martes, 25 de noviembre de 2008

Declaración sobre la situación de las denuncias de las víctimas del franquismo ante la Audiencia Nacional

Declaración sobre la situación de las denuncias de víctimas del franquismo ante la Audiencia Nacional.
El Equipo Nizkor, ante las numerosas consultas recibidas de organizaciones de víctimas del franquismo, así como de otras organizaciones de derechos humanos, en relación con la situación procesal de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional y que fueron adjudicadas al Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, cuyo titular es el Juez Baltasar Garzón, ha considerado necesario hacer algunas precisiones sobre el particular:
· 1) La denuncia inicial se presentó ante la Audiencia Nacional mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2006 y, como consecuencia, se abrieron las “Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 399/2006". Dicha denuncia fue presentada por Maria Antònia Oliver París y Margalida Capellà i Roig, como representantes legales de la Associació per a la Recuperació de la Memoria Històrica de Mallorca.
· 2) El 29 de enero de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, emitió su dictamen sobre admisibilidad, en el cual concluye que “no procede admitir a trámite las denuncias presentadas, ex art. 313 Lecrim, al no ser competente el Juzgado Central de Instrucción, debiendo procederse al archivo”.
Este dictamen se refiere, textualmente, a “diversas denuncias relativas a las desapariciones, sacas, posible asesinatos, detenciones ilegales, torturas y exilios forzosos...”.
· 3) El Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 no resolvió la cuestión de la competencia, pues no procedió ni al archivo de las denuncias, ni a declararse competente, y ello habiendo transcurrido casi dos años desde la denuncia inicial.
· 4) No obstante, el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, notificó e hizo públicas sendas providencias de 02 de septiembre y 25 de septiembre de 2008, donde, recurriendo a un instrumento procesal propio de la Audiencia Nacional, ordenó una serie de diligencias que podemos llamar “documentales” para, presuntamente, encontrar elementos que permitan resolver su competencia o no en el procedimiento.
· 5) En ninguna de la dos providencias el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 fundamenta, ni siquiera provisionalmente, la cuestión de fondo de la competencia, es decir, el sustento jurídico para decidir el archivo de las denuncias o la competencia.
Teniendo en cuenta que los jueces sólo hablan por sus escritos, hasta la fecha, el titular del Juzgado de Instrucción Núm. 5 ha mantenido un silencio absoluto sobre las cuestiones de fondo.
Como consecuencia, y al no ser parte en el procedimiento, consideramos que no existen elementos suficientes que permitan hacer una valoración de la actuación del titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 sobre la base del derecho interno, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos o de la jurisprudencia aplicable al caso.
· 6) Dadas la repercusión y expectativas que necesariamente comporta la actuación del titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 entre las asociaciones de víctimas y entre las víctimas del franquismo, creemos que es necesario hacer una llamamiento para que se respete en forma estricta el debido proceso y se proceda conforme a los estándares previstos para toda investigación penal, de manera tal que no se pueda poner en duda el procedimiento de investigación en la fase de instrucción, ni poner en duda el nivel de prueba necesario para este tipo de delitos, llegado el caso.
· 7) Recordamos que la base documental reviste una importancia primordial de cara a las pruebas del tipo penal de “crímenes contra la humanidad” y que existen normas procesales y de validación y certificación de pruebas documentales que no pueden ser obviadas en ningún caso si lo que se pretende es que éstas gocen de un valor indubitable en cuanto pruebas procesalmente válidas y puedan soportar el principio de contradicción procesal.
Por lo tanto, sugerimos que estos extremos sean tenidos en cuenta a la hora de realizar estas diligencias procesales excepcionales hoy en curso.
· 8) De la misma manera, consideramos necesario una prudencia responsable en la utilización de los tipos penales, tanto en su consideración desde el punto de vista del derecho internacional, como del derecho interno. En ese sentido, recordamos que la investigación de hechos como los ocurridos bajo el régimen franquista son de una complejidad procesal y de fondo que no puede trivializarse y menos aún utilizarse en forma no acorde con los hechos o con las pruebas existentes.
No albergamos duda alguna de que los actos represivos cometidos por el régimen franquista son constitutivos de los ilícitos penales que, de conformidad con el derecho en vigor y la jurisprudencia aplicable, son subsumibles en el tipo penal de “crímenes contra la humanidad”, tal cual hemos fundamentado en todos los documentos que hemos hecho públicos desde 2004.
Somos conscientes de que existen problemas importantes en la tipificación penal dependiendo en gran medida del periodo cronológico que se deba investigar, pero no tenemos duda de que no son aplicables tipos penales como el de genocidio, dado que la finalidad de los crímenes cometidos por el régimen franquista no se corresponde con la finalidad requerida por ese tipo penal, independientemente de otras valoraciones que deberán resolverse, llegado el caso, en el incidente de competencia o de archivo.
· 9) Esperamos por tanto que el juez titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, resuelva definitivamente la cuestión de la competencia en el caso y fundamente esa resolución en forma concordante con el derecho internacional y con la jurisprudencia europea e internacional que afectan a la denominada “cuestión de fondo”, partiendo del supuesto de que se han de aplicar las normas del debido proceso y que en ningún caso, desde un Juzgado de Instrucción, se pueden aplicar fórmulas propias de la denominada “justicia transicional”, que están alejadas del derecho a la justicia que ha de garantizarse a todas las víctimas.
· 10) Resulta a todas luces incomprensible la posición adoptada en declaraciones públicas por parte de altas autoridades gubernamentales, tales como el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el propio Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, según las cuales, existiría un apoyo del Gobierno al procedimiento en curso. La posición en ellas contenida es incompatible con las instrucciones de la Fiscalía General del Estado en el sentido de rechazar la competencia del Juzgado de Instrucción Núm. 5 y solicitar el archivo de la denuncias.
De ser cierto este apoyo por parte del Gobierno a una investigación penal sobre hechos ocurridos durante la dictadura franquista, éste debería canalizarse mediante instrucciones precisas al Fiscal General del Estado para que el Ministerio Fiscal apoye la competencia del Juez Instructor en este caso, sin que quepa ninguna otra medida ética y moralmente aceptable en un estado democrático de derecho.
· 11) Habiendo observado, como lo han hecho todas las asociaciones de víctimas y cualquier ciudadano, el posicionamiento de los medios de prensa en contra de la investigación de los crímenes del régimen franquista, como es el caso del diario El Mundo, o el intento de diarios como El País consistente en manipular los tipos penales y en realizar análisis pretendidamente “legales” pero que no tienen ni la objetividad, ni la intencionalidad de promover valores como la verdad y la justicia, hacemos un llamamiento a los responsables de los medios para que respeten a los cientos de miles de víctimas del franquismo y cumplan con los códigos deontológicos de la profesión periodística en todas las informaciones relacionadas con los crímenes franquistas o con sus víctimas.
· 12) Desde nuestro documento “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”, hecho público en 2004 y que fue el primero en analizar lo que hemos denominado el “modelo de impunidad español”, hemos pedido la investigación penal de los crímenes del franquismo, entre otros aspectos incluidos en el que, en su momento, denominamos “Plan de Acción”. Asimismo, tanto el Equipo Nizkor como las asociaciones que nos han apoyado, hemos hecho públicas numerosas declaraciones argumentando esta necesidad, pero en todas ellas hemos partido de que es necesaria la transparencia procesal y el cumplimiento del derecho a la justicia como única forma de reparación a las víctimas del franquismo, por eso mismo exigimos que se apliquen en forma escrupulosa todas las normas del debido proceso como única manera de reconocimiento y de respeto a las víctimas y sus familiares.
· 13) Por último, ratificamos en esta oportunidad la declaración “Entre la cobardía moral y la ilegalidad” que hicimos pública, con el apoyo de la práctica totalidad de las asociaciones de víctimas del franquismo, el 1 de septiembre de 2006
El actual estado de cosas no es más que la consecuencia de la falta de responsabilidad ética, moral y legal de los grupos políticos parlamentarios que apoyaron la denominada Ley de la Memoria Histórica, la cual no da solución legislativa a los principales aspectos de la cuestión de las víctimas del franquismo, dejando en la indefensión más absoluta a las víctimas y sus familiares y, más aún, pretende alejarles de la historia común europea y especialmente de las soluciones que se adoptaron en la materia en los países que sufrieron regímenes fascistas o nacionalsocialistas.
Madrid, 30 de septiembre de 2008
Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor

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lunes, 22 de septiembre de 2008

GARZON RECIBE A LAS ASOCIACIONES CON UN LISTADO DE MAS DE 130.000 NOMBRES

Memoria.- Garzón recibe a las asociaciones personadas, que le aportan un listado con más de 130.000 nombres
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MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió esta mañana a los representantes de siete asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica, pertenecientes a distintas*comunidades autónomas,*que le han aportado un listado con los nombres de 130.137 desaparecidos en la Guerra Civil, informaron fuentes de los denunciantes.
Los miembros de las agrupaciones se reunieron durante una media hora con el juez al que entregaron listados en distintos formatos, papel, bases de datos etc. A su salida del encuentro el representante de la asociación granadina, Rafael Gil Bracero aseguró que muchos abuelos "murieron deseando un día como el de hoy". "Les estamos haciendo justicia histórica", añadió.
La información recabada en los últimos días por estas agrupaciones responde a una petición realizada por el juez, que concedió el pasado 2 de septiembre un plazo de 15 días a las partes, que finalizaba hoy, para aportar "una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación".
Los denunciantes han presentado otros informes en los que se señala la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas. Han aportado también datos ofrecidos por asociaciones que no han presentado denuncias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pero que se han mostrado dispuestas a colaborar en la elaboración de las listas de desaparecidos. En total las asociaciones personadas en la causa, que aún no ha sido admitida a trámite, son 22.
El juez pidió en una providencia dictada el pasado día 2, celeridad en la aportación de pruebas "con el fin de resolver sobre la competencia con la mayor rapidez" y "obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto".
Garzón había solicitado sólo un día antes, el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.
El juez solicitaba a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que proporcionara información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento". Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.
Pedía también al centro Nacional de la Memoria Histórica --dependiente del Ministerio de Cultura-- que informe si dispone de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y al Ministerio de Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Solicitaba además información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica
En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunicara "a todas y cada una" de las parroquias de España --un total de 22.827-- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del "alzamiento nacional" a través de los libros de difuntos de los que dispongan.
LA FISCALÍA PIDIÓ EL ARCHIVO
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República.
"Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal", argumentaba en su escrito el Ministerio Fiscal.
De igual modo, el Ministerio Público sostenía que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por el órgano de la jurisdicción que corresponda, es decir, los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

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sábado, 22 de marzo de 2008

JUEZ GARZON QUEREMOS JUSTICIA!

Saludos cordiales.

Cuando el juez Baltasar Garzón actúa, o cuando en sus declaraciones se refiere a la necesidad de no permitir la impunidad de los crímenes cometidos por las dictaduras sudamericanas, todos los hacemos la misma pregunta: ¿y qué pasa con los crímenes del franquismo, señor juez?

Solo una generación separa a la dictadura de Franco con la Pinochet o Videla, pero ya vemos que hay muchas más distancias que las del tiempo o la geografía, para comprobar cómo un mismo juez ha sido capaz de procesar a criminales chilenos o argentinos, y calla, y mira para otro lado mientras en su propio país las fosas del franquismo siguen esperando la acción de la justicia.

¿De qué tiene miedo el juez Garzón?.

Traficantes y terroristas tienen puesto precio a su cabeza y aunque anda siempre rodeado de escoltas, no por ello parece que le amedrente estar presente en todos los foros en donde el brillo de su presencia aporte un extra de "look" a los eventos a los que es llamado. No, Garzón no tiene miedo a los terroristas ni a los traficantes. Ni siquiera le quita el sueño la presencia en España de los tentáculos de los grupos de ultradercha argentinos o chilenos, tanto como para desistir y no hacer aquello que le interesa.

Pero Garzón sí tiene miedo a la derecha española. Pudiera ser un miedo escénico, o tal vez un terror atávico a abrir la caja de Pandora, teniéndolos aquí, tan cerca, disfrutando plácidamente sus pensiones gratificantes; dejando meciéndose apacibles en su ancianidad, sin el más mínimo reparo de conciencia ni sentimiento del mal causado. Aquí al lado los tiene también, a los hijos y los nietos de aquellos asesinos, tan próximo él al lugar de autos, tan viviendo al lado de aquellos apellidos que inevitablemente habría de inscribir en la instrucción del primer sumario para investigar los crímenes franquistas.

Garzón tiene miedo, pero no tanto para intentar vestir la toga una vez aceptado el guión de aquellos casos " de impacto" y portada en telediarios, que no le hagan sentir complejos, ni tener que bajar la vista cuando se mueve por paisajes españoles, obediente al subliminal y admonitorio ¡ojo al parche! si se atreve a pisar en el lodazal sembrado de calaveras que lleva al Valle de los Caídos. No hace falta que Zapatero o Rajoy se lo digan. Garzón sabe que ningún fiscal español le va a poner en aprietos. Que ningún juez español va a tirar de una manta que oculta cuarenta años de crímenes, silenciados e impunes. El lo sabe. El gobierno lo sabe. Los demás jueces y fiscales, también.
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Y nosotros también lo sabemos.

El día 5 del pasado febrero, envié al juez Garzón por correo postal una carta. No ha habido la menor respuesta.

Hemos esperado por deferencia, pero ahora la hacemos pública, agracediendo que todo el que la lea, la difunda "urbi et orbe", para que Garzón nunca pueda decir que ninguna asociación española nunca le díjo nada. Nosotros ya lo hemos hecho varias veces, pero ahora queremos que lo sepas tú también, que lo sepa toda España y en el resto del mundo.

Ayúdanos. Gracias.

Floren Dimas
Presidente regional
AMIGOS DE LOS CAÍDOS POR LA LIBERTAD
REGIÓN DE MURCIA
www.galeon.com/murcia1939
Email: murcia1939@yahoo.es



CARTA AL JUEZ BALTASAR GARZÓN REAL

D. Baltasar Garzón Real

Magistrado Juez titular del

Juzgado Central de Instrucción nº 5

Audiencia Nacional

28071 MADRID



Murcia, 5 de marzo de 2008



Respetado Sr. Juez:



Por si esta carta lograse traspasar la barrera burocrática que se interpone entre quiénes intentamos mover su sensibilidad y los funcionarios que, a modo de “filtros”, le hacen llegar solo los asuntos que a Vd. interesan, quisiera transmitirle el sentir general del colectivo social que represento, integrado en su mayor parte por familiares de los más de mil doscientos republicanos murcianos, asesinados por sentencia de los tribunales militares franquistas, una vez iniciado en este territorio la operación represiva mortal, que se inició el 28 de marzo de 1939 y alcanzó hasta enero de 1945, y los incontables que fallecieron por causas vinculadas a los malos tratos a que fueron sometidos durante su cautiverio.


Hace unos días, tuvimos oportunidad de escuchar sus declaraciones en el programa “En días como hoy” de Radio Nacional de España, en donde el presentador destacaba su intervención en el procesamiento de significados servidores de dictaduras australes, imputándoles la comisión del delito de crímenes “de lesa humanidad”, como Vd. mismo los calificó, sin duda evocando el artículo 607.bis del vigente código penal, que Su Señoría bien conoce.


Estamos convencidos de que usted es consciente del hondo sentimiento de desazón y del brote de sentimientos encontrados que nos producen sus palabras y sus iniciativas de hacer justicia, a las víctimas de los regímenes infames que sojuzgaron las sociedades argentina y chilena, pues mientras nos invade una inmensa satisfacción por su decisión de procesarles, el vacío que al propio tiempo usted practica al no investigar de los crímenes perpetrados en España, -su propio país Sr. Juez- durante la dictadura de Franco, nos sume en un doloroso pesar al sentirnos abandonados y discriminados por alguien que ha acreditado altas dosis de sensibilidad para juzgar los crímenes de otras latitudes, y no tiene una palabra ni un gesto para intervenir en los casos de cientos de miles de atrocidades cometidas entre 1936 y 1975, como parte de un programa de terror puesto en marcha para vencer en una guerra impuesta al gobierno legítimo de España y posteriormente, para implantar una dictadura que duró cuarenta años.


Usted no desconoce la existencia de este clamor doloroso y de frustración que produce su intervención en los casos citados, porque tiene plena conciencia de que habiéndose ido muy lejos a hacer justicia, le alcanza muy de cerca la sombra de la impunidad que ampara a los asesinos españoles.


Usted Sr. Juez, y créame que me resulta harto doloroso tener que expresarme en estos términos, está haciendo oídos sordos a todos los llamamientos que desde las asociaciones de víctimas del franquismo le venimos haciendo, para que el mismo tratamiento jurídico con el usted que acoge las demandas de los familiares de las víctimas de Argentina o Chile, le sirvan para actuar aquí en la misma forma que lo está haciendo con personajes extranjeros que están en la mente de todos.


Cerraba Vd. su intervención en el programa de radio con estas palabras: “Olvidar el pasado imposibilita la construcción del futuro” Y nosotros nos preguntamos si esa Memoria por la que Su Señoría se postula como activo adalid, excluye a su propia jurisdicción.


Esperando merecer su atención alguna vez, le saluda respetuosamente


Floren Dimas Balsalobre

Presidente regional
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sábado, 2 de febrero de 2008

EL FISCAL PIDE ARCHIVAR DENUNCIAS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

El fiscal pide archivar denuncias por crímenes de la Guerra Civil
El Código no contemplaba el delito de lesa humanidad
JULIO M LÁZARO - Madrid - 01/02/2008

Las denuncias por desapariciones, sacas, asesinatos, secuestro, torturas y exilios forzosos en la Guerra Civil, instadas ahora por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, deben ser archivadas, según el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional, puesto que no pueden ser considerados un delito de lesa humanidad que no prescribe, ya que éste no existía durante la contienda.

El pasado 18 de julio, coincidiendo con el 71 aniversario de la sublevación del general Franco, familiares de 55 desaparecidos y represaliados de la Guerra Civil presentaron tres denuncias por "crímenes de lesa humanidad", un tipo penal que no prescribe nunca pero que no entró en vigor en España hasta el 1 de octubre de 2004.

Las denuncias fueron presentadas ante el juez Baltasar Garzón, quien pidió al fiscal el preceptivo informe. Según ese informe, las denuncias deben ser archivadas, y además, la Audiencia Nacional no sería competente para investigarlas. El fiscal recuerda que en la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Scilingo -el militar argentino que participó en los vuelos de la muerte- se llegó a la imposibilidad de aplicar retroactivamente el delito de lesa humanidad.

En el Código Penal de la Segunda República, aprobado en el año 1932, estaban contemplados todos los hechos denunciados -asesinato, violación, detención ilegal, lesiones-, pero

entonces estaban tipificados como delitos comunes, y no con la especial cualificación derivada de la finalidad de acabar con un grupo político. Ahora, el artículo 25.1 de la Constitución supone que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito o falta, según la legislación vigente en el momento. Y en el Código de 1932 no había ninguna norma que sancionase hechos como el delito de lesa humanidad que describe el vigente artículo 607 bis del Código Penal.

El fiscal argumenta también que aunque se considerasen delitos comunes les alcanzaría la Ley de Amnistía de 1977 y que, en cualquier caso, la Audiencia Nacional sólo es competente para conocer delitos de genocidio o tortura cuando han ocurrido fuera del territorio español. Cuando los delitos de lesa humanidad hayan sido cometidos en España, son competencia de juzgados provinciales.

"Esto es un revés. Llevo toda la vida buscándola", lamentaba ayer Juan Pérez Silva, hijo de La Libertaria de Casas Viejas, una de las mujeres desaparecidas en la Guerra Civil, informa Natalia Junquera. "No la recuerdo, porque la última vez que estuve con ella, en la cárcel, yo tenía 15 meses. Pero no he dejado de buscarla. Tengo su acta de defunción, que dice "muerta por arma de fuego", y sólo quiero saber dónde está. No entenderé si la justicia decide no ayudarme. No me interesan los verdugos. Sólo quiero encontrarla a tiempo", asegura Pérez Silva, de 73 años. Su abogado promete recurrir si es necesario y llevar las denuncias a tribunales internacionales.

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viernes, 25 de enero de 2008

DENUNCIA POR 57 DESAPARECIDOS POR EL FRANQUISMO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

18 JULIO: UN “GOLPE” EN LA MESA DE LA AUDIENCIA NACIONAL.
Coincidiendo con el 71 aniversario
del Golpe de Estado (18 de Julio)
se presentaba ante el Registro del
Juzgado nº 5 de la Audiencia
Nacional, del que es titular el juez
Baltasar Garzón, la denuncia por
57 desaparecidos en las provincias
de Sevilla, Huelva y la de Maria
Silva Cruz (La Libertaria) de Cádiz.
Con este “golpe” en la mesa de la
Audiencia Nacional, se pone al poder
judicial español, una vez más, frente
a la asignatura pendiente de “hacer justicia” con aquellos que aún hoy siguen
esperando respuestas sobre el paradero de sus familiares.
La denuncia fue presentada por los representantes de la Asociación Andaluza
“Memoria Histórica y Justicia” (AMHyJA) a los que acompañaban el abogado
Fernando Magan y algunos miembros de la familia de María Silva, entre ellos su
hijo Juan Pérez Silva. La hermana de María, Catalina Silva Cruz, desde
Francia se sumaba a dicho acto de Recuperación de la Memoria y exigencia de
Justicia y Reparación y al total esclarecimiento de las circunstancias que
rodearon su asesinato.
La cronología de los HECHOS de la denuncia ha sido suministrado por el
historiador José Luis Gutiérrez Molina. La denuncia dice:
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION
JUAN PÉREZ SILVA, hijo de María Silva Cruz.
RAFAEL LÓPEZ GARCÍA, Presidente de la
Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía,
nieto de desaparecido, y
FRANCISCA MAQUEDA FERNANDEZ,
Vicepresidenta de la Asociación Memoria Histórica y
Justicia de Andalucía, biznieta y sobrina-nieta de
desaparecidos
comparecen y como mejor proceda en Derecho,
respetuosamente,
DICEN:
Que por medio del presente escrito vienen a interponer DENUNCIA y mostrarse
como partes en relación con los hechos de detención ilegal y desaparición
forzada como crimen de lesa humanidad que a continuación se exponen.
HECHOS
Primero.
La madre de Don Juan Pérez Silva fue Doña María Silva Cruz, conocida, desde enero de
1933, en todo el país como “La Libertaria” tras sobrevivir al incendio de la choza de su
abuelo Francisco Cruz Gutiérrez en la población gaditana de Casas Viejas, hoy municipio
de Benalup-Casas Viejas.
Segundo.
El 19 de agosto de 1936 Doña María Silva Cruz estaba en casa de sus suegros Don Juan
Pérez Mena y Doña Antonia Cordón Morales sita en el rancho Morales, en la zona
conocida como “Viña Caña”, del término municipal de Paterna, en donde había buscado
refugio tras los sucesos ocurridos la noche del 23 de julio de 1936 durante la ocupación
de la localidad por una columna de guardias civiles sublevados y civiles de la cercana
población de Medina Sidonia (Cádiz). En el transcurso de esos hechos se produjeron una
quincena de asesinatos, circunstancia que llevaron a Doña María a buscar refugio en el
citado domicilio y a su esposo Miguel Pérez Cordón, un conocido sindicalista de la CNT,
huir hacia la sierra al igual que otros muchos cientos de vecinos de ésta y otras
poblaciones cercanas.
Tercero.
La mañana de ese miércoles 19 de agosto de 1936 un grupo de personas, entre ellas
algunos guardias civiles, se presentaron en dicho rancho y procedieron a llevarse a la
fuerza a Doña María Silva a la cárcel de Paterna habilitada en aquellos momentos en el
actual edificio que hoy ocupa el comercio de la señora viuda de Lozano en la calle Real.
Que a Doña María Silva la acompañó su hijo Don Juan Pérez Silva que por esa fecha
contaba con 15 meses de edad.
Cuarto.
Que en dicha prisión parece que permaneció hasta el día 24 de agosto. Aunque también
hay testimonios orales que señalan que fue trasladada a la prisión de Medina Sidonia.
Extremos que no se pueden testificar documentalmente por haber desaparecido los libros
de entradas y salidas de correspondencia del Depósito carcelario de Paterna y la Prisión
de Partido de Medina Sidonia.
Quinto.
Que la madrugada de ese día, en compañía de otros dos secuestrados, Martín Menacho
Díaz y Catalina Sevillano Macho, fue sacada de su encarcelamiento y trasladada a un
lugar desconocido en donde los tres fueron asesinados a tiros.
Sexto.
Que la familia de Doña María Silva Cruz, ni, en concreto, su hijo Don Juan Pérez Silva
jamás han recibido comunicación oficial de la muerte de la misma, ni del lugar donde
ocurrió ni de las circunstancias en que acaecieron.
Durante las décadas de la Dictadura del General Franco la familia sufrió exilio y
persecución, circunstancias comunes a tantos españoles. Todos sus derechos se vieron
cercenados, entre ellos el de la memoria, enterrar a sus muertos, además de los
puramente jurídicos, como el de siquiera estar inscrita en el Registro Civil su
defunción. En esas circunstancias de exilio interior y forzado silencio la familia y el hijo
de Doña María Silva llegó la vuelta de la democracia y la instauración del actual Estado de
Derecho.
Séptimo.
Tales circunstancias son extensibles, respecto de las muertes de miles de asesinados tras
el golpe de Estado realizado el 18 de julio de 1936 por un grupo de militares que contó
con el apoyo de otros de civiles.
Doña María Silva Cruz había adquirido un carácter de imagen representativa del mundo
anarquista español desde la fecha y circunstancias ya citadas en el apartado primero y,
además, era pareja de uno de los más destacados representantes de estas ideas que
fueron consideradas como destinadas a desaparecer por los golpistas. Su desaparición se
produjo en un contexto de desapariciones múltiples, realizadas de forma sistemática, de
personas civiles que corresponde a los tribunales investigar las circunstancias en las que
se produjeron y han llevado a que, hasta hoy, sus familiares hayan recibido información
oficial sobre su suerte y localizar sus restos.
Esta parte entiende que los crímenes de guerra son imprescriptibles, conforme al Derecho
Internacional Humanitario, o ius in bello, reconocido expresamente por la Constitución de
la II República Española en su art. 7, y por el Derecho a través de los Convenios de
Ginebra y La Haya, asumidos como normas internas por la Constitución de 1931, vigente
el 30 de julio de 1936. Cualesquiera normas posteriores dictadas por los rebeldes para
excluir su responsabilidad, y que por el resultado de la guerra devinieron en leyes
vigentes durante todo el gobierno del General Franco ni tan siquiera habían sido
promulgadas, y el carácter retroactivo de que se pretendió dotar a éstas no basta para
combatir la imposibilidad de prescripción de los crímenes de guerra y contra la
humanidad, entre los cuales, reconocidos por diversas Resoluciones de Naciones Unidas,
se hallan los cometidos a consecuencia y con posterioridad a la Guerra Civil Española. La
propia Audiencia Nacional - Sentencia 16/05 (Rollo 139/1997), de 19 de abril- viene
configurando una doctrina sobre la validez del postulado expuesto, esto es, el fenómeno
de la imprescriptibilidad de tales crímenes.
El criterio no es ajeno a la actual Constitución de 1978, en su art. 10.2, cuando menciona
que los normas relativas a derechos fundamentales se interpretarán conforme a los
acuerdos y tratados internacionales ratificados por España en tal materia así como a la
Declaración Universal de Derechos Humanos. La norma del art. 96 del mismo cuerpo legal
establece que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno una vez
publicados.
Ya durante el anterior régimen político, y con la entrada de España en ONU, nuestro país
asumió como propio el llamado Estatuto de Nüremberg, derivado de los Acuerdos de
Londres de 1945, como efecto necesario de la condición de miembro de Naciones Unidas.
Los Acuerdos de Londres, que sientan las bases del moderno Derecho Internacional
Penal, contienen una expresa derogación del principio de legalidad y de irretroactividad de
las normas penales, dado que su mantenimiento en el caso de los crímenes de que se
ocupa, y donde pretendemos se incluyen los narrados en nuestra denuncia, supondría
que un instrumento forjado en la protección del individuo frente al poder absoluto del
Estado se convirtiese en una barrera que impidiese perseguir los ataques a los derechos
más elementales. La ratificación de los Acuerdos se produce igualmente en 1971 derivada
de la adhesión de España al Convenio contra el Genocidio de 1958.
Sobre la condición de derecho interno vigente, la Sentencia mencionada explicita:
La opinión según la cual los principios de Nuremberg entrarían en el ámbito del Derecho
internacional consuetudinario estimamos que ha pasado a considerarse indiscutible tras la
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3074 (XXVIII) de 3 de
diciembre de 1973 que proclamaba la necesidad de una cooperación internacional en lo
que respecta a la detección, arresto, extradición y castigo de los individuos culpables de
crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. Se puede añadir aquí que, en
muchas resoluciones dictadas por los tribunales penales internacionales «ad hoc»
actuales, se ha afirmado y aceptado la tesis de que «desde el Estatuto de Nuremberg, el
carácter consuetudinario de la prohibición de los crímenes contra la humanidad y la
imposición de la responsabilidad penal individual por su perpetración no han sido
seriamente discutidos (Asunto Tadic del ICTY)».
Existen otras normas de directa aplicación en España, derecho interno por tanto, que
contradicen el criterio del Auto recurrido, por mandato constitucional. Estas son los arts.
15.2. del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos y el art. 7.2 de la
Convenio Europeo de Derechos Humanos, que afirman que el principio de irretroactividad
de las leyes penales no se opone a la persecución y condena de personas por hechos
reputados como criminales según los principios generales del derecho reconocidos por la
comunidad de las naciones.
Octavo.
Esta parte solicita que se adopten las medidas instructoras necesarias para el
esclarecimiento de los hechos narrados. Conscientes de que por el tiempo
transcurrido resulta casi imposible hallar a los autores materiales e intelectuales, no es
menos cierto que sí sería posible establecer las reales circunstancias de tales
muertes, y en concreto la de Doña María Silva Cruz, que desde 1978 es imputable a
la inacción dolosa del Estado español representado por sus diferentes
Gobiernos ya que Doña María Silva continua siendo una desaparecida.
Por lo expuesto
SOLICITAMOS AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN que tenga por
presentada esta denuncia por los hechos expuestos en el cuerpo de este escrito, dando
inicio a las correspondientes actuaciones, y ordene las diligencias probatorias necesarias
para el esclarecimiento de tales hechos, Justicia que con todo respeto solicito en Sevilla a
18 de julio del 2007.
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