Brasil: Lula cede ante el Ejército y acepta una ley de memoria histórica descafeinada
La Razón, - 17 Enero 2010 El texto permite investigar la dictadura pero no sancionar a los funcionarios





17 Enero 10 – A. Santos

Río de janeiro-La ley de memoria histórica que pretendía revisar los años de la dictadura militar en Brasil( 1964-1985), en especial lo ocurrido con 399 personas desaparecidas tras su detención por fuerzas de la Policía y el Ejército, sufrirá una amplia modificación a su paso por el Parlamento. La decidida presión de los altos mandos del Ejército brasileño ha surtido efecto.

El proyecto legislativo, que formaba parte de un gran paquete de medidas sobre derechos humanos, fue considerado por los militares como «revanchista» y una flagrante violación de la Ley de Amnistía de 1979 y de los acuerdos suscritos durante la transición a la democracia.

Los generales Enzo Peri y Juniti Saito, y el almirante Julio Moura, respaldados por el propio ministro de Defensa del Gobierno, Nelson Jobim, presentaron su dimisión al presidente en un acto, en principio privado, que, naturalmente, acabó trascendiendo a los medios de comunicación.

Lula da Silva, que rechazó las dimisiones, se excusó aduciendo que «desconocía el articulado de la ley» y prometió a los generales que se llevaría a cabo una nueva redacción del texto. Éste ha sido limado de sus principales aristas, con lo que el plante militar puede darse por concluido.

La nueva ley, que incluye el establecimiento de una «comisión de la verdad», no tendrá en ningún caso carácter sancionador, ni sus conclusiones o averiguaciones podrán dar lugar a procedimientos judiciales. Además, los guerrilleros izquierdistas que cometieron actos de terrorismo también serán objeto de la comisión investigadora, lo que no será del agrado de algunos ministros del actual Gobierno, integrados en su día en los grupos armados.

Con todo, el cambio fundamental, y principal motivo del largo tira y afloja, es la consideración del periodo de la dictadura como «un conflicto político», con responsabilidad compartida, y no de «represión política». La negociación de las modificaciones fue llevada a cabo por el ministro de Defensa y por el de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, quien también había amenazado con dimitir si se aguaba todavía más la ley.

Ayer, Lula da Silva explicó que no se pretendía perseguir a nadie, pero que era de justicia que las familias de los desaparecidos de la dictadura supieran qué ocurrió con sus deudos.

A vueltas con la Ley de Amnistía

Aunque la dictadura militar en Brasil no finalizó hasta 1985 con la elección parlamentaria de Tancredo Neves, fallecido sin llegar a tomar posesión del cargo, la Ley de Amnistía se había promulgado el 28 de agosto de 1979, tras una amplia movilización popular impulsada por los partidos de la izquierda, que fue apoyada por la mayoría de los sectores sociales. La amnistía hizo posible el regreso de miles de exiliados y el comienzo del cambio político. Además, relajó la oposición de los militares durante el proceso de transición, al garantizarles la inmunidad judicial.

http://www.larazon.es/noticia/1159-lula-cede-ante-el-ejercito-y-acepta-una-ley-de-memoria-historica-descafeinada-descafeinada

Cuando los jueces deciden archivar la memoria de los crímenes
Cristóbal García Vera. Canarias-semanal.com /Rebelión, 18-01-2010 - 18 Enero 2010 Sobreseída la denuncia sobre las desapariciones del franquismo en Canarias



Con escaso “ruido” mediático salía a la luz pública, el pasado 13 de enero, la noticia de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción n º1 de Arucas había archivado la denuncia sobre las desapariciones del franquismo en Canarias, presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de este municipio grancanario (AMHA). De los dos periódicos que se publican en la isla, sólo el Canarias7 -paradójicamente afín al PP y CC- se hacía eco de la misma, aunque relegándola a la sección de “Sociedad”. Por su parte, los responsables de La Provincia. Diario de Las Palmas no consideraban que el acontecimiento mereciera ser divulgado. En los telediarios locales el archivo de la causa era despachado en apenas 30 segundos.

Semejante tratamiento informativo, lejos de ser una mera anécdota, refleja de manera reveladora la situación actual de las reivindicaciones que -con tremendo esfuerzo y a contracorriente de las diferentes instituciones “democráticas”- vienen realizando desde hace años las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de todo el Estado. Mal que nos pese, resulta preciso reconocer que el auto del juez Juan José Suárez Ramos, que declara la “prescripción de los delitos objeto de investigación” y dictamina el “sobreseimiento libre y definitivo de las actuaciones”, no ha provocado la más mínima reacción en la sociedad canaria. Ni muestras de rechazo, ni manifestaciones públicas de apoyo a la AMHA -cuyos portavoces han manifestado ya su intención de presentar recurso contra la decisión judicial-. A la vista de los hechos, pues, se podría llegar a la demoledora conclusión de que el sacrificio de quienes, 35 años después de la muerte del dictador, continúan luchando para obtener verdad, justicia y reparación, no se enfrenta solo al rechazo de los herederos y nostálgicos del franquismo, sino también a la indiferencia de una buena parte de nuestro pueblo.

¿Puede explicarse este desinterés apelando exclusivamente a la pervivencia del miedo generado -como instrumento de dominación- por los vencedores de la Guerra Civil, tal y como argumentan algunos? ¿Basta ese factor para comprender por qué, transcurridas varias generaciones, sólo unos pocos desean conocer lo que sucedió realmente en este país durante cuarenta años de dictadura y actuar en consecuencia? En realidad, el propio juez Suárez Ramos se encarga de proporcionar el hilo conductor que permite dar respuesta a estos interrogantes, al fundamentar su decisión en un informe del Ministerio Fiscal que rechaza considerar crímenes de lesa humanidad o genocidio -que nunca prescriben- los cometidos durante la dictadura. Esta figura legal -recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional- comprende las conductas tipificadas como “asesinato, exterminio, deportación, tortura, violación… persecución por motivos políticos, ideológicos… que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Resulta evidente, por tanto, que la tipificación de la Corte Penal Internacional se ajusta perfectamente a las características de la represión ejercida, de manera oficial y oficiosa, durante la dictadura franquista. Sin embargo, en enero de 2008 el Fiscal de la Audiencia Nacional se encargaba de hacer público que este Tribunal no admitiría a trámite la denuncia presentada en 2006 por las Asociaciones de la Memoria Histórica de todo el Estado, basándose -al igual que el juez Juan José Suárez Ramos- en la supuesta prescripción de unos delitos que consideraba “comunes”, así como en la aplicación de la Ley de Amnistía 46/1977.

Ley “de punto final” y pacto de silencio

es los hechos horrendos acaecidos durante la Guerra civil y los cuarenta años de dictadura franquista? Sin duda, la clave para aproximarse a la comprensión de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977 hay que buscarla en aquel célebre “atado y bien atado,” con el que Franco tranquilizó a sus cómplices y secuaces en los días postreros de su vida. Los pactos realizados durante ese periodo -al que la historiografía oficial ha bautizado benévolamente como “La Transición”- garantizaron, mediante esta vía, la impunidad de las “autoridades, funcionarios y agentes del orden público” de la dictadura. Desde personajes como el fundador del PP Manuel Fraga -muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau- o el actual directivo del Grupo PRISA Martín Villa -responsable político de la muerte de centenares de activistas demócratas durante la mentada “transición pacífica a la democracia”-, hasta los brutales ejecutores directos de torturas y crímenes en las comisarías del franquismo quedaron cubiertos por el manto protector de esta “ley de punto final”. Unos años después, las oligarquías latinoamericanas la tomarían como ejemplo a la hora de confeccionar los artificios legales necesarios para eludir su responsabilidad y la de sus sicarios en las dictaduras militares que asolaron este subcontinente. Como había sucedido en España, el asesinato, el secuestro y la tortura de miles de personas fueron borrados de la memoria colectiva, en aras de una supuesta “conciliación nacional”, y las clases hegemónicas de Argentina, Chile o Uruguay pudieron insertarse con absoluta naturalidad en las nuevas “democracias” como si nada hubiera sucedido. En 2008, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendaba al Gobierno español derogar la Ley de Amnistía de 1977. En su informe, el Comité daba por supuesto el hecho de que se habían cometido “crímenes contra la humanidad en su jurisdicción nacional”, denunciando que la amnistía en relación con este tipo de delitos contraviene la Convención de Derechos Políticos y Civiles de 1966, ratificada por España. Al igual que hace de forma recurrente con otras solicitudes de la ONU -como la de terminar con el régimen de aislamiento de los presos o instalar cámaras en las comisarías para prevenir la comisión de torturas- el Ejecutivo Zapatero ha ignorado por completo dicha recomendación.

La Ley de Amnistía que mantiene en vigor el gobierno socialdemócrata, con todo, es solamente una de las expresiones del llamado espíritu de la Transición. Para que la impunidad de los verdugos del franquismo pudiera estar plenamente garantizada, y el nuevo Estado pergeñado por los artífices del “cambio pactado” fuera viable, era preciso también imponer la “desmemoria” y la desmovilización popular. Tal y como ha señalado el politólogo y abogado Joan Garcés en su libro Soberanos e intervenidos, “agotado el Dictador, se procedió a reformar las estructuras del Estado de la Dictadura, no a romper con la obra de ésta”. (1) La operación exigía -aclara en su libro Garcés- aplicar en las recomendaciones de la Comisión Trilateral para “contener la excesiva voluntad de cambio” de los españoles:

“Estos fueron presupuestos de la Constitución de 1978 y de la reforma política que ella inauguraba… La aplicación de los postulados de la Trilateral significó sustituir la movilización en torno de reivindicaciones de soberanía y libertades democráticas por la apatía y la indiferencia… que legitimará la sucesión del franquismo sin alterar las estructuras socio-económicas que lo sustentaban -excepto en lo que facilitara la circulación del capital internacional”. (2)

Conocer la verdadera esencia de lo que sucedió durante esos decisivos años resulta imprescindible para entender por qué las instancias a las que acuden hoy las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, con la esperanza de que les ayuden a hacer Justicia, no cesan de poner piedras en su camino. Actuando de esta manera no protegen sólo a los responsables directos de los crímenes franquistas y sus sucesores. Defienden también una Constitución y un sistema jurídico-político, ideados para garantizar el gatopardista principio de “cambiar algo, para que nada cambie” (3). Las mismas claves permiten comprender, igualmente, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre -conocida impropiamente como “ley de la Memoria Histórica”-, cuya exposición de motivos comienza con una loa al “espíritu de reconciliación, concordia y respeto al pluralismo que guió la Transición”. Esta ley, promovida por el Ejecutivo psocialista de Rodríguez Zapatero, no se aparta un ápice de la intencionalidad y fundamentos que hicieron posible la Ley de Amnistía de 1977. No es extraño, pues, que equipare a las víctimas y a sus verdugos, sin anular siquiera los miles de juicios sumarios celebrados ilegalmente durante la dictadura. Aunque en el ámbito estatal su aprobación por el Parlamento español provocó una lluvia de críticas, en Canarias algunos profesionales del Derecho que pasan por progresistas -como el ex Fiscal General del Estado Eligio Hernández o el letrado José Manuel Rivero (4)- se esforzaron por contemplar “su lado positivo”, contribuyendo así a extender la confusión y la esperanza entre muchos ciudadanos que no cuentan con los elementos necesarios para realizar una traducción adecuada de determinadas disposiciones legales. En cualquier caso, la propia evolución de los acontecimientos -con el esclarecedor auto del juez Juan José Suárez Ramos como último y significativo episodio- ha venido a colocar a la “Ley de la Memoria Histórica” del Ejecutivo socialdemócrata, y a quienes defendieron sus excelencias, en el lugar político que les corresponde.



Notas y referencias bibliográficas:

(1) Garcés, Joan E. “Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles”. El postfranquismo y la guerra fría. Siglo Veintiuno de España Editores. Pág. 181.

(2) Ibídem. Pág. 178.

(3) A título de ilustrativo ejemplo basta señalar que el Tribunal ante el que las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica presentaban – en 2006- la primera denuncia judicial sobre los desaparecidos del franquismo y la Guerra Civil, la Audiencia Nacional, es un tribunal político de excepción heredero directo del franquista TOP. Ver “La Audiencia Nacional: un tribunal político heredado del franquismo”.

(4) En sucesivas intervenciones públicas, Eligio Hernández -ex Fiscal General del Estado en los años calientes del terrorismo de los GAL- defendió la Ley 52/2007, esgrimiendo -a falta de razones y argumentos pertinentes- la opinión expresada por su colega José Manuel Rivero, según el cual, teniendo en cuenta el reaccionario contexto internacional en el que ésta fue promulgada podíamos sentirnos más que satisfechos con lo conseguido. El vídeo correspondiente a la intervención de Hernández fue publicado en su momento por Canarias-semanal.com.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98904

Madrid: IU pide que cambien el nombre del Arco de la Victoria y retiren sus inscripciones
Europa Press, 18-01-2010 - 19 Enero 2010 Exige actuar a Ayuntamiento y Comunidad



MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Madrid solicitará al Ayuntamiento de la capital, a la Dirección del Patrimonio de la Comunidad de Madrid y al Estado que inicien los trámites necesarios para cambiar el nombre del Arco de la Victoria y retirar sus inscripciones, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

IU presentará una moción en este sentido en el Pleno del distrito de Moncloa-Aravaca que se celebrará el miércoles. En concreto, instan a la Presidencia de la Junta, que recae en el edil Álvaro Ballarín, a que se urja al área de Urbanismo y a “otras administraciones o instituciones competentes” a cambiar el nombre del monumento y de la avenida del Arco de la Victoria, que comienza en el mismo.

Además, solicitan que las inscripciones que figuran en ambos lados del friso sean eliminadas y sustituidas por otras “más acordes con los tiempos actuales”. Ambas peticiones se inscriben en el cumplimiento del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica.

Sin embargo, fuentes municipales aseguraron a Europa Press que la propiedad del Arco, que está considerado Bien de Interés Cultural (BIC) recae sobre la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que es la que deberá decidir cómo proceder, teniendo en cuenta los informes que deberán emitir las autoridades de Patrimonio al respecto.

EL ARCO

El Arco de la Victoria combina la retórica monumental de los tradicionales arcos de triunfo de regusto imperial con cierta estética cercana a la añoranza de la megalomanía de las grandes obras del Imperio Romano, la austeridad de su plástica neoclásica y un paradójico toque de sequedad en lo arquitectónico que enmascara el mensaje de los discursos ideológicos soportados en los elementos iconográficos, ornamentales y escultóricos del conjunto.

Así, la estructura se componía de un arco de medio punto romano y una estatua ecuestre de Franco sobre un pedestal, ambos sobre una plataforma longitudinal de base rectangular, adaptada con estudiados niveles escalonados para salvar los incidentes topográficos del lugar, aunque finalmente la estatua ecuestre no se colocaría en este ámbito sino en el patio de entrada al Ministerio de la Vivienda.

La puerta es de un solo ojo y apoya sobre dos densos cuerpos prismáticos de sección rectangular, a modo de recios aunque esbeltos pilares. Ambos cuerpos, accesibles desde los frentes laterales interiores por pequeñas puertas en arco, encierran sendos vestíbulos en planta baja a partir de los cuales se desarrollan dos escaleras de mármol de seis rellanos y dos ascensores que conducen a la sala central superior, donde se depositó la maqueta de la Ciudad Universitaria, y para la cual se planearon unos frescos que no se ejecutarían.

Dos reducidas escaleras laterales ascienden a la planta superior, donde se instaló la Cuádriga de Minerva que corona el arco, mientras el resto de la ornamentación escultórica consiste en un friso con 34 figuras de carácter alegórico y disposición simétrica. En los laterales hay una figura central, una Victoria alada en uno y una figura femenina sedente en el otro con representaciones a ambos lados de tres matronas y de guerreros con armas en actitud de saludo.

Por su parte, los frentes principales a La Moncloa y a la Ciudad Universitaria muestran diez figuras a ambos lados de sendas lápidas centrales, con inscripciones realizadas en caracteres metálicos, en mayúsculas y en latín alusivas al triunfo de las Armas y las Letras.

En concreto, la que mira hacia la Ciudad Universitaria reza ‘A los ejércitos, aquí victoriosos / la inteligencia / que siempre es vencedora / dedico este monumento’, mientras en el frente hacia La Moncloa se lee la inscripción ‘Fundada por la generosidad del Rey / Restaurada por el Caudillo de los Españoles / La sede de los estudios matritenses / florece en la presencia de Dios’.

Asimismo, en sendos laterales del arco hay unos medallones formados por coronas de laurel llevan en números romanos las fechas inscritas del comienzo y final de la guerra civil, así como las del comienzo e inauguración oficial prevista de la renovada Ciudad Universitaria.

El arco, construido en granito, hormigón y caliza, y chapado en bronce y cobre, mide 39 metros de alto por 32 de ancho y diez de fondo, y la cuádriga añade otros cinco metros al conjunto. Además, el basamento tiene unas dimensiones de 130 por 42 metros.

HISTORIA DE SU CONSTRUCCIÓN

El Arco de la Victoria, construido en 1942, es una puerta triunfal ubicada en el entorno de la Ciudad Universitaria que promovió el ministro Ibáñez Martín para dedicar a Francisco Franco y al Ejército victorioso de la Guerra Civil Española, al ubicarse en una de las últimas líneas de frente de la contienda.

Durante varios años, el proyecto estuvo estancado tanto por cuestiones presupuestarias como por las derivadas de la remodelación de la avenida de acceso a la ciudad por La Moncloa, pero pronto se retomó en respuesta ‘patriótica’ ante el contexto internacional de aislamiento al que las potencias extranjeras sometieron a España, según informa la web municipal Monumentamadrid y recoge Europa Press.

No obstante, cuando se reinició su construcción entre 1945 y 1946, coincidiendo con la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, se atemperó el espíritu ideológico y se decidió que el Arco conmemorara también la construcción de la misma a auspicios del rey Alfonso XIII, así como su reconstrucción y ampliación en la posguerra.

El proyecto del Arco, primero del mundo sobre el escenario del campo de batalla, concluyó en mayo de 1949 y la cimentación comenzó en 1950. Cinco años más tarde concluyeron las obras y aunque la inauguración oficial estaba prevista para el 18 de julio de 1956, coincidiendo con el vigésimo aniversario del alzamiento contra la República, nunca llegó a realizarse.

Las recientes obras de ampliación del intercambiador de Moncloa han supuesto intervenciones de gran envergadura técnica en las inmediaciones de los terrenos de fundación del Arco.

MEMORIA HISTÓRICA

El pasado 4 de enero, el Ministerio de Defensa comenzó las obras para tapar la placa de mármol que homenajea al dictador Francisco Franco en la fachada del Cuartel General del Aire, muy cerca del Arco de la Victoria, cubriéndolo con un escudo constitucional con el objetivo de cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica.

Así, los trabajos deberían estar terminados a finales del mes de enero. La opción de tapar el homenaje con una lápida con el escudo constitucional se debe a la situación de la placa, en lo alto de la fachada del cuartel, que hizo imposible retirarla. Además, el epitafio ‘Francisco Franco. Caudillo de España’ será borrado, y sólo se respetará la fecha –en cifras romanas– porque es la que señala el año de construcción del edificio.

Asimismo, el Ministerio ha ordenado la eliminación de dos ‘vítores’ franquistas –letras ‘v’ con las que se exaltaban las victorias fascistas– que se encuentran en la fachada del cuartel.

Madrid: IU pide que cambien el nombre del Arco de la Victoria y retiren sus inscripciones
Europa Press, 18-01-2010 - 19 Enero 2010 Exige actuar a Ayuntamiento y Comunidad



MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Madrid solicitará al Ayuntamiento de la capital, a la Dirección del Patrimonio de la Comunidad de Madrid y al Estado que inicien los trámites necesarios para cambiar el nombre del Arco de la Victoria y retirar sus inscripciones, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

IU presentará una moción en este sentido en el Pleno del distrito de Moncloa-Aravaca que se celebrará el miércoles. En concreto, instan a la Presidencia de la Junta, que recae en el edil Álvaro Ballarín, a que se urja al área de Urbanismo y a “otras administraciones o instituciones competentes” a cambiar el nombre del monumento y de la avenida del Arco de la Victoria, que comienza en el mismo.

Además, solicitan que las inscripciones que figuran en ambos lados del friso sean eliminadas y sustituidas por otras “más acordes con los tiempos actuales”. Ambas peticiones se inscriben en el cumplimiento del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica.

Sin embargo, fuentes municipales aseguraron a Europa Press que la propiedad del Arco, que está considerado Bien de Interés Cultural (BIC) recae sobre la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que es la que deberá decidir cómo proceder, teniendo en cuenta los informes que deberán emitir las autoridades de Patrimonio al respecto.

EL ARCO

El Arco de la Victoria combina la retórica monumental de los tradicionales arcos de triunfo de regusto imperial con cierta estética cercana a la añoranza de la megalomanía de las grandes obras del Imperio Romano, la austeridad de su plástica neoclásica y un paradójico toque de sequedad en lo arquitectónico que enmascara el mensaje de los discursos ideológicos soportados en los elementos iconográficos, ornamentales y escultóricos del conjunto.

Así, la estructura se componía de un arco de medio punto romano y una estatua ecuestre de Franco sobre un pedestal, ambos sobre una plataforma longitudinal de base rectangular, adaptada con estudiados niveles escalonados para salvar los incidentes topográficos del lugar, aunque finalmente la estatua ecuestre no se colocaría en este ámbito sino en el patio de entrada al Ministerio de la Vivienda.

La puerta es de un solo ojo y apoya sobre dos densos cuerpos prismáticos de sección rectangular, a modo de recios aunque esbeltos pilares. Ambos cuerpos, accesibles desde los frentes laterales interiores por pequeñas puertas en arco, encierran sendos vestíbulos en planta baja a partir de los cuales se desarrollan dos escaleras de mármol de seis rellanos y dos ascensores que conducen a la sala central superior, donde se depositó la maqueta de la Ciudad Universitaria, y para la cual se planearon unos frescos que no se ejecutarían.

Dos reducidas escaleras laterales ascienden a la planta superior, donde se instaló la Cuádriga de Minerva que corona el arco, mientras el resto de la ornamentación escultórica consiste en un friso con 34 figuras de carácter alegórico y disposición simétrica. En los laterales hay una figura central, una Victoria alada en uno y una figura femenina sedente en el otro con representaciones a ambos lados de tres matronas y de guerreros con armas en actitud de saludo.

Por su parte, los frentes principales a La Moncloa y a la Ciudad Universitaria muestran diez figuras a ambos lados de sendas lápidas centrales, con inscripciones realizadas en caracteres metálicos, en mayúsculas y en latín alusivas al triunfo de las Armas y las Letras.

En concreto, la que mira hacia la Ciudad Universitaria reza ‘A los ejércitos, aquí victoriosos / la inteligencia / que siempre es vencedora / dedico este monumento’, mientras en el frente hacia La Moncloa se lee la inscripción ‘Fundada por la generosidad del Rey / Restaurada por el Caudillo de los Españoles / La sede de los estudios matritenses / florece en la presencia de Dios’.

Asimismo, en sendos laterales del arco hay unos medallones formados por coronas de laurel llevan en números romanos las fechas inscritas del comienzo y final de la guerra civil, así como las del comienzo e inauguración oficial prevista de la renovada Ciudad Universitaria.

El arco, construido en granito, hormigón y caliza, y chapado en bronce y cobre, mide 39 metros de alto por 32 de ancho y diez de fondo, y la cuádriga añade otros cinco metros al conjunto. Además, el basamento tiene unas dimensiones de 130 por 42 metros.

HISTORIA DE SU CONSTRUCCIÓN

El Arco de la Victoria, construido en 1942, es una puerta triunfal ubicada en el entorno de la Ciudad Universitaria que promovió el ministro Ibáñez Martín para dedicar a Francisco Franco y al Ejército victorioso de la Guerra Civil Española, al ubicarse en una de las últimas líneas de frente de la contienda.

Durante varios años, el proyecto estuvo estancado tanto por cuestiones presupuestarias como por las derivadas de la remodelación de la avenida de acceso a la ciudad por La Moncloa, pero pronto se retomó en respuesta ‘patriótica’ ante el contexto internacional de aislamiento al que las potencias extranjeras sometieron a España, según informa la web municipal Monumentamadrid y recoge Europa Press.

No obstante, cuando se reinició su construcción entre 1945 y 1946, coincidiendo con la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, se atemperó el espíritu ideológico y se decidió que el Arco conmemorara también la construcción de la misma a auspicios del rey Alfonso XIII, así como su reconstrucción y ampliación en la posguerra.

El proyecto del Arco, primero del mundo sobre el escenario del campo de batalla, concluyó en mayo de 1949 y la cimentación comenzó en 1950. Cinco años más tarde concluyeron las obras y aunque la inauguración oficial estaba prevista para el 18 de julio de 1956, coincidiendo con el vigésimo aniversario del alzamiento contra la República, nunca llegó a realizarse.

Las recientes obras de ampliación del intercambiador de Moncloa han supuesto intervenciones de gran envergadura técnica en las inmediaciones de los terrenos de fundación del Arco.

MEMORIA HISTÓRICA

El pasado 4 de enero, el Ministerio de Defensa comenzó las obras para tapar la placa de mármol que homenajea al dictador Francisco Franco en la fachada del Cuartel General del Aire, muy cerca del Arco de la Victoria, cubriéndolo con un escudo constitucional con el objetivo de cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica.

Así, los trabajos deberían estar terminados a finales del mes de enero. La opción de tapar el homenaje con una lápida con el escudo constitucional se debe a la situación de la placa, en lo alto de la fachada del cuartel, que hizo imposible retirarla. Además, el epitafio ‘Francisco Franco. Caudillo de España’ será borrado, y sólo se respetará la fecha –en cifras romanas– porque es la que señala el año de construcción del edificio.

Asimismo, el Ministerio ha ordenado la eliminación de dos ‘vítores’ franquistas –letras ‘v’ con las que se exaltaban las victorias fascistas– que se encuentran en la fachada del cuartel.

Ante el segundo aniversario de la "Ley de la memoria"

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El 27 de diciembre de 2007 fue publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 310 el texto de lo que dimos en llamar "Una ley aberrante". A dos años de su promulgación no cabe más que ratificarse en esa calificación.

La cuestión central en relación con la "Ley de la memoria" es que no reconoce jurídicamente a las víctimas del franquismo: no sólo a las de la Guerra Civil, sino a las de todo el periodo dictatorial. Tampoco reconoce las víctimas españolas de la II Guerra Mundial, ni las que lucharon en los ejércitos aliados, ni las que fueron exterminadas en los campos nacionalsocialistas, como por ejemplo los españoles republicanos exterminados en el campo de Mauthausen.

La ley aprobada en 2007 implica el reconocimiento de la legalidad franquista y tiene una manifiesta voluntad de servir de defensa de esa legalidad al plantear la igualación de víctimas y victimarios, o sea, de los responsables de una serie crímenes graves bajo el derecho internacional.

Esta Ley ignora las Resoluciones 32(1) y 39(1) de la Asamblea General de la ONU (aprobadas en 1946), que proclamaron que el Régimen de Franco fue "fundado con el apoyo de las Potencias del Eje", y que "En origen, naturaleza, estructura y conducta general, es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini". Ésta es la única definición con valor jurídico en derecho internacional existente y la Ley de la memoria la oculta, utilizando definiciones sin valor jurídico alguno.

Esta Ley desconoce intencionadamente la resolución 95 (I) de la Asamblea General de la ONU, así como la jurisprudencia comparada europea en cuanto a las víctimas provocadas por los Países del Eje, es decir, las provocadas por el fascismo y el nacionalsocialismo, y también la jurisprudencia directamente relacionada con el tratamiento jurídico a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

El artículo 3 de la Ley proclama la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas aceptando, por ende, su legalidad y, como dijimos en un comunicado de 14 de agosto de 2007, esta postura doctrinal retrotraía la discusión al año 1930 en que los conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de dejar sin efecto el del Código Penal de 1928, conocido como "Código de Primo de Rivera", y que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928. Su propuesta fue aprobada por mayoría del Colegio de Abogados de Madrid. La ponencia en cuestión afirmaba expresamente que "El Código penal gubernativo, impuesto por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más rotundo vicio de ilegalidad".

En aquella oportunidad el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un largo artículo publicado el 15 de abril de 1930 en el diario "La Nación" de Madrid y titulado: "Lo del Colegio de Abogados: un abuso de la mayoría", explica en forma extensa por qué dicho código puede ser ilegítimo, pero es legal, postura que defendió en la mencionada Asamblea del Colegio de Abogados de Madrid.

Un año después, el 15 de abril de 1931, el Gobierno de la II República, entre los primeros actos legislativos que acomete, promulga un Decreto aparecido en la Gaceta de 16 de abril de ese mismo año, "Disponiendo quede anulado sin ningún valor ni efecto el titulado Código Penal de 1928, como igualmente los titulados Decretos-leyes de la Dictadura que establecieron o modificaron definición de delitos o fijación de penas".

Con los mismos argumentos defendidos por Luis Jiménez de Asúa en 1930, cuando afirmaba que el Código Penal de 1928 era "de ilegítima procedencia, [y por lo tanto gozaban] del más rotundo vicio de ilegalidad", consideramos que deben analizarse las leyes franquistas y, por lo tanto, rechazamos expresamente el criterio de que son "ilegítimas" pero "legales", en cuanto, como hemos dicho, es un criterio claramente reaccionario y que repugna a cualquier doctrina política y jurídica democrática.

Se trata por tanto de una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.

Es por ello que en el segundo aniversario de su promulgación nos vemos obligados, por imperativo ético, a declarar que la denominada "ley de la memoria" es nula de pleno derecho e insalvablemente ilegal.

11 de enero de 2010

Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor

Ana Vieitez, Presidenta de AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo)

Dolores Cabra, Secretaria General de la Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio)

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Adhesiones

Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: Coliche, Logroño, La Rioja
Ateneo Republicano de Valladolid.
Ateneo Republicano de Galicia - ARGA

El Gobierno estudia conservar la estatua de Franco en La Legión en Melilla
Según ha podido saber la SER, Cultura analiza si la estatua ecuestre de Franco en el Tercio de La Legión en Melilla puede ser una excepción a la ley por motivos históricos y culturales
MARIELA RUBIO (CADENA SER) 10-01-2010

El Ministerio de Defensa, que ha eliminado más de 300 símbolos franquistas de sus dependencias, ha pedido a Cultura que dictamine si la efigie de Franco en el Tercio Gran Capitán de la legión en Melilla puede ser una excepción a la Ley de Memoria Histórica.

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La retirada de símbolos militares franquistas en cifras

AUDIOS: Entrevista a asociaciones de víctimas del franquismo
oir llévatelo Comienzan las obras para retirar la placa franquista del Cuartel General del Aire
El Supremo admite la querella de Falange contra Garzón por el caso de las fosas
De los cerca de 420 vestigios franquistas catalogados por el departamento de Carme Chacón, la mayoría en dependencias del Ejército de Tierra, 328 han sido ya retirados de las dependencia militares y, según fuentes del Ministerio, se prevé que resto de los símbolos hayan sido eliminados antes del mes de Febrero.

Defensa ya ha ordenado la retirada de las estatuas de Franco en el Arsenal de Ferrol y la Capitanía de Valencia (de propiedad municipal pero que Defensa mantenía en depósito) y esta semana han comenzado los trabajos para eliminar la placa franquista del Cuartel General del Ejército del Aire en Madrid, al igual que se ha hecho ya con el escudo preconstitucional de la Capitanía de Barcelona.

Pero el catálogo de símbolos en instalaciones militares, ha planteado dudas sobre la conveniencia de retirar algunos de ellos por razones culturales, históricas o artísticas. Por ello, Defensa ha decidido someter doce símbolos a la consideración de los técnicos del Ministerio de Cultura para que determinen si efectivamente es procedente sustituirlos o si entran dentro de la categoría de excepciones a preservar.

Una posibilidad contemplada en la ley de Memoria Histórica para aquellos elementos que tengan un especial significado histórico o artístico, o bien que concurran en ellos criterios técnicos que aconsejen su conservación.

El caso más destacado de estos doce símbolos es la estatua ecuestre de Franco en el Tercio de La legión en Melilla. La efigie de bronce, está situada en el patio del acuartelamiento "Millán Astray" donde se encuentra ubicado el Tercio Gran Capitán.

Según fuentes del Ministerio de Defensa además de las razones históricas y culturales que han motivado la consulta a los expertos, se da la circunstancia de que la retirada de la efigie es técnicamente compleja, ya que requeriría tirar abajo el cerramiento del patio central donde se encuentra.

Cultura emitirá un dictamen sobre la estatua

Ahora la comisión emitirá un dictamen técnico evaluando, si la estatua de Franco exalta la sublevación militar que germinó en esa plaza, y por lo tanto procede su retirada, o si la figura del Franco cofundador de La Legión que combatió en las campañas contra los rifeños, justifica su conservación. Aunque el dictamen no será vinculante y la decisión final habrá de adoptarla Defensa, fuentes del departamento de Chacón aseguran que la intención del Ministerio es proceder de acuerdo con el criterio de los expertos.

Además de la estatua de Franco en la legión de Melilla, cultura deberá pronunciarse sobre otros ocho símbolos franquistas que defensa considera a priori que podían ser excepciones a la ley por razones artísticas o por criterios técnicos: siete escudos preconstitucionales integrados en edificios militares protegidos en Melilla, Valencia, Santander, Lanzarote y Tuy, así como la vidriera con símbolos preconstitucionales en la Agrupación de Apoyo Logístico de Valladolid.

Los expertos ya se han pronunciado sobre tres símbolos "dudosos"

Los técnicos de Cultura ya se ha pronunciado sobre tres de los doce símbolos que Defensa sometió a consulta: sobre el mástil del "Cañonero Dato" que acompaña al monolito con las huellas del dictador en los terrenos militares del Monte Hacho en Ceuta, Cultura ha recomendando retirar las huellas y llevar el resto de símbolos al museo militar de Ceuta.

Sobre el escudo franquista de la Inspección de Barcelona, los técnicos han propuesto que sea tapado por otro con el emblema constitucional. En el caso del escudo del Acuartelamiento de Son Simonet en Mallorca Cultura ha considerado adecuado que sea eliminado por no tener en realidad valor artístico.
Defensa ordena retirar la estatua de dictador del Arsenal de Ferrol
La estatua ecuestre de Francisco Franco en el Arsenal Militar de Ferrol, con más de seis metros de altura y casi seis toneladas de peso, fue retirada el 4 de julio de 2002 de la Plaza de España de la ciudad bajo el mandato del gobierno local del BNG.

La estatua, fue ubicada en el Patio de Poniente de Herrerías del Arsenal como "depósito" del ayuntamiento, ya que el entonces Ministerio de Federico Trillo decidió "acogerla". Está situada al fondo de la plaza que da acceso tanto al Museo Naval como al Museo de la Exposición Naval.

El pasado mes de diciembre, Defensa informó al ayuntamiento de Ferrol de que procedería a su retirada por lo que dado que la estatua es en realidad de titularidad municipal el ayuntamiento ha de pronunciarse sobre el destino final de la efigie. Al igual que ocurre con el caso de la estatua de Franco en la Capitanía de Valencia, la opción que se baraja es que se incluya en una colección museística.

La efigie de bronce, representa al caudillo pasando revista a las tropas en el Desfile de la Victoria y se encuentra sobre un pedestal, acompañada de la placa con la que contaba en la plaza de España y en la que se recoge el "testamento político de Franco".

La retirada de símbolos militares franquistas en cifras
SÍMBOLOS FRANQUISTAS CATALOGADOS: 427

-Ministerio de Defensa y organismos dependientes: 124

-Ejército de Tierra: 239

-Armada: 43

-Ejército del Aire: 21

SIMBOLOS FRANQUISTAS RETIRADOS: 328

-Ministerio de Defensa y organismos dependientes: 124 retirados (La totalidad)

-Ejército de Tierra: 150 retirados (80 en ejecución)

-Armada: 38 retirados (2 en ejecución)

-Ejército del Aire : 16 retirados (5 en ejecución)

SIMBOLOS FRANQUISTAS CON EXPEDIENTES REMITIDOS A CULTURA: 12

-En estudio: 9

-Dictaminados y la espera de ser retirados: 3

Burgos: Las placas conmemorativas de Franco y Mola ya han sido retiradas de Capitanía
Radio Arlanzón / Público, 12-01-2009 - 12 Enero 2010 Las placas conmemorativas que durante más de 70 años han recordado la implicación de ambos generales con la ciudad han sido retiradas esta misma mañana





Radio Arlanzón

Burgos: Las placas conmemorativas de Franco y Mola ya han sido retiradas de Capitanía

Las placas conmemorativas que durante más de 70 años han recordado la implicación de ambos generales con la ciudad han sido retiradas esta misma mañana

- Información Local -El Palacio de Capitanía de Burgos cumple ya con la Ley de la Memoria Histórica. Las placas conmemorativas que durante más de 70 años han recordado la implicación de los generales Francisco Franco y Emilio Mola con la ciudad han sido retiradas esta misma mañana, y sustituidas por dos nueva placas transparentes en las que se recuerda el origen de este importante edificio burgalés y su trayectoria histórica.

Así lo ha confirmado la subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, quien ha recordado que la decisión, tomada por el Ministerio de Defensa, responde a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, en lo que se refiere a la retirada de los símbolos del Franquismo de los edificios públicos. Tricio desconoce el destino de las placas con las inscripciones de Franco y Mola.

http://www.radioarlanzon.com/modules.php?name=News&file=article&sid=27694

70 fosas rescatadas del olvido
Aranzadi descubre a través de cien fotos las exhumaciones realizadas durante los diez últimos años.- Refleja su faceta científica y humana
A. CASTELLS - San Sebastián - 11/01/2010

Emilio Silva fue el primer desaparecido de la Guerra Civil identificado con métodos científicos. Su cuerpo fue exhumado en 2000 en Villafranca del Bierzo con la colaboración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Diez años después, la sociedad recoge en la exposición itinerante Exhumando fosas, recuperando dignidades, el trabajado que ha realizado durante este tiempo en más de 70 fosas repartidas por la geografía española.

La muestra fue inaugurada ayer en el teatro Usurbe de Beasain, donde permanecerá hasta el próximo día 31. Después visitará Aretxabaleta, Bergara, San Sebastián y Hernani y espera que, más adelante viaje a otras comunidades autónomas.

La exposición recoge cerca de 100 fotografías seleccionadas entre las 19.000 imágenes captadas por quienes han intervenido de una u otra manera en las exhumaciones. Desde los familiares hasta los forenses.

Y se estructuran en cuatro bloques temáticos. Las personas pone cara a quienes, desde diferentes asociaciones, promocionan la recuperación de la memoria, a los vecinos que, con su testimonio, ofrecen información que permite encontrar las fosas y a los familiares de los fallecidos. A estos últimos, la exposición le dedica el apartado más amplio.

Todo el proceso de excavación, desde las prospecciones hasta la limpieza de los restos, puede verse en La fosa, mientras que para conocer el trabajo de investigación, que llevan a cabo antropólogos y forenses para identificar los restos y las causas de la muerte, el visitante debe acercarse a El Laboratorio.

La entrega de los restos a los familiares y los enterramientos que, habitualmente, se realizan en actos públicos cargados de emotividad, quedan perfectamente reflejados en las imágenes de la sección denominada El homenaje.

"Hay imágenes de familiares directos. En concreto, hay una señora que me llama mucho la atención. Con 90 y tantos años fue a la exhumación de su marido, a quien mataron cuando tenía 25. Había estado toda la vida sin saber dónde estaba, sin tenerlo bien enterrado", comenta Pilar Cobo, coordinadora de la exposición.

El forense Paco Etxeberria, director de Antropología de Aranzadi, es una de las personas que lidera, desde sus inicios, estos trabajos que pretenden rescatar la memoria histórica. No pudo acudir ayer a la inauguración de la exposición al encontrarse en Chile, pero, recientemente explicaba la razón de estas exhumaciones. "Aunque estemos exhumando fosas, en realidad estamos recuperando dignidadades. Lo que hay ahí dentro no es un objeto, es una persona que tenía una identidad, unos sentimientos, unos ideales y fue tratada injustamente: una cuando le mataron y otra en el tratamiento que le había dado la historia", señala.

Barberá sugiere exhibir la estatua de Franco en un museo
La escultura, de propiedad municipal, está en Capitanía, que debe retirarla
LIDIA MASERES - Valencia - 09/10/2009

Desde 1983, una estatua ecuestre del dictador Francisco Franco, de propiedad municipal, se impone en el patio de la antigua Capitanía General de Valencia, un edificio del Ministerio de Defensa. A pesar de que la Ley de la Memoria Histórica dice que las administraciones públicas tienen que retirar los símbolos franquistas de los edificios públicos, el Ayuntamiento de Valencia todavía no ha actuado en los suyos ni se ha interesado por la devolución de la estatua de Franco. Ahora, Defensa pretende que antes de final de año desaparezcan de sus cuarteles todos los objetos de exaltación de la dictadura. "Ni idea", afirmó ayer la alcaldesa, Rita Barberá, sobre esta decisión del ministerio.

La estatua se retiró hace 26 años de la plaza del Ayuntamiento y se depositó en la Capitanía General. Barberá manifestó que nadie se había puesto aún en contacto con el equipo de gobierno del PP. Mientras el ministerio busca borrar las huellas del franquismo, Barberá sugirió otro destino para la estatua: "Si se la devuelven a la ciudad, pues se guardará en un museo, o no sé".

La alcaldesa aseguró que, en todo caso, si el traslado implica un coste, no será el consistorio el que lo asuma: "Como pretendan que lo pague yo, lo tienen claro. Lo tendrá que pagar el Ministerio de Defensa".

http://www.elpais. com/articulo/ Comunidad/ Valenciana/ Barbera/sugiere/ exhibir/estatua/ Franco/museo/ elpepuespval/ 20091009elpval_ 7/Tes

El sindicato CGT exige que no se entregue a los colectivos franquistas el listado de víctimas republicanas
ZARAGOZA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT) exige a la Audiencia Nacional que no entregue a los colectivos franquistas el listado de víctimas republicanas del franquismo, informan en una nota. CGT podría iniciar acciones legales si se produce la filtración.

CGT se hace así eco de la información según la cual las "asociaciones defensoras del régimen franquista" que demandaron al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo (TS) por prevaricación en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra el franquismo por crímenes de lesa humanidad, presuntamente, parecen haber tenido acceso a las bases de datos y listados de las víctimas desaparecidas (más de 143.000) entregadas por las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y por la CGT.

CGT, como organización personada en el procedimiento ante la Audiencia Nacional para demostrar, con datos concretos de personas desaparecidas, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante décadas por el régimen franquista, presentará este próximo lunes ante el juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional y ante la sala 2 del Tribunal Supremo, sendas peticiones formales por escrito para que estos listados no sean entregados de ninguna manera a estas asociaciones pro franquistas, al no existir autorización expresa al respecto y no tener derecho a ello al tratarse de asociaciones no personadas en la causa abierta en la Audiencia Nacional.

Así mismo, CGT presentará escrito ante la Agencia de Protección de Datos solicitando su intervención y su dictamen sobre las posibles negligencias cometidas en caso de que estos listados de víctimas se hayan hecho públicos o se hayan entregado a esas asociaciones que abiertamente hacen apología del franquismo.

CGT reclama que se guarde el secreto procedimental y que los listados no se entreguen a otras asociaciones no personadas ante la Audiencia Nacional. También, guardar en secreto el nombre y la identidad de las víctimas porque "no se puede atentar contra la intimidad y la confidencialidad de los datos personales".

También solicitan que se diferencie "muy claramente" la causa presentada contra Garzón y la causa presentada contra los crímenes del franquismo, "siendo totalmente innecesario que los listados de víctimas del franquismo se puedan usar impunemente para que ciertos grupos y asociaciones presenten su demanda contra el juez".

Para CGT, este tipo de hechos representa, una vez más, "la injusticia que tradicionalmente se viene cometiendo contra las víctimas, contra el sufrimiento de sus familiares, contra las asociaciones y organizaciones vinculadas ideológicamente con esas víctimas".

Según el sindicato, "estamos ante una prueba más de la dependencia que nuestro sistema democrático sigue manteniendo con el pasado régimen". CGT considera que "esta democracia sigue teniendo una asignatura pendiente, la de no haber hecho justicia con el pasado, no ha buscado la verdad, no ha asumido la búsqueda de las miles y miles de personas desaparecidas, no ha anulado las sentencias judiciales franquistas, no está permitiendo la inscripción en el registro civil de las miles de personas desaparecidas".

Defensa no cumple con Franco
Las Provincias, 2-10-2010 - 4 Enero 2010 El Gobierno anunció la retirada de la estatua de Capitanía para diciembre



02.01.10 – A. RALLO | VALENCIA

El Gobierno no ha cumplido su compromiso. El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, anunció que en diciembre no quedarían símbolos franquistas en los acuartelamientos valencianos. Hoy, 2 de enero, la estatua ecuestre del dictador, que en su día presidió la plaza del Ayuntamiento, sigue presente en uno de los patios interiores de Capitanía.

El Ministerio de Defensa, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, comunicó al Ayuntamiento el pasado 27 de noviembre que iba a retirar la estatua. La escultura forma parte de un catálogo de más de 300 referencias que Defensa debe eliminar de sus dependencias en toda España.

El Gobierno instó al Consistorio a que decidiera que pretendía hacer con el monumento, ya que este es propiedad municipal. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no tardó en responder. La responsable rechazó el ofrecimiento del Ministerio. Barberá esgrimió que hace más de 25 años se acordó que su destino final sería un museo militar. Y, de momento, no han variado los planes.

Esto se produjo el 27 de abril de 1979, cuando se aprobó por unanimidad en el pleno la moción de quitar los símbolos franquistas de Valencia. El por entonces alcalde, Fernando Martínez Castellano, explicó que fue un acuerdo tomado por unanimidad, sin negociación previa con el estamento militar. Fue finalmente en 1983, con Ricard Pérez Casado en la alcaldía, cuando el monumento desapareció de la vía pública.

Desde el Ministerio siguen trabajando en dos ámbitos. Por un lado, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, técnicos de Defensa han estado recientemente en el acuartelamiento tomando medidas de la estatua. El monumento, realizado en bronce, mide unos siete metros de altura y pesa varias toneladas de peso. Este estudio preliminar permitirá decidir la mejor opción para sacar la estatua del complejo castrense.

Fuentes militares dudaron en su día de que fuera posible trasladar el monumento a través de la puerta principal. Además, también existe la dificultad de salvar el patio interior donde permanece. Cuando se llevó a este lugar no se presentaron problemas. Unas obras en el acuartelamiento hicieron posible que se introdujera sin complicaciones.

Ahora todo ha cambiado. Por eso no se descarta que se tenga que utilizar una grúa para cumplir con la normativa. Esta fue la decisión que se adoptó, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, con la retirada del monumento franquista de la Academia. El Ministerio de Defensa no ha querido entrar en polémicas y, de momento, no ha aclarado quién deberá pagar el coste de este traslado.

Pero, además, conociendo las medidas exactas del monumento se comprobará si existe espacio en el museo histórico militar de Valencia, ubicado en la calle General Gil Dolz, para depositar allí la estatua. Esta parece ser la opción prioritaria para encontrar un hueco al dictador. En caso contrario, se buscaría algún almacén.

La estatua es obra del arquitecto valenciano José Capuz, quien recibió el encargo del Régimen. Existen otras tres réplicas de la misma figura.

Asociaciones piden al TS que informe sobre medidas para preservar a víctimas



Varias asociaciones de Memoria Histórica y familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo han solicitado al Tribunal Supremo (TS) que les informe sobre las medidas adoptadas para preservar el secreto de los datos de las víctimas en la causa en la que investiga al juez Baltasar Garzón.

Así se solicita al presidente de la Sala Segunda del TS en un escrito presentado hoy en el Alto Tribunal por el letrado Fernando Magán, y en el que se asegura que "personas que han amparado dichos crímenes y/o su impunidad han solicitado tener acceso a dicha información".

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene pendiente en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad por su actuación en el caso de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.

Ya el pasado 4 de diciembre las asociaciones de Memoria Histórica solicitaron a Garzón que el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad no tuvieran acceso a los datos de las víctimas que figuran en la causa.

El abogado Fernando Magán indicaba entonces que a través de los medios de comunicación se había conocido que "asociaciones públicamente identificadas con victimarios de la dictadura franquista (Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad -que se han querellado contra Garzón por prevaricación-) habrían promovido" el tener acceso a la causa.

En el escrito presentado hoy ante el Supremo se insiste en recordar que en la causa figura información de carácter personal de decenas de miles de personas víctimas de delitos de lesa humanidad.

Por ello, solicitan información sobre las medidas que se han adoptado para preservar el secreto de dichos datos respecto de "seguidores, defensores o que se identifican con valores y actos de la Cruzada, el Movimiento Nacional o el franquismo", que ejercitan la acusación en la causa contra Garzón.