Fotos para un reportaje que se mostrará en el Musac ( Diario de León - 23/05/2010 )

Critican al alcalde por no asistir al homenaje a los represaliados ( Diario de León - 23/05/2010 )

Lo que no se puede explicar"

La ley de la memoria entre el PSOE de Ferraz y el PSOE de las Fosas.

“Lo que no se puede explicar, no puede ser justo”. Con estas palabras de altura – que en tan mal lugar deja recientes peinetas y tantas otras salidas de tono de otros personajes públicos – respondió este mismo viernes el ex presidente del Gobierno, Felipe González, al ser preguntado por el procesamiento del Juez Garzón.

Un procesamiento injusto
En efecto, el auto del juez Varela – que da la espalda a todo el derecho internacional conocido – ni es explicable, ni puede ser justo.

Una ley injusta
Pero la ley de la memoria del PSOE, con su sistema Ikea de “exhúmelo usted mismo” (a su padre, a su madre, a su hermano asesinados...) incurre, exactamente, en los mismos planteamientos de Varela y da la espalda, uno por uno, como si no existiesen, a todos esos mismos tratados que este último desatiende.

Búsqueda oficial ipso facto
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia obliga en su actuación a todos los poderes del Estado, lo ha reiterado hasta la saciedad: "El mero hecho de que las autoridades sean informadas del asesinato de un individuo da lugar, ipso facto, a la obligación, bajo el artículo 2 de la Convención, a llevar a cabo una investigación efectiva acerca de las circunstancias que rodearon la muerte (...)" (Seker contra Turquía); "(las autoridades) no pueden dejar esta cuestión a la iniciativa de los parientes para plantear una denuncia oficial o asumir la responsabilidad por el impulso de cualesquiera procedimientos de investigación". (Kelly contra el Reino Unido).

El derecho internacional existe
Y se ve que Varela aún no se ha enterado de esto, pero, lamentablemente, nuestra ley de la memoria, en la que precisamente Varela también se apoya, tampoco. Una ley copiada en realidad, ay, de la Orden de Franco sobre exhumaciones de 1 de mayo de 1940 (BOE de 09/05/1940) y que por eso encomienda el impulso, la búsqueda, y todo, a los parientes, previa autorización administrativa y sin mencionar siquiera, ni una sola vez, el caso de los “niños perdidos” internacionalmente denunciado por el Consejo de Europa el 17 de marzo de 2006: como si la responsabilidad de Estado de buscar a los desaparecidos no fuese la de buscar a todos los desaparecidos...

¿Cuántos desaparecidos habríamos restituido?
¿Cuántos desaparecidos habríamos podido restituir ya a sus familias en estos dos años si nuestra ley “socialista” se hubiese limitado a copiar con normalidad al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en vez de a Franco, y en los artículos 11 y siguientes se hubiese previsto, entre otras cosas fundamentales, la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y de una Base Nacional de Datos Genéticos, que los argentinos tienen creada por ley hace ya casi 25 años? Casi 25 años para sus 30.000 desaparecidos y sus 800 niños perdidos y aquí andamos por los 143.353 desaparecidos y los ¿30.000? niños perdidos... (Ley Nacional argentina 23.511/87 que crea el Banco Nacional de Datos Genéticos).

Lo que tampoco se puede explicar
De modo que tras mucho preguntarme el porqué y el cómo ha sido posible toda esta actuación chapucera y frontalmente contraria a los derechos humanos de desaparecidos y familiares, tan impropia del PSOE – frontalmente contraria, insisto, a "derechos humanos", claramente definidos por el Tribunal Europeo, no a algún oscuro reglamento administrativo o recomendación tecnocrática – simplemente Felipe González nos ha quitado las palabras de la boca: "Lo que no se puede explicar, no puede ser justo".

¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo el PSOE articula ninguna de sus políticas atendiendo a Franco y dando la espalda a todo lo que dice el derecho internacional? ¿No es el normal cumplimiento del derecho internacional y los mandatos de Naciones Unidas, su Comisión de Derechos Humanos, etc, lo que defendimos frente al PP de Aznar y todas sus ilegalidades internacionales en 2003? ¿Desde cuándo un tratado conservador de la Europa de hace 60 años – que Angela Merkel defendería sin pestañear – nos pasa a kilómetros por la izquierda en solidaridad y en compromiso con todas esas víctimas y sus familias que se siguen viendo privadas de sus derechos? Sufrimiento inhumano y violación del derecho humano a la vida familiar, entre otros...

Política de ocurrencias
Toda esta política de ocurrencias (“ilegítimo” por “nulo” y todo lo demás incluido) está mal desde el principio, desde su misma formulación de espaldas a todos los tratados internacionales - a todos, me ahorro la enumeración realizada en otros escritos -, es absolutamente incongruente con los postulados del PSOE y nos sume en una perenne política de huida hacia delante… cada vez más acorralada.

¿Criticamos la antijurídica doctrina Varela, de espaldas al mundo civilizado, cuando nuestra ley de la memoria es la primera que da carta de naturaleza legal a tales mismos planteamientos insostenibles que condenan hoy a Garzón?

¿Menor violación o mayor responsabilidad?
¿Las violaciones de derechos humanos cometidas por los propios son acaso menos violaciones o es mayor nuestra responsabilidad, y obligación, de romper el silencio y oponernos a las mismas, alto y claro, mientras se producen? ¿Cuántos de nosotros les pedimos a amigos votantes o militantes en el PP que diesen la cara y se desmarcasen de otras violaciones del derecho internacional por parte de Aznar?

¿El PSOE de Ferraz o el PSOE de las fosas?
¿A qué PSOE se referiría Pablo Iglesias con aquello de ser militante socialista para llevar el ideal de justicia a todas partes? ¿A un PSOE oficialista que le copia valientemente las leyes a Franco y engaña a nuestro propio país sobre cuál es el alcance real de los derechos humanos de sus ciudadanos – bastante más allá de una subvención – en caso de “desaparición forzada” de un familiar, o al PSOE que defendió nuestra República contra nazis, franquistas y fascistas y que aún está tirado en esas mismas cunetas?

Cercanía absoluta... y respeto a los derechos humanos
Y por eso me parece bien que Leire Pajín declare en estos días "la cercanía absoluta del PSOE con las víctimas del franquismo", pero si la ley de la memoria dejase, además, de violar directamente hasta cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos (el 2, el 3, el 8 y el 13) me parecería mucho más sólido.

Apoyo al PSOE, pero no ninguna violación de derechos humanos
Por lo pronto en Facebook se acaba de crear el grupo “Apoyo al PSOE pero rechazo que la ley de la memoria viole varios derechos humanos”. ¿Llegaremos a ver también concentraciones a las puertas de Ferraz, con el “pásalo”, las incontables fotografías de desaparecidos que nuestra ley (¿socialista?) sigue hoy sin buscar de forma contraria al Convenio y todo lo demás?

Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas del franquismo, ya es hora.

Miguel Ángel Rodríguez es investigador de Derecho penal internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad (Tirant Lo Blanch, Valencia) y otros estudios como “Las fosas de Franco y la diligencia debida del Estado ante el crimen de desaparición forzada de personas” y “La nueva ley y la vulneración de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en el caso de los desaparecidos del franquismo”, publicados en Jueces para la Democracia, y citados en los recientes autos de la Audiencia Nacional de Baltasar Garzón

BOLETÍN INFORMATIVO

Cinco países latinoamericanos piden a España investigar los crímenes del franquismo


escrito por Agencias
jueves, 06 de mayo de 2010


Cinco países latinoamericanos pidieron a España investigar los crímenes del pasado, durante el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de control de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos, en sesión celebrada este miércoles en Ginebra.


De conformidad con sus obligaciones internacionales (España debe) investigar, sancionar y reparar delitos de desaparición forzada de personas, sin importar el tiempo en que haya iniciado su comisión, en atención al carácter continuo del delito, le recomendó México a España, en una declaración de tenor similar a las efectuadas por Argentina, Perú, Colombia y Cuba.

De esta manera se alude al presunto freno de ese tipo de investigaciones que estaría tratando de imponer el Tribunal Supremo de España, al cuestionar las diligencias iniciadas por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo, imperante en España de 1939 a 1975.

Deseamos destacar la necesidad de reforzar las medidas legales tendientes a combatir la impunidad, indicó Argentina, en claro apoyo a Garzón, quien en virtud de principios universales para los crímenes de lesa humanidad, como los perpetrados en España, no tuvo en cuenta la ley de amnistía vigente en ese país desde 1977.

La verdad es un derecho fundamental para quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, por ello recomendamos a España continuar avanzando en la implementación de la ley de memoria histórica, ponderó Colombia, señalando la norma que avalaría la iniciativa judicial del juez Garzón.

Incapacidad de justicia

Sobre dicha ley, que establece el derecho a la reparación moral a las víctimas de la dictadura (de Francisco Franco), Perú confió en que se registrarán mayores avances en favor de las víctimas, sus familiares y la sociedad española en general.

Al respecto, Cuba agregó: se puedan intensificar las insuficientes medidas adoptadas para que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas.

Los países latinoamericanos, que con la ayuda de la justicia española han hecho tantos esfuerzos para enfrentar su pasado doloroso, no entienden por qué España no es capaz de hacerlo, declaró a su vez Reed Brody, de Human Rights Watch, presente en la reunión de Ginebra.

En el EPU pueden participar los 192 estados miembros de la ONU, los cuales son invitados a referirse sobre el respeto de la totalidad de los derechos humanos del país examinado, en un debate oral que dura tres horas.

Para darle contenido al EPU, el país puesto en observación eleva un informe sobre la situación de los derechos humanos, al tiempo que la ONU recoge las opiniones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y recolecta la información existente en el sistema de Naciones Unidas.

En los próximos dos días, bajo el control de tres países elegidos por consenso en este caso Sudáfrica, Chile e India, los resultados de las deliberaciones se pondrán por escrito en un informe, junto con las recomendaciones formuladas a España, que entonces podrá aceptarlas, rechazarlas o postergar una respuesta.

Ese documento se someterá después al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su aprobación, oportunidad en que se reabrirá la discusión sobre el país examinado, con intervención de estados y las ONG.


El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es el máximo órgano en la materia del sistema de Naciones Unidas, integrado por 47 estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General del organismo mundial.

*Fuente: El Clarín de Chile, 6 de mayo de 2006

CONCENTRACIÓN SIN

JUSTICIA NO HAY

MEMORIA:

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA

LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.

Después de las últimas movilizaciones convocadas para denunciar la

impunidad de los crímenes franquistas y que no se juzgara a Garzón por querer

investigar dichos crímenes. Vemos la necesidad de continuar, aún con más fuerza,

con nuestra campaña de exigir a las administraciones el irrenunciable derecho a la

Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo y de acabar con

la impunidad de los crímenes franquistas.

Por eso os convocamos a la concentración que celebraremos el 22 de mayo

de 2010 a las 11:00h. en la Plaza de la Gavidia, 10 Sevilla, ante la Consejería de

Justicia y Administración Pública de Andalucía. Donde instalaremos mesas

informativas sobre las campañas de recogida de firmas contra el protocolo de

exhumaciones elaborado por la Consejería de Justicia y presentado a finales de

2009, y también para obligar al Parlamento español a anular todas las

sentencias y tribunales franquistas, promovido por el Foro por la Memoria

de Málaga. Además también centraremos la concentración en exigir al

Gobierno y al Grupo Parlamentario que lo sustenta que proceda a adoptar de modo

inmediato las medidas pertinentes para que el Parlamento anule en el menor plazo

posible la Ley de Amnistía de 1977, la cual ha sido definida como ley de punto final

por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas así como

absolutamente incompatible con el Derecho Penal Internacional y los Derechos

Humanos. A la concentración han confirmado su asistencia José Antonio Barroso,

alcalde de Puerto Real (Cádiz), Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de

Marinaleda (Sevilla), Enrique Villareal Armendariz, cantante de Barricada, entre

otros.

Opinamos que después de las múltiples movilizaciones contra la impunidad

del franquismo y declaraciones y de apoyo al juez Garzón, debemos continuar

luchando y exigiendo que se anulen las leyes que han sustentado la imputación del

mismo por prevaricación, a saber: la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley llamada de

Memoria de 2007 las cuales constituyen en este momento la base jurídica que

sustenta la impunidad de los crímenes y de los criminales franquistas Y más aún se

cabe, cuando hemos podido contar con la adhesión de diversos partidos de la

izquierda parlamentaria, grupos sociales, culturales, etc. a la causa, expresada junto

a miles de ciudadanos y ciudadanas en las diversas movilizaciones y actos que han

culminado en las manifestaciones celebradas el sábado 24 de abril.

CONCENTRACIÓN SIN JUSTICIA NO HAY MEMORIA.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.

22 DE MAYO DE 2010, A LAS 11:00H. PLAZA DE LA GAVIDIA, 10 SEVILLA.



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Sobre el voto de inmigrantes en la Argentina, posible pérdida del derecho a votar

PALABRAS PREVIAS A LA ENTREGA DEL DOCUMENTO:

Los ciudadanos españoles residentes en la Argentina queremos manifestar nuestro repudio al dictamen formulado por una subcomisión del Congreso de los Diputados, en Madrid, que proyecta despojar de sus derechos cívicos a los españoles residentes en el exterior.
Como lo vienen haciendo 1.700.000 ciudadanos españoles radicados en decenas de pases, hoy nos convocamos en defensa de nuestro derecho a votar, para evitar que nos reduzcan a la condición de ciudadanos de segunda, violando la Constitución y el Estatuto de la Ciudadana Española en el Exterior.
La Constitución Española en su artículo 68//5 consagra que Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
La Ley reconocer y el Estado facilitar el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Pero el dictamen, en lugar de facilitar el ejercicio de ese derecho, lo pisotea y hace del residente en el exterior un proscripto político.
Dice el Estatuto de la Ciudadana Española en el Exterior en su artículo 4//1 Los españoles que residen en el exterior tienen derecho a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadana residente en el Estado español, en los términos previstos en la normativa de aplicación.
De estas normas surge claramente una firme determinación de preservar, facilitar y perfeccionar el voto de los españoles en el exterior, todo lo contrario a lo que hoy apuntan algunos diputados españoles de los partidos mayoritarios.
Este es un acuerdo de todos los partidos que conforman la referida comisión, y por tanto, todos los partidos que no manifiesten publica y contundentemente su rechazo a este proyecto serán responsables de nuestra perdida de derechos y se habrán olvidado de nosotros, a los que en poca de elecciones nos llaman lo mas importante que tiene España en el mundo , nuestros hermanos , nuestra obligación , pero hoy ni siquiera quieren llamarnos compatriotas . Declararemos personas no gratas a nivel mundial a todos los legisladores y/o autoridades que impulsen el dictamen proscriptivo.

En este acto estamos entregando a nuestra Embajada una carta, dirigida al presidente del gobierno español con copia a su majestad el Rey, para que como máximos representantes del pueblo español, intercedan en defensa de nuestros derechos y no consientan que se divida a los españoles en categorías discriminatorias.


DOCUMENTO ENTREGADO A LAS AUTORIDADES DE LA EMBAJADA

El texto de la carta reza lo siguiente:



Buenos Aires, 15 de mayo de 2010


Señor
Jefe de Gobierno del Reino de España
Don Jos Luis Rodríguez Zapatero
Presente

La Asociación Salamanca Memoria y Justicia muestra su apoyo al juez Garzón
Considera que su suspensión "supone un triunfo del franquismo, puesto que niega a las víctimas y a los propios jueces la posibilidad de investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestros de niños que tuvieron lugar durante la Guerra Civil"
16/05/2010

Miembros de la Asociación Memoria y Justicia
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, y el Foro por la Memoria de Salamanca lamenta la suspensión de funciones del juez Baltasar Garzón, acordada por el Consejo General del Poder Judicial, que considera "un episodio vergonzoso se mire por donde se mire. Para las víctimas del franquismo es un día negro".

Esta agrupación asegura que "resulta vomitivo que una organización fascista como Falange Española, responsable del asesinato de muchos miles de españoles, haya conseguido, con la complicidad entusiasta del Tribunal Supremo, sentar en el banquillo de los acusados al único juez que, desde la aprobación de la Constitución de 1978, ha intentado investigar los crímenes contra la Humanidad cometidos por el franquismo".

Por este motivo, la suspensión de funciones del juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo "supone un triunfo del franquismo, puesto que niega a las víctimas y a los propios jueces la posibilidad de investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestros de niños que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y el franquismo, y que nunca han sido investigadas por ninguna instancia judicial". Y añade: "Supone, por tanto, consagrar la impunidad para los crímenes contra la Humanidad cometidos en gran parte por esa misma Falange Española que se levantó en armas contra la democracia española".

Hay convocadas nuevas concentraciones en demanda de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO. Os paso a continuación los datos de las distintas convocatorias para que les deis la máxima difusión. Muchas gracias.

MADRID, Plaza de la Villa de Paris, frente al Tribunal Supremo, SÁBADO 22 DE MAYO A LAS 12 HORAS, convoca Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid

SEVILLA, Plaza de la Gaviria, 10, frente a la Consejería de Justicia, SÁBADO 22 DE MAYO A LAS 11:30 horas, convoca Foro por la Memoria de Andalucía

ELCHE, delante de los Juzgados, SÁBADO 22 DE MAYO A LAS 18 HORAS, convocan Plataforma de Ciudadanos por la República y Foro por la Memoria

GIJÓN, paseo de Begoña frente al teatro Jovellanos, SÁBADO 22 DE MAYO A LAS 12 HORAS, convoca Todos los Nombres

ZARAGOZA, Plaza de España, SÁBADO 22 DE MAYO A LAS 19 HORAS, convocatoria de facebook

SEGOVIA, Plaza Mayor, DOMINGO 23 DE MAYO A LAS 12 HORAS, convoca Foro por la Memoria de Segovia

TOLEDO, Plaza del Ayuntamiento, 3, frente a la Audiencia Provincial, DOMIGO 23 DE MAYO A LAS 12 HORAS, convoca Foro por la Memoria de Toledo

BARCELONA, Plaza de Sant Jaume, DOMINGO 29 DE MAYO, 12 HORAS, convoca Mesa de Catalunya

Buscamos a los familiares de las víctimas del fascismo español y /o naci, naturales de La Torre de Esteban Hambrán (Toledo), o personas que las recuerden, o datos sobre esas víctimas, cuya historia deseamos se escriba :
1) Asesinada en 1939 en Madrid :
Felipe CORTES SIMAL ( jornalero) fusilado en el cementerio del Este el 24 /6/ 1939
2) Asesinadas en 1940, en Toledo y Talavera :
Avelino FERNANDEZ MARINA, ejecutado en Toledo, en 1940
Pedro CABALLERO BERMUDEZ, (alcalde del Frente Popular) ejecutado en Talavera en 1940
Venancio AGUILAR PINTO, ejecutado en Talavera en 1940.
3) Asesinadas en 1941 en Talavera o Madrid :
Anastasio MARTIN GARCIA, muerto en la cárcel en Talavera en 1941
Eudaldo SERRANO RECIO (teniente alcalde del Frente Popular), ejecutado el 6/3/41 en Madrid
Cesáreo LOPEZ GARRIDO, ejecutado el 6/3/41 en Madrid
Guillermo CARO MONTERO, ejecutado el 6/3/41 en Madrid
Isabel GOMEZ SANCHEZ, ejecutada el 6/3/41 en Madrid
Mariano GOMEZ SANCHEZ, ejecutado el 6/3/41 en Madrid
Francisca MARTIN AGUILAR, ejecutada el 2/4/41 en Madrid
4) Asesinadas en Talavera, en 1942 : Anselmo SERRANO VELASCO, ejecutado en Talavera, en 1942
Eugenio LOPEZ GUZMAN, muerto en la cárcel en Talavera en 1942
Eugenio MARTIN AGUILAR, ejecutado en Talavera en 1942
Manuel ESCUDERO PEINADO, ejecutado en Talavera en 1942
Marcelo PAPELLES MERINO, ejecutado en Talavera en 1942
5) Muerta en la cárcel en Talavera, en 1943 : Lucio PEREZ SANTIAGO
6) Asesinada en Morette les Glières (Annecy, Francia) en 1944 por los nacis :
Avelino ESCUDERO PEINADO, pontonero en el Ebro, guerrillero en la Sección « Ebro » en el macizo des Glières, con Gabriel Vilches, José Caballero, Angel Gómez, José Salvador (a quienes se les concedió en Francia la Légion de Honor de la Resistencia).

7) Asesinada en Gusen (Mauthausen) por los nacis : Rafael PEREZ PLAZA, jornalero.
8) Muerta en la cárcel en 1947 en Madrid : Aurelio SERRANO MARTIN, concejal del Frente Popular.

París, 16 de mayo de 2010
Daniel Serrano Recio (La Torre de Esteban Hambrán, 1920)
Rose-Marie Serrano (rosemarie.serrano9@gmail.com) http://victimasfascismolatorreestebanhambran.blogspot.com/

Los españoles, a favor de investigar los crímenes del franquismo
Tres de cada cinco ciudadanos no quieren que queden impunes los delitos de la dictadura

PÚBLICO MADRID 10/05/2010 08:20

España demanda que se investiguen los crímenes cometidos durante el franquismo. Tres de cada cinco ciudadanos no quieren la impunidad del régimen. La conclusión, rotunda, la arroja el último Publiscopio, realizado sobre la base de 800 entrevistas entre el 3 y el 5 de mayo, apenas una semana después de las multitudinarias manifestaciones que recorrieron las calles del país a favor del castigo judicial a la dictadura y en defensa del magistrado Baltasar Garzón.

En concreto, el 59,2% de los consultados "está de acuerdo" con que se investiguen los crímenes políticos de Franco que han quedado impunes. A ello se opone un 26,9%. Otro 14% prefiere no opinar.

El 58% censura al Supremo por abrir causa contra el juez de la Audiencia

La exigencia de que se abra una causa contra el régimen ha calado hondamente entre los socialistas. Hasta un 75% de los votantes del PSOE se manifiesta a favor, y sólo un 14% se dice contrario.
Los socialistas, con el juez

El PP y su líder nacional, Mariano Rajoy, han subrayado su rechazo frontal a que se pueda enjuiciar el franquismo. Sin embargo, sus electores, a tenor de los datos del Publiscopio, no lo tienen tan claro: un 34% de los votantes conservadores sí quiere que se indague el horror del régimen, y otro 53% lo cree inconveniente.

Hasta un 34% de los votantes del PP cree que hay que juzgar el régimen

Son los jóvenes de 18 a 29 años los que se expresan más partidarios de juzgar el franquismo. Un 70% está de acuerdo. El apoyo decrece en cambio conforme aumenta la edad. Así, entre los mayores de 60 años, sólo respalda la persecución judicial un 45%.

La encuesta descubre otro dato incontestable: el apoyo de la mayoría de los españoles a Garzón. Un 58,1% no está de acuerdo con que el Tribunal Supremo (TS), a instancias del juez instructor, Luciano Varela, haya decidido procesarle por haber cometido una presunta prevaricación al haberse atrevido a encausar los crímenes franquistas. Un 21,9% sí cree pertinente que se le siente en el banquillo.

De nuevo, se observan fugas en las filas conservadoras. Aunque un 52% de los electores del PP defiende el proceso al juez de la Audiencia Nacional como hace la cúpula del partido, otro importante 31% se manifiesta contrario.

La mitad de los españoles respalda que se eliminen los símbolos franquistas

Entre los electores socialistas prima la cohesión: un 75% no está de acuerdo con la decisión del TS, frente a un 8% que la avala. Asimismo se constata que los jóvenes son los más concienciados: hasta un 64% de los encuestados entre los 18 y los 29 años censura que se vaya a juzgar a Garzón.
La norma se conoce más

El Publiscopio también recoge la valoración ciudadana acerca de la Ley de Memoria Histórica, como ya hizo en octubre de 2007, dos meses antes de que las Cortes ratificaran definitivamente la norma. En menos de tres años, ha aumentado 7,5 puntos el apoyo a la misma y la concienciación social. Si en octubre de 2007 un 34% se mostraba de acuerdo con la ley, en 2010, ese porcentaje sube al 41,5%.

En tres años, sube más de siete puntos el apoyo social a la Ley de Memoria

El índice de rechazo baja, y pasa del 27,6% al 27,3%. Una variable que sí evoluciona es el volumen de sondeados que confiesa no saber nada sobre la ley. En 2007, se cifró en un 38,5%. Hoy, en el 31,3%.

La ley gusta más a los consultados con edades comprendidas entre los 30 y los 59 años. Y convence al 59% de los votantes del PSOE. Entre los electores del PP, es llamativo que un 22% defiende las líneas maestras de la norma.

Múltiples indicadores refuerzan la idea de que la Ley de Memoria ha generado mayor aceptación. Por ejemplo, cuando se pregunta si se respalda "que se eliminen los símbolos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura". El 51,1% responde que sí, que lo apoya. Tres años atrás, estaba a favor un 44,7%.

La mitad de los españoles respalda que se eliminen los símbolos franquist!

Otro abultado 62,4% secunda que se concedan ayudas a los represaliados por Franco, frente al 53% que lo creía oportuno cuando se aprobó la norma. Esta medida también cuenta con el plácet de un 47% de los votantes del PP.

Igualmente crece el porcentaje de los que juzgan conveniente que se condene la dictadura: pasa del 52,4% al 57%. Sólo se contrae el número de los que aprueban que se declaren "ilegítimas" las condenas de los juzgados franquistas por causas políticas, del 49,1% de 2007 al 41,4% de hoy.
A favor de exhumar las fosas

Las ayudas a las víctimas reciben el beneplácito de los electores del PP

Vista la ley con perspectiva, un 47,5% cree que sí ha "fomentado el odio y la división entre los españoles", mientras que un 39,5% juzga lo contrario. Son también más, en cambio, hasta un 38,1%, los que entienden que la norma no "se ha quedado corta". La afirmación suscita controversia entre los votantes del PSOE, ya que en su mayoría (un 39%) tacha la ley de insuficiente.

El Publiscopio se cierra con otra cifra de apoyo a la memoria histórica: un 64,5% pide al Gobierno central que ponga los medios para que se saquen los cadáveres de las fosas franquistas. Rechaza la intervención del Ejecutivo un 24,8%.

La contradicción en el PP emerge otra vez: un 49% de sus electores reclama que se exhumen los restos. Un 40% de ellos no lo cree sensato. Los votantes socialistas lo tienen mucho más claro. Casi un 80% considera necesario que el Gobierno aborde la cuestión.

Sin un Garzón local



La Justicia argentina, al menos en primera instancia, cerró la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo. La jueza federal María Servini de Cubría rechazó las denuncias presentadas en el país por familiares de víctimas de la dictadura que encabezó Francisco Franco, alegando que hay causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en España. La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal, consagrado en tratados internacionales suscriptos por Argentina.

“Me basé en los pronunciamientos del fiscal Federico Delgado”, precisó la jueza, en referencia a una resolución de la fiscalía de fines de abril que había recomendado desestimar las denuncias por los mismos argumentos.

Los representantes de las víctimas del franquismo se habían presentado en marzo en los tribunales federales de la Capital porque en Madrid sectores de la derecha española lograron frenar la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón, quien fue llevado a proceso acusado de prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta). El escrito recayó en el juzgado de Servini de Cubría, quien a su vez lo delegó en el fiscal. Pero Delgado no estuvo de acuerdo con avanzar en el planteo, que había sido avalado por las entidades locales que son parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité de Acción Jurídica (CAJ).

La denuncia se basó en los testimonios de dos familias de víctimas del franquismo, residentes en Argentina: Darío Rivas, de 90 años, hijo de Severino Rivas, quien fue ejecutado cuando era alcalde en la localidad gallega de Castro de Rei, en Lugo, víctima directa de los hechos; e Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado a comienzos de la Guerra Civil, en 1936, cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.

En su dictamen, el fiscal Delgado no rechazó el principio de jurisdicción universal, sino su aplicación a este caso en concreto. “Cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad”, argumentó. A su criterio, la investigación de Garzón está paralizada pero no cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo español se expida sobre el punto”, y hay, además, otros tribunales locales que están investigando en la actualidad estos sucesos. Delgado también planteó que la ley de amnistía de 1977, en base a la cual Garzón fue frenado, “no impide que los tribunales españoles investiguen los crímenes”.

Ahora las víctimas del franquismo tienen que acudir a la Cámara Federal, que es el tribunal ante el cual puede ser apelada su decisión.

El caso de un funcionario de Correos de Hervás ( El Periódico Extremadura - 05/05/2010 )

Justicia contra los últimos tiros de Franco ( El Periódico Extremadura - 05/05/2010 )

JOSÉ MARÍA PEDREÑO

El proceso promovido ante el Tribunal Supremo por organizaciones de ideología fascista contra el juez Baltasar Garzón ha puesto en evidencia ante la opinión pública la vigencia del pacto de silencio de la Transición y el modelo español de impunidad. Este proceso, independientemente de otros fines o intereses entrecruzados que puedan darse en él, tiene como objetivo para los franquistas y la derecha institucional mostrar su poder, circunscribir la memoria histórica, como mucho, a una pura cuestión privada y familiar, y conseguir un castigo ejemplar para amedrentar a cualquier juez que intente investigar los crímenes contra la humanidad –y, por tanto, imprescriptibles– cometidos por el franquismo.

El procedimiento instruido por Garzón puede que adoleciera de un defecto de forma por cuestión de competencia, pero no podemos considerar que declararse competente en principio o discrepar del fiscal fuera un delito, sino una cuestión de interpretación de las leyes a la que todo juez tiene derecho. Lo cierto es que, centrando la cuestión en el proceso abierto contra Garzón, nos estamos olvidando de la cuestión fundamental: las víctimas. El Poder Judicial, tras dictar la no competencia de Garzón, aún no ha indicado cuáles son los órganos jurídicos competentes para investigar los crímenes del franquismo, por lo que a día de hoy las víctimas siguen desamparadas, los franquistas y sus herederos se aferran a los numerosos órganos de poder que aún controlan, y el franquismo sociológico sigue formando parte de nuestra cultura social. Por ello, independientemente del resultado que tenga el proceso iniciado contra Garzón, la centralidad debemos ponerla en la consecución de justicia para las víctimas y la lucha contra la impunidad.

Por otro lado, si realmente queremos fortalecer la democracia, no podemos desligar, en ningún momento, la lucha por la justicia del recuerdo y la puesta en valor del proyecto político democrático de la II República que defendían las víctimas del franquismo. Hay que tener en cuenta que el fascismo español decidió realizar una operación organizada y sistemática de exterminio y represión de todos los defensores de la libertad, la justicia social y la democracia; no es, por tanto, una cuestión exclusivamente privada y familiar, sino que es algo que afecta profundamente a las raíces de la deteriorada democracia actual. No se trata sólo de recuperar restos cadavéricos para entregarlos a las familias, sino de recuperar los valores de igualdad, fraternidad y solidaridad que portaban aquellos hombres y mujeres represaliados por el fascismo español. La recuperación de estos valores, en momentos como los que vivimos, son tarea fundamental de todos.

La izquierda institucional tampoco saldrá bien parada de esta historia si no es capaz de enmendar los errores cometidos hasta la fecha. Tiene que dejar de obrar por impulsos para conseguir objetivos políticos a corto plazo, entrando en contradicciones difíciles de superar al no actuar con coherencia. Leyendo los autos del juez Varela se desprende que a Garzón se le acusa de vulnerar la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de la Memoria de 2007. Son dos leyes aprobadas por el Parlamento que no respetan la legislación penal internacional, por lo que, tanto los grupos parlamentarios como el Ejecutivo, tienen la obligación de manifestar su posición. La Ley de Amnistía de 1977 porque ha sido calificada por diversos estamentos internacionales –entre ellos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas– como ley de punto final y la Ley de Memoria de 2007 porque no sólo no ha sido capaz de satisfacer las demandas de las víctimas, sus familiares y la sociedad, sino porque además da legalidad a los bandos de guerra de los golpistas del 18 de julio de 1936 y a todos los actos jurídicos represivos de la dictadura. Hoy más que nunca se hace necesario y obligatorio que el Parlamento declare la ilegalidad del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y del régimen fascista surgido del mismo y, por tanto, la nulidad de todos sus actos jurídicos represivos, para que los sumarios franquistas sólo sean el acta que un grupo de asesinos levantaba para dar fe de los crímenes que cometía. Esa es la validez que la democracia española debería dar a las sentencias de los tribunales de la dictadura.

Estudiando el desarrollo que el movimiento de recuperación de la memoria histórica democrática ha tenido en los últimos años, nos damos cuenta de la pluralidad existente en el mismo. Esta diversidad en objetivos, ámbitos de trabajo, estrategias jurídicas y políticas se materializaba en la existencia de un sinfín de asociaciones difíciles de unir, hasta la fecha, en un proyecto común; sin embargo, la situación que se ha creado con el procesamiento de Garzón ha permitido que todas estas asociaciones, en un ejercicio de generosidad absoluta heredado de los viejos luchadores antifascistas, el día 19 de abril, superando todo tipo de diferencias, decidieran, por encima de todo, establecer un mínimo denominador común que permitiese forjar la unidad: “Contra la impunidad del franquismo, verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo”.

Esta consigna unitaria debe trasformarse no sólo en un lema, sino en un objetivo en sí mismo, sirviendo constantemente de instrumento para una movilización permanente hasta haberlo conseguido. Todos a una, como dice la canción, hemos dicho “¡basta!” y echado a andar.

José María Pedreño es Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria

Dos marchas por Garzón movilizaron a España

Miles de personas se manifestaron en 28 ciudades del país, unas en apoyo al magistrado procesado por investigar crímenes del franquismo, y otras en contra; el epicentro estuvo en Madrid; también ocurrió en otras capitales del mundo

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lanacion.com | Exterior | S�bado 24 de abril de 2010