Más de 60 asociaciones de Memoria Histórica presentaron ayer en La Moncloa un escrito en el que piden al Gobierno que modifique la actual ley en su apartado sobre desaparecidos del franquismo. Miguel Ángel Rodríguez, uno de sus redactores, resume así sus pretensiones: "Que sea el Estado, y no las familias, el que asuma las labores de identificación y exhumación de las víctimas".

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO


La legislación vigente, aprobada el 31 de octubre de 2007, dice que las Administraciones subvencionarán y colaborarán en las tareas de localización de las fosas comunes, "tareas que casi siempre recaen en los familiares. Así, el Estado se lava las manos", destaca Rodríguez, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El manifiesto, titulado Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos y que define la Ley de Memoria Histórica como una "ley de la vergüenza histórica", resalta que España es el segundo país del mundo en número de muertos cuyo paradero se desconoce (150.000 personas), "tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot".

Para propiciar una investigación "oficial, efectiva e independiente" en el asunto de las fosas -pero también, según el texto, en el caso de los "niños perdidos", es decir, críos separados de sus familias republicanas durante y tras la Guerra Civil-, el documento entregado ayer en la sede de la Presidencia del Gobierno propone crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. "Sería algo similar a los comités surgidos en los países latinoamericanos a finales de los años ochenta, tras las dictaduras militares", explica Rodríguez.

La nota enumera hasta cuatro supuestas violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos en las que incurriría la ley. La crítica más dura de todas es la que acusa a la norma de seguir el modelo "previsto por Franco" en la Orden de mayo de 1940, "ya que no recoge ni una sola de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación".

En diciembre pasado, Zapatero se comprometió a reunirse en 2009 con las asociaciones para valorar conjuntamente la ley. Aunque tal encuentro no ha tenido aún lugar, estos grupos aseguraron ayer "confiar" en la palabra del jefe del Gobierno

Fosas, huesos, víctimas, personas

* Es difícil considerar las exhumaciones de la Guerra Civil un acto de venganza o lucrativo
* Los familiares se resisten a que cadáveres maltratados sigan sin derecho a un homenaje
www.soitu.es
Por GERVASIO SÁNCHEZ (SOITU.ES)
Actualizado 27-06-2009 11:29 CET

Acérquese a una fosa común y mire durante unos minutos. Pregúntele a su conciencia: ¿si fuera mi padre o mi abuelo permitiría que continuase ahí tirado? Piénselo de verdad, es decir, en silencio.

Hay dos respuestas posibles: sí y no. Si su respuesta es sí, está claro que debe ir al psicólogo. Ya sé que hay familiares que no quieren revolver la tierra. Pero dudo mucho que contestasen de esa manera a pie de fosa.

Si su respuesta es no, actúe en consecuencia: acepte que todas las fosas sean abiertas, todos los huesos de las víctimas sean ordenados, identificados y entregados a sus familiares para que le den una sepultura decente.

Entiendo su dilema: hay muchos desaparecidos y es un trabajo muy caro. Además, estamos en crisis. ¿Vale la pena escarbar el pasado? ¿No sería mejor dedicar el dinero a construir puestos de trabajo, adecentar empresas o bancos ruinosos, subvencionar la compra de coches? Insisto: mire a la fosa y hágase otra vez la misma pregunta.
Gervasio Sánchez

La demagogia nos puede sacar del atolladero. Se puede pensar en ahorrar cuando un equipo de fútbol se gasta casi 100 millones de euros en un fichaje o cuando un Estado nos regala 400 euros por nuestra cara bonita. ¿Sabe cuántas fosas se podrían abrir con 100 millones de euros? Con una cuarta parte del regalo que el año pasado nos hizo nuestro Estado (el Gobierno simplemente ejerció de irresponsable), podríamos asear nuestro pasado.

¿Sabe cuánto está costando la búsqueda de los restos de los pasajeros y del avión de Air France que se cayó al océano hace tres semanas? Si su padre, su abuelo o su hijo estuviesen en el fondo del mar, ¿se conformaría con la explicación banal de que es muy caro buscarlos? Claro que no. ¿Rechazaría la entrega de algunos restos de su familiar en una pequeña caja? Claro que no.

Resulta que ve a los familiares como unos aprovechados que sólo quieren dinero o, peor, que buscan culpables y venganza. Vuelva a la fosa y observe cómo trabajan los arqueólogos y antropólogos. Entre ellos, camuflados, también verá familiares limpiando huesos armados de pequeños pinceles. ¿De verdad piensa que esa persona está ahí por dinero o venganza?

Pongamos que recibe una reparación económica. Primero recuerde que habrá tenido que acreditar documentalmente los hechos ocurridos. Le aseguro que es una misión imposible tal como están los archivos de nuestro país y las restricciones existentes. Si supera todos los obstáculos y consigue confeccionar un expediente decente, cobrará unos miles de euros. ¿No le parece que tiene el mismo derecho que le asistiría si su padre o su hijo fuesen atropellados en un paso de cebra? Al fin y al cabo, a su familiar quizá lo sacaron de su casa, lo pasearon durante unos minutos eternos, lo ejecutaron y lo lanzaron al fondo de un agujero.

Pongamos que se quiere vengar. ¿De quién? ¿Del asesino que ya murió? ¿De la historia? Nunca he escuchado la palabra venganza en una fosa. Ni en Guatemala, ni en Irak, ni en Bosnia. Tampoco en España. Nadie se remanga el traje y se dedica semanas, meses y años a buscar los restos de su padre o su abuelo por venganza. No se sostiene.

Trabajando en la limpieza de la fosa encontrada.

Es cierto que algunos verdugos siguen vivos. Me han explicado la historia de un asesino que, además, violó a una de sus víctimas femeninas antes de matarla, y que cada día va a comulgar en bicicleta. Las personas que conocen la historia nunca se la han contado a los familiares directos. El asesino ya tiene más de 90 años. ¿Usted tendría un comportamiento similar? ¿Usted se lo callaría? ¿Usted aceptaría que el violador de su abuela o su madre se pasease en bicicleta a unos kilómetros de su casa sin haber sido juzgado? Permítame que lo dude.

De nuevo, entiendo su dilema: era una guerra y ya sabemos lo que pasa cuando todo se desmorona. Los vecinos y los hermanos se matan. La violación es un arma de terror. El enemigo es reconvertido en un demonio para paliar los golpes de la conciencia. Llevo más de 25 años viviéndolo de forma regular. Ni el peor de los testimonios me asombra, aunque me siga hiriendo.

Pero la guerra tiene reglas. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques contra la población civil son crímenes contra el derecho internacional que no prescriben. Los máximos responsables ya murieron o son ancianos, pero sigue existiendo un Estado llamado España que tiene una obligación con su propia historia.

La familia de Luis Dorado, diputado del PSOE ha demandado al Estado Español en Estrasburgo.

Antonio Gutiérrez muestra una fotografía de su abuelo Luis Dorado, en Málaga. DANIEL PÉREZ ÁNGEL MUNÁRRIZ - SEVILLA - 19/06/2009 08:00


Los demandantes, que han agotado sin éxito las vías judiciales en España primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, alegan que "la pasividad del Estado español al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ratificado por España en 1979, según Antonio Gutiérrez, nieto de Dorado y portavoz de la familia.

La familia de Dorado es la primera de descendientes de desaparecidos o ejecutados por los franquistas que toma esta medida, al menos que se conozca. Diversas fuentes judiciales y otras relacionadas con el movimiento memorialista aseguran que no les consta otra denuncia contra España en Estrasburgo por este tema y apuntan a la importancia de la misma por hacer referencia a "crímenes cometidos por fuerzas armadas del régimen anterior ante los que el Estado debe dar una respuesta".

Todos los intentos de abrir su fosa común, con 500 cuerpos, fracasaronLa representación legal de la familia presentó la demanda el 12 de junio. "No hay plazos fijos para la admisión a trámite, pero suele tardar de seis meses a dos años", apuntan fuentes judiciales. Los abogados de Dorado esperan ahora confirmación de la recepción por parte del Tribunal.

La demanda, firmada por Carmen Dorado, de 83 años hija de la víctima, y su hijo, Antonio Gutiérrez, de 57, fue presentada tras comprobar que todas las puertas legales en España se cerraban tras una lucha de casi 30 años. La familia ni siquiera ha conseguido una partida de defunción. "No hemos sido reparados económica ni moralmente. Sólo hemos recibido burlas y dejadez de la justicia y la administración", afirma Gutiérrez, cuyo objetivo, desde el principio, ha sido claro: localizar el cuerpo, exhumarlo, identificarlo, entregarlo a la familia y modificar el Registro Civil.

Registro Civil
"En casi 30 años, sólo hemos recibido burlas de la justicia"El calvario empieza en 1979, al tramitar el papeleo para reconocer la viudedad de Josefa Ortiz, esposa de Dorado. La familia se vio obligada a presentar una declaración voluntaria de fallecimiento en 1980 al comprobar la imposibilidad de demostrar que Dorado estaba muerto, porque no consta en el Registro Civil de Córdoba. A partir de ahí, los familiares inician una lucha que culmina en 1993 con el reconocimiento del derecho de Josefa Ortiz a percibir una pensión de viudedad sin carácter retroactivo.

"Ahí ya no teníamos ni un documento para seguir pleiteando", afirma Gutiérrez. Sólo la progresiva apertura de los archivos militares va abriendo con los años expectativas para la familia, que logra al fin demostrar el asesinato de Dorado a partir de una investigación privada. "Desde mediados de los 90 voy indagando y empieza a llegarme información, anónima o de investigadores como Francisco Espinosa", explica Gutiérrez, que destaca el "apoyo" de la CGT.

El recurso de la familia a la vía judicial resultó infructuoso. En 2006, tanto el juzgado de instrucción 2 de Córdoba como la Audiencia Provincial rechazan sus denuncias. Sus argumentos se fundamentan en la prescripción de los delitos de secuestro, desconocimiento de paradero y asesinato y en la Ley de Amnistía. "Ahí ya sabíamos que aquí nuestra causa no tenía futuro, pero teníamos que agotar toda la vía en España para poder ir a Estrasburgo", explica Gutiérrez.

La denuncia apunta a una violación de la Convención de Derechos HumanosInhibición de Garzón
La familia presentó un recurso de amparo ante el Constitucional, que resolvió que no era de su competencia. En cuanto a la Audiencia Nacional, la causa le tocó a Baltasar Garzón. Al inhibirse en noviembre de 2008 en favor de los órganos territoriales, la familia dio la causa por perdida. "No somos una asociación ni pedíamos un juicio al franquismo. ¿Por qué no nos dio respuesta individual, si sabía que en el juzgado territorial ya habían dado por prescritos los delitos?", pregunta Gutiérrez.

Justo el día en que Garzón trasladó la causa a los órganos territoriales, el juzgado de instrucción 6 de Córdoba comunicó que no seguiría con la exhumación de la fosa en la que supuestamente están los restos de Dorado, en el cementerio de la Salud. Allí habían empezado en octubre los trabajos de localización de la fosa, en una actuación dentro del programa de subvenciones que la Ley de Memoria Histórica garantiza a los familiares para buscar a sus difuntos. La familia llegó a denunciar a Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba (entonces en IU), por prevaricación, al estimar que el Ayuntamiento ponía impedimentos para la apertura de la fosa, donde se calcula que hay entre 400 y 500 cadáveres. La denuncia fue archivada al no encontrarse indicios de delito.

Sus descendientes no han conseguido ni siquiera una partida de defunción. La demanda en Estrasburgo no pretende que el Tribunal asuma la investigación u ordene la exhumación cuestiones sobre las que carece de competencias, sino que reconozca la existencia de una violación de los derechos humanos que obligue al Estado a hacerlo. La familia y sus abogados prefieren no revelar el contenido exacto de la demanda, ya que daría ventaja al Estado para preparar su defensa en caso de que sea admitida.

"No pedimos que se enjuicie al régimen anterior. Sólo queremos hacer valer nuestros derechos fundamentales, que son inherentes a todo ser humano", aclara Gutiérrez.

El dinero para Dorado no sirve de nada

La familia de Luis Dorado Luque, el diputado socialista de la II República asesinado en 1936 por fuerzas franquistas, se plantea devolver los 37.500 euros que le va a conceder este año el Gobierno para exhumar a su pariente, enterrado en el cementerio de Córdoba. Antonio Gutiérrez, nieto del parlamentario, comunicará la decisión al Ministerio de la Presidencia después de enfrentarse por última vez con el Ayuntamiento de Córdoba paradójicamente gobernado por IU y PSOE, que se opone desde hace un par de años a la exhumación.

El caso Dorado es el primero que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante la imposibilidad de investigar su asesinato y exhumar sus restos con la ayuda de las autoridades españolas. El nuevo alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), que sustituyó a Rosa Aguilar tras su salto al Gobierno de Andalucía, mantiene las mismas tesis que su predecesora.

Ocaña insiste en que el Ayuntamiento se encuentra "atado de pies y manos" por la actual situación de los terrenos donde los expertos sitúan la fosa común. "En una parte de ella se levanta una construcción de nichos. Comenzar las excavaciones requiere una autorización de los familiares de los fallecidos que ocupan estos para proceder a su traslado o una orden judicial, y no tenemos ninguna de ellas", manifestó el alcalde a Público.

La misma explicación
Son los mismos argumentos ya utilizados en agosto de 2007 por el Consistorio. "Del informe recibido se deduce la imposibilidad material de dar cumplimiento a su solicitud [la exhumación], ya que no existen planos de ubicación de las fosas comunes como es el caso de la zanja B, y porque de las 39 sepulturas existentes en la misma los descendientes son de difícil localización", señalaba el informe municipal. Esta fue parte de la respuesta que obtuvo la familia de Dorado Luque cuando solicitó la exhumación e identificación de los restos del diputado.

"El Gobierno debería hablar con el Ayuntamiento para resolver los problemas", afirma Cecilio Gordillo, del sindicato CGT, que ha apoyado a la familia a lo largo de todo el proceso. Los descendientes de Dorado están cansados de todo el asunto y esperan que la carta de Estrasburgo, que debe estudiar el caso, caiga boca arriba.

Quejas del alcalde
El primer edil de Córdoba asegura que le duelen las acusaciones de la familia de Dorado Luque, e insiste en que la situación de la fosa del cementerio no tiene nada que ver con la que el Consistorio de Málaga ha abierto en un camposanto de esta ciudad. "Allí no tienen que mover las construcciones donde hay otros enterramientos para intentar localizar los cadáveres", justifica.

¿Y si lo ordena un juez? Ocaña no duda: "Se haría, pero a día de hoy esa orden no existe". Ni existirá, salvo que Estrasburgo lo remedie, porque la familia ha agotado la vía judicial en España: primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, que no admitió a trámite su demanda.

IU desata la polémica al pedir que se supriman las últimas calles "franquistas" de Guadalajara

La Plaza de los Caídos es uno de los nombres que podría ser cambiado si prospera la propuesta de IU
Redacción
02/07/2009
Izquierda Unida presentará en el Pleno de este viernes una moción que pretende borrar del callejero todo rastro de franquismo en la capital. NUESTROS LECTORES OPINAN. ¿Y USTED?
El debate que ha abierto la propuesta de Izquierda Unida de llevar al Pleno de este viernes la anulación de la denominación franquista de una decena de calles de la capital, ha desdibujado el fondo de la cuestión, la pregunta última que anida en la base de este proceso: ¿quiénes eran aquellos personajes elegidos por el Ayuntamiento para prestar sus nombres al callejero de entonces?

Entre los personajes, hay una mayoría de combatientes del ejército de Franco muertos en los primeros días de la Guerra Civil; políticos y profesionales de prestigio en la Guadalajara de la época (necesariamente afectos al régimen).El bautizo de estas calles de la capital se inscribió en el amplio y prolongado proceso de fijar en el callejero y los monumentos de Guadalajara la impronta del régimen franquista, de lo que ha habido múltiples ejemplos por toda la ciudad.


Los nombres que Izquierda Unida propone eliminar son José Boixareu Rivera, nacido en Guadalajara (1910), muere en Brístez, Lérida(1939). Estudia en Guadalajara y en los Agustinos de El Escorial la carrera de Derecho. Amplíaa estudios en Alemania y cuando se inicia la Guerra Civil regresa haciendo los cursos de Alférez Provisional, toma parte muy activa en la toma de Sigüenza y Teruel. Ingresa en la Academia de Toledo y sale como Capitán mandando las compañías de tiradores de Ifni. Muere en combate, en Brístez (Lérida). Por ésta acción le es concedida la Medalla Militar Individual.

El caso de Moscardó Guzmán es más problemático, porque habitualmente se le confunde con su padre, José Moscardó Ituarte, que es quien se hizo famoso por su defensa numantina del Alcázar de Toledo, una acción que tuvo repercusión internacional.No es él quien aparec e en el callejero de Guadalajara, sino su hijo, también militar.

Francisco Vives Camino (Alcalá de Henares,1900-Azuqueca de Henares,5-6-1996).Hijo del general Pedro Vives Vich. Estudió Ingeniería militar en la antigua Academia de Guadalajara. Ostentó, entre otros cargos, Director General de Infraestructuras del Ministerio del Aire, Secretario General del mismo departamento y General Jefe de las Regiones Pirenaica y Balear, incluso presidente de la Comunidad de Regantes del Henares. Gran propietario de tierras productivas azudenses y destacado militar franquista..

Calle y travesía Hermanos Ros Emperador: Denominación con la que el consistorio capitalino franquista homenajeaba, desde el 20-10-1954,a tres hermanos fusilados durante la Guerra Civil Española, en 1939, por las tropas republicanas.

Calle de Gutiérrez Orejón: Empleado municipal de Guadalajara, en el servicio de Investigación y Vigilancia, muerto el 24-7-1936 por las tropas republicanas. Por acuerdo municipal del 23-6-1941 se le nominó de esta forma a la calle que antes se llamaba del Buen Vecino.

Plaza de los Caídos en la Guerra Civil: No es, como sostiene IU, la terminología con la cual la propagada franquista conoció a aquellos que murieron en el bando sublevado. El nombre actual, con el añadido de "en la Guerra Civil" con el que se denomina oficialmente la plaza, fue un intento del alcalde Javier Irízar para englobar a los muertos de ambos bandos. La filosofía de aquella iniciativa parece haberse olvidado o, simplemente, se desconoce.


Nombres alternativos
De esta forma, Izquierda Unida propone sustituir la denominación de dichas vías por las siguientes:

Boixerau Rivera por La Carrera; General Moscardó Guzmán por Emilio Meneses; General Vives Camino por El Balconcillo; calle Hermanos Ros Emperador por Castillejos; travesía Hermanos Ros Emperador por travesía de Castillejos; Gutierrez Orejón por El Buen Vecino y Plaza de los Caídos en la Guerra Civil por Plaza del Palacio del Infantado.


Por último, Izquierda Unida pide que durante el plazo de un año, a las placas con las nuevas denominaciones se incorpore otra en la que se informe de la antigua denominación de las mismas.

Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos del franquismo
Comunicado de la “iniciativa conjunta” de organizaciones de memoria, por derechos humanos y de lucha a la impunidad (un total de 47 a día de hoy)
(29-06-2009)



Nuestra ley de la “memoria histórica” es la ley de una “vergüenza histórica”



El modelo de búsqueda, localización y exhumación de los desaparecidos del franquismo vigente hoy en España es el de la Orden de Franco de Mayo de 1940 – que nuestra ley “de la memoria” copia – no el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el de Naciones Unidas.



Por ello, como si España estuviese fuera de Europa, o de las Naciones Unidas, en vez de una “investigación oficial efectiva e independiente”, sin tardanza, y por iniciativa de nuestras autoridades nacionales – no de las familias –, como exige el Tribunal Europeo, tenemos una ley que es un laberinto jurídico, que no recoge ni una sola de las obligaciones internacionales del Estado en materia de “verdad, justicia y reparación” y que no garantiza, en modo alguno, los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos.



Tras treinta años de democracia y Estado de Derecho España no ha cumplido, todavía, ni una sola de sus obligaciones en la materia, a pesar de seguir siendo en la actualidad el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo superadas las 150.000 víctimas de nuestras fosas clandestinas – y el indeterminado número de niños robados por la dictadura – por las cifras del régimen de Pol Pot en Camboya.



Lamentamos que en la elaboración de la ley nuestras autoridades hayan preferido seguir el sistema de garantía de derechos y libertades previsto por Franco al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando con ello, de forma contraria a la legalidad internacional, la normal aplicación en nuestro territorio de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a todas estas víctimas. Sentimos también que España no haya recogido las exigencias de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Res. 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1992) nise haya hecho eco de las contundentes observaciones finales adoptadas por el Comité de Derechos Humanos del pasado 30 de octubre de 2008,



Lamentamos que, con ello mismo, nuestras autoridades democráticas – no ya la sangrienta dictadura franquista precedente – vengan haciéndose responsables de la prolongación de la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, lo que es constitutivo de un trato cruel e inhumano prohibido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7) y por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 1 y 16); todo ello mientras se continúan desatendiendo obligaciones esenciales, recientemente reiteradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos. Las necesidades específicas de colectivos de familiares de desaparecidos en grandes fosas deben ser igualmente reconocidas.



Lamentamos que nuestro Gobierno no haya emprendido, todavía, medida alguna ante el caso de los “niños perdidos” del franquismo –que la llamada ley “de la memoria” ni siquiera menciona – a pesar de tratarse de desaparecidos aún en vida, buscados por sus familias y para los que cada día que sigue pasando sin actuación de nuestras autoridades resulta, además, en una adicional privación de su “derecho a la vida familiar” conforme el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 8), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23), obstruyéndose así la reagrupación de estas familias desgarradas por la dictadura.



A la vista de todo ello, los firmantes del presente comunicado pedimos al Gobierno de España que cumpla con su obligación de dar normal aplicación en el país al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a todas las normas internacionales que le obligan, y atienda a su deber, moral y jurídico, de ofrecer “verdad, justicia y reparación” respecto los desaparecidos del franquismo y sus familiares, comenzando por modificar la vigente ley y articulando un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de los casos de las fosas – y de localización de los “niños perdidos” – mediante una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos participada por representantes de la fiscalía y la judicatura, del Gobierno de la nación, de los cuerpos policiales y las instituciones de derechos humanos así como de las asociaciones, entre otros, conforme los estándares internacionales.







Organizaciones que respaldan el comunicado, por orden alfabético


1- Agrupación de familiares y amigos de los republicanos muertos y represaliados en la prisión de Valdenoceda

2-Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia

3-Asociación Comarcal de MH del Condado de Huelva

4-Asociación contra el Silencio y el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga

5-Associació Cultural Memòria i Justicia d'Elx i Comarca"

6-Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO)

7-Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra

8-Asociación de familiares la barranca, Rioja

9-Asociación Dignidad y Memoria. Marchena (Sevilla)

10-Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

11-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

12-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera

13-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA)

14-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas

15-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Mérida

16-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia

17-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid

18-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya

19-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca

20-Asociación pola Memoria Histórica de O Grove

21-Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, ARAGON (A.R.I.C.O.)

22-Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas

23-Confederación General del Trabajo

24-Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA)

25-Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo

26- Federación de Foros por la Memoria de España

27-Foro por la Memoria de Andalucía

28-Foro por la Memoria de Argentina

29-Foro por la Memoria de Cádiz

30-Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid

31-Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar

32-Foro por la Memoria de Granada

33-Foro por la Memoria de Guadalajara

34-Foro por la Memoria de Huelva

35-Foro por la Memoria de Jaen

36-Foro por la Memoria de La Rioja

37-Foro por la Memoria del Oriente de Asturias (Federación Asturiana)

38-Foro por la Memoria de Santaella

39-Foro por la Memoria de Segovia

40-Foro por la Memoria de Toledo

41-Foro por la Memoria del Valle del Tietar y la Vera

42-Foro por la Memoria Histórica de Málaga

43-Fòrum per la Memòria del País Valencià

44-Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló

45-Héroes de la República y la Libertad

46-Mémoires partagées

47- Mémoire de l\'Espagne républicaine 82

48-Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo)

49- Salamanca Memoria y Justicia

50-Todos los rostros

El Gobierno prepara una ley que retirará la calificación de “traidores” a aquellos que ayudaron a judíos o se resistieron al Führer.

El Gobierno prepara una ley que retirará la calificación de “traidores” a aquellos que ayudaron a judíos o se resistieron al Führer.

EFE – Berlín – 01/07/2009 09:41

La coalición de la canciller alemana, Angela Merkel, planea aprobar una ley para rehabilitar a todas las personas catalogadas como traidores por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, dijo el martes un líder conservador. Los conservadores de Merkel, que habían apoyado en un principio sólo una moción no vinculante, van a trabajar con sus socios de coalición, los miembros del Partido Socialdemócrata (SPD), para preparar una ley, dijo Volker Kauder, líder parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

La ley, discutida desde hace tiempo en Alemania, aseguraría una rehabilitación a aquellos vistos como traidores durante la era nazi y llegaría al Parlamento antes de las elecciones de septiembre, agregó.

Los tribunales militares nazis condenaron a cerca de 30.000 personas a muerte por deserción y traición durante la guerra y cerca de dos tercios de ellos fueron ejecutados, según medios alemanes. Según historiadores, los nazis utilizaron el cargo de traición para condenar a soldados y civiles a muerte por resistencia política y por ayudar a judíos.

El borrador de la ley podría prepararse en los próximos días y el Parlamento podría aprobarlo el 26 de agosto, agregó Kauder. “Esta es una gran oportunidad para enmendar esta injusticia”, dijo el legislador del opositor Partido de Izquierda, Jan Korte, según el Financial Times Deutschland.

“Sesenta y cuatro años después de la guerra, es momento de dar una señal a las familias de que el Parlamento alemán no ve a sus padres y abuelos como traidores”, enfatizó.

COMENTARIO:

Alemania sigue dando claros ejemplos de lo que es recuperar memoria y dignificar su historia a través de actos como este, como la retirada de símbolos fascistas y sobre todo nazis, del museo de la II Guerra Mundial o del Holocausto, sin que a nadie se le rasgen las vestiduras (al menos publicamente). Aprenderemos de una vez nosotros…