La CGT solicita a la UE que promueva la anulación de los juicios del franquismo

La CGT solicita a la UE que promueva la anulación de los juicios del franquismo


Califica la Ley de Memoria Histórica de "indecente" y dice que equivale a "punto final"



La Confederación General del Trabajo (CGT) registrará este lunes 27 en el Parlamento Europeo la "Carta a la Ciudadanía Europea por la Anulación de las Sentencias Franquistas", con el objetivo de "restaurar la dignidad de todas las víctimas del franquismo que sufrieron condenas injustas y sumarísimas" a manos de "tribunales fascistas".

Redacción
Según la CGT, tres años después de que el Consejo de Europa aprobara por unanimidad una resolución recomendando al Gobierno español adoptar todas las medidas necesarias para "liquidar de raíz esa lacra que nos retrotrae a los tiempos de la impunidad", todo lo que el Ejecutivo ha aprobado es una Ley de Memoria Histórica "indecente", "maquillada" y "desmemoriada", que "equivale, por omisión y en última instancia, a una ley de de punto final".

El sindicato critica que la ley aprobada en 2007 "renuncia a anular, con todas las consecuencias que en derecho cabe, las sentencias dictadas por los tribunales de aquella dictadura genocida". Igualmente, la acusa de "equiparar a las víctimas muertas por la libertad con las del bando franquista".

Entre los intelectuales que firman la misiva se encuentran José Luis Sampedro, Agustín García Calvo, Michel Onfray, Yvon Le Bot, Geneviéve Dreyfus-Armand, Daniel Innerarity, Octavio Alberola, Francisco Marcellán, Emma Cohen, Mirta Núñez Díaz-Balart y Rafael Cid.

La CGT solicita a la UE que promueva la anulación de los juicios del franquismo

La CGT solicita a la UE que promueva la anulación de los juicios del franquismo


Califica la Ley de Memoria Histórica de "indecente" y dice que equivale a "punto final"



La Confederación General del Trabajo (CGT) registrará este lunes 27 en el Parlamento Europeo la "Carta a la Ciudadanía Europea por la Anulación de las Sentencias Franquistas", con el objetivo de "restaurar la dignidad de todas las víctimas del franquismo que sufrieron condenas injustas y sumarísimas" a manos de "tribunales fascistas".

Redacción
Según la CGT, tres años después de que el Consejo de Europa aprobara por unanimidad una resolución recomendando al Gobierno español adoptar todas las medidas necesarias para "liquidar de raíz esa lacra que nos retrotrae a los tiempos de la impunidad", todo lo que el Ejecutivo ha aprobado es una Ley de Memoria Histórica "indecente", "maquillada" y "desmemoriada", que "equivale, por omisión y en última instancia, a una ley de de punto final".

El sindicato critica que la ley aprobada en 2007 "renuncia a anular, con todas las consecuencias que en derecho cabe, las sentencias dictadas por los tribunales de aquella dictadura genocida". Igualmente, la acusa de "equiparar a las víctimas muertas por la libertad con las del bando franquista".

Entre los intelectuales que firman la misiva se encuentran José Luis Sampedro, Agustín García Calvo, Michel Onfray, Yvon Le Bot, Geneviéve Dreyfus-Armand, Daniel Innerarity, Octavio Alberola, Francisco Marcellán, Emma Cohen, Mirta Núñez Díaz-Balart y Rafael Cid.

Sólo los nacionalistas y las minorías de izquierdas apoyan la pretensión de los republicanos,
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado una moción de ERC en la que reclamaba al Gobierno que impulsase las reformas legales necesarias para que el Ejecutivo por sí mismo o bien a través de la Fiscalía pueda solicitar la revisión de las sentencias políticas dictadas durante el franquismo, ya que fueron declaradas ilegítimas por la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007. La iniciativa fue 'tumbada' con los votos de PSOE y PP y sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y las minorías de izquierda.

El texto planteado por Esquerra a raíz de la interpelación que el diputado Joan Tardà dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se centraba en la figura del que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña durante la Segunda República, Lluís Companys, de cuyo fusilamiento se cumplirán 70 años el próximo 15 de octubre.

Durante el debate del miércoles Caamaño se afanó en dejar claro que la petición de anulación de juicios es un "imposible jurídico" porque la Ley de Memoria Histórica ya privó de efectos jurídicos las sentencias políticas dictadas por los tribunales franquistas.

"La nulidad es la privación de efectos jurídicos y no cabe volver a privar de efectos jurídicos aquello que el legislador ya ha dicho que no tiene efectos jurídicos", explicó Caamaño, recalcando que ese mismo argumento es el que utiliza la Fiscalía para rechazar la revisión de esos procesos judiciales.

CAMBIAR CUATRO LEYES

Precisamente, lo que pedía ERC en la moción era modificar un total de cuatro leyes, incluida la de memoria histórica, para, entre otras cosas, habilitar un procedimiento administrativo que faculte al Consejo de Ministros a expedir los correspondientes certificados de nulidad con efectos legales, de manera que todas las sentencias políticas queden oficialmente anuladas.

En paralelo, los republicanos reclamaban incorporar entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de una sentencia firme la declaración de ilegitimidad contenida en la Ley de Memoria. También abogaban por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Gobierno por sí mismo o a través de la Fiscalía tuviera la legitimidad de interponer un recurso de revisión de las sentencias declaradas ilegítimas.

Durante el debate, el diputado de ERC Joan Tardà recriminó al PSOE su negativa a dar más pasos en favor de la revisión de estos juicios y avisó de que los jóvenes socialistas "jóvenes quizá algún día maldecirán" a sus dirigentes por no haber sido "lo suficientemente valientes" en esta materia.

Desde el Grupo Socialista, el catalán Daniel Fernández incidió en los argumentos esgrimidos por Caamaño reiterando que la Ley de Memoria ya declara ilegítimas todas esas sentencias y los tribunales que las dictaron y que la Fiscalía hizo lo propio respecto a la relativa a Companys.

COMPANYS, CONDENADO TAMBIÉN POR LA REPÚBLICA

El diputado del PP por Barcelona Jorge Fernández Díaz, justificó su voto en contra recalcando que el Tribunal Constitucional y el Supremo Supremo ya se han pronunciado "con mucha claridad" ante estas reivindicaciones de ERC, que no son las "preocupaciones" de la inmensa mayoría de los españoles.

Tras recordar los juicios "no precisamente benévolos" que el presidente de la República Manuel Azaña hizo sobre Companys y que el president de la Generalitat fue condenado por un tribunal republicano en 1935 a 30 años de reclusión mayor por un delito de rebelión, reprochó a ERC que nunca haya pedido la nulidad de esa sentencia.

En nombre de CiU, Jordi Xuclà, reconoció valor a la declaración de ilegitimidad la ley y de la Fiscalía, pero avisó de que los certificados de nulidad emitidos por el poder judicial son una nueva "laguna". Por eso, su formación ha registrado una proposición no de ley que persigue que "el fiscal pueda dar instrucciones para expedir a instancias de parte estos certificados de nulidad".

Desde el PNV el diputado Aitor Esteban dio su apoyo a la reivindicación de los republicanos catalanes y animó al Gobierno a buscar una vía que posibilite la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales franquistas para acabar definitivamente con esta polémica y dar satisfacción a

Recogida de firmas para exigir al parlamento la anulación de todas las sentencias del franquismo
Foro por la Memoria de Málaga, 23-11-2009 - 1 Diciembre 2009

Exigimos al parlamento la anulación de todos y cada uno de los actos jurídicos represivos del franquismo





23/11/2009

Nuestros Familiares y compañeros llevan 70 años, esperando, que se haga justicia, de esos 70 años más de 30 han sido llamados democráticos, aun hoy sigue pesando la loza de los juicios que les condenó a muerte, les torturó , encarcelo, los depuró profesionalmente y les incauto sus bienes, dejándoles en la miseria o enterrados en una cuneta.

La mal llamada ley de la memoria histórica que no satisface a nadie, excepto a los que la crearon y no a todos, nos ha servido para coartarnos la libertad de poder exigir, que se cumplan las leyes internacionales de derechos humanos , al igual que nos ocurrió con la ley de amnistía; ¿cómo podemos concebir una ley que incumplen a su antojo, la iglesia , los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el estado e incluso el poder judicial?, ¿es que la ley no es igual para todos?, pues no en este país, vivimos atados y bien atados como el asesino de franco nos anunció, nos mantienen aborregados influidos por una sociedad de consumo, en el que lo que más interesa es tener un buen coche, una gran casa, en definitiva, nos influencia para que consumamos en su mayoría cosas que no necesitamos y que terminan arrinconadas o en la basura, mientras nos mantienen pegados al televisor, disfrutando de los programas basura, sobre las miserias de los demás ,para que nos sintamos afortunados, de que no son las nuestras, o el futbol donde se hacen fichajes millonarios, cuando millones de personas no tienen que llevarse a la boca.

El régimen y la posterior democracia, nos han aborregado de tal manera que no somos capaces de ver, que no tenemos libertad, que dependemos del consumo ilimitado, pero no nos desviemos del tema, la ley de la memoria o de la desmemoria, que sería su nombre , nos cierra todas las puertas, para exigir verdad ,justicia y reparación , para todas las víctimas del franquismo, pensemos un minuto como nos escandalizamos y solidarizamos cuando un terrorista pone una bomba, pero no nos escandalizamos cuando vemos las fotografías de las ciudades o la población civil bombardeadas por la aviación franquista,¿ es que los últimos no fueron terroristas?, ¿por qué no se les aplica la misma vara de medir?,¿ por qué debemos solicitar revisión de las causas?, para poder anular los juicios al que el franquismo sometió a nuestros seres queridos, es que acaso deben ser juzgados de nuevo o quizás quieran que reconozcamos la legalidad de esos tribunales, ya que fueron ilegales , al imponerse tras un golpe de estado, contra el gobierno democrático y la represión y exterminio masivo de sus defensores, extendido en el tiempo más allá de la muerte del dictador y no ilegítimos como los han declarado, no deben ser revisados, sino anulados, ¿qué ocurre actualmente cuando por un defecto de forma o error judicial, sale un delincuente a la calle? Nos escandalizamos, pero no hacemos nada, cuando nos venden una ley hecha a la medida de los interesados, que sigue manteniendo a nuestros seres queridos como delincuentes, y ya van más de 70 años ¿Cuánto más tendrán que esperar? O quizás lo olvidaremos para siempre conformándonos con las migajas, que quieran darnos, para mantenernos en silencio, mientras van apareciendo normativas que nos coartan cada día mas en nuestras comunidades autónomas, basta ver el nuevo protocolo de exhumaciones de la Junta de Andalucía.

Yo os llamo a la insurrección contra la ley de la desmemoria, ya que si los demás pueden incumplirla, ¿por qué nosotros no?, debemos exigir al parlamento la anulación de todos y cada uno de los actos jurídicos represivos del franquismo incluidos todos los procedimientos sumariales tanto civiles como militares y administrativos , como fueron las depuraciones o incautaciones de bienes, instruidos sobre los opositores políticos del régimen al igual que la aplicación de las leyes internacionales, desde aquí queremos lanzar una campaña de recogidas de firmas para exigir a nuestro gobierno, que de una vez por todas, se hagan realidad los derechos que hemos ido consiguiendo con nuestra lucha a lo largo del tiempo.

Las fosas de la memoria y la Audiencia Nacional española. El rayo que no cesa. Empar Salvador para Rebelión

martes 10 de febrero de 2009


http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80580&titular=el-rayo-que-no-cesa

Las fosas de la memoria y la Audiencia Nacional española
El rayo que no cesa

Empar Salvador
Rebelión

Hacer justicia a las víctimas del franquismo pasa por aplicar las leyes tanto nacionales como internacionales a los que cometieron aquellos terribles crímenes (responsables y colaboradores), algo difícil de imaginar en un tribunal de excepción, como es la Audiencia Nacional, heredero del franquista Tribunal de Orden Público. Pero aún partiendo de esta premisa, el Fòrum per la Memòria del País Valencià decidió presentar denuncia por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo.

El hecho de presentar las denuncias, y caer en manos del juez más mediático de este país, seguro que desencadenaba una campaña de gran repercusión en la que la polémica estaba garantizada. Muchas de las atrocidades cometidas durante el franquismo se iban a conocer. Hablar de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de que miles de personas en situación de desaparición forzada era inevitable: una ocasión que de ninguna manera había que desaprovechar.

La tramitación del Sumario ha aireado que los que planificaron el golpe de estado contra la II República (Franco y sus militares, la Iglesia Católica y la derecha en general, que no aceptaron las reformas acometidas por este gobierno por el bien común), lo hicieron “en forma coordinada y consciente, determinados a derrocar el gobierno legítimo de España”, que una vez “declarado el Estado de Guerra la acción ha de ser en extremo violenta”, que “es necesario propagar una imagen de terror y que cualquiera que sea abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado”, expresa el Auto de 16 de octubre de 2.008. La última frase forma parte de la Instrucción Reservada nº 1 de 25 de mayo de 1.936 del General Mola, en la que también dice: “Hay que sembrar el terror, dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Se cita que Franco en 1936, en una entrevista al “Chicago Daily Tribune” admite que si es necesario se matará a media España, y también cita a Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, quien declara que hay que “matar, matar y matar” a todos los rojos, para librar a España de “ratas y piojos”. Estas instrucciones ya eran conocidas en muchos ámbitos, pero no por la opinión pública en general, después de varias generaciones de desinformación y deseducación.

Joan Garcés, voz autorizada como pocas, y parte en esta causa como abogado de Carmen Negrin, en el acto de presentación en Madrid de nuestro libro “El genocidio franquista en Valencia, dijo que la represión franquista fue “una estrategia de destrucción cultural, para determinar una configuración social, tanto por la eliminación de la élite cultural, como por el exterminio intencionado de un grupo nacional diferenciado, dirigida la represión implacable contra clases sociales populares”, y refiriéndose a la represión padecida en Valencia “que estamos, sin lugar a dudas, ante hechos de genocidio”

Las primeras denuncias datan de diciembre de 2.006, pero el Juzgado no realiza ningún trámite, hasta que el 29 de enero de 2.008, el fiscal de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, al que se supone está del lado de las víctimas y de sus familias, reclamando de Jueces y Tribunales justicia para ellas, y que actúa de acuerdo con las decisiones del Gobierno, formado por el PSOE, se opone a la investigación y emite un dictamen contrario a que se admitan las denuncias. Un dictamen muy difícil de entender: este partido tiene a miles de asesinados por el franquismo entre sus filas a los que no ha hecho justicia.
Con la trayectoria del PSOE, esa actitud ya no extraña tanto. Suscribió los “Pactos de la Transición” a la muerte de Franco, en los que pactaron la impunidad para los responsables y colaboradores del genocidio y la destrucción de sus pruebas, el silencio de los crímenes y el olvido de las víctimas. Aceptó al rey designado por Franco con su bandera y con su himno. No aplicó las leyes nacionales e internacionales a los genocidas franquistas, pero si dejó entrar en sus filas y ocupar altos cargos públicos, a descendientes de franquistas implicados en el genocidio, como el Fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido, nieto de un coronel auditor del ejército del Caudillo que firmó muchas sentencias de muerte de demócratas, el ministro de Justicia Fernández Bermejo, hijo del Jefe Local del Movimiento Nacional en Arenas de San Pedro o el Presidente de las Cortes españolas, José Bono, hijo de falangista y según sus propias declaraciones “a mucha honra”. Pero no son los únicos, hay muchos más incrustados en cualquier ámbito de la sociedad, incluso en el movimiento memorialístico.

Para paliar la terrible injusticia padecida por las víctimas del franquismo, el Parlamento aprueba la eufemísticamente llamada “Ley de la Memoria”, que además de no hacer justicia, agravia y ofende a las víctimas por las discriminaciones que establece respecto de otros colectivos de víctimas, como por ejemplo, las del terrorismo. Ni tan siquiera anula los Consejos de Guerra Sumarísimos que fueron una farsa siniestra que llevó a miles de demócratas al paredón de fusilamiento (¿haría incurrir esa anulación en responsabilidades penales, económicas y administrativas a responsables de aquellos juicios, con descendientes ocupando altos cargos en el Estado?) Por si la protección dada a los genocidas con la Ley de Amnistía del 77 era poca, ahora esta Ley les blinda la impunidad, declarando extinguidos los delitos en razón del tiempo transcurrido

Pero no se acaba aquí el reconocimiento a los franquistas y a sus descendientes (con subvenciones a la Fundación Francisco Franco incluidas). La familia del dictador vive en España y conserva (ellos y otros muchos), bienes incautados a los republicanos, muchas veces después de asesinados, o bien obligando a los ciudadanos a pagarlos (Pazo de Meirás). En el colmo del agravio a las presas del franquismo, en 2.005, el Gobierno español concede el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, nada menos que a la orden religiosa de San Vicente de Paúl, formada por mujeres que habían sido sus carceleras, tratando con tanta saña y crueldad a las presas y a sus hijos, que en 1.945 fueron expulsadas de la cárcel de Ventas a petición del personal civil (de la Sección Femenina), según cuenta Soledad Díaz, ex presa de Ventas, a Giuliana di Febo (“Resistencia y Movimiento de Mujeres en España 1936-1945” Icaria Editorial 1979)

Caso de Valencia
El despliegue informativo en torno a las denuncias ha sido grande, pero para la prensa nacional Valencia prácticamente no ha existido, y para la local, lo mínimo imprescindible. Y siempre intentando desacreditar el trabajo de documentación del Fòrum per la Memòria con el mismo argumento: las personas tiradas a las fosas del cementerio no fueron víctimas. Por qué? Porque muchos tienen anotadas enfermedades comunes como causa de muerte. Se niega lo que se acepta para el resto del país: que a las fosas comunes de dentro y fuera de los cementerios los franquistas tiraron a sus víctimas, y que los datos sobre las causas de muerte están falseados, que no eran más que eufemismos que encubrían ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y palizas.
De poco vale que cargos públicos durante la República asesinados, que no constaban en ninguna relación, hayan sido reconocidos por sus familias tras 70 años de desaparición, registrados con enfermedades comunes. Ni tampoco se cuestiona porque unos fueron registrados y otros no, y porque esas fosas, que ocupan una superficie de 41.020 m2, “las más grandes de la historia europea del siglo XX”, según escribe Francesco Cossiga, Presidente de Italia, en el prólogo del libro de Toni Strubell “El moment de dir prou” (Pagès editors, Lleida, 2008), han sido mantenidas en la clandestinidad más absoluta, y tampoco que a Valencia, una ciudad mediana, más bien pequeña, le construyeron esas fosas tan inmensas con tantos miles de cuerpos (24.529 registrados en 6 años), tirados muchos sin tan siquiera un ataúd. Tampoco parece valer que vengan tantísimos de aquéllas cárceles improvisadas que todos los de la época en Valencia conocen, pero que rara vez aparecen en algún libro, como el Manicomio, las iglesias, los conventos, el Hospital y otros, con causas de muerte repetidas hasta la angustia: hambre, desnutrición, fractura de cráneo, asfixia por suspensión, hemorragia interna…y sin discriminación de edad ni condición: niños y niñas, mayores, mujeres, presos y presas …Y eso que es universal que falangistas, ricos y afectos al régimen, no morían por esas causas ni eran tirados a las fosas sin ataúd.

Y es que una cosa es la historia oficial que escriben los vencedores, que ahora son los firmantes de los Pactos de la Transición, y otra muy diferente, la que investigamos las víctimas para encontrar a los nuestros y que se les haga justicia Son dos concepciones muy diferentes que unas veces coinciden, pero otras no. En cualquier caso, hay algo que no gusta en ciertos ámbitos, y es que sean los afectados los que lleven la iniciativa de conocer la realidad de los suyos y de sí mismos.

En el Sumario, algunas cosas respecto a Valencia llaman la atención: en el Auto de 16 de octubre se admite a trámite la denuncia presentada por el Fòrum per la Memòria, pero en el desglose del número de víctimas por comunidades autónomas no constan las de las fosas del cementerio. Dicen que por error aritmético, que hay una diferencia de unas cien víctimas entre un documento y otro. Tras escrito junto a toda la documentación en soporte informático para subsanar “el error”, en Providencia de 29 de octubre, contestan que no ha lugar, aunque los datos serán valorados por el Grupo de Expertos al igual que todos los demás presentados. Es decir, se admite a las víctimas pero la cifra no se nombra.

Primero se elude a las víctimas y después a las fosas y eso que el Juzgado ordenó la exhumación de tres de ellas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se encargó de paralizarlas. Se habían solicitado al Juzgado de acuerdo con las recomendaciones de Amnistía Internacional, partiendo de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe asumirlas. Esta entidad denuncia que España es el único país que ha trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidad de exhumar y recuperar los cuerpos, que no existen antecedentes de esta situación en ningún otro país. Son muchas las voces que dicen que han de hacerse para investigar el alcance de la represión (los cuerpos de los asesinados son la prueba de los crímenes), y para recuperarlos y darles sepultura digna, y que las realizadas sin las órdenes judiciales correspondientes, pueden suponer la destrucción de pruebas del genocidio. Incluso en Colombia, las exhumaciones se hacen por orden de la Fiscalía o de los jueces.

Todo hace pensar que el pacto de silencio que ha mantenido a las fosas y a las víctimas silenciadas incluso en democracia, sigue existiendo. Ni cuando la “izquierda” gobernó durante 14 años el Ayuntamiento se habló de ellas, y eso que también les construyó encima, y destruyó por tanto, restos de represaliados.

¿Por qué este interés en que no se hable de estas fosas? Cuando se creó la Comissió de la Veritat para alertar a la UNESCO y al Consejo de Europa del afán destructor del Ayuntamiento, empeñado en destruir la única que queda construyéndole encima 1.030 nichos, el diario El País, vinculado al PSOE, no lo publicó en la edición nacional, y eso que presidía la Comissió de la Veritat Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión Europea, y que intervinieron entre otros de igual relevancia, Desmond Tutú, Gabriel Jackon, o Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO, y que Lluís Llac interpretó de forma memorable “Campanades a Mort” en memoria de las víctimas que el franquismo tiró a las fosas. Puede que algún día lleguemos a saberlo

Los Tribunales españoles declaran su competencia para investigar y perseguir crímenes cometidos en otros estados, alegando que no son aplicables las leyes de Amnistía y otras análogas, pero se declaran incompetentes para investigar los crímenes cometidos en España, así que la investigación del verdadero alcance de la represión y la justicia para las víctimas, no vendrán de su mano ni de la del Gobierno español o de otras instituciones del Estado. La falta de voluntad para poner fin a la impunidad y garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas, ha quedado meridianamente clara.

Ahora se cumple el sesenta aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, pero en el Estado español se siguen violando. La injusticia que persiste sobre las víctimas del franquismo no es más que una muestra de ello.

Los Tribunales Internacionales, o los de otros estados por la vía de la reciprocidad, son la opción de que legalmente se haga justicia a las víctimas del franquismo, después de no lograrse en su propio estado, tras más de treinta años de democracia y de treinta y tres de muerto el dictador.
Empar Salvador. Presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valenci

NULIDAD DE SUMARIOS Y REIVINDICACION YA!

ERC advertira a De la Vega que no desfallecerá hasta lograr la anulación del proceso a Lluis Companys.

BOLETÍN INFORMATIVO

Erc advertirá a de la vega que no desfallecerá hasta lograr la anulación del proceso a lluís companys
14:44 - 3/02/2009

MADRID, 3 (SERVIMEDIA) El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, aseguró hoy que trasladará a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, su intención de no desfallecer hasta lograr la anulación del proceso sumarísimo al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys, fusilado durante el franquismo.

Ridao tiene previsto entrevistarse con De la Vega a lo largo de la tercera semana del mes de febrero para hablar sobre este asunto. La vicepresidenta anunció el pasado viernes la celebración de un acto "especial" para solemnizar el reconocimiento a Companys como víctima del franquismo.

No obstante, aclaró que ese reconocimiento "no significa nada más", tampoco que se vaya a abrir el procedimiento de anulación del juicio. Se trata de un reconocimiento "que se agota en sí mismo" en función de lo previsto en la ley, sin perjuicio de las medidas que puedan tomar los familiares de Companys o las instituciones.

Desde Esquerra se interpreta que con ese homenaje se cierran las posibilidades de restitución de la figura del político, por lo que Ridao aseguró que en su partido están "desilusionados y un poco asqueados".

El portavoz independentista recordó en rueda de prensa que la misma vicepresidenta adquirió el compromiso de hacer lo posible para lograr la anulación del proceso, por lo que Ridao considera que una rebaja de esa expectativa significa el "fracaso" de la Ley de Memoria Histórica.

"Hemos hecho la prueba del algodón y ha salido negro", aseguró el portavoz parlamentario de Esquerra, antes de advertir que "esto no va a quedar así" y que ERC no va a "desmayar" hasta lograr la nulidad del juicio.

(SERVIMEDIA) 03-FEB-2009 SGR/isp

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1010740/02/09/Erc-advertira-a-de-la-vega-que-no-desfallecera-hasta-lograr-la-anulacion-del-proceso-a-lluis-companys.html

El gobierno se limita a"reconocer" a Companys

REHABILITACIÓN SIMBÓLICA|DESARROLLO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA


El Gobierno se limita a "reconocer" a Companys
• De la Vega afirma que el compromiso "se agota" con la declaración de reparación


El presidente Companys habla a través de Radio Barcelona.
MANEL MANCHÓN
MADRID
Una reparación y un reconocimiento a la figura del president Lluís Companys, el único presidente democráticamente elegido fusilado tras la guerra civil y en el contexto de la segunda guerra mundial. No habrá más. O, por lo menos, ese será el gesto del Gobierno, cuya vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que con esa iniciativa "se agota" el compromiso del Ejecutivo español, "más allá de las decisiones que puedan adoptar las familias o las instituciones" que traten de anular el juicio sumarísimo que le llevó al fusilamiento en los muros de Montjuïc el 15 de octubre de 1940. Pero en ese intento no estará el Gobierno, aunque la propia vicepresidenta prometió que trabajaría en ello en el 64° aniversario del fusilamiento, en el 2004.
La iniciativa llega por parte del Ministerio de Justicia, que ha aprobado la declaración de reparación y reconocimiento personal de la figura del president Companys, tras analizar la solicitud de sus familiares, en concreto de su nieta, María Luisa Gally, que se acogió a esa posibilidad dentro de la ley de memoria histórica. Junto a la petición de Gally, Justicia aprobó el pasado mes de diciembre otras 41 solicitudes.

CONSEJO DE GUERRA
La cuestión es que la ambición del Gobierno era otra, la que le reclamaba y la que exige ahora el Govern y el conjunto de los partidos catalanes. Tras el Consejo de Ministros del 15 de octubre del 2004, que concidió en el día con el 64° aniversario del fusilamiento de Companys, Fernández de la Vega aseguraba que el Gobierno aprobaría una ley que permitiría anular las sentencias franquistas, incluido también el consejo de guerra instruido contra el president de la Generalitat.
La iniciativa legal, que la propia vicepresidenta defendía de nuevo, el mismo día, con su presencia en el Palau de la Generalitat junto al president Pasqual Maragall, daba cumplimiento a una proposición no de ley del Congreso, que el 28 de septiembre del 2004 instaba al Gobierno a tramitar la anulación del consejo de guerra a Companys y a rehabilitar su honor.
El Ministerio de Justicia se ha limitado a recoger las solicitudes que se acogen a la ley de memoria histórica, que dignifica a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. De la Vega, que insistió en que el Gobierno daba por cumplido su compromiso, aseguró que el reconocimiento de Companys se solemnizará con algún acto "especial", en el que estarían presentes el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y miembros de la Generalitat. Pero el Ministerio de Justicia no supo ofrecer ayer más detalles, ni si se convocará ese acto para reconocer de forma conjunta a Companys con las otras 41 solicitudes, o únicamente al president de la Generalitat fusilado.
De la Vega dejó claro ayer que los familiares de Companys podrán seguir el camino que crean oportuno para lograr la anulación del consejo de guerra, aunque el Gobierno no les acompañará. Pero la declaración de reparación y de reconocimiento es necesaria para llegar a ese fin. Así lo consideró la propia nieta del president, que entregó a Bermejo la petición de restitución junto con el conseller Joan Saura, el pasado 12 de octubre en Madrid.
Este último, para defenderse de las críticas que recibió de ERC, argumentó ese primer paso. La razón es que, siguiendo la ley de memoria histórica, solo se podría conseguir anular un juicio franquista si se aporta un elemento novedoso que sirviera para activar un recurso de revisión. Y el elemento novedoso podría ser, precisamente, la declaración de reconocimiento de Justicia.

COMISIÓN
Más lejos que la propia distancia en el tiempo parece quedar la voluntad del Gobierno de encarar el caso desde el propio ámbito jurídico. De la Vega puso en marcha una comisión interministerial, el 10 de septiembre del 2004, para estudiar la situación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y la propia vicepresidenta reclamaba a la comisión que diera prioridad a la elaboración de la ley con el objeto de anular el consejo de guerra de Companys. Era otro momento político.

*Fuente: El Periódico, 31 de enero de 2009

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=583199&idseccio_PK=&h=090131

DE ESTRATEGIAS Y MANIPULACIONES por María José Barreiro López de Gamarra

De estrategias y manipulaciones
http://agenciabarreiroforever.blogspot.com/
ANULAR TODAS LAS CONDENAS YA
RADIOBCN ESTACION MEDITERRANEA ABF
Queridos amigos, pocas veces intervengo pero como familiar de dos personas fusiladas por juicio sumarisimo en especial y por que no me agradan las diferencias sociales, tengo la necesidad de expresaros mi disgusto por iniciativas como la que hoy se publica en una web. NUNCA estaré de acuerdo en solicitar la anulación de la condena de una persona en particular, sea de la extracción social que sea, me parece muy penoso que en vez de empujar por lo unicamente justo que es la anulación de todas las condenas unidos todos los que tenemos victimas en esta situación y los que no, que para tener esta convicción no es indespensable ser familiar, por ser (entre otras aberraciones) juicios de tribunales ilegales, se gasten energias en pedir la anulación para una sola persona, haciendo uso de su situación de clase, cortar y pegar: "És imperdonable que tot un President de la Generalitat de Catalunya, com és el cas de Lluís Companys i Jover, estigui marcat per un judici dut a terme per un tribunal franquista, que tan sols buscava la seva condemna a mort."Como todos bien sabemos a estas alturas no creo que se le escape a nadie: LOS JUICIOS BUSCABAN LA CONDENA A MUERTE DE TODOS LOS CONDENADOS A LA PENA CAPITAL, lo que nunca podré comprender es que la lucha de clases nos persiga hasta después de muertos, repito, y la utilización de frases del tipo, cortar y pegar: ANUL·LACIÓ JUDICIS FRANQUISTES
En un acto claramente manipulador para captar personas de buena fe. Como gallega (y catalana de adopción durante 20 años) tampoco me agrada ver la utilización de la bandera gallega para vender humo, como la he visto cuando me mandaron esto mismo a mi correo, con alusiones a que Companys habia sido muy bueno con los gallegos, supongo que de ser asi seria independientemente del lugar de origen de las personas, me consta que de este humo se vendió bien poco. En cuanto a las personas de buena fe les pido que lean bien lo que firman que aun siendo por una buena causa es excluyente por ser nominativa y singular, una petición para una persona sola no me la pueden vender como que va a beneficiar a los miles y miles que se quedan sin nombrar, por que eso como mínimo son especulaciones para vendernos el humo de las amistades, como ya hubo quien lo disculpó, con el cuento de que son estratégias. Y digo yo: ¿estrategias de quien y para qué?, o, es que hay personas que no tienen, o no saben que tienen victimas y las adoptan, pero... por que no adoptar a un jornalero?.
Las asociaciones es "lógico" (con minusculas y comillas) que den su apoyo dado el relieve institucional de la víctima elegida.
Lo justo para lo que tenemos que estar unidos y sin "supuestas estratégias" de personas que tienen por costumbre no presentarse ni tan siquiera, que donde dicen: "quienes somos" te hechan un rollo demagógico y no te dan un solo nombre. Es trabajar en seguir empujando para que se anulen todísimas las condenas a la vez, lo contrario serian favoritismos de clase una vergüenza para la sociedad, el pueblo más adelante...nos dirán (de paso haber si nos olvidamos); aunque si dieran el nombre, veriamos que al contrario de como es costumbre, los organizadores o no estan en la lista o la encabezan, aqui se observa que está entre medias al igual que amigos y familiares.
Este no es el único caso, por la geografia del país hay instituciones que parecen solamente acordarse de presidentes y padres de patrias, yo si os pido que no perdamos el norte y lo miserable que es mantener las diferencias sociales hasta después de muertos, siempre se habló de víctimas, por favor sigamos igual y pidamos que se anulen todas las condenas de fusilados y de supervivientes que también los hubo y los hay, por respecto a todos ellos, iniciativas como las de Espagne au Coeur el año pasado en su recogida de firmas , esto si que es para aplaudir y apoyar. Y me vuelvo a preguntar ¿donde estaban estas personas tan preocupadas por las victimas cuando los demás firmamos por todos sin distinción?...
A los que intenten atacarme através del nombre de Companys les digo que no se molesten que para mi es otro abuelo como los demás, pero...como por el mío, el padre de mi madre y el hijo de mi abuela Anulación de todas las condenas
Estas iniciativas lejos de beneficiar perjudican y mucho ya que lo único que tenemos a parte de las vergonzosas reparaciones es la posibilidad de revisar las condenas de forma individual (esto si que no les parece una aberración judicial rejuzgar a personas que no estan con vida y después según el capullo de turno a recondenarlo) por favor prudencia; esto es lo que fomentan estas peticiones irresponsables que al amparo de una buena causa no evaluan el daño que ocasionan.
Lo que no pienso consentir por ser parte implicada es la utilización de los juicios franquistas para fines ajenos a las víctimas.
Buscate otras estratégias para...¡¡con nuestros familiares NO!!
Mª José Barreiro López de Gamarra, nieta y sobrina de fusilados
(descendiente de dos familias represaliadas)

HUELVA UN ARCHIVO DIGITAL REUNE 5067 CASOS DE REPRESALIADOS

HUELVA: UN ARCHIVO DIGITAL REúNE 5.067 CASOS DE REPRESALIADOS.
Un archivo digital de Huelva reúne 5.067 casos de represaliados.

El País. Andalucía: MANUEL J. ALBERT - Huelva - 01/09/2008

Investigar la Guerra Civil española y la represión franquista en los archivos militares puede ser un infierno. Los hay herméticos, como el de Granada, como señalan expertos consultados; o colaboradores, como el de Sevilla. La Diputación de Huelva ha permitido que el investigador José María García Márquez ordene y digitalice la documentación sobre los consejos de guerra practicados en Huelva entre 1936 y 1943 a 5.067 personas y que terminaron con el fusilamiento de 386 de ellas. Los casos documentados suponen un 80% del total. El archivo de Sevilla, a diferencias de otros, ha satisfecho las necesidades de García Márquez.

A su vez, se ha visto beneficiado, ya que este especialista ha catalogado más de 8.000 procedimientos militares que no estaban en ficheros. Y es que el desorden y la propia desaparición de conjuntos enteros de documentación son los principales problemas a los que se enfrentan a diario aquellos que consiguen acceder a alguno de los archivos militares existentes en España.

Estos archivos están cerrados a los investigadores y sus responsables se defienden de éstos imponiendo demoras eternas en la concesión de permisos. "El archivo de Madrid ha llegado a dar plazos de 18 meses para entregar un expediente", recuerda García Márquez.

Con la iniciativa de digitalizar el archivo de Huelva -gracias a un convenio de 2006 entre la Diputación de Huelva y el Archivo Militar de Sevilla por iniciativa del historiador Francisco Espinosa y del entonces presidente provincial, José Cejudo-, además de preservar su existencia, se trata de agilizar al máximo el acceso de todos aquellos, investigadores o familiares, que deseen saber lo ocurrido en la provincia con los represaliados que pasaron por los consejos de guerra.

"El fin último que nos propusimos fue que toda la documentación, además de ser digitalizada y puesta a disposición de la Diputación, se mandase a todos los ayuntamientos y se colgase en Internet", recuerda Cecilio Gordillo, coordinador del proyecto Todos los nombres.

Los investigadores están ahora a la espera de que la Diputación de Huelva lleve a cabo estos últimos pasos. Además, las familias también esperan, pues estos fondos suponen un viaje sentimental al corazón del drama de muchas de ellas, ya que entre la documentación abundan panfletos, cartas manuscritas y fotografías de encausados y fusilados. "Para muchas familias, son lo único que les queda de sus seres queridos que perdieron en la guerra", destaca García Márquez.

Cuando finalmente el archivo de Huelva esté a disposición de todos en la Red, los expertos tendrán un filón de información a su alcance para conocer una parte de los horrores de la Guerra Civil en Huelva. Una provincia que, según las últimas estimaciones, sufrió el fusilamiento de al menos 6.019 personas, 386 condenadas por consejos de guerra y el resto por bandos de guerra, es decir, fusilamientos sin juicio alguno.

"Estudiando a fondo la documentación militar que hemos catalogado y digitalizado, se pueden conocer otros muchos datos de personas fusiladas de las que, hasta ahora podíamos no tener constancia. Pero hasta que no abran a los investigadores los archivos de las comandancias de puesto de la Guardia Civil, los de los Gobiernos Militares y los de la policía, nunca se sabrá a ciencia cierta el volumen de la represión en España y todas las cifras serán estimativas", recalca García Márquez.
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Un botón de muestra de los Consejos de Guerra en Huelva, ahora en el archivo de la Diputación

COMPANYS ANULACION DE SU JUICIO CAMPAÑA

LA COORDINADORA PER A LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA, SE AHDIERE A LA CAMPANYA DE ANL.ACIÓ DEL JUDICI DE COMPANYS I TOTS/TES ELS ANTIFEIXISTES ASSESSINATS , EMPRESSONATS I TORTURATS PEL FEIXISME FRANQUISTE



Adhesió a la campanya: Anul·lació Judici President Companys, Ara!



Des del Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat us demanem suport per a la campanya de recollida de signatures per a l'anul·lació del judici al President Companys. Entenem que només des de la força que confereix la unitat podrem portar endavant aquesta demanda social.



És aquesta campanya un deute moral que tenim, com a societat democràtica, amb en Lluís Companys i amb tots aquells que van ser sotmesos a consells de guerra il·legals, per uns tribunals il·legals, d'un règim il·legal fruit d'un cop d'estat feixista. Per tot això seria fonamental per a nosaltres que aquesta iniciativa sigui també vostra i que tots plegats portem cap endavant aquesta justa reivindicació.



Us quedem molt agraïts pel vostre recolzament.

Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat.





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COORDINADORA PER A MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
coordinadoramh@gmail.com
wwww.coordindoramh.org

SOBRE LA LEY DE MEMORIA HISTORICA escribe Francisco Espinosa Mestre

Sobre la Ley de Memoria Histórica
La movilización en pro de la “memoria histórica” de los últimos años parece haber culminado en el pasado diciembre con la aprobación del proyecto de Ley de Memoria Histórica (LMH)
Francisco Espinosa Maestre (La República (Nº0), 01-05-2008)

«La memoria histórica la compensamos con el alzheimer jurídico»

El Roto, El País, 18 octubre de 2007

La movilización en pro de la “memoria histórica” de los últimos años parece haber culminado en el pasado diciembre con la aprobación del proyecto de Ley de Memoria Histórica (LMH). En realidad, tras los vaivenes de los últimos cuatro años, nadie sabía qué iba a pasar. Después de tanto trabajo y tanto dinero nos queda la duda de para qué sirvió la Comisión Interministerial. Además, lo que fuimos conociendo del proyecto de Ley nos mantuvo perplejos hasta el final. Por fortuna la redacción definitiva superó los deprimentes borradores que circularon. Y bien, ¿qué decir ahora? La sensación es agridulce. Reconozcamos el avance, que según parece debe mucho a IU-ICV, pero maticemos a renglón seguido que éste es principalmente a nivel oficial, porque la sociedad, representada por esas mismas asociaciones a las que la Comisión escuchó, va por delante ya hace tiempo. Lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta un hecho clave: se han necesitado diez años de continua movilización social, cinco para implicar a los políticos y a los media, y otros tantos para que el tema de los desaparecidos del franquismo se plasme en una serie de normas legales.



Por primera vez un documento oficial aprobado en el Congreso habla no sólo de Guerra Civil y de dictadura sino de sublevación militar y de represión. Lo que no es poco viniendo de quienes hasta casi hoy mismo hablaban todavía de dos bandos. Y no sólo eso. La LMH crea un nuevo marco institucional y plantea una serie de posibilidades hasta ahora inexistentes (reconocimiento de derechos, localización e identificación de víctimas, retirada de simbología franquista, censo de obras producto del trabajo esclavo, acceso a los archivos públicos y privados, creación de un gran archivo de la guerra civil, etc.). Instrumentos que habrá que ver cómo se desarrollan legalmente.



Sin embargo, por muy buena voluntad que pongamos en su lectura, saltan a la vista diversas carencias. La primera y fundamental es la ausencia de dos palabras clave: Segunda República. Para empezar hay que poner en duda un marco institucional encaminado al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática que olvida que precisamente la última experiencia democrática fue la II República. Este exceso de cautela, más bien cobardía, que no es sino concesión a la derecha y confirmación de los vacíos ideológicos del PSOE, sólo demuestra una cosa: que la referencia a esas palabras y lo que representan siguen siendo conflictivas para unos (empezando por el propio PSOE) e inadmisibles para otros (la derecha en pleno, que aún la demoniza).



Dicho de otro modo, son palabras aún marcadas por el significado que les dio la dictadura y por tanto aún no han podido ser recuperadas, precisamente, para nuestra memoria democrática. Es decir, que el propio objeto de la Ley de Memoria Histórica, que no es otro que el reconocimiento de las víctimas de aquel brutal asalto a la democracia, no es asumido ni por su nombre en la exposición de motivos del proyecto de Ley. O sea que, pese a las supuestas intenciones, se silencia la verdadera base de la Ley de Memoria histórica, que no es otra que la destrucción de la República y sus consecuencias.



Esto prueba, pese al avance, la timidez del intento y el temor que aún existe a llamar las cosas por su nombre e incluso, en algunos casos, simplemente a llamarlas. Y demuestra también la distancia que existe entre los sectores sociales que se han movilizado en torno a la memoria y la clase política. Casi podría decirse que dichos sectores prácticamente carecen de representación política. Por otra parte nadie ha pedido a los políticos que, al elaborar la Ley, consideren que los golpistas aplicaron un calculado genocidio desde que se sublevaron, como de hecho ocurrió, sino simplemente que asuman, como la mayor parte de los historiadores han hecho ya hace tiempo, que se trató de un golpe militar contra un régimen político salido legalmente de las urnas.



La LMH declara injustas las medidas represivas e ilegítimos los tribunales encargados de tomarlas, pero se niega a plantear la ilegalidad de todo aquel proceso y a establecer la nulidad de las sentencias. Ya sabíamos que todo lo ocurrido a consecuencia del golpe militar de 18 de julio en el bando sublevado era ilegítimo pero hubiera sido necesario a estas alturas dejar claro que además de ilegítimo fue ilegal. Igualmente resulta incomprensible la cerrazón del PSOE a declarar la nulidad de las sentencias dictadas por aquellas pantomimas judiciales y por aquellos tribunales ilegales. Es posible que a efectos jurídicos “ilegítimo” pueda aplicarse con un sentido similar al de “ilegal”, pero da la sensación de que quienes han elaborado la Ley no se han atrevido a usar la segunda.



Lo cierto es que contentarse con decir que la represión franquista fue injusta e ilegítima suena a huida, a no querer afrontar realmente aquella terrible realidad que se dice afrontar con la LMH. Ciertamente fue injusta e ilegítima pero fue mucho más y mucho peor. ¿Podemos imaginar que las democracias chilena y argentina se hubieran contentado con definir las etapas de Pinochet y de Videla como “injustas” e “ilegítimas”? Sería una burla. Ocurre simplemente que en España la verdad jurídica sobre el franquismo sigue muy por detrás de la verdad histórica, que tanto está costando establecer.



Finalmente señalar la incapacidad manifiesta del Gobierno para afrontar ese lugar de memoria franquista por excelencia que es el Valle de los Caídos. En este caso el Gobierno no ha querido poner solución a un problema aparentemente tan simple como el de reconvertir el lugar en un memorial sobre la represión y el trabajo esclavo. Sería curioso saber las razones. No obstante, no es el único caso ni mucho menos. Ahí está el Alcázar de Toledo perpetuando la farsa inventada por los golpistas para mayor gloria de Franco desde 1936. ¿Hasta cuándo habrá que soportar estas reminiscencias fascistas?



En conclusión, la LMH constituye un paso más, éste con anclaje legal, en el largo camino de la recuperación de nuestra historia y de nuestra memoria. Pero, como dijo Amnistía Internacional, “la ley ha mejorado pero sigue muy alejada del derecho internacional”.

ESTUDIOS DEL EQUIPO NIZKOR SOBRE LA SITUACION ESPAÑOLA

From: FSM Date: 28/09/2007 01:53:19 p.m. To: destinatarios-no-revelados:, Subject: Comentario del Equipo Nizkor: Esp - Nueva version de ley de impunidad como consecuencia del "Pacto de desbloqueo".]

	Información Impunidad en España
27sep07 - vii) msjes.

Esp - Hacen pública una nueva versión de la denominada "Ley de la Memoria".

i) Introducción: Comentario del Equipo Nizkor ante las negociaciones extra-parlamentarias en torno a la ley de impunidad denominada "Ley de la memoria". Desde el 19 de abril de 2007, en que se hizo público el denominado "pacto del desbloqueo", hemos asistido a una negociación entre diferentes grupos políticos en lo que podríamos llamar la obscuridad enmarañada de la fontanería parlamentaria. Sin luz ni taquígrafos, sin acta alguna que recoja lo que cada grupo dice, nos hemos visto obligados al silencio, ya que todos los ciudadanos y las asociaciones que no formamos parte de ese mundo estamos extrañados de conocer las doctas argumentaciones. El silencio comenzó a ser roto por el diario "El País", no para informar, cosa que sobre estas cuestiones que nos afectan no ha hecho nunca, sino porque sus periodistas son parte de ese mundo que vive en la obscuridad enmarañada y como tal, nos van explicando día a día cómo avanza "la negociación" de estos grupos políticos. Parece ser que como consecuencia del "pacto del desbloqueo" están llegando a un acuerdo para una nueva versión de la ley de impunidad. Finalmente, el periódico "El País" difundió, el 27 de septiembre, la buena nueva y nos hemos dado por enterados del nuevo proyecto de ley y de las decisiones de ese mundo del que los ciudadanos y las asociaciones estamos extrañados. Este nuevo proyecto es en realidad el mismo que ya conocíamos, lo que pasa es que ahora, en vez de una burda ingeniería jurídica, se ha pasado a una etapa de ingeniería semántica donde la fundamentación jurídica se ha eliminado y, en su lugar, se ha pasado a usar signos lingüísticos que vacían el contenido y tienen la finalidad expresa de confundir y engañar. Ahora se habla de "derogar" bandos de guerra de un ejército ilegal y de normas que se suponen derogadas por la Constitución de 1978; de declarar "ilegítimos" tribunales de un régimen ilegal y, para terminar de asombrarnos en esta suerte de analogía lingüística, se logra declarar legal, como consecuencia de la derogación, a normas que ni el mismísimo ministro de justicia de Francisco Franco hubiera considerado concordantes con el amañado sistema jurídico del régimen. Si el mundo obscuro y enmarañado de la fontanería parlamentaria así lo decide y llegan a tiempo de convocar la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso, cuyas llaves guardan celosamente Don Alfonso Guerra y Don Rámon Jauregui, nos encontrarímos que la ley no soluciona ninguno de los problemas del inventario que figura en el "Plan de acción" que fue presentado por las asociaciones de víctimas y de derechos humanos a la clandestina "Comisión interministerial". Sin embargo, por "ilegítimas", las leyes del franquismo serían "legales" y al "derogar" el bando del golpe de estado, estarían , no sólo legalizando el mismo, sino reconociendo que tiene vigencia en las instituciones salidas de la transición democrática. También la ley confirmaría que todos aquéllos que fueron víctimas del franquismo serían extrañados del estado de derecho y no les sería reconocida la igualdad ante la ley, es más, no tendrían derecho ni ellos, ni sus descendientes, al recurso a la justicia, ni al debido proceso, ni al reconocimiento jurídico expreso. O sea, que la forma de obviar el derecho internacional de derechos humanos, la normas de Naciones Unidad y demás jurisprudencia aplicable, ha sido esa ingeniería lingüística -que no jurídica- que se nos quiere imponer por encima de los derechos legítimos de las víctimas y de la memoria colectiva. Posiblemente no se den cuenta de que esta forma de actuar creará las condiciones legales para que la denominada transición pierda su precaria legitimidad y, si esto ocurre, los responsables serán los expertos que expertan en ese mundo vacío y sin contenido que nos quieren imponer. Es por eso que sería reiterativo volver a analizar esta propuesta clandestina de proyecto de ley y simplemente hemos optado por reproducir lo que ya se hizo público y reiterar una vez más el "Plan de acción", para que todos puedan recordar lo que las asociaciones reivindicaron y reivindicarán a pesar del extrañamiento a que ciudadanos y asociaciones estamos sometidos. Equipo Nizkor Madrid, Bruselas y San Francisco, 27 de septiembre de 2007 ii) Modificaciones al proyecto de ley de la memoria con algunos de los ajustes consecuencia del "pacto de desbloqueo". Nueva versión del "Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura", publicada por el Diario El País, Madrid, 27sep06: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/desbloqueo.html iii) Declaración ante el "pacto de desbloqueo" de la ley de la memoria. I) El mismo día que en Europa se decidió considerar delito la promoción o defensa de las ideas nacionalsocialistas, en España se hizo público, a través de la prensa, el "desbloqueo de la ley de la memoria". El acuerdo al que han llegado es en realidad una forma de promoción de la legalidad franquista y de sus consecuencias. Es evidente que los autores de esta nueva elaboración siguen siendo personas anónimas, pues nadie se hace responsable de las proposiciones conceptuales de filosofía del derecho que se supone soportan la técnica jurídica necesaria para que una ley sea concordante con el derecho interno, con el derecho internacional y con los principios de "ius cogens", todos ellos de obligado cumplimiento por las instituciones estatales. Esto incluye, como no puede ser de otra forma, las leyes aprobadas por el Parlamento. II) Normalmente, antes de emitir una opinión, esperamos a tener el texto oficial y legal de la proposición de ley o del documento concreto que recoge las expresiones legales que no sólo documentan, sino que dan forma a ese tipo de acuerdos. Es evidente que ninguno de los medios de prensa que ha informado reprodujo el texto de los acuerdos adoptados para el "desbloqueo de la ley de la memoria". Y no lo han hecho simplemente porque sus artículos tienen la finalidad, no de informar, sino de crear una imagen que induzca al apoyo incondicional de este "fabuloso acuerdo". Y decimos fabuloso porque en realidad es una fabulación más a las que nos tienen acostumbrados desde que han tenido que hacer frente a la demanda de las asociaciones de víctimas y a las asociaciones de derechos humanos que hemos decido hacer frente a lo que hemos denominado el "modelo español de impunidad". La fabulación se basa en la utilización de una manipulación lingüística y conceptual que no sería aceptable en un alumno de introducción a la filosofía del derecho, o a cualquier persona con sentido común. Se trata de que el imaginario popular crea que el término "ilegítimo" es sinónimo de "ilegal". Esto, además de ser una falsedad ideológica en el uso semántico de los términos lingüísticos, es un desprecio a la razón y a las asociaciones de víctimas en la medida que pretenden que tengamos que responder a una irracionalidad conceptual y no al fondo de la cuestión. Parten de creer que las víctimas del franquismo son "incultas" y "sin formación", y por lo tanto, van a celebrar como un triunfo legal esta manipulación que por arte de birbirloque convierte lo meramente moral en legal. II) El acuerdo, cuyo texto encontrarán la final de este comunicado, en uno de sus párrafos bajo el apartado de "reconocimiento general" dice que: "Como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura." Y éste se complementa con otro artículo del apartado "Declaración de reparación y reconocimiento personal" que dice así: "Se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones." "Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en todo caso la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta técnica del Estado y el Gobierno y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la presente ley." "Igualmente, se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución". Pero además de esta manipulación lingüística formal, el pacto agrega un párrafo que demuestra la mala fe del acuerdo: "La Declaración a que se refiere esta Ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional. El Ministerio de Justicia denegará la expedición de la Declaración cuando no se ajuste a lo dispuesto en esta Ley". III) Hay una norma de derecho que hace inválido e ilegal un acuerdo civil, una ley e incluso un acuerdo internacional y es lo que en derecho se denomina "el principio de buena fe". Pues bien, este acuerdo al que han llegado los grupos parlamentario de IU y el PSOE es inválido e ilegal porque viola este principio de buena fe. Es obvio que el régimen franquista tiene un origen ilegítimo en cuanto proviene de un golpe de estado, pero este hecho -que es una condición suficiente- no es, por sí solo, el que define la ilegalidad del régimen franquista. Este régimen fue, es y será ilegal y responsable de actos que se pueden considerar como crímenes contra la humanidad. Pero además, es parte del entramado filosófico y conceptual que promovió el nacionalsocialismo y el fascismo en Europa. Este acuerdo se basa en un acto elemental de mala fe al querer hacernos creer que si bien es ilegítimo, los actos del franquismo fueron legales y, por lo tanto, el Estado no tiene que asumir las consecuencias y reparar los daños. Pero además viola principios democráticos profundos al dejar abierta la puerta para que se pueda entender que existen golpes de estado "legítimos" frente a un sistema democrático. Sería bueno que los artífices de esta manipulación conceptual nos explicaran cuáles son los actos que pueden convertir en legítimo un golpe de estado en contra de un régimen democrático y que, según ellos, lo pueden llevar a ser legal. No es de menor importancia el hecho de que se refieran a "...la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido...", forma eufemística de igualar a los tribunales de la II República, responsables de intentar mantener el estado de derecho y las libertades civiles, con los tribunales militares ilegales de los sublevados. Es un escarnio para todos los jueces y fiscales de aquella época que fueron ejecutados sumaria o extrajudicialmente, pero lo es también para todos los magistrados europeos que tuvieron que hacer frente al nacionalsocialismo, al fascismo italiano, al régimen de Petain o al sistema de legislación racial que se aplicó en el Este de Europa. Es evidente que este tipo de pensamiento profundamente antidemocrático proviene de las ideas del denominado "decisionismo jurídico" defendido por Carl Schmitt, de amplia difusión en las instituciones académicas y militares del franquismo y que ha pervivido hasta la fecha. Este principio se basa en sostener que un régimen proveniente de un golpe de estado es legítimo y que la mera legitimidad reemplaza a la normatividad legal. IV) Este acto de mala fe se complementa con la eliminación del "Consejo de Notables" previsto en los artículos 5 y 6 del proyecto de la llamada "ley de la memoria"; este Consejo sería ahora reemplazado por un certificado expedido por el Ministerio de Justicia al que sólo tendrán acceso, y citamos textualmente, "las personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado". Es evidente que la propuesta del "Consejo de Notables" que incluye el proyecto del ley del Gobierno, era absolutamente ilegal e indigna de cualquier principio democrático, pero no lo es menos que el Ministerio de Justicia certifique que un ciudadano fue víctima del régimen franquista; peor aún es la determinación por ley de quiénes reúnen las condiciones para poder requerir este certificado de buena conducta democrática. Obviamente quedan exceptuados los colectivos, las asociaciones que desaparecieron como parte del exterminio y todos aquéllos que no tengan herederos legítimos o, simplemente, no tengan representación alguna. En realidad lo que se pretende es ignorar el derecho colectivo a la memoria y convertirlo en un acto individual y personal. Esto es concordante con un reconocimiento moral y tiene que ver con los actos privados del perdón. Pero para eso no hace falta una ley porque los actos privados y de conciencia no pueden ni deben ser regulados. Lo que omiten estos párrafos son el derecho a la justicia y el derecho a la verdad como una obligación del estado de derecho. V) Este acuerdo incumple las normas internacionales de derecho humanos, viola el derecho internacional y viola la igualdad ante la ley, dándose la circunstancia de que si se mantiene este criterio, las víctimas del franquismo y sus descendientes no tendrán derecho a la justicia y el Estado se negará por ley a asumir sus responsabilidades frente a las violaciones graves de los derechos civiles y los derechos humanos. VI) Por último, debemos remarcar una vez más que este tipo de proposiciones tienen un componente adicional que demuestra la mala fe y es el reducir el inventario de cuestiones pendientes relacionadas con las víctimas del franquismo a la única cuestión de los juicios sumarísimos, desconociendo de hecho y de derecho todas las reclamaciones que están recogidas en el "Plan de Acción" que fue incluido oportunamente en el documento "La Cuestión de la Impunidad en España y los Crímenes Franquistas", hecho público el 14 de abril de 2004, así como en la declaración "Entre la cobardía moral y la ilegalidad", donde se ratifican todas las declaraciones temáticas y que ha sido apoyada por la práctica totalidad de asociaciones del estado relacionadas con la problemática de la impunidad franquista. Resulta vergonzoso tener que recordar a los Grupos Parlamentarios que han llegado a este acuerdo que el inventario de problemas pendientes no es arbitrario, no viola la actual constitución y es concordante con el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho interno y las normas imperativas de "ius cogens". Ocultarlo aplicando lo que hoy se denomina la "técnica del ninguneo", no tendrá como efecto el que desaparezcan los problemas pendientes y, mucho menos, las obligaciones legales del estado que, antes o después, éste deberá asumir. No puede ser de otra forma en un estado de derecho, dado que las características de los crímenes cometidos por el régimen franquista reúnen las condiciones de imprescriptibilidad reconocidas incluso por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en una fecha tan cercana como el 17 de enero de 2006. Madrid, 19 de abril de 2007 Gregorio Dionis, presidente del Equipo Nizkor [Nota documental: El texto completo del documento que recoge el pacto lo pueden encontrar en: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/memoria.html] Adhesiones: AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta AFAAEM - (Asociación de Familiares y Amigos de asesinados y enterrados en Magallón), Olga Alcega, presidenta. Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general. Asociación Guerra-Exilio y Memoria Histórica Antifranquista (AGEMHA), José Murillo Murillo, Presidente Asociación General de Estudios de Memoria Histórica Antifranquista AGEMHA, Francisco Martínez López, Vicepresidente. Asociación Guerra - Exilio y Memoria Histórica de Andalucía AGEMHA, Manuel Velasco Haro, Presidente Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente. Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo, Galizia. Asociación Memoria Histórica Asturiana, Víctor Luis Alvarez, presidente. Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional. Ateneo Obrero de Gijón, Luis Pascual, presidente. Ateneo Republicano de Galicia - ARGA Colectivo Republicano de Euskal Herria-Euskal Herriko Talde Errepublikanoa (CREH-EHTE) Comisión Viguesa Pola Memoria do 36, Telmo Comesaña, vocal Comité Ejecutivo del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) Corriente "Rojos/roges" de EUiA, Barcelona, Lluís Rabell Espacio Alternativo Confederal de IU, Raúl Camargo. Federación Estatal de Foros por la Memoria: [Foro por la Memoria de Andalucia, Foro por la Memoria del Oriente de Asturias, Foro por la Memoria de Badajoz Foro por la Memoria de Burgos, Foro por la Memoria de Cádiz Foro por la Memoria de Cáceres Foro por la Memoria de Cantabria, Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Foro por la Memoria de Castilla la Mancha, Foro por la Memoria de Extremadura, Foro por la Memoria de Huelva, Foro por la Memoria de Jaén, Foro por la Memoria de La Rioja, Forum per la Memoria del País Valenciá, Foro por la Memoria de Santander, Foro por la Memoria de Segovia] José Mariá Pedreño Gómez, presidente de la federación. Forum per la Memoria del País Valenciá, Amparo Salvador Villanova, Presidenta Fundación Luis Bello, José Esteban, presidente. Mesa de Diálogo para la Recuperación de la Memoria Histórica - Frente Norte. Plataforma Ciudadanos por la República de Alhama de Murcia, Revolta Global, Barcelona. iv) Aclaración sobre la información publicada en el diario "El Punt”" sobre la ley de "memoria histórica". English Aclaración sobre la información aparecida en el diario “El Punt” y en “Kaos en la red” con relación a la ley denominada de “Memoria Histórica”. Con relación a la información aparecida en el diario “El Punt” el 08ago07 y titulada “L'equip Nizkor compara ICV-IU amb Primo de Rivera per haver acceptat la llei de memòria històrica del PSOE” y a la publicada en la página “Kaos en la red” el 09ago07 bajo el título “El equipo Nizkor compara ICV-IU con Primo de Rivera [Ley Memoria Histórica]” y ante la solicitud de aclaración de lo allí publicado nos vemos obligados a declarar lo siguiente: 1) Estas declaraciones fueron efectuadas a un periodista de la Agencia Catalana de Información en nuestra Sede Europea, en Bélgica, con motivo de una visita oficial realizada por el diputado Joan Tardá del Grupo parlamentario de ERC y existe un evidente error en la edición o en la transcripción de las mismas. 2) Estas declaraciones tienen que ver con la cuestión doctrinal sustentada por Izquierda Unida con su proposición de declarar la “ilegitimidad” de las leyes franquistas y no su “ilegalidad” o, lo que es lo mismo, decir que la leyes franquistas son legales, pero ilegítimas. Este aspecto fue ampliamente fundamentado en Mesa redonda realizada en Mayo de 2007 en el Hotel Trip Atocha de Madrid y en la cual, tanto el fiscal Félix Rodríguez, integrante del Consejo General del Poder Judicial, como el ex fiscal anti-corrupción Jiménez Villarejo, sustentaron esta tesis doctrinal. Para evitar errores de interpretación, Radio Nizkor editará en audio las exposiciones íntegras realizadas en dicha conferencia de prensa en la parte específica de la exposición de ambos fiscales, y sus respuestas a las cuestiones planteadas por las asociaciones presentes en aquel acto, así como la exposición del diputado de IU Joan Herrera que, como es ampliamente conocido, ha defendido dicha tesis de “ilegitimidad” en sede parlamentaria. 3) En 1930 los conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la nulidad del Código Penal de 1928, conocido como “Código de Primo de Rivera”, y que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del Consejo de ministros de la Dictadura de Primo de Rivera, padre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. 4) Esta propuesta fue aprobada por mayoría por el Colegio de Abogados de Madrid y en un apartado dice expresamente “El Código penal gubernativo, impuesto por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más rotundo vicio de ilegalidad”. 5) El fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un largo artículo publicado en el diario “La Nación” de Madrid el 15 de abril de 1930 y titulado: “Lo del Colegio de Abogados: un abuso de la mayoría”, explica en forma extensa por que dicho código puede ser ilegítimo, pero es legal. Como ejemplo podemos citar uno de sus párrafos que dice textualmente: “Ley no es, por lo tanto, lo que aprueba un Parlamento, sino lo que aprueba el órgano legislativo de un régimen. Ese órgano legislativo pueden formarlo las Cortes, con el jefe del Estado, o el Gobierno con el jefe del Estado. Las Dictaduras siguen el segundo modelo. Luego dentro del régimen de Dictadura, un Código gubernamental legislativo es un Código legal”. Para evitar errores de interpretación en esta cuestión hemos decidido editar en nuestro sitio documental el artículo íntegro de José Antonio Primo de Rivera, para que quienes quieran pueda acceder al texto original íntegro. 6) Estos argumentos son idénticos a los actualmente en discusión con relación a la nulidad de las leyes franquistas solicitada por el Equipo Nizkor en nuestro informe “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas” y apoyado por la práctica totalidad de las asociaciones de víctimas del franquismo implicadas en esta cuestión. A la tesis de la nulidad ha respondido la dirección de Izquierda Unida defendiendo en Sede Parlamentaria la tesis de la “ilegitimidad”, y ha sido anunciada públicamente como la tesis que produce el denominado "pacto de desbloqueo" entre el PSOE e Izquierda Unida para la aprobación de la denominada “Ley de la memoria histórica”. Esta tesis fue contestada por la asociaciones de víctimas del franquismo y de derechos humanos en un comunicado hecho público el 19 de abril de 2007 y titulado “Declaración ante el ‘pacto de desbloqueo’ de la ley de la memoria”. 7) Cabe mencionar que el Código Penal de 1928 fue declarado “anulado sin ningún valor, ni efecto” por decreto de 15 de abril de 1931 y la disposición que lo anula publicada en la “Gaceta” de 16 de abril de 1931, según recoge el abogado Estanislao de Aranzadi en su “Repertorio Cronólogico de Legislación 1931”. El decreto en cuestión dice en su artículo primero: “1) Queda anulado, sin ningún valor ni efecto, el titulado Código penal de 1928. Igual declaración de nulidad se extiende a todos los titulados decretos-leyes de la Dictadura, que establecieron o modificaron definición de delitos o fijación de penas”. 8) Es éste el contexto documental con el que deben analizarse las declaraciones realizadas a la Agencia Catalana de Noticias y a las que se han referido los dos medios de prensa que mencionamos en el punto primero de nuestro comunicado. 9) Por lo tanto, ratificamos lo dicho en el sentido de que la discusión doctrinal que tiene que ver con el origen de la leyes en un régimen democrático es una discusión no cerrada en la historia española, simplemente porque se ha impuesto un concepto reaccionario que da por legales los actos de la dictadura franquista y, por tanto, de cualquier dictadura, como explica en forma muy clara José Antonio Primo de Rivera en el artículo publicado en 1930. 10) Con los mismos argumentos que Luis Jiménez de Asúa defendía en 1930, afirmando que el Código Penal de 1928 y los decretos leyes eran “de ilegítima procedencia, [y por lo tanto gozaban] del más rotundo vicio de ilegalidad”, el Equipo Nizkor, considera que deben analizarse las leyes franquistas y, por lo tanto, rechazamos expresamente el criterio de que son “ilegítimas” pero “legales”, en cuanto, como hemos dicho, es un criterio claramente reaccionario y que repugna a cualquier doctrina democrática en un estado de derecho. Madrid y Bruselas, 14 de agosto de 2007 Gregorio Dionis Presidente del Equipo Nizkor v) "Lo del Colegio de Abogados: un abuso de la mayoría" (Por José Antonio Primo de Rivera) Texto completo del artículo de José Antonio Primo de Rivera publicado por "La Nación" de Madrid el 15 de abril de 1930 y titulado "Lo del Colegio de Abogados: un abuso de la mayoría": http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/legitimidad.html vi) No hay atajos: Verdad, Justicia y Reparación. Comunicado de la Federación Estatal de Foros por la Memoria sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE e IU-ICV en relación de la "Ley de Memoria". Tras conocerse el acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE e IU, que desbloquea la tramitación del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y, por lo tanto, con la debida prudencia y reservas, a la espera de conocer más profundamente los términos exactos del acuerdo y, más adelante el texto definitivo de la Ley, desde la Federación Estatal de Foros por la Memoria hacemos las siguientes consideraciones: En primer lugar, celebramos cada avance como un éxito del movimiento social por la recuperación de la memoria en nuestro país, en el cual participan, desde diferentes ámbitos, las asociaciones memorialistas, las de Derechos Humanos, y las de represaliados, sus familiares y amigos. No sólo es mérito de este movimiento haber puesto este asunto en lugar central de la agenda política, sino que su rechazo al texto original presentado por el Gobierno en Julio de 2006 y los argumentos críticos expuestos a la sociedad civil, y asumidos por gran parte de ella, han forzado la modificaciones que fueron explicitadas en el día de ayer. En segundo lugar, se trata de un acuerdo alcanzado entre dos grupos parlamentarios sobre el futuro texto de la Ley que no ha sido apoyado por el resto de grupos en el Congreso de los Diputados y que, por lo tanto, todavía no ha sido aprobado ni tiene ninguna vigencia. A la espera, como decimos, de un conocimiento más concreto y exhaustivo de los términos del acuerdo que modifican el proyecto original, realizamos las siguientes consideraciones iniciales: Valoramos positivamente determinados elementos, tales como: La supresión del lamentable preámbulo, que igualaba con el tratamiento de "bandos en conflicto" a golpistas y a defensores de la legalidad democrática. La sustitución de dicho preámbulo por una condena explícita del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y de la dictadura franquista. La desaparición de la esperpéntica "Comisión de Notables". La supresión del artículo 25.3 sobre el tratamiento documental y archivístico que implicaba plenas garantías de anonimato para los verdugos. Sin embargo, esta Federación considera que, independientemente de que haya o no una Ley integral de Memoria Histórica, el centro de la cuestión es si se va a aplicar de una vez en España la normativa internacional sobre Derechos Humanos (crímenes de guerra, de lesa Humanidad, desapariciones forzadas, inhumaciones ilegales, etc.), o si, por el contrario, nuestro país va a seguir manteniendo lo que en el lenguaje internacional de los Derechos Humanos se conoce como el Modelo Español de Impunidad. Consideramos que para que el Estado Español se inscriba y normalice de hecho en el marco internacional del cumplimiento de la legislación de Derechos Humanos debe partirse de la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, tal y como ha hecho el Parlamento de la Argentina con sus leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. La justicia española, aplicando criterios de extraterritorialidad, lleva años procesando a autores y responsables de crímenes contra la Humanidad en países del Cono Sur americano. Nos permitimos recordar que coincidiendo con los años de máximo rigor de la represión en Argentina o Chile, por ejemplo, en Estado Español se torturaba a los antifranquistas en la Dirección General de la Seguridad de la Puerta del Sol, en Via Laietana y en muchos otros cuartelillos y comisarías; se fusilaba mediante sentencias emitidas por consejos de guerra ilegítimos, sin que se respetasen las más elementales garantías procesales, sustentándose en pruebas y testimonios obtenidos por medio de la tortura; se cometían crímenes de estado como los de Montejurra y Vitoria. Todos estos casos deben considerarse como crímenes de lesa humanidad, y por esta naturaleza, jamás prescriben No podemos aceptar la manipulación terminológica a la que nos quieren someter con la declaración de "ilegitimidad" de las sentencias o de los tribunales franquistas. Esa manipulación esconde una realidad: las sentencias no se anulan. Serán los interesados o sus familiares los que tendrán que instar a los actuales Tribunales para que las anulen y ya el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de rechazar varias peticiones que se le han presentado. La humillación llega a tal extremo que quienes deseen anular su sentencia tendrán que contratar, a su costa, los servicios de abogados y procuradores y todo ello sin la certeza de que, al final, la anulación llegue a producirse. Debe ser la Ley la que anule las sentencias, esas a las que el presidente del Tribunal que, paradójicamente, no anuló la que condenó a Julián Guimau calificó como "acto estremecedor para la conciencia jurídica" y rebajó la categoría de esa presunta decisión judicial a la de "apariencia de sentencia". No renunciamos a que se anulen todos los actos represivos del franquismo, no sólo las sentencias de las que ahora se habla, sino también el resto de actos represivos tales como depuraciones de funcionarios, incautaciones de bienes, multas, etc. Del mismo modo, seguiremos siempre en contra del certificado de buena conducta que ahora se pretende otorgue, en lugar de la Comisión de Notables, el Ministerio de Justicia. No queremos certificados sino el cumplimiento íntegro del Derecho Internacional de los Derecho Humanos con sus tres pilares fundamentales: verdad, justicia y reparación. Los ciudadanos represaliados del Estado Español no se merecen el denigrante trato de realizar una búsqueda, tanta veces imposible, de aquellos documentos que se encuentran en los archivos públicos para demostrar su condición de víctimas del franquismo. Esto conculca todos los principios democráticos de los que tanta gala se hace desde las instituciones públicas. Asimismo, a la espera de conocer con más detalle los términos del acuerdo echamos en falta aspectos fundamentales e innegociables, tales como: Una Ley integral de Exhumaciones, dado que es inadmisible que el estado siga haciendo dejación de su responsabilidad y trasmitiendo la misma a asociaciones de memoria y familiares, en lo que se ha dado en llamar la "privatización de la verdad". La adopción de medidas que permitan en un corto plazo de tiempo la eliminación de todos y cada uno de los monumentos, nomenclatura y toponimia franquistas cuya pervivencia, que ya dura 70 años, supone una constante provocación, humillación e insulto a la memoria de centenares de miles de luchadores por la libertad, represaliados por la dictadura, y a sus familiares. Los monumentos y los nombres de las calles no son "historia" aséptica. Por el contrario, significan reconocimiento, así como apuesta por la socialización de los valores y principios representados por los homenajeados. Creemos que la pervivencia de calles dedicadas a siniestros personajes, como Yagüe, Queipo de Llano o Millán Astral, es inaceptable por una sociedad democrática en el siglo XXI. En resumen, esta Federación Estatal de Foros por la Memoria reitera su exigencia y apuesta en defensa de la aplicación íntegra y sin subterfugios de la legislación de Derechos Humanos en España, y desde este planteamiento y con ese objetivos orientará en el futuro su desarrollo organizativo, su propuesta programática y sus acciones reivindicativas concretas, tal y como ha venido haciendo hasta hoy, independientemente de cómo resulte al final de su tramitación, el texto definitivo de la Ley. Federación Estatal de Foros por la Memoria 19 de Abril de 2007 vii) Plan de Acción presentado por las asociaciones de víctimas y de derechos humanos en 2004. VI.- Plan de acción: 1. Ratificación de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad". 2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional. 3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados. 4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos. Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla. 5. Elaboración de un Manual de Antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la II República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla. 6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de las víctimas, así como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de reconocimiento que surjan de la experiencia antropológico forense y sociológica. 7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos y de las víctimas. 8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático. 9. Inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países. 10. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados "niños de la guerra", y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano. Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas dela II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos. 11. Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el levantamiento franquista, de forma legalmente válida, otorgando el reconocimiento jurídico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos y mujeres. 12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte. 13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos, religiosos y de represalias. 14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo. 15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos. 16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento jurídico, militar y social que se siguió en países como Francia. 17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad. 18. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista. MÁS INFORMACIÓN: La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html Declaración ante el "pacto de desbloqueo" de la ley de la memoria. http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/comunicado.html Aclaración sobre la información publicada en el diario "El Punt" sobre la ley de "memoria histórica". http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/punt1.html Texto circulado en el Parlamento que recoge el pacto para el desbloqueo de la ley de la memoria. http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/memoria.html Texto de la carta enviada a cada uno de los diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto a los del Partido Popular, solicitando que no apoyen la ley de la memoria presentada por el Gobierno. http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/carta.html Declaración puntualizando la declaración de Amnistía Internacional Sección Española sobre la cuestión de la nulidad de los juicios sumarísimos y las Comisiones de la Verdad. http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/declafar.html Entre la cobardía moral y la ilegalidad. http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/ilegal.html Declaración sobre la renuncia por parte del Estado al deber de investigar judicialmente los crímenes graves: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/orden.html Declaración rechazando las opiniones públicas del diputado Ramón Jáuregui: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/deudas.html Declaración sobre las propuestas de leyes de reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/declarley.html La cuestión de los Niños de la Guerra en cuanto víctimas y su status jurídico: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/refugio.html Archivos e impunidad: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/archimpu.html Solicitan a Kofi Annan una mediación de buena voluntad a favor de las víctimas españolas de la IIGM y del franquismo: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/kofiesp.html Comunicado rechazando la conducta del Ministro de Defensa, José Bono, ante el desfile del 12oct04: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/bono.html Respuesta a la Presidenta de la Comisión Interministerial para el Estudio de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/civf1.html Piden la nulidad de lo actuado por los Consejos de Guerra franquistas y no su mera revisión: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/afar1.html Comunicado sobre el debate parlamentario del 01jun04 sobre la memoria histórica: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/afar2.html Efectivo manejo de evidencia de índole antropológico forense y crímenes de guerra: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/antropo.html Reiteran la necesidad de solucionar los problemas de nacionalidad de los descendientes del exilio español: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/exilio1.html Informe sobre la Nacionalidad: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/exilio.html

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"Del poder de perdonar sin límites, surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas; de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad; de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos; de la descomposición de los gobiernos, la descomposición política de la sociedad"." Jeremy Bentham (1748-1832)

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