SOBRE LA LEY DE MEMORIA HISTORICA escribe Francisco Espinosa Mestre

Sobre la Ley de Memoria Histórica
La movilización en pro de la “memoria histórica” de los últimos años parece haber culminado en el pasado diciembre con la aprobación del proyecto de Ley de Memoria Histórica (LMH)
Francisco Espinosa Maestre (La República (Nº0), 01-05-2008)

«La memoria histórica la compensamos con el alzheimer jurídico»

El Roto, El País, 18 octubre de 2007

La movilización en pro de la “memoria histórica” de los últimos años parece haber culminado en el pasado diciembre con la aprobación del proyecto de Ley de Memoria Histórica (LMH). En realidad, tras los vaivenes de los últimos cuatro años, nadie sabía qué iba a pasar. Después de tanto trabajo y tanto dinero nos queda la duda de para qué sirvió la Comisión Interministerial. Además, lo que fuimos conociendo del proyecto de Ley nos mantuvo perplejos hasta el final. Por fortuna la redacción definitiva superó los deprimentes borradores que circularon. Y bien, ¿qué decir ahora? La sensación es agridulce. Reconozcamos el avance, que según parece debe mucho a IU-ICV, pero maticemos a renglón seguido que éste es principalmente a nivel oficial, porque la sociedad, representada por esas mismas asociaciones a las que la Comisión escuchó, va por delante ya hace tiempo. Lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta un hecho clave: se han necesitado diez años de continua movilización social, cinco para implicar a los políticos y a los media, y otros tantos para que el tema de los desaparecidos del franquismo se plasme en una serie de normas legales.



Por primera vez un documento oficial aprobado en el Congreso habla no sólo de Guerra Civil y de dictadura sino de sublevación militar y de represión. Lo que no es poco viniendo de quienes hasta casi hoy mismo hablaban todavía de dos bandos. Y no sólo eso. La LMH crea un nuevo marco institucional y plantea una serie de posibilidades hasta ahora inexistentes (reconocimiento de derechos, localización e identificación de víctimas, retirada de simbología franquista, censo de obras producto del trabajo esclavo, acceso a los archivos públicos y privados, creación de un gran archivo de la guerra civil, etc.). Instrumentos que habrá que ver cómo se desarrollan legalmente.



Sin embargo, por muy buena voluntad que pongamos en su lectura, saltan a la vista diversas carencias. La primera y fundamental es la ausencia de dos palabras clave: Segunda República. Para empezar hay que poner en duda un marco institucional encaminado al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática que olvida que precisamente la última experiencia democrática fue la II República. Este exceso de cautela, más bien cobardía, que no es sino concesión a la derecha y confirmación de los vacíos ideológicos del PSOE, sólo demuestra una cosa: que la referencia a esas palabras y lo que representan siguen siendo conflictivas para unos (empezando por el propio PSOE) e inadmisibles para otros (la derecha en pleno, que aún la demoniza).



Dicho de otro modo, son palabras aún marcadas por el significado que les dio la dictadura y por tanto aún no han podido ser recuperadas, precisamente, para nuestra memoria democrática. Es decir, que el propio objeto de la Ley de Memoria Histórica, que no es otro que el reconocimiento de las víctimas de aquel brutal asalto a la democracia, no es asumido ni por su nombre en la exposición de motivos del proyecto de Ley. O sea que, pese a las supuestas intenciones, se silencia la verdadera base de la Ley de Memoria histórica, que no es otra que la destrucción de la República y sus consecuencias.



Esto prueba, pese al avance, la timidez del intento y el temor que aún existe a llamar las cosas por su nombre e incluso, en algunos casos, simplemente a llamarlas. Y demuestra también la distancia que existe entre los sectores sociales que se han movilizado en torno a la memoria y la clase política. Casi podría decirse que dichos sectores prácticamente carecen de representación política. Por otra parte nadie ha pedido a los políticos que, al elaborar la Ley, consideren que los golpistas aplicaron un calculado genocidio desde que se sublevaron, como de hecho ocurrió, sino simplemente que asuman, como la mayor parte de los historiadores han hecho ya hace tiempo, que se trató de un golpe militar contra un régimen político salido legalmente de las urnas.



La LMH declara injustas las medidas represivas e ilegítimos los tribunales encargados de tomarlas, pero se niega a plantear la ilegalidad de todo aquel proceso y a establecer la nulidad de las sentencias. Ya sabíamos que todo lo ocurrido a consecuencia del golpe militar de 18 de julio en el bando sublevado era ilegítimo pero hubiera sido necesario a estas alturas dejar claro que además de ilegítimo fue ilegal. Igualmente resulta incomprensible la cerrazón del PSOE a declarar la nulidad de las sentencias dictadas por aquellas pantomimas judiciales y por aquellos tribunales ilegales. Es posible que a efectos jurídicos “ilegítimo” pueda aplicarse con un sentido similar al de “ilegal”, pero da la sensación de que quienes han elaborado la Ley no se han atrevido a usar la segunda.



Lo cierto es que contentarse con decir que la represión franquista fue injusta e ilegítima suena a huida, a no querer afrontar realmente aquella terrible realidad que se dice afrontar con la LMH. Ciertamente fue injusta e ilegítima pero fue mucho más y mucho peor. ¿Podemos imaginar que las democracias chilena y argentina se hubieran contentado con definir las etapas de Pinochet y de Videla como “injustas” e “ilegítimas”? Sería una burla. Ocurre simplemente que en España la verdad jurídica sobre el franquismo sigue muy por detrás de la verdad histórica, que tanto está costando establecer.



Finalmente señalar la incapacidad manifiesta del Gobierno para afrontar ese lugar de memoria franquista por excelencia que es el Valle de los Caídos. En este caso el Gobierno no ha querido poner solución a un problema aparentemente tan simple como el de reconvertir el lugar en un memorial sobre la represión y el trabajo esclavo. Sería curioso saber las razones. No obstante, no es el único caso ni mucho menos. Ahí está el Alcázar de Toledo perpetuando la farsa inventada por los golpistas para mayor gloria de Franco desde 1936. ¿Hasta cuándo habrá que soportar estas reminiscencias fascistas?



En conclusión, la LMH constituye un paso más, éste con anclaje legal, en el largo camino de la recuperación de nuestra historia y de nuestra memoria. Pero, como dijo Amnistía Internacional, “la ley ha mejorado pero sigue muy alejada del derecho internacional”.