REPARACION HISTORICA EDITORIAL

Reparación histórica
EDITORIAL La providencia que el juez Garzón ha dirigido a diversos ayuntamientos, organismos e instituciones, entre ellas la Abadía del Valle de los Caídos y la Conferencia Episcopal, para que pongan a disposición de la policía judicial sus archivos y obtener así un censo completo de los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, es un paso decisivo para lo que se ha venido a llamar la recuperación de la memoria histórica. Hasta ahora, a pesar de la recién aprobada Ley de Memoria Histórica, quienes han llevado el peso de las investigaciones han sido asociaciones privadas y de familiares de los desaparecidos, excavando en fosas comunes y rebuscando en archivos, pero sin poder ir más allá. Por tanto, de lo que se trata es que sean las propias instituciones del Estado las que se hagan cargo de este proceso y puedan proceder en consecuencia. Eso es al menos lo que pretenden ocho de estas asociaciones - entre las que se encuentra la de Mallorca- que presentaron la denuncia ante la Audiencia Nacional y que ha motivado esta intervención judicial.
Ha pasado ya muchísimo tiempo y tanto la guerra civil como las causas que la provocaron han dejado de ser motivo de enfrentamiento político en la sociedad española. Tras la muerte del dictador, algunos decidieron enterrar con él parte de la memoria, a fin de pactar el tránsito hacia la democracia sin revanchismos de ningún género. La ley de amnistía de 1977 supuso la prescripción de los delitos políticos que indiscutiblemente se cometieron durante y después de la guerra civil. Pero ahora, treinta años después, no queda más remedio que reconocer que la transición, cuyas virtudes nadie discute, cerró en falso uno de los períodos más oscuros de nuestra historia: los responsables no fueron juzgados y, lo peor, las víctimas - infinidad de ellas - condenadas al olvido. Hasta que sus nietos decidieron que había llegado el momento de pasar a la acción y buscar en la tierra y en los papeles los restos o un rastro de quienes fueron "desaparecidos" por el franquismo.

Sin embargo, el impagable trabajo llevado a cabo por las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica no se centra exclusivamente en la búsqueda de desaparecidos sino, con ellos, en la recuperación de la dignidad colectiva. Quizás ya no se pueda juzgar a quienes asesinaron u ordenaron asesinar por razones políticas y escondieron los cadáveres, pero sí hacer justicia con los desaparecidos, devolviéndoles su identidad ante sus familias, la sociedad y la historia. Parecía un contrasentido, y lo es, que la Audiencia Nacional, a la que la Fiscalía aconsejó archivar las denuncias por afectar a delitos que ya prescribieron, no investigue en España y sí trate de esclarecer desapariciones ocurridas en Argentina o Chile.
La providencia de Garzón tiene la virtud de exigir del Estado la confección de un listado de las víctimas y de los desaparecidos del franquismo, algo que incomprensiblemente aún no existe y que ha de servir para poder cerrar con la mayor dignidad posible el capítulo más trágico y amargo de la historia española del siglo XX. No se trata de reabrir heridas del pasado, ni de animar revanchismos, sino de llenar los espacios de la memoria que la dictadura hizo invisibles. Lo que Garzón pretende es que el olvido no afecte a la justicia y, haciendo caso a las asociaciones denunciantes, conocer exactamente hasta dónde llegó la tragedia humana y mantener viva la memoria histórica sobre unos hechos que jamás debieron producirse.