El cuarto pecado de Garzón es haber pretendido aplicar la ley universal sobre los delitos de genocidio a los criminales de la Guerra Civil española


JUAN RAMÓN CAPELLA

Los discutibles procesos judiciales penales en los que se ha visto envuelto el juez Baltasar Garzón obligan a preguntarse: ¿por qué? ¿Qué ocurre con la Justicia en España? ¿Cuáles son los pecados de Garzón que han suscitado esos procedimientos penales ante –o del– Tribunal Supremo? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿De qué es síntoma Garzón?

Si uno hace memoria, creo que Garzón tiene en su haber algunos pecados que explicarían lo que hay en el fondo de esos procesos.

Un primer pecado grave es que Garzón sometió a persecución a los GAL, esto es, al terrorismo de Estado de la época de Gobierno de Felipe González: como consecuencia, un ministro y un viceministro acabaron en la cárcel mientras sus amigos, el presidente y altos cargos, se rasgaban las vestiduras. Margarita Robles, hoy en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo, es el largo brazo del PSOE de Felipe González y Garzón la ha recusado. Para los jóvenes hay que recordar que, además de los cargos mencionados, en la época ejemplar de Felipe González acabaron en la cárcel el director general de la Guardia Civil, el gobernador del Banco de España y la directora del Boletín Oficial del Estado, por mencionar unos pocos carguillos. Otros dimitieron para evitar el banquillo.

Un segundo pecado de Garzón es que ha destapado la trama Gürtel, de modo que se ha ganado la animadversión del otro partido, del PP. Algunos juristas garantistas que se la pillan con papel de fumar ven pecado en que Garzón interviniera la comunicación de los procesados con abogados presuntamente encargados no solamente de la defensa sino también de operar con los fondos de esa trama en paraísos fiscales. De modo que para estos juristas la intervención de la comunicación de los principales encausados con sus segundos vulneró los derechos de defensa… que el propio juez había tomado la precaución de proteger en sus autos. La cuestión es opinable jurídicamente: lo que para unos son garantías, para otros es impunidad. Aunque también se intervienen legalmente las conversaciones de terroristas con sus abogados sin que nadie ponga el grito en el cielo. Si la ley no está clara, el asunto es de interpretación, y resulta más que feo que, para el hecho hermenéutico del juez Garzón, el garantismo se desvanezca. Lo que nos tememos los observadores del asunto es que a la trama Gürtel y a sus complacientes políticos afines la vara de la ley jamás llegue a alcanzarles gracias… a los votos y a la magistratura. Los españolitos estamos acostumbrados a que la Administración de Justicia llegue casi siempre tarde cuando se trata de perseguir a las gentes con poder. Todo prescribe: las dobles contabilidades de los bancos, los cohechos, los fraudes a la Hacienda pública…

Ah, un tercer pecado de Garzón es la vanidad. Es un juez estrella. La estrella más brillante. El observador no cree que eso sea independiente de su voluntad. Y comprende que a otros honorables magistrados tanta estrella les jorobe en lo más íntimo de su ser. ¿Habría que alguacilarle? La vanidad no es delito; la prevaricación, sí.

Pero el cuarto pecado de Garzón es el peor de todos: haber pretendido aplicar la ley universal sobre los delitos de genocidio a los criminales de la Guerra Civil española. Esto sí que no se puede tolerar: que se investiguen los crímenes del franquismo, los asesinatos masivos, los robos, las venganzas. No vaya a ser que los hijos de los autores de esos crímenes vean descubiertas las vergüenzas de sus padres, que han estado viviendo impunes entre nosotros compartiendo las autopistas, los autobuses, la vida cotidiana; no vaya a ser que las falsificaciones de los registros (de la propiedad, o el mismísimo registro civil) les obliguen a devolver lo obtenido; no vaya a ser que además los delitos comunes queden al descubierto.

La aceptación por el sistema constitucional de las leyes internacionales sobre el genocidio ha de quedar en papel mojado. Y Garzón quiso lanzarse sobre los molinos de viento sin advertir que eran gigantes: que el franquismo no ha sido nunca derrotado. Sin percibir que incluso la modesta Ley de Amnistía española se ha aplicado como una ley de prescripción, sin investigar siquiera si los asesinatos del bando franquista tenían motivaciones políticas, como es el supuesto de esa ley, o simplemente, caso por caso, si había además, o sobre todo, odios y venganzas, medios para usurpar hijos o bienes, toda la porquería social que puede producir este jodido país

–por emplear la certera calificación del padre de Federico García Lorca, cuyo asesinato, por supuesto, jamás ha investigado eso que en España llamamos la Justicia–.

Las víctimas de los nazis han obtenido reconocimiento y reparaciones. También las víctimas de los generales genocidas argentinos. Incluso los polacos asesinados por orden de Stalin. Pero el genocidio español ha de pasar como el genocidio armenio: al olvido.

El acoso jurisdiccional al juez Garzón es el acoso fomentado por la ley del olvido, una norma de la constitución tácita del actual sistema político español. Pero esta vez puede ser una vergüenza para la Justicia local: las instituciones europeas de Justicia no tienen por qué enjuiciar el pecado de la vanidad, ni proteger a trama alguna, ni vengar a los GAL, ni ser complacientes con el genocidio.

Aún se puede esperar que el tiro salga finalmente por la culata.

Juan Ramón Capella es Catedrático emérito de filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona

http://blogs.publico.es/dominiopublico/2902/los-pecados-de-garzon/

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“Argentina está dando un ejemplo al mundo entero”
DW-World, 11.11.2010 - 12 Noviembre 2010

El juez Baltasar Garzón habló en Berlín sobre los avances de la justicia penal universal y sobre la situación en España



El juez Baltasar Garzón habló en Berlín sobre los avances de la justicia penal universal y sobre la situación en España, donde no se permite a las familias de las víctimas del franquismo sepultar a sus seres queridos.

Las suyas son batallas de gran envergadura que recuerdan a David contra Goliat. El magistrado español que logró detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 no ha perdido su fe en el triunfo de la verdad y sabe que el proceso contra él es una cuestión de poder, no lo califica como injusticia. “Injusticia es cuando un terremoto en Haití mata a cientos de miles de personas”, dice ilustrando su noción sobre el término.

-Invitado por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento alemán, que preside el diputado del Partido de Los Verdes Tom Koenigs, el juez manifestó su deseo de que cuanto antes tenga lugar el juicio que defina su situación. Garzón trabaja como consultor externo para la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional con sede en la Haya hasta diciembre, donde asesora y prepara investigaciones que afectan a varios países de América Latina.

“En el ámbito de los derechos humanos lo mejor es lo que queda por venir, pero en América Latina ha habido un gran avance en la lucha contra la impunidad. Todos los países desde el sur al norte han evolucionado en ese sentido, sobre todo Argentina que está dando un ejemplo al mundo entero, así es creo yo, como se debe afrontar la investigación de los crímenes contra la humanidad y genocidio”, dice Garzón en conversación con Deutsche Welle.

“Hay ejemplos negativos, como la situación en Honduras que es muy preocupante, eso implica que se debe estar muy al pendiente de lo que pase, porque hay el riesgo de que se estén violentando los derechos humanos de forma grave. Hay países como Colombia donde se está dando un gran esfuerzo, sobre todo a partir del cambio de gobierno, en el que se ve una mayor tranquilidad institucional a la hora de perseguir esos crímenes masivos. De modo que dentro de lo que cabe es una situación esperanzadora, pero todavía queda mucho camino”, dijo.

Tom Koenigs, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento alemán, y el juez Baltasar Garzón.Bildunterschrift: Tom Koenigs, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento alemán, y el juez Baltasar Garzón.



Principio de justicia penal internacional

Ante un nutrido auditorio en la sede de la fundación Heinrich Böll, cercana al Partido de Los Verdes, Garzón realizó una evaluación sobre los avances y retrocesos en materia penal con los que la justicia internacional ha respondido durante los últimos 70 años a crímenes de genocidio para asegurar que éstos no vuelvan a suceder.

El principio de justicia penal internacional, anclado en los sistemas jurídicos nacionales de algunos países, entre ellos España, permite a cualquier juez, en cualquier lugar del mundo, perseguir los crímenes de genocidio contra la humanidad. “Si algo justifica este principio es que es el último reducto contra la impunidad”, sentenció.

El juez explicó que se deja caminar a la justicia bajo este principio siempre y cuando no llegue a lugares sensibles de poder político. “Cuando la justicia se topa ante potencias como China, Estados Unidos o Israel, es cuando ya no pasa”, dijo Garzón y explicó que en España se investigaba el genocidio en Tibet de 1959, acontecimientos en la Franja de Gaza imputables a Israel y las detenciones en Guantámano, así como los vuelos secretos de la CIA.

Prisión de Guantánamo, limbo desde el punto de vista penal. Bildunterschrift: Prisión de Guantánamo, limbo desde el punto de vista penal.

El poder de las víctimas

Presumiblemente como resultado de la presión ejercida por dichas potencias, desde noviembre pasado en España hay una ley más restrictiva. Sin embargo el magistrado está convencido de que el principio de justicia universal sigue avanzando y gracias a la fuerza de las víctimas.

“La persistencia en el caso de Argentina y Chile de las víctimas durante tantos años hizo que las puertas de un juzgado en España, en este caso el mío, se abrieran y se comenzara sencillamente a creer en la justicia penal universal y se aplicaran los mismos criterios que si el delito hubiera sucedido en España”, dijo Garzón que decidió estudiar leyes a los 17 años con la firme ambición de convertirse en juez.

Mientras las estructuras del poder sean las mismas o sigan teniendo influencia en el poder en todos los países hay dificultades, explica Garzón, eso se ha visto en Chile, en Argentina y en Guatemala. “En España durante 70 años no se ha hablado sobre ningún tipo de investigación de crímenes del franquismo en el contexto de crímenes contra la humanidad”, dijo y explicó que no son crímenes cometidos durante la Guerra Civil, sino antes y después de ella, hasta 1951.

“Crímenes consistentes en la desaparición, detención, muerte, ejecuciones sumarias, torturas, etc”. El número de desaparecidos cifrado por las Asociaciones de la Memoria Histórica asciende a 152.000. “No se sabe dónde están sus cuerpos, si estarán en las cunetas de las carreteras, en los campos abiertos, en camposantos o en el valle de los caídos y no se permite a los familiares que retiren sus restos” dice.



Los niños perdidos del franquismo

Al explicar los antecedentes que llevaron a su suspensión, el magistrado recordó que en 2007 se aprobó la Ley de Memoria Histórica -que no contó con los votos del Partido Popular-, pero se convirtió en la primera reivindicación ganada por las víctimas del franquismo. “La propia ley preveía que los familiares entablaran otras acciones y lo hicieron”, así fue como llegaron a su juzgado. El magistrado consultó las leyes internacionales, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda la literatura generada por Naciones Unidas y el Consejo de Europa que desde 2005 urgía a investigar estos crímenes, sobre todo los que se conocen como “los niños perdidos del franquismo”.

Garzón subraya que hay datos para investigar la desaparición y adopción ilegal de alrededor de 30 mil niños hijos de madres republicanas que fueron presas, muertas, desaparecidas o sencillamente porque el nuevo régimen no consideraba a las familias adecuadas para educar a los nietos, sobrinos, hermanos o hijos.

El planteamiento del magistrado no fue aceptado por la mayoría del Tribunal de la Audiencia Nacional. “14 jueces dijeron que no era correcto, tres lo apoyaron y otros seis más en toda España dijeron que la línea de investigación era la correcta”. Fue así como la formación ultraderechista y principal responsable de la represión durante el franquismo, Falange Española de las JONS y el pseudosindicato Manos Limpias interpusieron una querella contra el célebre pero temido magistrado.

Hubo muchas intervenciones de un interesado público. El diputado Koenigs preguntó como era posible que España, un país tan moderno fuera en materia de justicia tan arcaico. “En España, en el momento de la transición la gran olvidada fue la justicia. Teníamos unas ganas enormes de entrar a Europa. Lo moderno era mirar hacia adelante, el pasado nos estorbaba, el franquismo en Europa tenía poca venta. Aquí había que decir que éramos ya los más demócratas, los más lanzados, los número uno en todo. Por tanto, quien se iba a plantear siquiera echar la vista atrás”, concluye.

Autora: Eva Usi

Editor: Pablo Kummetz

Tenemos que continuar y poner una denuncia tras otra para que haya cada vez más gente concienciada”


La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica-’Memoria de Mallorca’, Maria Antònia Oliver, ha asegurado que resulta “lamentable y vergonzoso” que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) haya confirmado el auto dictado el pasado mes de abril por el magistrado de este órgano Luciano Varela en el que resolvía procesar penalmente al ya suspendido juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar los crímenes del franquismo.

La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica-’Memoria de Mallorca’, Maria Antònia Oliver, ha asegurado que resulta “lamentable y vergonzoso” que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) haya confirmado el auto dictado el pasado mes de abril por el magistrado de este órgano Luciano Varela en el que resolvía procesar penalmente al ya suspendido juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar los crímenes del franquismo.

En declaraciones a Europa Press, Oliver ha apostillado que es “una vergüenza” que no se admitiera a trámite la querella que la Asociación presentó contra Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra, al entender que ambos magistrados “están prevaricando” al procesar a Garzón y que, no obstante, sí se admitiera a trámite la denuncia interpuesta por los “herederos ideológicos” del franquismo (en alusión a Falange Española) contra el ex juez de la Audiencia Nacional. “Es como la justicia al revés”, ha añadido en relación a esta cuestión.

En este sentido, la presidenta de ‘Memoria de Mallorca’ ha acusado a ambos miembros del TS de saber que las acciones emprendidas por Garzón eran “jurídicamente sostenibles” y de, no obstante, seguir encausándolo, por lo que, a su entender, “están prevaricando” porque acusan a Garzón “de lo que están haciendo ellos”.

“Es desesperante, pero ya no nos viene de nuevas”, ha remarcado en relación a la resolución del TS, al tiempo que ha reiterado que en España será “muy difícil” que se aclaren las responsabilidades de las desapariciones acaecidas durante la dictadura. Con todo, ha apuntado que esta polémica ha servido “al menos” para poner de manifiesto que en los tribunales españoles continúa habiendo, a su juicio, “gente franquista”. Según Oliver, lo que sucede actualmente en el poder judicial es la “consecuencia” de la “impunidad” del franquismo.

Por lo que se refiere a la denuncia promovida en Argentina para investigar las desapariciones durante la dictadura española, la representante de las víctimas ha asegurado que a éstas “les reconforta”, si bien ha matizado que a la vez “les llena de rabia” el hecho de que un país extranjero “venga a dar lecciones” en este sentido, cuando fueron los tribunales españoles, ha recordado, “los primeros” en hacerlo con la dictadura de Augusto Pinochet en este país sudamericano.

En cuanto a la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, su presidenta en Mallorca ha recordado que ésta cayó en la mayoría de los juzgados territoriales salvo en el caso de la Generalitat Valenciana y de Baleares, comunidades que “ya han agotado todas las vías e instancias” hasta llegar al Tribunal Constitucional (TC), donde prevé que el recurso sea también desestimado.

“Tenemos que continuar y poner una denuncia tras otra para que haya cada vez más gente concienciada que difunda las violaciones de los derechos humanos que están pasando no en el pasado, sino en estos momentos”, ha recalcado en este sentido, al tiempo que ha acusado a los políticos españoles de ser “cómplices” de esta “injusticia” porque, según su punto de vista, “callan” ante la actual polémica.

http://www.20minutos.es/noticia/807941/0/

Garzón: "Ninguna sociedad se ha roto" por investigar crímenes de su pasado
EFE , San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
El juez Baltasar Garzón ha asegurado hoy que "ninguna sociedad se ha roto" por investigar los crímenes de su pasado, y ha dicho que el futuro de los países que "no son capaces de actuar" está en "entredicho".

"Si los países no son capaces de actuar hacia atrás con la fuerza de la Justicia, el futuro de esos pueblos está en entredicho", ha afirmado el magistrado, que actualmente ejerce de asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), tras haber sido suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional.

Garzón ha hecho estas declaraciones durante su participación en una mesa redonda del curso de la Universidad Complutense en El Escorial que dirige, en la que también ha señalado que la acción de la Justicia "nunca es peligrosa".

"Creo que la acción de la Justicia nunca es peligrosa, los que son peligrosos son quienes ponen en tela de juicio dicha acción, quienes no quieren que la Justicia actúe y defienden la impunidad o la autoimpunidad como mecanismo de amenaza permanente contra los ciudadanos", ha añadido el magistrado.

En este sentido, Garzón ha insistido en que la Justicia "no quebranta nada" y que "al contrario, lo que hace es cohesionar y fortalecer la calidad democrática de un pueblo" como, a su juicio, ha sucedido en Argentina y Chile.

Durante su intervención, el magistrado también se ha referido a la teoría que asegura que abrir procesos penales contra los autores de crímenes contra la humanidad resulta "peligroso", y ha dicho que es un "argumento" que utilizan aquellos que se sienten "investigados".

"La acción de la Justicia en sí no debería poner en peligro nada, lo que ocurre es que aquellos que se ven investigados y, en su caso, eventualmente juzgados, presionan de nuevo con la fuerza que pueden tener al Estado y a las instituciones democráticas para evitar que ese enjuiciamiento se produzca", ha precisado.

De hecho, ha indicado que esa actitud se convierte en "el mismo mecanismo de presión" que utilizaban los grupos dictatoriales cuando estaban en el poder, sólo que "a través de otras vías" porque en una situación de transición política desde un régimen autoritario hasta una democracia "no pueden ser tan directos".

NO TODOS LOS MUERTOS SON IGUALES Público.es

El enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo de España (que en su seno tiene miembros que simpatizan con el golpe militar de 1936), en respuesta a la denuncia realizada por el partido fascista (La Falange) en protesta por el intento de tal juez de llevar a los tribunales a los responsables de los asesinatos realizados por la dictadura, muestra claramente varios hechos que no han sido suficientemente comentados en los medios de información y persuasión que gozan de mayor difusión del país. Uno es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue profundamente inmodélica, pues produjo una democracia muy limitada, en la que las fuerzas que dominaron el aparato del estado dictatorial continúan teniendo una gran influencia sobre el Estado español.

El segundo hecho que tal caso ha mostrado es que el espectro político español está profundamente sesgado a la derecha, mucho más que en la mayoría de países de la UE-15. Las derechas españolas corresponden, en el espectro político europeo, a la ultraderecha. En la Unión Europea, los partidos ultraderechistas han sido los únicos que han apoyado el enjuiciamiento de Garzón, tal como han hecho en España los dirigentes del PP. La gran mayoría de la derecha europea ha denunciado y condenado tal enjuiciamiento y los grandes rotativos conservadores y liberales europeos han denunciado esta bochornosa situación, mostrando con ello que el PP –que apoyó tal enjuiciamiento– es un partido de la ultraderecha europea de raíces franquistas, lo cual también explica su resistencia a condenar aquella dictadura por su nombre. Lo máximo que ha hecho el PP ha sido condenar genéricamente todas las dictaduras totalitarias (en las Cortes Generales, el 20-11-02), sin referirse concretamente a la dictadura franquista por su nombre (ver mi artículo “El PP, ¿un partido franquista?” en www.vnavarro.org).

El tercer hecho que el caso Garzón ha evidenciado es la enorme resistencia de los vencedores y de sus descendientes (biológicos y/o ideológicos) a admitir las enormes atrocidades cometidas por la dictadura y el impacto sumamente negativo que tal dictadura supuso para el desarrollo económico, político, social y cultural español. Esta resistencia de los vencedores y sus descendientes aparece en su persistente referencia a la equidistancia en las atrocidades realizadas por lo que llaman “los dos bandos” de la Guerra Civil. Este argumento, ampliamente reproducido por los vencedores y sus descendientes (que dominan la vida política, mediática y cultural española, sean del color político que sean), pone en la misma balanza a aquellos que lucharon por la democracia y a los que se opusieron a ella. La forma extrema de esta equidistancia aparece en los escritos de Juan José López Burniol y de Gregorio Marañón, que indican que los vencedores tenían tanta razón moral y política como los vencidos, pues ellos (los vencedores) eran buenas personas y también lucharon por sus ideales. Según este relativismo moral y político, no se podría condenar ni a Franco, ni a Hitler, ni a Mussolini, pues todos ellos en su vida personal eran “buenas personas” (seguían la moral convencional de su tiempo) y creían que lo que hacían era lo mejor para España, Alemania e Italia, respectivamente.

Tal equidistancia es, en realidad, más una justificación que una explicación de lo ocurrido en España, intentando ofuscar las responsabilidades habidas en aquel periodo. Poner a los curas y monjas asesinados por los republicanos en las misma categoría que los alcaldes, sindicalistas y miembros de las asociaciones republicanas es ignorar lo que cada uno representaba. Las monjas y los curas eran parte de una institución beligerante, la Iglesia, que había llamado al ejército a que se alzara en contra de un Gobierno enormemente popular y democráticamente elegido. Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que nunca ha estimulado a la Iglesia a hacer una reflexión sobre por qué era tan odiada) y que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes –comprensibles, pero no justificables– no fueron políticas de Estado, como sí que lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos (no todos los muertos son iguales), distinguen a las fuerzas democráticas de los golpistas.

Los vencedores y sus descendientes nunca conocerán el enorme sufrimiento de los vencidos y sus descendientes. No fueron sólo los asesinatos, torturas y exilio, sino también la constante humillación durante 40 años en que el repetido insulto (se les definió como pertenecientes a una raza y/o cultura inferior) no se podía contestar ni siquiera en la intimidad familiar, pues los padres no osaban hablar de ello con sus hijos con el fin de protegerlos. De ahí que hablar de reconciliación como las bases de la Transición y de la actual democracia es idealizar acríticamente un proceso claramente inmodélico. ¿Cómo quieren que la hija de un alcalde republicano asesinado, cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado, se reconcilie con un juez del Tribunal Supremo que apoya el golpe militar o con José Juan Toharia, que escribió en El País, nada menos que el 18 de julio (74 aniversario del día del golpe fascista), que los dos bandos eran “fundamentalistas fanáticos”, insultando a todos los que defendieron la democracia?

Por cierto, no se ha hecho todavía la novela o película antifascista perfecta, pues estas tendrían que mostrar que los fascistas eran muy buenas personas (iban a la iglesia, no robaban, les gustaba la música clásica y amaban a sus familias) que, cuando creían que iban a perder sus privilegios, apoyaban a otras que asesinaban, robaban, torturaban y hacían enormes barbaridades para continuar manteniendo sus privilegios. Y ellos, “las buenas personas”, lo sabían. De ahí la enorme necesidad de poder justificar su comportamiento diciendo que los otros también lo hacían.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Dos marchas por Garzón movilizaron a España

Miles de personas se manifestaron en 28 ciudades del país, unas en apoyo al magistrado procesado por investigar crímenes del franquismo, y otras en contra; el epicentro estuvo en Madrid; también ocurrió en otras capitales del mundo

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lanacion.com | Exterior | S�bado 24 de abril de 2010

Los juzgados no investigan los crímenes de Franco

Los juzgados no investigan los crímenes de Franco

El 60% de los magistrados que recibieron partes de la causa de Garzón ya ha dado carpetazo a su caso sin instruir. Los expedientes se han ido cerrando sin haber citado a los familiares de las víctimas
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. - M. MURCIA
PERE RUSIÑOL - MADRID - 18/04/2010 09:30

Cuando a finales de 2008 el juez Baltasar Garzón se inhibió en la causa contra los crímenes del franquismo y remitió los expedientes a los 46 juzgados territoriales más cercanos a las fosas y al lugar de las desapariciones, advirtió en el auto de que el crimen a investigar era el mismo. Y muy grave: "Detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad".

También les recordó la estimación de los peritos sobre el número de víctimas: entre 136.062 y 152.237.

Las víctimas ven cómo se va a juzgar al único juez que las ha escuchado

Pero pese a la gravedad de los hechos y al aterrador cálculo de los peritos, la mayoría de los juzgados que recibió su parte del caso le ha dado carpetazo con gran celeridad: más del 60% de los juzgados ya lo ha archivado, según el cálculo de las asociaciones de víctimas que rastrean la causa juzgado por juzgado. Y la mayoría sin ni siquiera investigar ni citar a los familiares de las víctimas que buscan los restos y piden justicia.

"Después de que Garzón dejara el caso, todo ha quedado parado, en el limbo o directamente archivado", lamenta Manuel Perona, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya, que se muestra "indignado" por la causa abierta en el Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional. "Las víctimas estamos en una situación de indefensión total y encima se quiere juzgar al único juez que nos ha escuchado".

En su opinión, el mensaje del Tribunal Supremo no va sólo ni principalmente dirigido a Garzón, sino que sobre todo va destinado a los jueces que recibieron su causa: "Con la actitud que ha tomado el Supremo y el juez Luciano Varela [instructor de la causa contra Garzón por los crímenes franquistas], nadie se atreverá a investigar. Este es probablemente el objetivo. Un auténtico desastre", concluye Perona.

"La causa contra Garzón ha frenado las investigaciones", afirma un abogado
Freno a la investigación

"Es una evidencia que el proceso a Garzón ha frenado la investigación", apunta Fernando Magán, abogado de varias de las asociaciones que impulsaron la causa que empezó a instruir la Audiencia Nacional. Y añade: "En lo que va de año, no ha habido ni una providencia para investigar y en cambio se han sucedido los archivos, incluso en lugares donde previamente el juez había mostrado interés. Estamos ante una dejación de los jueces en el ejercicio de sus funciones".

Villarcayo (Burgos) es un ejemplo de ello: el juzgado se metió inicialmente a fondo en el caso hablando primero de crímenes de lesa humanidad. Pero la intensidad fue decayendo en paralelo a la ofensiva del Supremo. Ya está archivado. O Ponferrada: la jueza que ya investigaba los crímenes en 2002 esquivó el sumario de Garzón. Las exhumaciones se suspendieron. Ya está todo archivado.

"En muchos lugares, la estructura social de la dictadura se ha mantenido intacta. Las redes caciquiles de entonces siguen operando. Por esto es realmente muy difícil avanzar en los juzgados locales", opina Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

"La ofensiva de la derecha ha sido bestial y las consecuencias las han pagado Garzón y las víctimas", agrega el historiador Francisco Espinosa, uno de los expertos que colaboró con Garzón e impulsó el proyecto Todos los Nombres, que lucha contra el olvido en Andalucía.

"La derecha no ha encajado que un auto judicial reprodujera los términos que utilizamos desde hace tiempo los historiadores, como criminal de guerra, plan de exterminio y otros. La reacción ha sido tratar de aplastar a Garzón y frenar cualquier investigación", sostiene Espinosa.

La derecha no encaja que un auto judicial hable de crímenes de guerra

La consecuencia, opina el historiador, ha sido el goteo de archivos: al menos 28 de los 46 juzgados que asumieron el encargo de la Audiencia de investigar los crímenes del franquismo ya han cerrado la carpeta sin ni siquiera citar a nadie a declarar.

Esta cadena de carpetazos ha tenido siempre el apoyo de la fiscalía, que se opuso desde el principio a la causa de Garzón. "El ministerio público ha mostrado una falta de autonomía clamorosa. No le ha interesado examinar hechos, sólo aplicar una directriz única", recalca Magán.
En la Audiencia Provincial

Sin embargo, varios de estos archivos han sido impugnados, con lo que el caso está ya en la Audiencia Provincial de varios lugares: como mínimo en Burgos, por las fosas de Aranda de Duero; Pontevedra, por O Porriño; Soria, por Almazán; Alicante, por Orihuela; Illes Balears, por la fosa Porreres, en Manacor, y la de Calvià; en Las Palmas, por Arucas, y en Valencia.

El Supremo, por su parte, tiene aún pendiente decidir sobre el dossier de Granada y San Lorenzo de El Escorial (Madrid), los dos únicos juzgados que rechazaron el encargo que les pasaba Garzón. Son dos carpetas especialmente sensibles: en la primera está Federico García Lorca. En la segunda, el Valle de los Caídos.

"En muchos lugares, la estructura social de la dictadura está intacta", dice Silva

La inmensa mayoría de causas que continúan vivas en los juzgados territoriales está en una especie de stand by: allí siguen, sin que pase nada, aunque en algunos lugares las asociaciones de víctimas mantienen esperanzas de que se activen en cualquier momento.
Expectativas mínimas

Las expectativas se concentran sobre todo en Barcelona, Córdoba, Málaga, Pamplona y Aguilar de la Frontera (Córdoba). Salvo en Pamplona, donde sí ha habido diligencias significativas, estas expectativas tienen más que ver con impresiones difusas que con actuaciones tangibles del juzgado, por lo general mínimas.

La mayor excepción a esta tónica general de inactividad salvo para archivar entre los que asumieron partes de la causa de Garzón ha sido Benavente (Zamora): es el único de entre los 46 juzgados que ha recogido testimonios y que ha identificado cadáveres.

Los forenses han sido llamados también en al menos dos juzgados más, aunque no forman parte del listado inicial: en Palencia, al que las víctimas acudieron esgrimiendo cooperación judicial, y San Sebastián, por un caso que inicialmente nada tenía que ver con la represión franquista.
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Ningún juzgado ha seguido la causa abierta por Garzón contra los crímenes del franquismo

Ningún juzgado ha seguido la causa abierta por Garzón contra los crímenes del franquismo
Cuando se cumple un año desde que el juez abriera el proceso y después remitiera a las provincias esta potestad, decenas de familias salmantinas esperan un visto bueno que no llega para la apertura de fosas comunes e iniciar si fuera preciso un procedimiento destinado a esclarecer el paradero de los fallecidos durante la Guerra Civil
28/09/2009

Trabajos en una fosa de la Guerra Civil
Casi un millar de familias salmantinas continúan con la esperanza de encontrar algún día a sus seres queridos, esperanza abierta hace un año por el juez Baltasar Garzón con el proceso contra el franquismo, pero, tras remitir el magistrado de la Audiencia Nacional la causa a los juzgados de cada provincia, ninguno ha seguido el procedimiento. Uno de los primeros pasos de Garzón se produjo el 1 de septiembre de 2008 y consistió en la orden de elaborar un censo sobre los desaparecidos durante la contienda militar y la dictadura posterior.

Decenas de familias salmantinas esperan un visto bueno que no llega para la apertura de fosas comunes e iniciar si fuera preciso un procedimiento destinado a esclarecer el paradero de los fallecidos durante la Guerra Civil. En la provincia de Salamanca ya se exhumaron restos de una fosa ubicada en el término municipal de Pelabravo en marzo de 2007, cuando se descubrieron los cadáveres de catorce fusilados durante la Guerra Civil, identificados en su mayoría semanas después.

Garzón acordó elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunicó al ministro de Justicia la existencia del grupo de expertos y policial que creó con objeto de investigar el paradero de los enterramientos. Así, los Juzgados en este caso de la provincia de Salamanca serían los encargados del protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal.
Mientras, el Gobierno quiere incorporar al Archivo de la Guerra Civil en Salamanca la investigación de Garzón sobre el franquismo. Así lo anunció el Ejecutivo el pasado 23 de julio en una respuesta parlamentaria escrita al diputado de IU Gaspar Llamazares, quien le cuestionó sobre si el Gobierno ha "previsto trasladar al Instituto de la Memoria, con sede en Salamanca, la documentación existente en la Audiencia Nacional de la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón sobre desaparecidos del franquismo".

Ante esto, el Gobierno socialista recordó que la documentación referida "está incorporada a un proceso judicial en curso y, por lo tanto, no se encuentra disponible". No obstante, la misma respuesta matiza que "una vez concluido el proceso, el Gobierno solicitará al órgano judicial el desglose de los documentos con valor histórico con el fin de que puedan ser remitidos al Centro Documental de la Memoria o a otros archivos con competencia en la materia".




Fecha: 28 de septiembre de 2009
Autor: Raúl Martín.

Querella contra Garzón por la causa del franquismo
Dos asociaciones de jueces creen que la causa es "un abuso" del Supremo o "tiene poco recorrido"
EL PAÍS - Madrid - 10/09/2009

Dos de las cuatro asociaciones de jueces, la progresista Jueces para la Democracia (JpD) y la moderada Francisco de Vitoria (FdV), consideran que el proceso a Baltasar Garzón "tiene poco recorrido" o constituye "un abuso" del Supremo. Al contrario que la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que considera "normal" el caso. El Foro Judicial Independiente (FJI) cree que su declaración como imputado "es una garantía".


El juez Garzón aduce que investigó el franquismo "para proteger a las víctimas"
"Nosotros también somos culpables"
González Pons: "No me gusta ver a Garzón declarando ante el Supremo"

- Asociación Profesional de la Magistratura. "Lo vemos con total normalidad", aseguró el portavoz de la asociación mayoritaria y conservadora, Antonio García Martínez, que recordó que "cualquier magistrado" se podría encontrar en la situación que Garzón. "La querella fue admitida por razones evidentes" y esa decisión "estaba argumentada en términos razonables". "Luciano Varela [el instructor] es un gran magistrado; lo que haga lo hará convencido", aseguró.

- Francisco de Vitoria. "La admisión de la querella me sorprendió", afirmó el portavoz, Marcelino Sexmero. "Las decisiones de Garzón fueron recurridas a la Sala de lo Penal y sus argumentos no fueron dolosos", señaló Sexmero. "La decisión sobre su competencia no parece, en ningún caso, constitutiva de prevaricación; confío en que se archive".

- Jueces para la Democracia. Ignacio Espinosa, portavoz de la asociación progresista, aseguró que la admisión de la causa por el Supremo fue "un auténtico abuso que puede atentar contra la independencia judicial". "El caso puede actuar como una espada de Damocles sobre cualquier juez que afronte un caso polémico", añadió. Espinosa recordó que "varios magistrados de la Sala Penal compartían los argumentos de Garzón" y que algunos jueces de partidos judiciales en los que hay fosas comunes "se han inhibido a su favor al considerar también que él es el juez competente".

- Foro Judicial Independiente. "Que se tome declaración a alguien como imputado no tiene que suponer un desprestigio, sino una garantía", aseguró Conrado Gallardo. "Cuando el proceso se sostiene sólo en la acusación particular o popular, puede responder a venganzas o razones que no tienen nada que ver con el Derecho Penal. Que el fiscal no apoye la causa le quita solidez".

El magistrado que admitió la querella contra Garzón justificó el golpe de Estado del 36.

El magistrado que admitió la querella contra Garzón justificó el golpe de Estado del 36.

El juez Adolfo Prego de Olíver.


Ó. LÓPEZ-FONSECA – Madrid – 21/06/2009 22:00

Juez y parte. El magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego de Olíver, ponente del auto que admitió a tramite la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ha intervenido en los últimos años en, al menos, dos actos públicos en los que justificó el golpe militar de 1936.

Dichos actos, celebrados el 26 de enero de 2005 y el 14 de febrero de 2007, tuvieron como escenario el Casino de Madrid, una emblemática institución privada de la capital de cuya junta directiva el propio juez Prego forma parte. En ambos, el magistrado del Supremo ejerció idéntico papel: pronunció el discurso que dio paso a sendas conferencias del escritor Pío Moa, uno de los principales representantes del revisionismo histórico que pretende justificar el “alzamiento” de julio de 1936 como la respuesta a un supuesto golpe de Estado previo realizado por el Frente Popular.

Durante sus intervenciones, Prego no sólo no escatimó elogios al polémico conferenciante “una de las cabezas mejor amuebladas y mejor ventilada de este país” sino que también hizo suyas las cuestionadas tesis que defiende Moa “se ha convertido en una demostración argumentada, documentada de una realidad que no se quería ver”. En su intervención, Prego también hizo referencia al, en su opinión, “proceso de sovietización” que supuso la llegada al poder del Frente Popular , y califició el golpe de Estado del general Franco como “contrarrevolución”, según se recoge en dos ejemplares de la propia revista interna del Casino de Madrid.
Firmante del manifiesto

Ocho meses después del segundo de estos actos, y cuando aún era vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado Prego firmó un manifiesto contra la Ley de Memoria que apareció publicado tras la aprobación de ésta.

El manifiesto, que aún se puede consultar en el blog de Pío Moa, insistía en la idea de exculpar a los golpistas del estallido de la guerra y de achacar toda la responsabilidad al Frente Popular, integrada, según el documento firmado por Prego, por “agrupaciones marxistas radicales, estalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertad”.

Fue precisamente su apoyo a este manifiesto uno de los argumentos esgrimidos por asociaciones que defienden la memoria histórica para pedir su recusación en la causa de Manos Limpias contra el juez Garzón. Sin embargo, el alto tribunal rechazó una semana después la pretensión de estos colectivos.

Prego, que forma parte del patronato de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), ya había hecho alarde de su postura ante el franquismo en reuniones internas del CGPJ. En una de ellas, se opuso vehementemente a que el órgano de Gobierno de los jueces acordara reparar a los magistrados, fiscales y secretarios judiciales que sufrieron represión por haber defendido la legalidad republicana.

En otra, pidió explicaciones al entonces presidente del CGPJ, Francisco Hernando, por un curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial en el que se debatió sobre la reparación a las víctimas de la dictadura.

Fuente: Público.es 22 de junio de 2009

EL SUPREMO RECHAZA EL RECURSO DE GARZÓN, QUE DECLARARÁ COMO IMPUTADO

EL SUPREMO RECHAZA EL RECURSO DE GARZÓN, QUE DECLARARÁ COMO IMPUTADO

El País/J. M. LÁZARO / J. YOLDI - Madrid - 18/06/2009

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del juez Baltasar Garzón contra la admisión a trámite de la querella por supuesta prevaricación que el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso contra el magistrado por investigar las desapariciones de personas durante la Guerra Civil y el franquismo. La resolución estaba prevista, ya que eran los mismos magistrados que decidieron abrir el proceso contra Garzón los que tenían que decidir sobre el recurso. El caso, por tanto, seguirá adelante y el juez será citado a declarar como imputado.

Garzón negó en su recurso de súplica haber prevaricado al declararse competente en este caso, y la fiscalía apoyó al juez al solicitar al Supremo que no admitiera dicha querella. Pero el Supremo, en una interpretación formalista del recurso, sostiene que un proceso no se inicia porque se sea responsable de un delito, "sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable".


Para el alto tribunal, someter a un proceso a un juez de la Audiencia Nacional no requiere más que la comprobación de que concurren unos requisitos de admisibilidad que sólo ha apreciado la Sala, puesto que el fiscal niega que existan. Aun así, el Supremo deja fuera "las numerosas consideraciones" hechas por el abogado del juez Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, para negar que haya cometido un delito de prevaricación. Lo que al Supremo le interesa es determinar "si se cumplen o no se cumplen los requisitos de la admisión de la querella". Todo lo demás "resulta prematuro", argumenta.

EL SUPREMO DECIDE SEGUIR ADELANTE CON LA QUERELLA CONTRA GARZÓN

Considera "prematuros" los argumentos que el juez planteó en su recurso, ya que el proceso se abre para ver si prevaricó.

Público.es/ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 17/06/2009

Como ocurre siempre con los recursos que resuelve la misma Sala que ha dictado la decisión impugnada, el Tribunal Supremo confirmó ayer su auto del pasado 27 de mayo por el que admitió a trámite la querella de Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón, por la instrucción de la primera causa penal abierta por los crímenes del franquismo. Lo que implica que el magistrado de la Audiencia Nacional declarará como imputado ante el instructor del procedimiento, Luciano Varela, por un delito de prevaricación.
De nada han servido los argumentos de Garzón, considerados "prematuros" por el Alto Tribunal, ni que fueran apoyados por la Fiscalía. Según el Supremo, basta con que la querella contra un magistrado relate hechos verosímiles, que pudieran ser constitutivos de delito, para que sea admitida a trámite.No implica responsabilidad

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Adolfo Prego, explica que la admisión a trámite de una querella o el inicio de un proceso no se realiza "porque se sea responsable de un delito, sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable".

Tras la precisión, la resolución apela al artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que intenta evitar la presentación fraudulenta de querellas para apartar a magistrados de un procedimiento, algo que en este caso ya no tiene sentido, al haberse inhibido el propio Garzón de la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Para el Supremo, "los testimonios recibidos" en relación con la actuación del juez "no permiten considerar lo afirmado en la querella como algo inverosímil".

Sentencia de Liaño

El auto cree que los argumentos del recurso son "prematuros", porque entran en el fondo del asunto, al negar la existencia de la prevaricación. Para rechazarlos, la Sala de lo Penal también apela a una de las pocas sentencias que ha dictado por prevaricación de magistrados: la que condenó a Gómez de Liaño.

Sin citarla, reproduce el párrafo relativo a que "carece de todo apoyo en la ley y en la doctrina la tesis según la cual el delito de prevaricación requeriría como condición objetiva de perseguibilidad que otros jueces lo hayan denunciado".

La resolución menciona el escrito presentado el pasado día 8 por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda. La defensa recordaba al acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Alto Tribunal por el que se fijaba que las acusaciones populares sólo pueden actuar en un caso cuando se constituyen formalmente como querellantes, es decir, tras hacer efectiva una fianza.

Pese a recordar dicho escrito, el auto del Supremo no adopta ninguna decisión al respecto, salvo la de considerar suficiente el poder del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias para presentar la querella o añadir que en cualquier caso se trataría de un defecto "siempre subsanable".

Por su 'causa general' contra el franquismo el Tribunal Supremo imputa al Juez Garzón por prevaricación.

TRIBUNALES | Por su 'causa general' contra el franquismo
El Tribunal Supremo imputa al juez Garzón por prevaricación

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. | Jaime Villanueva

* La resolución adoptada por la Sala Penal del Alto Tribunal es unánime
* La querella contra el juez fue presentada por el sindicato Manos Limpias

María Peral | Madrid
Actualizado jueves 28/05/2009 10:19 horas



El juez Baltasar Garzón tendrá que afrontar en el Tribunal Supremo un proceso penal por prevaricación. La Sala Segunda ha decidido admitir a trámite una querella en la que se imputa al famoso juez estrella un delito de prevaricación "palmario, premeditado, consciente y creyéndose impune" por su actuación en el proceso que inició por la desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo.

La sorpresiva decisión de la Sala Penal del Supremo ha sido adoptada por su presidente. Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. La resolución es unánime. Objeto de múltiples querellas, Garzón se había librado hasta ahora de todas ellas y en ésta, presentada el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias, contaba con un informe favorable de la Fiscalía del Supremo que, como es habitual, le exoneraba.

Sin embargo, los magistrados han estimado que los hechos relatados en la querella, en caso de confirmarse, podrían constituir un delito de prevaricación del artículo 446 del Código Penal. Este precepto castiga al juez que, a sabiendas, dicte una resolución injusta.

La querella de Manos Limpias ha sido elaborada por el letrado Jaime Alonso, el mismo que consiguió que el Pleno de la Sala Penal del Supremo condenara al ex presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario de Batasuna tras la ilegalización del partido. En ese proceso tampoco hubo acusación del Ministerio Fiscal.

La querella que obligará a Garzón a comparecer como imputado ante el Supremo sostiene que el juez de la Audiencia Nacional montó un "artilugio jurídico" -en referencia a la causa por las desapariciones forzadas durante el franquismo- "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama". En definitiva, que montó un procedimiento "consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría".
El inicio de la causa

Las diligencias previas 399/2006 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se abrieron tras la presentación de diferentes denuncias por entidades relacionadas con la recuperación de la memoria histórica. Todas las denuncias se referían a la desaparición de personas tras el inicio de la guerra civil española de 1936, personas que se encontrarían enterradas en fosas y cunetas en distintos lugares del territorio nacional.

La causa estuvo inactiva hasta agosto de 2008, cuando Garzón acuerda la práctica de mastodónticas diligencias de investigación. Entre ellas figuraba cursar oficios a distintas administraciones y entidades (Ayuntamientos, Centro Documental de la Memoria Histórica, Abadía del Valle de los Caídos, Ministerio de Defensa, Dirección General de los Registros, Archivo General de la Administración) para que informasen del número de personas desaparecidas y las identificasen. El juez acordó incluso dirigirse a la Conferencia Episcopal para que "todas y cada una de las parroquias de España" franquearan el paso a la Policía Judicial para la identificación de posibles víctimas a través de los libros de difuntos.
Perfiles de prevaricación

Todo ello lo acordó el juez en una especie de limbo competencial, ya que en ningún momento se declaró competente para instruir la causa. La desaparición forzada de personas en territorio nacional no está en el elenco de delitos que corresponde investigar y juzgar a la Audiencia Nacional.

Pero en un auto dictado el 16 de octubre de 2008, Garzón introdujo el "alzamiento nacional" como nuevo objeto del procedimiento, pese a que las denuncias -y su propia actuación hasta el momento- no se referían en absoluto a ese hecho, circunscribiéndose a las desapariciones forzadas. El juez tipificó el "alzamiento nacional" como delito contra los altos organismos de la nación y la forma de gobierno, que sí es competencia de la Audiencia Nacional, y lo declaró conexo con las desapariciones.

Además de lo anterior, lo que para el Tribunal Supremo ofrece nítidos perfiles de prevaricación es el hecho de que, en ese auto de 16 de octubre de 2008, Garzón declara "presuntos responsables" de los delitos denunciados (desapariciones forzadas) y del delito que escoge para declarar su competencia (contra los altos organismos de la nación) a personas que ya habían muerto, a sabiendas de que lo estaban: Francisco Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano y el resto de los miembros de la llamada Junta de Defensa Nacional constituida el 25 de julio de 1936.

Garzón incoó un proceso penal contra personas notoriamente fallecidas, lo que, en términos indiciarios, se considera una resolución manifiestamente contraria a la ley e incompatible con cualquier método de interpretación del derecho.

El instructor del proceso contra Garzón será el magistrado Luciano Varela. El pasado febrero, Varela fue ponente de una resolución en la que el Supremo acordó enviar al Consejo General del Poder Judicial la investigación sobre el dinero cobrado por Garzón durante su estancia en Nueva York

Garzón debe devolver los documentos que recibió en su intento de investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el Franquismo.

Francisco Espinosa, que formó parte de la comisión que asesoró al juez Baltasar Garzón en su intento de investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el Franquismo, ha exigido que se devuelva la documentación que el magistrado de la Audiencia Nacional recibió para sus indagaciones. Este experto y coordinador de la colectividad 'Todos los nombres', que trata de recuperar la identidad de los represaliados en el Franquismo, ha dicho en una entrevista con Efe que la documentación entregada a Garzón es el 'fruto de muchos años de trabajo, por lo que no queremos que se pierda'.

Espinosa se ha mostrado muy crítico con la postura adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional.

'No se entiende que en un principio se lanzara a investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el régimen Franquista, y de repente se inhibiera a favor de los juzgados territoriales', ha asegurado antes de denunciar cómo 'Garzón dejó colgado todo lo que se había investigado hasta ahora de esa época'.

Sin embargo, Espinosa cree que la decisión del juez de la Audiencia Nacional está relacionada con un intento de 'cubrir la cuestión de fondo para que los diversos juzgados territoriales puedan seguir con las diligencias judiciales'.

Hasta ahora, según Francisco Espinosa, 'sólo se ha introducido en una base de datos que se creó cuando el juez empezó a investigar', pero esa documentación puede pasar 'a un saco roto si se entrega a los diversos juzgados de instrucción', ha insistido el historiador, de paso en Salamanca donde ha pronunciado una conferencia organizada por la Asociación Memoria y Justicia.

Su queja se basaba en 'la desinformació n' que tienen: 'No se nos dice nada. En un momento determinado, el juez nos pidió prisa, pero ahora nadie quiere saber del tema por lo que no se nos informa de los pasos que se van a seguir', ha añadido.

Por el momento, 'ningún juzgado de instrucción que ha recibido la instrucción del juez Garzón ha decidido si investiga o archiva el caso', ha recordado.

La situación en la que se encuentran las diversas asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica es de un 'cierto desamparo', aunque tiene claro que 'nadie nos parará en la investigación que tenemos abierta'.

El coordinador de 'Todos los nombres' considera que 'lo poco que se ha conseguido se debe a la presión de las bases', porque cree que 'a ningún político le ha interesado continuar con la investigación' que trate de investigar la desaparición de víctimas del franquismo.

Así, afirma que tras el auto del juez Garzón, de octubre de 2008, por el que se comenzaba a investigar judicialmente la represión franquista, 'la derecha española se cerró en banda y la izquierda no tuvo muy claro por dónde iba a ir en este asunto'.

Es más, en su opinión 'la Ley de la Memoria Histórica que aprobó el PSOE apenas ha recogido las exigencias que le hicimos, por lo que se convirtió en un marco legal muy suave, que hizo que hasta el PP votara a favor'.
http://actualidad. terra.es/ nacional/ articulo/ garzon-asociacio n-exige-devuelva -documentacion- 3042311.htm__._,_.___

Garzón envía a siete juzgados el robo de niños en el franquismo

Público, 08-01-2009



Garzón envía a siete juzgados el robo de niños en el franquismo

Cifra en 30.960 los pequeños separados de sus padres y acogidos por religiosos



ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 07/01/2009 22:00



Los juzgados de Madrid, Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Málaga y Zaragoza tienen ahora en sus manos la posibilidad de investigar el secuestro de hijos de republicanos cometido durante el franquismo. El juez Baltasar Garzón se ha inhibido a favor de los juzgados decanos de dichas capitales en una resolución notificada hoy a las partes personadas en la primera causa penal abierta por los crímenes perpetrados entre julio de 1936 y diciembre de 1951.



El magistrado explica que el auto del pasado 18 de noviembre, en el que dio el relevo de la investigación a los juzgados de los lugares donde se sospecha que hay fosas de desaparecidos, quedó anulado por la última resolución de la Sala de lo Penal que le declaraba no competente para continuar con la instrucción que había abierto. Por eso, reitera otra vez la inhibición ya acordada entonces a un total de 28 juzgados.



Hasta 152.237 víctimas

A falta de un informe definitivo que deben presentar los expertos designados por el Juzgado, el auto cifra entre 136.062 y 152.237 el número total de víctimas de la represión franquista en esos años.



Pero, pese a lo novedoso de ese dato, aún lo es más que por primera vez incluye en la lista de juzgados que podrán continuar con la causa a los de las ciudades en los que se produjo el secuestro y cambio de identidad de niños, en cumplimiento de un "plan sistemático de recuperación" de hijos de republicanos.



En su auto de noviembre Garzón tenía claro que esta práctica no podía quedar impune: "Se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha, correspondiendo al Poder Judicial la obligación de investigar el alcance delictivo de unos hechos que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, no están prescritos ni amnistiados y sus víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas, y por ende sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas, ante la inacción de las instituciones del Estado".



En dicha resolución, el juez reproducía las cifras del Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia, que entre 1944 y 1954 hablaba de 30.960 niños ingresados en centros religiosos y seminarios.



La mayoría eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, desaparecidos o encarcelados, algunos en campos nazis. El número de estas víctimas aumenta con la política de repatriación de niños exiliados que llevó a cabo el régimen.

ESPAÑA SEGUIRA SIENDO LA EXCEPCION? por Esteban Beltrán Director de Amnistía Internacional

Por Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional (EL PERIÓDICO, 18/11/08):

Cuando se acaban de cumplir 10 años de la detención de Augusto Pinochet en Londres por una orden del juez Garzón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española olvida el derecho internacional, y, como sociedad, corremos el riesgo de convertirnos en una de las pocas excepciones mundiales a la hora de investigar los crímenes contra la humanidad del pasado. ¿Cómo es esto posible?
El reciente recurso interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el auto de 17 de octubre dictado por el mismo juez pasará sin duda al lado oscuro de la historia judicial, como lo hicieron en su momento los recursos presentados contra la extradición de Pinochet a España. Todo este asunto ha levantado una extraordinaria polvareda, que, lejos de aclarar a la ciudadanía la verdadera naturaleza de la cuestión, ha vertido sobre ella un torrente de mitos y distorsiones. En nuestra opinión, la lectura del citado recurso permite comprobar cómo, por parte de quien debería defender los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación, se contribuye a desorientar a la opinión pública sobre el contenido del proceso y se ignoran las obligaciones internacionales que vinculan tanto a la Administració n de justicia como al Gobierno.

NO SE ENTIENDE que los tribunales españoles –que en ejercicio de la jurisdicción universal han afirmado la universalidad de los derechos de las víctimas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda, Austria y Alemania, y han rechazado mecanismos de impunidad como las leyes de amnistía argentina y chilena– se encuentren ahora bloqueados, como durante el caso Pinochet, por recursos que desafían las normas del derecho internacional. No hay nada mejor para reflejar esta contradicción que afirmar que entre los más de 25 países analizados por Amnistía Internacional, España es uno de los pocos en que el Ministerio Fiscal pretende invocar y usar mecanismos de impunidad, como la ley de amnistía de1977. Es un triste currículo, que puede suponer, además, un antecedente letal para otros países inmersos en procesos similares. Cuando un Estado manifiesta compromiso con las normas internacionales de derechos humanos, debe hacerlo con todas las consecuencias, no estableciendo un rasero distinto para uno mismo que para los demás.
En el recurso del fiscal se van afirmando uno a uno los grandes mitos que, a fuerza de repetirse, se erigen en incuestionables, como que la ley de amnistía de 1977 impide investigar los hechos o, incluso, que la ley 52/2007, llamada de memoria histórica, aborta las acciones judiciales. No es así: la ley de amnistía indica que solo se amnistiarán aquellos hechos "de intencionalidad política", aunque el propio legislador reconoció límites como el descrito en el inciso c) aplicable a actos realizados entre el 15 de diciembre del 1976 al 6 de octubre de 1977 "siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas". La desaparición forzada en ningún caso puede ser considerada un acto de intencionalidad política de acuerdo con la legalidad internacional, suscrita por España. Por su parte, la ley de memoria histórica admite que las medidas reflejadas allí son "compatibles con el acceso a procedimientos judiciales", como han hecho los familiares de las víctimas ante la Audiencia Nacional.
Se argumenta también que no hay lugar al proceso judicial porque todos los presuntos autores han fallecido, porque es imposible encontrar los restos y, asimismo, porque es público y notorio que las víctimas fueron ejecutadas y los delitos de asesinato ya habrían prescrito. Pero todo esto es incorrecto: es la investigación judicial la que debe determinar la extinción de la acción penal por fallecimiento de los presuntos responsables, la existencia de otros responsables no identificados y, asimismo, la suerte que corrieron las víctimas y la naturaleza del delito. Y ello debe hacerse, como ha observado recientemente con preocupación el Comité de Derechos Humanos de la ONU, sin los obstáculos con que han tropezado hasta ahora las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificació n de las personas desaparecidas.

A ESTOS obstáculos se tendrá que añadir ahora la acción del Ministerio Fiscal, que debió haber promovido de oficio la investigación judicial y, no solo no lo ha hecho, sino que en sus escritos de 20 y 21 de octubre se opone al ejercicio de la jurisdicción española. Alegan que son los historiadores los que deben investigar, aunque se trate de crímenes, y aseguran que la función del Ministerio Fiscal es defender la legalidad, pero olvidan, una vez más, la legalidad internacional.
Y, finalmente, aclaremos el asunto de la competencia: si un juez de la Audiencia Nacional dispone de evidencias razonables de que los hechos denunciados son constitutivos de crímenes que recaen bajo su competencia debe investigarlos. El juez ha estimado, por lo tanto, que no se denuncian hechos aislados, sino generalizados y sistemáticos llevados a cabo en la totalidad del territorio español con los elementos que definen a los crímenes contra la humanidad. Afirmar su carácter ordinario para impedir la investigación es propio de una voluntad de impedirla, no un problema de competencia. ¿Cómo pueden ser delitos ordinarios la desaparición forzada y la ejecución de más de 100.000 personas?
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Equipo Nizkor situación procesal derivada de la actuacion de la Audiencia Nacional

Nota del Equipo Nizkor sobre la situación procesal derivada de la actuación del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de la Audiencia Nacional a raíz de las denuncias sobre crímenes del franquismo:
A continuación podrán leer el recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitando la nulidad del auto de 16oct08 del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, así como la incompetencia del órgano judicial en cuestión.
La cuestión de fondo y única a tener en cuenta está sintetizada en lo que el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional solicita a la Sala de lo Penal, a la que pide que la resolución del recurso sea avocada:

"Por todo ello, SUPLICA a la SALA que, con la estimación del recurso interpuesto, revoque y deje sin efecto el auto de 16 de Octubre de 2008 dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 y, en consecuencia, declare la nulidad de pleno derecho del auto recurrido y la incompetencia del órgano judicial por infracción de las normas de competencia objetiva y funcional conforme al art. 238.1º LOPJ, con las consecuencias que de ello se deriven, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación de las normas de competencia legalmente establecidas."

Hay que tener en cuenta que la competencia de un juez es una cuestión previa a cualquier otra, y que un procedimiento penal no tiene validez mientras no sea firme la competencia, en este caso, la del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5. Sólo una vez resuelto este incidente de competencia puede dar comienzo la instrucción y ordenarse las diligencias que soliciten las partes presentes en el sumario.
Desde el punto de vista estrictamente procesal, la Audiencia Nacional no es competente sobre este tipo de hechos delictivos si los mismos son cometidos dentro de España. El Magistrado-Juez Sr. D. Baltasar Garzón Real trata de solucionar este extremo considerando que son delitos contra las autoridades españolas legalmente constituidas. Es a partir de este supuesto donde entra en una contradicción jurídica que no tiene solución.
El Golpe de Estado del Generalísimo Franco se produjo, esto es obvio, contra una gobierno democrático, legal y legítimo. Como el Juez Baltasar Garzón no pone en duda, en términos jurídicos, la legalidad franquista, se encuentra éste con que los delitos -con el código franquista en la mano-, fueron cometidos por altos funcionarios del Estado y, por lo tanto, sería competente el Tribunal Supremo. En derecho no se puede servir a dos señores y eso es lo que intenta el Juez en su, ya famoso, auto del 16oct08.
La segunda cuestión estrictamente procesal y que es causa de nulidad absoluta de conformidad con las normas del debido proceso, son todas las diligencias realizadas -que nosotros denominamos "documentales"- sin haberse declarado previamente competente y sin que se haya resuelto el incidente de competencia, dado que era conocido procesalmente que la Fiscalía se había opuesto a las denuncias el 29 de enero de 2008 y que las denuncias iniciales son de 14 de diciembre de 2006.
Para complicar este auténtico lío procesal, el Juez dispone en el auto de competencia diligencias que tendrían que ser iniciadas con posterioridad a la resolución del incidente de competencia, y más cuando éstas se refieren a procesos de levantamiento (desenterramiento) de fosas masivas, cuyo trámite, si se cumpliera como corresponde con los protocolos forenses propios de la práctica forense internacionalmente aceptada, llevaría al menos dos o tres años.
La gravedad estriba en que si se comienzan estos desenterramientos y son declarados nulos, no habría manera de salvar la cadena de prueba..., únicamente cabría convertirlos en desenterramientos ilegales y aplicarles un protocolo de restos antropológicos o históricos, sustrayéndolos de los protocolos penalmente válidos, y propiciando así su tratamiento ajurídico bajo la denominada "Ley de la Memoria", para mayor gloria de la propuesta gubernamental de José Luis Rodríguez Zapatero y de Gaspar Llamazares, cuyo principal asesor en este tema, el ex Fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo, ha sido nombrado "experto" por parte de su Señoría.
Lo difícil de entender, a esta altura del procedimiento, es por qué un Juez de Instrucción que conoce perfectamente las normas procesales y que debería conocer aún mejor las del debido proceso, crea unas expectativas entre las víctimas y las asociaciones de víctimas a sabiendas de que no tienen sustento procesal y, cómo un ex fiscal de carrera, como Jiménez Villarejo, acepta participar en un procedimiento que no es firme y que tiene pendiente nada menos que la resolución del incidente de competencia.
Ahora toca esperar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se avoque y resuelva el incidente de nulidad, aunque el resultado se da ya por descontado de creer a fuentes cercanas al propio juzgado del Juez Baltasar Garzón. Según estas versiones, el Juez sabría ya que el procedimiento será declarado nulo.
Es posible que entonces llegue la hora de pedir responsabilidades éticas y morales a cuantos han participado, con conocimiento jurídico suficiente, en este auténtico laberinto procesal.
Madrid, 21 de octubre de 2008
Gregorio Dionis, Presidente Equipo Nizkor

La fiscalía recurre contra la decisión de Garzón de investigar los crímenes del franquismo

La fiscalía recurre contra la decisión de Garzón de investigar los crímenes

del franquismo



AGENCIAS MADRID



La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto hoy recurso de

apelación --por tanto, ante la Sala de lo Penal y no ante el juez Baltasar

Garzón-- contra la decisión de este de declararse competente para investigar

las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo.



En un comunicado, la fiscalía afirma que los órganos competentes para

investigar estos hechos son "los juzgados de cada territorio donde se

perpetraron semejantes atrocidades" y explica que ha decidido presentar el

recurso ante la Sala de lo Penal para que sea esta en pleno la que decida

"teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de las cuestiones que son

objeto de discrepancia"



El ministerio público añade que, en su opinión, "la protección de los

derechos de las víctimas queda garantizada por las disposiciones de la ley

de memoria histórica" y que esta norma "es el cauce idóneo para el

restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas".



Sin "efectos suspensivos"



En este sentido, el ministerio público considera que esta ley "contiene una

excepcional previsión normativa que se justifica evidentemente por la

inviolabilidad de acudir a la jurisdicción penal a tales fines" y constituye

"el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las

víctimas, pues convierte en realidad la justa pretensión de recuperar la

memoria y la dignidad de esas miles de personas de ofrecer la necesaria

reparación moral que su consecución supone para los familiares y allegados

de las mismas, y formaliza el reconocimiento de una injusticia histórica,

articulando las medidas precisas para la efectividad de la reparación".



De igual modo, la fiscalía recuerda que su recurso "no tiene efectos

suspensivos" respecto de las diligencias ordenadas por Garzón, entre las que

se encuentra la apertura de 19 fosas comunes de toda España, incluida la del

poeta Federico García Lorca. No obstante, considera que debe ser el pleno de

la Sala de lo Penal quien revise este conjunto de medidas "en aras de

garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica".



En este sentido, expresa que "nunca se ha opuesto" a la exhumación de las

fosas y el resto de diligencias acordadas por Garzón, razón por la cual "no

consideró procedente la interposición y formalización de recurso alguno

contra las providencias de 28 de agosto y de 25 de septiembre pasados".



El ministerio público también tiene en cuenta "la importancia y

trascendencia de las cuestiones que son objeto de discrepancia", en

referencia al "alcance del procedimiento, la vigencia de la ley de amnistía,

la prescripción de los hechos y la calificación de los mismos como crímenes

contra la humanidad".

Nota del Equipo Nizkor acerca del Auto de Garzón

Nota del Equipo Nizkor sobre el Auto del J.C.I. Núm. 5 de la Audiencia Nacional declarándose competente en casos de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo:

A continuación encontrarán el Auto del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de la Audiencia Nacional declarándose competente para investigar lo que el mismo califica como crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.

En una primera lectura de esta resolución consideramos aceptable la fundamentación jurídica realizada de los delitos cometidos por el franquismo, la cual estimamos concordante con los documentos y declaraciones de las asociaciones que apoyaron el informe del Equipo Nizkor de 14 de abril de 2004 y, muy especialmente, la caracterización de los delitos subsumibles en el tipo penal de "crímenes contra la humanidad". También es de resaltar la trascendencia jurídica implícita en el hecho de reconocer que el Código Penal vigente durante la II República ya contemplaba los tipos penales correspondientes y que éstos eran concordantes con el derecho internacional en vigor en la época.

Hay un aspecto a destacar y son las instrucciones relativas a los desenterramientos de las fosas de actos de exterminio, en cuanto a que éstas se realicen de conformidad con las normas del debido proceso, garantizando en todo momento el respeto a las víctimas, el control de la cadena de prueba a través de las autoridades judiciales correspondientes y los trámites de identificación a través de la autoridad forense estatal. Estos aspectos han sido una clara reivindicación de todas las asociaciones anteriormente mencionadas y, como es conocido, no han sido respetados en muchos de los desenterramientos que se han realizado en el Estado español, habiéndose llegado incluso al extremo de utilizar esta cuestión, en algunos casos, como forma de dividir a las asociaciones de víctimas y a las propias víctimas.

Hay también que señalar que dado que la Fiscalía se opuso en el momento procesal oportuno a la competencia y a la caracterización penal efectuada, debería ésta, en buena lógica procesal, proceder al recurso del auto hecho público, por lo que hasta en tanto en cuanto no se dirima esta cuestión el auto no se puede considerar firme.

En los próximos días, y como es costumbre con relación a los aspectos transcendentes relativos a nuestra campaña sobre la "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", haremos público un análisis más detallado sobre este auto.

El ADN fue decisivo en Yugoslavia pero no es un caso comparable con los muertos de la guerra civil española.

«El ADN sí fue decisivo en Yugoslavia, pero no es un caso comparable»
Domingo, 05-10-08
El inestigador de la Universidad de Granada José Antonio Lorente aporta a ABC datos facilitados por el especialista norteamericano Tom Parsons sobre las pruebas practicadas a cadáveres de las fosas comunes de la antigua Yugoslavia, concretamente en Srebrenica. En esa posguerra sí ha sido determinante el análisis de ADN, pues gracias a él se disparó el número de identificaciones. Así, de 52 logradas en 2001, se pasó a 512 en 2002, cuando se recurrió por vez primera a estos estudios genéticos. Pero Lorente advierte que, en el caso de la Guerra Civil española, aunque la herramienta es útil, resulta mucho menos efectiva: en primer lugar, por el tiempo transcurrido y el consiguiente peor estado de los restos, y, después, por la existencia de muchos menos familiares de referencia que aún vivan. Además, al tratarse de sucesos recientes, en los Balcanes se ha podido contar con datos médicos o dentales de los represaliados que han servido, en primer término, como indicio de que el cuerpo podía corresponder a una persona, para corroborar después la identidad con el ADN

GARZON TAMBIEN PIDE DATOS SOBRE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA REPUBLICANA

Garzón también pide datos sobre las víctimas de la violencia republicana
Insta a la Conferencia Episcopal a recopilar en las diócesis información sobre desaparecidos de la Guerra Civil - El juez pide el listado de exhumaciones de los cementerios madrileños


Ricardo Coarasa

MADRID- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer un paso más en su empeño en desvelar el paradero de los desaparecidos de la Guerra Civil. El magistrado ha solicitado en una providencia información al respecto a nueve instituciones, entre ellas «los tribunales creados durante la defensa de la capital de España» en la contienda. ¿Significa eso que Garzón tiene intención de ampliar su investigación a las víctimas del bando franquista? No parece que sea ésa la intención del magistrado que, para empezar, todavía no ha determinado si es competente para instruir la causa. Garzón se ha limitado a solicitar información a las instituciones que, según le aclaró a requerimiento suyo el Archivo General de la Administración, disponen de datos sobre víctimas y desaparecidos durante la Guerra Civil.

Órdenes a las parroquias

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional también ha vuelto a reclamar a la Conferencia Episcopal –que respondió con evasivas a su primera solicitud– que pida esos datos a los obispos de todas las diócesis. El objetivo del juez es que éstos «impartan las órdenes oportunas a cada una de las parroquias y registros respectivos de su jurisdicción para que, guardando la debida confidencialidad, aporten la información requerida». Del mismo modo, Garzón también apremia al abad del monasterio del Valle de los Caídos para que, «en plazo razonable pero urgente» conteste a sus demandas y, en su caso, le exponga sus dificultades para obtener los datos «y la forma de subsanarlas» para continuar la investigación.

Garzón apela a los fondos judiciales de los tribunales de justicia de Madrid desde 1936 para recabar pistas sobre el paradero de las víctimas y los desaparecidos de la Guerra Civil. Por eso, pide a los responsables del Archivo General de la Administración todo lo que se refiera a esta cuestión en los fondos de los tribunales creados durante la defensa de Madrid: Jurado de Urgencia, Juzgado Especial de la Rebelión Militar, Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición y Tribunales/Jurados Populares.

Traslados al Valle de los Caídos

Al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid, depositario del fondo documental «Inscripción en el Registro Civil de desaparecidos en la guerra» le solicita, además, «la identidad y número» de las personas que aparezcan en esos expedientes. Del mismo modo, se dirige a la Delegación del Gobierno en Madrid para saber de los traslados de restos al Valle de los Caídos y del listado de exhumaciones en los cementerios de la capital.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Dirección General del Prisiones, el Fondo Documental de Auxilio Social y los fondos documentales de la Administración central y de los organismos diplomáticos y consulares son otros de los destinatarios de las peticiones del juez Garzón.

El magistrado –que insta a las partes personadas en la causa a elaborar una lista única de desaparecidos– también quiere acceder a los fondos del Tribunal de Orden Público y el Tribunal de Responsabilidades Políticas