Las fosas de la memoria y la Audiencia Nacional española. El rayo que no cesa. Empar Salvador para Rebelión

martes 10 de febrero de 2009


http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80580&titular=el-rayo-que-no-cesa

Las fosas de la memoria y la Audiencia Nacional española
El rayo que no cesa

Empar Salvador
Rebelión

Hacer justicia a las víctimas del franquismo pasa por aplicar las leyes tanto nacionales como internacionales a los que cometieron aquellos terribles crímenes (responsables y colaboradores), algo difícil de imaginar en un tribunal de excepción, como es la Audiencia Nacional, heredero del franquista Tribunal de Orden Público. Pero aún partiendo de esta premisa, el Fòrum per la Memòria del País Valencià decidió presentar denuncia por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo.

El hecho de presentar las denuncias, y caer en manos del juez más mediático de este país, seguro que desencadenaba una campaña de gran repercusión en la que la polémica estaba garantizada. Muchas de las atrocidades cometidas durante el franquismo se iban a conocer. Hablar de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de que miles de personas en situación de desaparición forzada era inevitable: una ocasión que de ninguna manera había que desaprovechar.

La tramitación del Sumario ha aireado que los que planificaron el golpe de estado contra la II República (Franco y sus militares, la Iglesia Católica y la derecha en general, que no aceptaron las reformas acometidas por este gobierno por el bien común), lo hicieron “en forma coordinada y consciente, determinados a derrocar el gobierno legítimo de España”, que una vez “declarado el Estado de Guerra la acción ha de ser en extremo violenta”, que “es necesario propagar una imagen de terror y que cualquiera que sea abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado”, expresa el Auto de 16 de octubre de 2.008. La última frase forma parte de la Instrucción Reservada nº 1 de 25 de mayo de 1.936 del General Mola, en la que también dice: “Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Se cita que Franco en 1936, en una entrevista al “Chicago Daily Tribune” admite que si es necesario se matará a media España, y también cita a Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, quien declara que hay que “matar, matar y matar” a todos los rojos, para librar a España de “ratas y piojos”. Estas instrucciones ya eran conocidas en muchos ámbitos, pero no por la opinión pública en general, después de varias generaciones de desinformación y deseducación.

Joan Garcés, voz autorizada como pocas, y parte en esta causa como abogado de Carmen Negrin, en el acto de presentación en Madrid de nuestro libro “El genocidio franquista en Valencia, dijo que la represión franquista fue “una estrategia de destrucción cultural, para determinar una configuración social, tanto por la eliminación de la élite cultural, como por el exterminio intencionado de un grupo nacional diferenciado, dirigida la represión implacable contra clases sociales populares”, y refiriéndose a la represión padecida en Valencia “que estamos, sin lugar a dudas, ante hechos de genocidio”

Las primeras denuncias datan de diciembre de 2.006, pero el Juzgado no realiza ningún trámite, hasta que el 29 de enero de 2.008, el fiscal de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, al que se supone está del lado de las víctimas y de sus familias, reclamando de Jueces y Tribunales justicia para ellas, y que actúa de acuerdo con las decisiones del Gobierno, formado por el PSOE, se opone a la investigación y emite un dictamen contrario a que se admitan las denuncias. Un dictamen muy difícil de entender: este partido tiene a miles de asesinados por el franquismo entre sus filas a los que no ha hecho justicia.
Con la trayectoria del PSOE, esa actitud ya no extraña tanto. Suscribió los “Pactos de la Transición” a la muerte de Franco, en los que pactaron la impunidad para los responsables y colaboradores del genocidio y la destrucción de sus pruebas, el silencio de los crímenes y el olvido de las víctimas. Aceptó al rey designado por Franco con su bandera y con su himno. No aplicó las leyes nacionales e internacionales a los genocidas franquistas, pero si dejó entrar en sus filas y ocupar altos cargos públicos, a descendientes de franquistas implicados en el genocidio, como el Fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido, nieto de un coronel auditor del ejército del Caudillo que firmó muchas sentencias de muerte de demócratas, el ministro de Justicia Fernández Bermejo, hijo del Jefe Local del Movimiento Nacional en Arenas de San Pedro o el Presidente de las Cortes españolas, José Bono, hijo de falangista y según sus propias declaraciones “a mucha honra”. Pero no son los únicos, hay muchos más incrustados en cualquier ámbito de la sociedad, incluso en el movimiento memorialístico.

Para paliar la terrible injusticia padecida por las víctimas del franquismo, el Parlamento aprueba la eufemísticamente llamada “Ley de la Memoria”, que además de no hacer justicia, agravia y ofende a las víctimas por las discriminaciones que establece respecto de otros colectivos de víctimas, como por ejemplo, las del terrorismo. Ni tan siquiera anula los Consejos de Guerra Sumarísimos que fueron una farsa siniestra que llevó a miles de demócratas al paredón de fusilamiento (¿haría incurrir esa anulación en responsabilidades penales, económicas y administrativas a responsables de aquellos juicios, con descendientes ocupando altos cargos en el Estado?) Por si la protección dada a los genocidas con la Ley de Amnistía del 77 era poca, ahora esta Ley les blinda la impunidad, declarando extinguidos los delitos en razón del tiempo transcurrido

Pero no se acaba aquí el reconocimiento a los franquistas y a sus descendientes (con subvenciones a la Fundación Francisco Franco incluidas). La familia del dictador vive en España y conserva (ellos y otros muchos), bienes incautados a los republicanos, muchas veces después de asesinados, o bien obligando a los ciudadanos a pagarlos (Pazo de Meirás). En el colmo del agravio a las presas del franquismo, en 2.005, el Gobierno español concede el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, nada menos que a la orden religiosa de San Vicente de Paúl, formada por mujeres que habían sido sus carceleras, tratando con tanta saña y crueldad a las presas y a sus hijos, que en 1.945 fueron expulsadas de la cárcel de Ventas a petición del personal civil (de la Sección Femenina), según cuenta Soledad Díaz, ex presa de Ventas, a Giuliana di Febo (“Resistencia y Movimiento de Mujeres en España 1936-1945” Icaria Editorial 1979)

Caso de Valencia
El despliegue informativo en torno a las denuncias ha sido grande, pero para la prensa nacional Valencia prácticamente no ha existido, y para la local, lo mínimo imprescindible. Y siempre intentando desacreditar el trabajo de documentación del Fòrum per la Memòria con el mismo argumento: las personas tiradas a las fosas del cementerio no fueron víctimas. Por qué? Porque muchos tienen anotadas enfermedades comunes como causa de muerte. Se niega lo que se acepta para el resto del país: que a las fosas comunes de dentro y fuera de los cementerios los franquistas tiraron a sus víctimas, y que los datos sobre las causas de muerte están falseados, que no eran más que eufemismos que encubrían ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y palizas.
De poco vale que cargos públicos durante la República asesinados, que no constaban en ninguna relación, hayan sido reconocidos por sus familias tras 70 años de desaparición, registrados con enfermedades comunes. Ni tampoco se cuestiona porque unos fueron registrados y otros no, y porque esas fosas, que ocupan una superficie de 41.020 m2, “las más grandes de la historia europea del siglo XX”, según escribe Francesco Cossiga, Presidente de Italia, en el prólogo del libro de Toni Strubell “El moment de dir prou” (Pagès editors, Lleida, 2008), han sido mantenidas en la clandestinidad más absoluta, y tampoco que a Valencia, una ciudad mediana, más bien pequeña, le construyeron esas fosas tan inmensas con tantos miles de cuerpos (24.529 registrados en 6 años), tirados muchos sin tan siquiera un ataúd. Tampoco parece valer que vengan tantísimos de aquéllas cárceles improvisadas que todos los de la época en Valencia conocen, pero que rara vez aparecen en algún libro, como el Manicomio, las iglesias, los conventos, el Hospital y otros, con causas de muerte repetidas hasta la angustia: hambre, desnutrición, fractura de cráneo, asfixia por suspensión, hemorragia interna…y sin discriminación de edad ni condición: niños y niñas, mayores, mujeres, presos y presas …Y eso que es universal que falangistas, ricos y afectos al régimen, no morían por esas causas ni eran tirados a las fosas sin ataúd.

Y es que una cosa es la historia oficial que escriben los vencedores, que ahora son los firmantes de los Pactos de la Transición, y otra muy diferente, la que investigamos las víctimas para encontrar a los nuestros y que se les haga justicia Son dos concepciones muy diferentes que unas veces coinciden, pero otras no. En cualquier caso, hay algo que no gusta en ciertos ámbitos, y es que sean los afectados los que lleven la iniciativa de conocer la realidad de los suyos y de sí mismos.

En el Sumario, algunas cosas respecto a Valencia llaman la atención: en el Auto de 16 de octubre se admite a trámite la denuncia presentada por el Fòrum per la Memòria, pero en el desglose del número de víctimas por comunidades autónomas no constan las de las fosas del cementerio. Dicen que por error aritmético, que hay una diferencia de unas cien víctimas entre un documento y otro. Tras escrito junto a toda la documentación en soporte informático para subsanar “el error”, en Providencia de 29 de octubre, contestan que no ha lugar, aunque los datos serán valorados por el Grupo de Expertos al igual que todos los demás presentados. Es decir, se admite a las víctimas pero la cifra no se nombra.

Primero se elude a las víctimas y después a las fosas y eso que el Juzgado ordenó la exhumación de tres de ellas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargó de paralizarlas. Se habían solicitado al Juzgado de acuerdo con las recomendaciones de Amnistía Internacional, partiendo de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe asumirlas. Esta entidad denuncia que España es el único país que ha trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidad de exhumar y recuperar los cuerpos, que no existen antecedentes de esta situación en ningún otro país. Son muchas las voces que dicen que han de hacerse para investigar el alcance de la represión (los cuerpos de los asesinados son la prueba de los crímenes), y para recuperarlos y darles sepultura digna, y que las realizadas sin las órdenes judiciales correspondientes, pueden suponer la destrucción de pruebas del genocidio. Incluso en Colombia, las exhumaciones se hacen por orden de la Fiscalía o de los jueces.

Todo hace pensar que el pacto de silencio que ha mantenido a las fosas y a las víctimas silenciadas incluso en democracia, sigue existiendo. Ni cuando la “izquierda” gobernó durante 14 años el Ayuntamiento se habló de ellas, y eso que también les construyó encima, y destruyó por tanto, restos de represaliados.

¿Por qué este interés en que no se hable de estas fosas? Cuando se creó la Comissió de la Veritat para alertar a la UNESCO y al Consejo de Europa del afán destructor del Ayuntamiento, empeñado en destruir la única que queda construyéndole encima 1.030 nichos, el diario El País, vinculado al PSOE, no lo publicó en la edición nacional, y eso que presidía la Comissió de la Veritat Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión Europea, y que intervinieron entre otros de igual relevancia, Desmond Tutú, Gabriel Jackon, o Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO, y que Lluís Llac interpretó de forma memorable “Campanades a Mort” en memoria de las víctimas que el franquismo tiró a las fosas. Puede que algún día lleguemos a saberlo

Los Tribunales españoles declaran su competencia para investigar y perseguir crímenes cometidos en otros estados, alegando que no son aplicables las leyes de Amnistía y otras análogas, pero se declaran incompetentes para investigar los crímenes cometidos en España, así que la investigación del verdadero alcance de la represión y la justicia para las víctimas, no vendrán de su mano ni de la del Gobierno español o de otras instituciones del Estado. La falta de voluntad para poner fin a la impunidad y garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas, ha quedado meridianamente clara.

Ahora se cumple el sesenta aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pero en el Estado español se siguen violando. La injusticia que persiste sobre las víctimas del franquismo no es más que una muestra de ello.

Los Tribunales Internacionales, o los de otros estados por la vía de la reciprocidad, son la opción de que legalmente se haga justicia a las víctimas del franquismo, después de no lograrse en su propio estado, tras más de treinta años de democracia y de treinta y tres de muerto el dictador.
Empar Salvador. Presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valenci

El principio de distinción entre militares y civiles en los convenios internacionales

El artículo 48 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra
establece la "norma básica" con respecto a la protección de los civiles:
el principio de distinción. Es uno de los pilares del derecho
internacional humanitario.

A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y
de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán
distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre
bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia,
dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares.

Según el Estatuto de Roma, los ataques dirigidos intencionalmente contra
la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no
participen directamente en las hostilidades son crímenes de guerra.


A través de este enlace puedes pedir al Consejo de Seguridad de Naciones
Unidades que investigue los crímenes de guerra cometidos en Gaza y sur
de Israel:


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http://www.es.amnesty.org/crisis-en-gaza/actua/rendir-cuentas-gaza-sur-i
srael/

Desaparecidos sin documentar por Rafael Espino Navarro.- Presidente de AREMEHISA

DESAPARECIDOS SIN DOCUMENTAR

Hoy por hoy, trascurridos ya más de 73 años de los acontecimientos ocurridos, durante la represión ejercida en el golpe de estado del año 1936, parece inconcebible que nuestros políticos sigan sin mover ni un solo dedo para devolver la reparación y la dignidad a las personas desaparecidas en aquellos oscuros días y que fueron pioneros en la defensa de las libertades y la democracia que actualmente todos nosotros disfrutamos. A esa desaparición física, también se unió la desaparición documental, pues solo y en el mejor de los casos se registró un tercio de los asesinatos cometidos. Y como consecuencia de ello cintos de miles de personas todavía tras mas de siete décadas siguen sin tener su “desaparición documentada”. A todos los efectos legales son “desaparecidos”. Personas con fecha y documentación de nacimiento que carecen del más absoluto y único documento de defunción. Cientos de miles de personas, de familias, de familiares que deben de seguir soportando la desaparición documental de sus abuelos, de sus esposos o de sus padres, la desaparición física y legal a la que el franquismo les condeno de por vida ( y también en muerte). Nuestras leyes siguen amparando esa desaparición documental al no permitir la inscripción de su muerto en los registros civiles, un acto execrable de desprecio por la mas elemental moralidad. A nuestras abuelas se les pudo permitir realizar esas inscripciones, durante la dictadura, a todas y cada una de ellas, que de forma insistente fueron acercándose a los distintos juzgados para que su situación de viudedad se legalizara. Y todas y cada una de ellas se negó rotundamente a inscribir la desaparición de su marido, el asesinato de su esposo como “muerte natural” , aún a riesgo de padecer la intimidación y el chantaje al que fueron sometidas. Sus hijos hubieron de hacer el servicio militar, no se pudieron librar del mismo por ser “hijos de viuda” , y ellas jamás pudieron acceder al cobro de la mísera pensión a la que el estado después de décadas de olvido y abandono las hizo beneficiarias de su condición. No, jamás renunciaron a la dignidad y la valentía, jamás se sometieron a la humillación y la postración de permitir que el asesinato ilegal fuese encubierto y consentido por ellas mismas en un documento legal. Fue quizás su último acto de justicia con sus muertos., con sus desaparecidos. Unos desaparecidos, que hoy más que nunca claman su derecho dejar de serlo. Su derecho constitucional, su derecho legal a que sus muertes se documenten. Su inscripción ya hoy no se realizara bajo actos de chantaje o intimidación , pero si de justicia y dignidad. Una justicia que tarda mucho, demasiado en llegar y una dignidad, que solo sus familias han sabido conservar. Hora es ya de que el estado democrático les reconozca ese derecho, de que el estado actual termine de una vez por todas con esa amnesia documental. Las familias, las asociaciones, los colectivos implicados así se lo reclaman. Seguir obviando el problema, seguir ignorándolo y mirando para otro lado, no hace sino aumentar el sufrimiento y el dolor de las familias.

Familias, que aún hoy, siguen llamando a las puertas de las juzgados para inscribir a “sus muertos” , setenta y tres años después de que estos comenzasen a serlo. Es dantesco, es nunca mejor empleado el término “ de juzgado de guardia”. Sigue siendo vergonzoso y humillante, pero esta vez la humillación y la vergüenza habrían de hacer sonrojarse al país, al país que les vio nacer y también morir y que se jacta internacionalmente de ser un ejemplo de libertad y tolerancia pero también de impunidad y olvido.


Aguilar de la Frontera, 6 de febrero del 2009.-


Rafael Espino Navarro.- Presidente de AREMEHISA

NULIDAD DE SUMARIOS Y REIVINDICACION YA!

El Ministerio de Cultura adquiere los archivos de Carlos Pinilla ex gobernador de Zamora

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, 3 DE FEBRERO DE 2009.
El Ministerio de Cultura adquiere los archivos del ex gobernador de Zamora Carlos Pinilla La documentación incluye listas de presos y fusilados durante la Guerra Civil.
EFE. El Ministerio de Cultura ha adquirido los archivos del que fue gobernador civil de Zamora y León, destacado falangista y promotor de Alianza Popular, Carlos Pinilla Touriño, en los que hay abundante documentación sobre muchos aspectos de la vida de posguerra.
Estos archivos habían llegado a manos de un librero madrileño y han sido adquiridos a éste por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas perteneciente al Ministerio de Cultura.
Entre los materiales, hay informes de su época de gobernador civil en León y Zamora, con datos sobre las actividades de estraperlo, listas de presos y fusilados, lucha contra la guerrilla, vinculaciones a la masonería y correspondencia con Ridruejo, Fernández Cuesta y el arzobispo de Valladolid, entre otros.
También figuran datos económicos, de los almacenistas leoneses de alubias, actividades exportadoras y negocio de carbones. Muchos otros datos se refieren a pueblos, visitas y obras; entre estas últimas las relativas al barrio que impulsó y que lleva su nombre, en las afueras de León. Asimismo, en la documentación figuran datos de sus visitas al general Franco y del origen de Alianza Popular, partido del que posteriormente surgió el PP, y que él impulsó.
Carlos Pinilla nació en la localidad zamorana de Cerecinos de Carrizal en 1912, era abogado del Estado, y fue militante de FET de las JONS, desde sus comienzos, fundando Falange en Gerona. Tras desempeñar el cargo de jefe provincial de Propaganda en Zamora, en el inicio de la Guerra Civil, en 1938 fue nombrado jefe provincial del Movimiento en Zamora. En 1939 fue designado gobernador civil de Zamora, y en 1940 de León.
Fue combatiente en la División Azul, vocal del consejo de administración de RENFE en representación del sindicato único y desempeñó otros cargos públicos, como el de director general de Administración Local, subsecretario del Ministerio de Trabajo y presidente del Instituto Nacional de Previsión. En la década de 1970 fue nombrado delegado del Gobierno en CAMPSA, ocupó los puestos de consejero nacional del Movimiento por Zamora y fue consejero del Reino, en representación del grupo de consejeros nacionales Elegido senador de AP por Zamora en dos ocasiones, ocupó varios cargos en la Cámara Alta. Falleció en el año 1991.

EL NORTE DE CASTILLA, 3 DE FEBRERO DE 2009.
Cultura adquiere los archivos del gobernador franquista Carlos Pinilla EL NORTE
El Ministerio de Cultura ha adquirido los archivos del que fue gobernador civil de Zamora y León, destacado falangista y promotor de Alianza Popular, Carlos Pinilla Touriño, en los que hay abundante documentación sobre muchos aspectos de la vida de posguerra.
Estos archivos habían llegado a manos de un librero madrileño, y han sido adquiridos a éste por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, informó Efe
Entre los materiales, hay informes de su época de gobernador civil en León y Zamora, con datos sobre las actividades de estraperlo, listas de presos y fusilados, lucha contra la guerrilla, vinculaciones a la masonería y correspondencia con Ridruejo, Fernández Cuesta y el arzobispo de Valladolid, entre otros. También figuran datos económicos, de los almacenistas leoneses de alubias, actividades exportadoras y negocio de carbones. Muchos otros datos se refieren a pueblos, visitas y obras; entre estas últimas las relativas al barrio que impulsó y que lleva su nombre, en las afueras de León.
Asimismo, en la documentación figuran datos de sus visitas al general Franco y del origen de Alianza Popular, partido del que posteriormente surgió el PP, y que él impulsó.
Carlos Pinilla había nacido en la localidad zamorana de Cerecinos de Carrizal en 1912, era abogado del Estado, y fue militante de FET de las JONS, desde sus comienzos, fundando Falange en Gerona.
Tras desempeñar el cargo de jefe provincial de Propaganda en Zamora, en el inicio de la Guerra Civil, en 1938 fue nombrado jefe provincial del Movimiento en Zamora. En 1939 fue designado gobernador civil de Zamora, y en 1940 de León. Fue combatiente en la División Azul, vocal del consejo de administración de Renfe en representación del sindicato único y desempeñó otros cargos públicos, como el de director general de Administración Local, subsecretario del Ministerio de Trabajo y presidente del Instituto Nacional de Previsión.
En la década de 1970 fue nombrado delegado del Gobierno en Campsa, ocupó los puestos de consejero nacional del Movimiento por Zamora y fue consejero del Reino, en representación del grupo de consejeros nacionales
Elegido senador de AP por Zamora en dos ocasiones, ocupó varios cargos en la Cámara Alta. Falleció en el año 1991.
En Internet
La asociación Salamanca Memoria y Justicia denunció ante la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas la venta por 15.000 euros a través del portal de internet Iberlibros (www.iberlibros.com) de la colección documental de Carlos Pinilla.
Según la denuncia remitida al director general de Libro, Rogelio Blanco, por parte de Ricardo Robledo, historiador y vicepresidente de la asociación, «nada tendríamos que objetar si se tratara de documentación personal pero el caso es que gran parte de la documentación que se ofrece a la venta pública es propiamente administrativa».
Salamanca Memoria y Justicia considera que esta documentación «debería ser custodiada en los archivos de la Administración, sobre todo si se tiene en cuenta que varios de esos documentos parecen ser fuentes de importancia para el estudio de la represión franquista en nuestra región».

ERC advertira a De la Vega que no desfallecerá hasta lograr la anulación del proceso a Lluis Companys.

BOLETÍN INFORMATIVO

Erc advertirá a de la vega que no desfallecerá hasta lograr la anulación del proceso a lluís companys
14:44 - 3/02/2009

MADRID, 3 (SERVIMEDIA) El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, aseguró hoy que trasladará a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, su intención de no desfallecer hasta lograr la anulación del proceso sumarísimo al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys, fusilado durante el franquismo.

Ridao tiene previsto entrevistarse con De la Vega a lo largo de la tercera semana del mes de febrero para hablar sobre este asunto. La vicepresidenta anunció el pasado viernes la celebración de un acto "especial" para solemnizar el reconocimiento a Companys como víctima del franquismo.

No obstante, aclaró que ese reconocimiento "no significa nada más", tampoco que se vaya a abrir el procedimiento de anulación del juicio. Se trata de un reconocimiento "que se agota en sí mismo" en función de lo previsto en la ley, sin perjuicio de las medidas que puedan tomar los familiares de Companys o las instituciones.

Desde Esquerra se interpreta que con ese homenaje se cierran las posibilidades de restitución de la figura del político, por lo que Ridao aseguró que en su partido están "desilusionados y un poco asqueados".

El portavoz independentista recordó en rueda de prensa que la misma vicepresidenta adquirió el compromiso de hacer lo posible para lograr la anulación del proceso, por lo que Ridao considera que una rebaja de esa expectativa significa el "fracaso" de la Ley de Memoria Histórica.

"Hemos hecho la prueba del algodón y ha salido negro", aseguró el portavoz parlamentario de Esquerra, antes de advertir que "esto no va a quedar así" y que ERC no va a "desmayar" hasta lograr la nulidad del juicio.

(SERVIMEDIA) 03-FEB-2009 SGR/isp

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1010740/02/09/Erc-advertira-a-de-la-vega-que-no-desfallecera-hasta-lograr-la-anulacion-del-proceso-a-lluis-companys.html

El gobierno defiende ante la ONU la Transición española

El Gobierno defiende ante la ONU la Transición española

Melchor Sáiz-Pardo / Colpisa
Madrid

El Gobierno ha visto obligado a defender ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el modelo español de transición a la democracia y, en concreto, la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento en 1977, cuya derogación solicitó el mencionado organismo internacional el pasado mes de octubre para que los tribunales pudiesen perseguir, sin impedimento legal, los crímenes del franquismo.

El Ejecutivo, con una contundencia poco habitual en diplomacia, contestó a esa recomendación con un duro informe en el que «lamenta» que el comité se haya metido en un asunto que «desconoce» y al que recuerda que la Ley de Amnistía, que no va a ser derogada, fue uno de los pilares del proceso democratizador.

La respuesta se cursó el pasado 8 de enero para rebatir el informe aprobado en la 94º reunión del comité que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que daba un respaldo explícito a la Ley de la Memoria Histórica y a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y los primeros años de dictadura franquista, y que recomendaba «encarar la abolición» de la Ley de Amnistía porque en España hay todavía de desaparecidos y esa norma choca con la máxima internacional de que «los crímenes contra la humanidad (como los cometidos por la dictadura de Francisco Franco) son imprescriptibles».

Es habitual que la respuesta de los gobiernos a los informes del comité sean una formalidad para dar por recibidas las recomendaciones, pero en este caso el Ejecutivo ha preferido una respuesta contundente: «El Estado español quisiera resaltar que el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia en España».

El Ministerio de Asuntos Exteriores, interlocutor con la ONU, ilustra a los expertos del comité con datos históricos, como el hecho de que «la citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática» y «fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978».

Además, «no sólo la sociedad española, sino también la opinión pública mundial, es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible, en parte, gracias a dicha ley».

Sorpresa

La nota diplomática dice «lamentar la inclusión de este punto» en el informe sobre el respeto de los derechos humanos en España y echa en cara a la ONU su «desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía». Y muestra sorpresa porque durante las reuniones que el Gobierno mantuvo con los expertos de Comité de Derechos Humanos en ningún momento los funcionarios hicieron referencia a la Ley de Amnistía o planearon «duda o pregunta alguna» sobre el asunto.

Los miembros del comité, explica el informe, sólo se limitaron a hacer algunas consultas sobre el procedimiento entonces todavía no archivado con el que el juez Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo y la postguerra, y no hicieron referencia alguna a la ley. El Gobierno afea a la ONU que no se le diera «oportunidad de defensa», tal y como marcan los protocolos. «Cualquier Estado sujeto a un proceso de examen internacional debe poder responder a aquellas cuestiones sustantivas que vayan a formar parte de una recomendación final», denuncia España.

El Ejecutivo concluye que en este informe de Naciones Unidas «la visión general» que se ofrece de España «no se corresponde con la realidad». La carta lamenta que el comité haya incluido «opiniones distorsionadas» que han concluido con un informe «distorsionado», no sólo en el tema de la Ley de Amnistía, sino en otras cuestiones como la lucha antiterrorista o el trato que se dispensa a los inmigrantes detenidos o bajo custodia.

La ONU, en el estudio publicado en octubre, reiteraba las ya habituales críticas al Gobierno por la incomunicación de los presuntos terroristas y por la supuesta dejadez de las autoridades españolas a la hora de investigar las denuncias de malos tratos en dependencias policiales. También recriminaba que, a pesar de los esfuerzos legislativos, las mujeres no son todavía «suficientemente protegidas» frente a la violencia machista.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=120585

Fusilados para la posteridad Alonso Montero recopila 120 cartas de condenados entre 1936 y 1948

Fusilados para la posteridad

Alonso Montero recopila 120 cartas de condenados entre 1936 y 1948

ÓSCAR IGLESIAS - Santiago
EL PAÍS - 29-01-2009

Muero para que vosotros y otros como vosotros no andedes descalzos ni pasedes hambre. Es un extracto de los ocho versos en rima asonante y escritura fonética que le salieron, en el último momento, al albañil Manuel Estévez Gómez, socialista del PSOE. Para el profesor Xesús Alonso Montero, una de las misivas más conmovedoras de las 120 que componen Cartas de republicanos galegos condenados a morte. 1936-1948.
"Esa gente estaba escribiendo para la historia", insiste Alonso Montero, que se afilió al PCE en los años 60. El volumen, que publicará Xerais a finales de febrero, incluye 108 cartas, 41 inéditas, remitidas al autor a través sobre todo de familiares. El resto es una miscelánea de signos escritos antes de morir, a veces minutos antes de la ejecución. Su alcance cambia dependiendo del destinatario.

Entre los que testaron con un verdugo de albacea está el socialista vigués Heraclio Botana. "Se reafirmó en su ateísmo y en el amor por su mujer, con la que no estaba casado". El padre de los Álvarez Blázquez, el médico Darío Álvarez Limeses, de Izquierda Republicana, deja "el testamento de un hombre católico que acentúa su catolicismo". También Alexandre Bóveda expresa su "fervor religioso". De Bóveda se incluyen tres cartas, dos ya difundidas en Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda (1972), de Xerardo Álvarez Gallego. "No lo hace para conseguir el indulto", remarca Alonso Montero, que recuerda cómo planteó su propio epitafio: "Alexandre Bóveda, sin más, con fecha de nacimiento y muerte. En el cementerio de Pontevedra machacaron la equis y pusieron una jota. Tampoco la estrella de cinco puntas original aparece en la lápida".

Entre toda la correspondencia, los textos de Bóveda y uno de Víctor Casas, otro de los históricos del Partido Galeguista, son las únicas cartas escritas en gallego. "Casas se dirige al secretario del partido, el arquitecto Manuel Gómez Román, que salva la vida por tener valedores entre los conserveros de Vigo. Él y Bóveda tuvieron antivaledores tan conocidos como Víctor Lis Quibén". Casas expone -en noviembre de 1936- su fe en la República del Frente Popular. "Cree que la República ganará en unos días, y en la necesidad de que el Partido Galeguista bascule cada vez más hacia la izquierda", relata el autor de Os escritores galegos ante a Guerra Civil española.

Las cartas de los galleguistas suman ocho. También son escasas las de miembros del POUM o de la CNT, aunque en este caso, precisa, "que no aparezcan no es significativo". Entre los anarquistas, Arturo Meirás y José Villaverde, habituado a calmar los ánimos de lo miebros coruñeses de la FAI. Los sublevados le ofrecían una salida en el futuro sindicalismo vertical, pero Villaverde la rechazó.

A partir de 1940 ya sólo hay cartas de miembros del PCE, sobre todo escapados. La que en 1947 consigue remitir al partido Segundo Vilaboi es significativa. No son epístolas escritas con sangre, al modo partisano, pero las torturas que describe merecieron una respuesta de Dolores Ibárruri, que se adjunta como texto complementario.

Entre todos los hombres, la maestra de Tomiño Josefa García Segret no murió. "A su marido lo pasearon, y ella fingió un embarazo en la prisión de Tui. El médico que se lo diagnostica es Darío Álvarez Blázquez, hijo de Álvarez Limeses, que se la juega". El falso feto, un bulto de toallas teñidas de sangre menstrual, es enterrado en una caja de zapatos. Cuando cree haber sido descubierta, escribe abajo las dictaduras. El título de las memorias que publicó en 1982.

Hablando de la memoria, y del alcance de las políticas institucionalizadas desde 2006, Alonso Montero recurre a Sarkozy. "Fue él quien impuso que en los liceos, a comienzos de curso, se leyese la última voluntad del comunista Guy Môquet", dice. "Yo ya he propuesto que Sarkozy le escriba a la conselleira de Educación para que aquí lean la carta de Manuel Estévez".

El gobierno se limita a"reconocer" a Companys

REHABILITACIÓN SIMBÓLICA|DESARROLLO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA


El Gobierno se limita a "reconocer" a Companys
• De la Vega afirma que el compromiso "se agota" con la declaración de reparación


El presidente Companys habla a través de Radio Barcelona.
MANEL MANCHÓN
MADRID
Una reparación y un reconocimiento a la figura del president Lluís Companys, el único presidente democráticamente elegido fusilado tras la guerra civil y en el contexto de la segunda guerra mundial. No habrá más. O, por lo menos, ese será el gesto del Gobierno, cuya vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que con esa iniciativa "se agota" el compromiso del Ejecutivo español, "más allá de las decisiones que puedan adoptar las familias o las instituciones" que traten de anular el juicio sumarísimo que le llevó al fusilamiento en los muros de Montjuïc el 15 de octubre de 1940. Pero en ese intento no estará el Gobierno, aunque la propia vicepresidenta prometió que trabajaría en ello en el 64° aniversario del fusilamiento, en el 2004.
La iniciativa llega por parte del Ministerio de Justicia, que ha aprobado la declaración de reparación y reconocimiento personal de la figura del president Companys, tras analizar la solicitud de sus familiares, en concreto de su nieta, María Luisa Gally, que se acogió a esa posibilidad dentro de la ley de memoria histórica. Junto a la petición de Gally, Justicia aprobó el pasado mes de diciembre otras 41 solicitudes.

CONSEJO DE GUERRA
La cuestión es que la ambición del Gobierno era otra, la que le reclamaba y la que exige ahora el Govern y el conjunto de los partidos catalanes. Tras el Consejo de Ministros del 15 de octubre del 2004, que concidió en el día con el 64° aniversario del fusilamiento de Companys, Fernández de la Vega aseguraba que el Gobierno aprobaría una ley que permitiría anular las sentencias franquistas, incluido también el consejo de guerra instruido contra el president de la Generalitat.
La iniciativa legal, que la propia vicepresidenta defendía de nuevo, el mismo día, con su presencia en el Palau de la Generalitat junto al president Pasqual Maragall, daba cumplimiento a una proposición no de ley del Congreso, que el 28 de septiembre del 2004 instaba al Gobierno a tramitar la anulación del consejo de guerra a Companys y a rehabilitar su honor.
El Ministerio de Justicia se ha limitado a recoger las solicitudes que se acogen a la ley de memoria histórica, que dignifica a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. De la Vega, que insistió en que el Gobierno daba por cumplido su compromiso, aseguró que el reconocimiento de Companys se solemnizará con algún acto "especial", en el que estarían presentes el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y miembros de la Generalitat. Pero el Ministerio de Justicia no supo ofrecer ayer más detalles, ni si se convocará ese acto para reconocer de forma conjunta a Companys con las otras 41 solicitudes, o únicamente al president de la Generalitat fusilado.
De la Vega dejó claro ayer que los familiares de Companys podrán seguir el camino que crean oportuno para lograr la anulación del consejo de guerra, aunque el Gobierno no les acompañará. Pero la declaración de reparación y de reconocimiento es necesaria para llegar a ese fin. Así lo consideró la propia nieta del president, que entregó a Bermejo la petición de restitución junto con el conseller Joan Saura, el pasado 12 de octubre en Madrid.
Este último, para defenderse de las críticas que recibió de ERC, argumentó ese primer paso. La razón es que, siguiendo la ley de memoria histórica, solo se podría conseguir anular un juicio franquista si se aporta un elemento novedoso que sirviera para activar un recurso de revisión. Y el elemento novedoso podría ser, precisamente, la declaración de reconocimiento de Justicia.

COMISIÓN
Más lejos que la propia distancia en el tiempo parece quedar la voluntad del Gobierno de encarar el caso desde el propio ámbito jurídico. De la Vega puso en marcha una comisión interministerial, el 10 de septiembre del 2004, para estudiar la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y la propia vicepresidenta reclamaba a la comisión que diera prioridad a la elaboración de la ley con el objeto de anular el consejo de guerra de Companys. Era otro momento político.

*Fuente: El Periódico, 31 de enero de 2009

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=583199&idseccio_PK=&h=090131