Cámara, el debate no estuvo exento de polémica. La portavoz del PP, Carmen Navarro, echó en cara a los socialistas que su moción fuese "una copia casi exacta" de otra proposición no de Ley aprobada justo hace siete años. En 2001, el entonces diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Saura, consiguió sacar adelante una propuesta similar que, como destacó Carmen Navarro, no se había cumplido pese al tiempo transcurrido .



La insistencia de la diputada del PP en acusar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de este retraso provocó el malestar en las filas socialistas, ya que Navarro obvió que cuando se aprobó aquella moción, estaba en el poder José María Aznar.



Hace un mes, el PSOE ya tomó una iniciativa a favor de los ex presos sociales. Entonces acordó con IU-ICV duplicar las ayudas previstas en los Presupuestos Generales del Estado para los homosexuales y transexuales represaliados en el franquismo. De este modo, subirá hasta cuatro millones de euros la cuantía destinada a este colectivo, que se deberá repartir en función del tiempo que cada una de estas personas permaneció en la cárcel por su condición sexual.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de la Nieta de Negrín y niega su competencia para juzgar los crímenes del franquismo

El Supremo se declara incompetente para juzgar el franquismo tras la petición de la familia Negrín
El Alto Tribunal argumenta que ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano

EFE - Madrid - 03/12/2008


El Tribunal Supremo ha rechazado asumir la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano. En una providencia notificada este miércoles, la sala de lo penal del Alto Tribunal desestima con este argumento la cuestión de competencia planteada por Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945), que pretendía que el Supremo asumiera la investigación de los crímenes del franquismo.


El tribunal concluye que del relato de hechos planteado por Negrín "no resulta (...) que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos (...) desempeñe en la actualidad alguno de los cargos" que le convierten en aforado, como son los de miembro del Gobierno, diputado o senador, juez o consejero del Tribunal de Cuentas, entre otros muchos.

Ni "razón" ni "fundamento legal"

El Supremo añade que tampoco "alguna de las personas que actualmente desempeñen estos cargos en los diferentes ámbitos del Estado interviniera o participara en los hechos". Por ello, el tribunal considera que no hay "ninguna razón ni fundamento legal que justifique el conocimiento por la sala de lo penal" de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que desestima el recurso de Carmen Negrín y ordena su archivo.

La nieta del presidente del Gobierno republicano había instado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a no pronunciarse sobre si el juez Baltasar Garzón era o no competente para investigar los hechos hasta que el Supremo tomara una decisión sobre el asunto. Además, el pasado 17 de noviembre interpuso ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los magistrados de esa sala que diez días antes habían votado a favor de paralizar las exhumaciones de desaparecidos ordenadas por Garzón.

Comunicado de disolución de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzosas del Franquismo (PVDFF)

COMUNICADO DE DISOLUCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS DEL FRANQUISMO (PVDFF)

El nacimiento de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas del Franquismo se produjo en el marco del procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional a raíz de las denuncias presentadas en diciembre de 2006 y julio de 2007 por una serie de asociaciones de familiares de víctimas del franquismo. El Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5, con carácter previo a su decisión sobre la apertura del procedimiento, ordenó a las partes denunciantes la práctica de numerosas diligencias que requerían la puesta en común de la información de todas ellas y, por lo tanto, la necesidad de coordinarse y trabajar conjuntamente.

Todas las organizaciones que eran denunciantes el 12 de abril de 2008 constituyeron la Plataforma guiadas por el convencimiento de que ésta sería un instrumento importante en el desarrollo del trascendente proceso que se abría ante la sociedad española, y, sobre todo, por la voluntad de conducir este proceso hasta sus últimas consecuencias.

La Plataforma ha representado el papel de interlocutor ante la opinión pública, durante el laborioso y esperanzado tiempo en el que sus componentes han llevado a cabo un esfuerzo, en gran medida superior a sus medios, para atender de la mejor y más eficaz forma posible los requerimientos del Juez Instructor, que dicho sea de paso no ha actuado con la debida consideración hacia esta realidad. El punto de inflexión en el desarrollo de la Plataforma ha venido determinado por el mismo que se ha producido en el procedimiento judicial. En efecto, el Auto de Inhibición del Juez Instructor de 18 de noviembre ha evidenciado la divergencia en cuanto a los fines perseguidos por los colectivos de víctimas del Franquismo.

Algunas asociaciones, se han mostrado favorables y conformes con la actuación del Juez. Se han manifestado públicamente en este sentido, incluso con declaraciones de apoyo al Magistrado, al margen de la Plataforma, si bien generando la confusión de que representaban la opinión de todos los colectivos denunciantes. En este sentido, se han embarcado en una estrategia de solicitud de apertura de fosas por todo el territorio nacional.

Otras organizaciones, sin embargo, conscientes de que el proceso iniciado va mucho más allá, puesto que nos encontramos con la posibilidad real de que finalmente los crímenes del Franquismo sean juzgados, no ante la Historia, sino ante un tribunal de Justicia, nos hemos opuesto al Auto de Inhibición del Juez Instructor del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, que consideramos socialmente deplorable y jurídicamente incomprensible. Por esta razón, hemos presentado recurso contra el citado Auto, al considerar que el enjuiciamiento de los crímenes del Franquismo, en el marco de Crímenes contra la Humanidad y habida cuenta de la existencia de delitos de secuestro de niños en el extranjero para separarlos de sus padres, son competencia de la Audiencia Nacional según viene determinado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, por la misma razón, valoramos en la actualidad nuevas actuaciones judiciales que nos conduzcan a la consecución de nuestros fines que no son otros que conseguir, para las víctimas del Franquismo, la Justicia, la Verdad y la Reparación consagradas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este empeño, ninguna de las organizaciones que en él nos hemos embarcado, vamos a cejar. Se lo debemos a los hombres y mujeres que dieron su vida por un mundo mejor.

COORDINADORA DE COLECTIVOSDE VICTIMAS DEL FRANQUISMO.
Noviembre de 2008.

Fuente: http://memoriadesaparecidos.blogspot.com/2008/12/comunicado-de-disolucin-de-la.html

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COORDINADORA DE COLECTIVOSDE VICTIMAS DEL FRANQUISMO.

Tras la reunión del 29 de noviembre en que se acuerda disolver la PVDFF, la mayoría de sus integrantes deciden constituir la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo (CCVF) porque el proceso iniciado por la Plataforma debe ir más allá. Hay la posibilidad real de que los crímenes del Franquismo sean juzgados por un Tribunal de Justicia. En este empeño las asociaciones de la Coordinadora no vamos a cejar. Se lo debemos a los hombres y mujeres que dieron su vida por un mundo mejor.

Fuente: http://coordinadoravictimas.blogspot.com/


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BOLETÍN INFORMATIVO de afarIIREP

El número de niños perdidos del franquismo supera al de los nietos de las Abuelas de Mayo”
Rodríguez es autor del libro en el que fundamenta parte de su auto sobre las desapariciones el juez Garzón


[A. R. ] [Ciudad Real]


El profesor de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, es autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: Crimen contra la humanidad, investigación en la que ha fundamentado parte de su auto sobre las desapariciones durante el franquismo el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Facultad de Derecho de Ciudad Real, Rodríguez ha recibido varios premios en certámenes jurídicos por trabajos sobre crímenes internacionales y, actualmente, desarrolla una estancia de investigación en la italiana Universidad de Milán, ciudad desde donde aporta su visión sobre las desapariciones de hijos de defensores de la República española, cuyos apellidos fueron modificados y adoptados por “familias afines al régimen”.
PREGUNTA.- ¿Cuántas personas aproximadamente sufrieron el cambio de identidad? ¿Existen datos de Castilla-La Mancha y Ciudad Real?
RESPUESTA.- Al igual que sucedió con el caso de las fosas de Franco, el problema es que el Estado no ha cumplido con sus deberes de investigación oficial de estos hechos, de modo que no hay datos oficiales. Por ejemplo tras la investigación de la Audiencia Nacional ahora sabemos que en la provincia de Ciudad Real continúa habiendo unos 1.694 ejecutados abandonados en fosas comunes, siendo la segunda provincia de Castilla La Mancha, tan sólo detrás de Toledo, con 3.970 desaparecidos. En todo caso, Ciudad Real es una de las provincias con una cifra más alta de ejecuciones de España.
Aunque todavía cueste hacerse a la idea de tal horror, con más de 7.000 víctimas de las matanzas franquistas, Castilla-La Mancha fue un Srebrenica. No lo digo por decir, las cifras del Tribunal penal internacional para la Antigua Yugoslavia están ahí. Y todavía estamos hablando de la sexta comunidad autónoma más afectada de España, en Andalucía se asesinó a pie de fosa a más de 32.000 personas que todavía no se sabe donde están.
Pero respecto a los niños perdidos y en ausencia -todavía al menos- de una investigación oficial sólo podemos hablar con detalle de casos descubiertos casi por azar, como el de Vicenta Álvarez, hija del Capitán de la República Melecio Álvarez, fusilado por Franco, a la que, tras cambiársele el apellido, sería entregada posteriormente a una familia de Herencia.
Habrá que esperar a dicha investigación pero parece previsible que la cifra de niños arrebatados a sus madres por la dictadura de Franco supere ampliamente la cifra del conocido caso de los 800 niños perdidos de la Dictadura argentina por cuya recuperación las Abuelas de Plaza de Mayo llevan luchando sin descanso dos décadas, habiendo conseguido localizar y restablecer la identidad de algo más de un centenar de estos.
En el caso español, y según algunas fuentes de las que también se hace eco Garzón en su auto, podríamos estar ante una macabra contabilidad de miles de casos de niños apropiados por la dictadura de Franco.
P.- ¿Dónde se cometieron estos hechos y por qué?
R.- Las vías de la desaparición infantil aludidas en el ‘Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista’, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2007, fueron varias partiendo del robo de niños a las madres republicanas en las cárceles de Franco, o del robo de niños de entornos guerrilleros -y por tanto las que más se prolongaron en el tiempo, todavía en los años 50- para ser entregados a familias adictas al régimen, pero también se mencionaría la “caza del niño rojo en el extranjero”, en alusión a los secuestros en Francia y otros países de los niños puestos a salvo en las colonias infantiles de la República.
P.- ¿Sería posible un reencuentro con sus familias de origen?
R.- No sólo es que sí lo sería, es que el Estado español debe activar los medios de búsqueda para hacerlo posible, de igual modo que Argentina creó por ley una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos o una Base Nacional de datos Genéticos, que funcionará hasta el año 2050, en razón de las expectativas de vida biológica y de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Aplicar estrictamente los mismos criterios en nuestro país supondría su funcionamiento al menos hasta el año 2020.
De hecho, otros Estados como Salvador o Guatemala fueron recientemente condenados a poner en marcha tales mecanismos ante los casos de los niñas perdidas Serrano Cruz o el niño Molina Theissen. Sin olvidar el caso de las “generaciones robadas” australianas, donde en febrero de este mismo año 2008 el primer ministro, Kevin Rudd, pidió perdón en nombre del Estado en el Parlamento y ante las familias y niños recuperados, al tiempo que se encuentra en tramitación una ley de indemnizaciones que podría superar los 250.000 dólares por niño perdido, al margen de las indemnizaciones a sus familias. No creo que se haya llegado a tomar plena conciencia aún de la profunda violación de los derechos humanos, ni las enormes implicaciones jurídicas para nuestro país del caso de los niños perdidos.
P.- ¿Hay familiares que se han reencontrado?
R.- Sí, a pesar de que España se haya desentendido de sus obligaciones hacia estas víctimas, algunos familiares consiguieron localizar a sus hermanos arrebatados a través de programas como ‘Quién sabe dónde’, por puro azar al coincidir con alguien que sirvió en el ejército de la República bajo las órdenes del padre verdadero de la víctima, o incluso recurriendo a investigadores privados sufragados de su propio bolsillo, pero estamos hablando de casos aislados. El arbitrario cambio de apellidos que permitió la ley de Franco de 4 de diciembre de 1941 y las dificultades para acceder a los archivos han sido un auténtico escudo para la impunidad de estos crímenes.
P.- ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro?
R.- La impunidad de todo lo perpetrado por el régimen franquista contra los defensores de la Segunda República española siempre me pareció algo mucho más allá del homenaje y de la memoria; algo perfectamente equiparable en muchos casos a los propios crímenes del nazismo.
La situación de los miles de desaparecidos de las fosas llamó además particularmente mi atención dada la especial configuración permanente del crimen de desaparición forzada de personas, lo que ponía en entredicho todo lo (no) actuado en nuestro país. Mucho más aún la situación de los desaparecidos en vida desde su más tierna infancia. Quería contribuir a dar a conocer las distintas posibilidades de acción de las víctimas.
Junto a esto, otra razón fue la absoluta ausencia de textos jurídicos académicos que abordasen los crímenes de desaparición forzada del franquismo, lo que representaba, a su vez, el primer obstáculo a superar para la enseñanza de la asignatura a nuestros alumnos. De este modo, y sobre la base de mis propias investigaciones, en la Facultad de Derecho de Ciudad Real -una de las pocas que cuentan con una asignatura específica de Derecho Penal Internacional- los crímenes de desaparición forzada del franquismo se estudian como parte del programa de la asignatura. En la medida que resulte posible, pienso invitar a nuestras clases a algunas de las personas y organizaciones implicadas en la causa de los desaparecidos del franquismo ante la Audiencia Nacional y con las que he venido colaborando en estos últimos meses.
P.- ¿Cuáles serían las medidas a adoptar a nivel nacional e internacional?
R.- Resulta difícil hacerse una idea de la dimensión de la tarea de la que estamos hablando, ya que no he encontrado ni un solo tratado o instrumento internacional en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas que nuestro país no haya incumplido respecto el caso de los niños perdidos. Uno de los ejercicios prácticos que vi con mis alumnos de Derecho Penal Internacional en la Facultad el año pasado fue, precisamente, la comparativa, articulo por artículo, entre proyecto de ley “de la memoria”, y algunos de los principales instrumentos internacionales en materia de reparación a las victimas y lucha contra la impunidad. Ellos mismos no daban crédito de que las cosas se pudiesen estar planteando así ante la situación de los desaparecidos, y hablamos de alumnos de la Licenciatura de Derecho.
Hay que modificar la ley ‘de la memoria’ ante el caso de las fosas y mucho más todavía, si cabe, con el caso de los niños perdidos. O incluso adoptar una nueva legislación específica sobre los desaparecidos. En una de mis investigaciones publicada en Jueces para la Democracia, he localizado una veintena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dejan en evidencia lo profundamente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos de alguno de los artículos de la ley ‘de la memoria’.
P.- ¿Estos hechos de la desaparición de niños en el franquismo han prescrito?.
R.- Otra cosa más que saco a la luz en mi libro sobre los niños perdidos y que Garzón recoge en su auto, es la incoherencia de aceptar la validez de la condena del Mariscal Keitel en Nuremberg por las desapariciones de personas en del ‘Decreto Noche y Niebla’ de Hitler, fechado el 7 de diciembre de 1941, y que se diga después que la ley de desaparición infantil de Franco, de tan sólo 3 días antes, el 4 de diciembre de 1941, queda fuera del alcance temporal de Nuremberg; que se diga que es una aplicación retroactiva del derecho, que ha prescrito y no sé qué cosas más.
Las responsabilidades del Estado en el caso de los niños perdidos del franquismo se multiplican al tratarse de víctimas desaparecidas en vida, que continúan vivas, con hermanos e incluso algunas madres de avanzada edad que continúan a la espera del anhelado reencuentro familiar en los últimos momentos de su vida.
Eso nos exige diligencia. Cada día que nuestro Estado continúa incumpliendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto a estas víctimas, representa otro día más que se les está robando a los niños perdidos y a sus familias. Este hecho dota de un cariz jurídico distinto a todo lo relativo a este tema.
P.- ¿En qué puede afectar la Ley de Memoria Histórica a la reparación de daños?
R.- Por increíble que parezca la ley de la Memoria ni menciona el caso de los niños perdidos, aunque se trate del caso más grave de desapariciones forzadas del franquismo según el derecho internacional, dado el especial carácter indefenso de las víctimas, niños de tan sólo uno ó dos años de edad o a veces ni tan siquiera eso.
De hecho la situación de estas víctimas no ha sido abordada por ninguna otra norma anterior a lo largo de los últimos 30 años de democracia tal y como constato en mi libro. Y con ello mismo también será olvidado el simultáneo carácter de género de estos crímenes contra la humanidad como forma de represalia cruel e inhumana contra toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia y la igualdad.
Pero si hay una cosa que me gustaría recalcar es la situación en la que, tras años y años, continúan todavía las familias de unos y otros desaparecidos en nuestro país. Me parece profundamente inhumana y equivocada, bajo cualquier punto de vista ético o jurídico; ahora más que nunca tras abrirse nuevas incertidumbres para todas estas personas en nuestro ámbito jurídico interno.
[CIUDAD REAL]

Fuente:* Lanza Digital, 24 de noviembre de 2008

http://www.lanzadig ital.com: 80/diariolanza/ pb/periodico/ periodicodetalle .asp?REG= 23600&sec=CIUDADREAL


Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el franquismo

http://www.afar2rep .org
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La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para investigar el franquismo

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La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa
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ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 28/11/2008 14:01

No ha habido sorpresas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, por 14 votos a tres, declarar que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Pero la decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.

Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón-.

El auto, del que será ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, contará con los votos discrepantes de los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel, y con dos concurrentes, que comparten la decisión de la mayoría, pero no exactamente los motivos.
Sólo competencia

El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.

Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.

Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado alzamiento nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.

Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.

Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.