BOLETÍN INFORMATIVO

Cinco países latinoamericanos piden a España investigar los crímenes del franquismo


escrito por Agencias
jueves, 06 de mayo de 2010


Cinco países latinoamericanos pidieron a España investigar los crímenes del pasado, durante el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de control de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre derechos humanos, en sesión celebrada este miércoles en Ginebra.


De conformidad con sus obligaciones internacionales (España debe) investigar, sancionar y reparar delitos de desaparición forzada de personas, sin importar el tiempo en que haya iniciado su comisión, en atención al carácter continuo del delito, le recomendó México a España, en una declaración de tenor similar a las efectuadas por Argentina, Perú, Colombia y Cuba.

De esta manera se alude al presunto freno de ese tipo de investigaciones que estaría tratando de imponer el Tribunal Supremo de España, al cuestionar las diligencias iniciadas por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo, imperante en España de 1939 a 1975.

Deseamos destacar la necesidad de reforzar las medidas legales tendientes a combatir la impunidad, indicó Argentina, en claro apoyo a Garzón, quien en virtud de principios universales para los crímenes de lesa humanidad, como los perpetrados en España, no tuvo en cuenta la ley de amnistía vigente en ese país desde 1977.

La verdad es un derecho fundamental para quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, por ello recomendamos a España continuar avanzando en la implementación de la ley de memoria histórica, ponderó Colombia, señalando la norma que avalaría la iniciativa judicial del juez Garzón.

Incapacidad de justicia

Sobre dicha ley, que establece el derecho a la reparación moral a las víctimas de la dictadura (de Francisco Franco), Perú confió en que se registrarán mayores avances en favor de las víctimas, sus familiares y la sociedad española en general.

Al respecto, Cuba agregó: se puedan intensificar las insuficientes medidas adoptadas para que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas.

Los países latinoamericanos, que con la ayuda de la justicia española han hecho tantos esfuerzos para enfrentar su pasado doloroso, no entienden por qué España no es capaz de hacerlo, declaró a su vez Reed Brody, de Human Rights Watch, presente en la reunión de Ginebra.

En el EPU pueden participar los 192 estados miembros de la ONU, los cuales son invitados a referirse sobre el respeto de la totalidad de los derechos humanos del país examinado, en un debate oral que dura tres horas.

Para darle contenido al EPU, el país puesto en observación eleva un informe sobre la situación de los derechos humanos, al tiempo que la ONU recoge las opiniones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y recolecta la información existente en el sistema de Naciones Unidas.

En los próximos dos días, bajo el control de tres países elegidos por consenso en este caso Sudáfrica, Chile e India, los resultados de las deliberaciones se pondrán por escrito en un informe, junto con las recomendaciones formuladas a España, que entonces podrá aceptarlas, rechazarlas o postergar una respuesta.

Ese documento se someterá después al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su aprobación, oportunidad en que se reabrirá la discusión sobre el país examinado, con intervención de estados y las ONG.


El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es el máximo órgano en la materia del sistema de Naciones Unidas, integrado por 47 estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General del organismo mundial.

*Fuente: El Clarín de Chile, 6 de mayo de 2006

Sin un Garzón local



La Justicia argentina, al menos en primera instancia, cerró la posibilidad de investigar los crímenes del franquismo. La jueza federal María Servini de Cubría rechazó las denuncias presentadas en el país por familiares de víctimas de la dictadura que encabezó Francisco Franco, alegando que hay causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en España. La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal, consagrado en tratados internacionales suscriptos por Argentina.

“Me basé en los pronunciamientos del fiscal Federico Delgado”, precisó la jueza, en referencia a una resolución de la fiscalía de fines de abril que había recomendado desestimar las denuncias por los mismos argumentos.

Los representantes de las víctimas del franquismo se habían presentado en marzo en los tribunales federales de la Capital porque en Madrid sectores de la derecha española lograron frenar la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón, quien fue llevado a proceso acusado de prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta). El escrito recayó en el juzgado de Servini de Cubría, quien a su vez lo delegó en el fiscal. Pero Delgado no estuvo de acuerdo con avanzar en el planteo, que había sido avalado por las entidades locales que son parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité de Acción Jurídica (CAJ).

La denuncia se basó en los testimonios de dos familias de víctimas del franquismo, residentes en Argentina: Darío Rivas, de 90 años, hijo de Severino Rivas, quien fue ejecutado cuando era alcalde en la localidad gallega de Castro de Rei, en Lugo, víctima directa de los hechos; e Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado a comienzos de la Guerra Civil, en 1936, cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.

En su dictamen, el fiscal Delgado no rechazó el principio de jurisdicción universal, sino su aplicación a este caso en concreto. “Cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad”, argumentó. A su criterio, la investigación de Garzón está paralizada pero no cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo español se expida sobre el punto”, y hay, además, otros tribunales locales que están investigando en la actualidad estos sucesos. Delgado también planteó que la ley de amnistía de 1977, en base a la cual Garzón fue frenado, “no impide que los tribunales españoles investiguen los crímenes”.

Ahora las víctimas del franquismo tienen que acudir a la Cámara Federal, que es el tribunal ante el cual puede ser apelada su decisión.