COLECTIVOS POR LA MEMORIA HISTORICA SE DISTANCIAN DE LA LEY APROBADA

Colectivos por la memoria histórica se distancian de la ley aprobada . Enero 2008
Entre las organizaciones que más han luchado por la memoria histórica predomina el desencanto, pero las valoraciones van desde quienes ven un tímido avance hasta el rechazo de quienes critican una reedición del punto y final. (Diagonal, 15-11-07)

Miguel Ángel de Lucas,Redacción

El 31 de octubre el Parlamento aprobaba la Ley de la Memoria Histórica. La norma, muy discutida durante la legislatura, lograba la mayoría tras una claúsula de razones “artístico-religiosas”, que exime a la Iglesia de retirar símbolos franquistas. Entre las organizaciones que más han luchado por la memoria histórica las respuestas son variadas. Predomina el desencanto, pero las valoraciones van desde quienes ven un tímido avance hasta el rechazo de quienes critican una reedición del punto y final.La historia reciente cuenta con numerosas interpretaciones. Para Jaime Mayor Oreja, eurodiputado del Partido Popular, el Franquismo supuso “una situación de extraordinaria placidez”, que “muchas familias [...] vivieron con naturalidad y normalidad”. Para los miles de encarcelados o torturados por motivos políticos, las familias expoliadas tras la Guerra Civil o los descendientes de los más 30.000 represaliados que continúan enterrados en cunetas, montes o bosques, el recuerdo del pasado es otro. Un recuerdo diferente también al retrato oficial de una Transición que, bajo la idea de reconciliación, mantuvo los vínculos con la dictadura y la legalidad de la justicia franquista.El movimiento por la recuperación de la memoria histórica cobró fuerzas a finales de la década de los ‘90 a medida que la generación de ‘nietos’ de la Guerra Civil comenzaba a cuestionar la losa de silencio que sucedió al Franquismo. Pocas causas han conocido un crecimiento semejante en un espacio tan corto de tiempo. En el año 2000, las primeras exhumaciones de represaliados en el Bierzo leonés encontraron un amplio eco. En decenas de localidades otros grupos adoptaron el mismo camino. A ellos se unieron ex presos, antiguos ‘maquis’, exiliados o niños de la guerra. Hoy, el número de asociaciones se acerca a las 200. No es poco lo que han conseguido: a lo largo de este tiempo han situado la reivindicación de la memoria en el centro de la agenda política, y la Transición, hasta hace poco intocable, genera cada vez más debates“Una ley aberrante”Tras esta demanda por no cerrar en falso el pasado, el Gobierno socialista puso en marcha la Ley de la Memoria Histórica. Sin embargo, a juicio de las asociaciones, el resultado difícilmente puede estar más alejado de sus objetivos. Después de tres años de debate político, demoras que casi obligan a posponer su aprobación a la siguiente legislatura y una sustancial rebaja de última hora, el desencanto predomina en la mayoría de asociaciones.José María Pedreño, presidente de la Federación de Foros por la Memoria, explica su rechazo: “Es por una sencilla razón: no reconoce jurídicamente las víctimas del Franquismo. Vuelve a ser una ley de punto y final para tapar bocas”. Pedreño hace referencia a los motivos que da el Equipo Nizkor, organismo internacional de derechos humanos, que bajo un duro texto titulado Una ley aberrante, suscrito por 70 organizaciones, ofrece una batería de razones para oponerse. La principal: que, al no anularse los juicios, “la ley implica el reconocimiento de la legalidad franquista”, algo que ignoran las resoluciones 32 y 39 de Naciones Unidas, que en 1946 proclamaron ilegítimo el Franquismo por ser “en origen, naturaleza, estructura y conducta general, un régimen de carácter fascista”. Para el Equipo Nizkor “es una ley contraria al derecho internacional” que supone un “ataque frontal a las víctimas”.Los avances del texto (extensión de las ayudas a las víctimas del Franquismo o el compromiso de colaborar en la exhumación de víctimas) son vistos como insuficientes. Por ese motivo, una organización de ex ‘maquis’ recurrirá al tribunal de Derechos Humanos de la UE para exigir su reconocimiento como soldados antifranquistas.Buscar el cumplimientoPara Pedreño, de la Federación de Foros, la ley habría actuado como “cortafuegos contra un movimiento al que se tiene miedo”. Otras organizaciones, como Amnistía Internacional (AI), han manifestado que la ley apenas pasa de las intenciones y sigue lejos de cumplir con los derechos humanos. No obstante, para AI la ley puede ser un “tímido paso adelante en la larga batalla contra el olvido”. En la misma línea, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) espera que, a pesar de las lagunas, la ley pueda ser un primer paso para seguir avanzando. Sin llegar al nivel de júbilo mostrado por militantes antifranquistas invitados al pleno en el que se aprobó la ley, desde la ARMH se ve preferible que la ley fuera aprobada antes que quedar fuera de la legislatura.A partir de ahora, en todo caso, a sus actividades habituales los colectivos de la memoria se han dado una nueva tarea: buscar el estricto cumplimiento de esta ley. Así lo explica Pedreño: “Pondremos denuncias a cada Ayuntamiento que no retire los símbolos. Vamos a ver si al menos lo que se ha aprobado es cierto”.Cuestión de patrimonioEl papel de Convergencia i Unió, que ha logrado introducir una cláusula de razones “artísticoreligiosas” contra la retirada de símbolos franquistas en las iglesias, y que pidió varias veces que la ley hiciera hincapié en la represión contra sacerdotes en el bando republicano, fue una de las últimas causas que rebajó el texto aprobado. Pero éste no ha sido el único requisito que se ha encontrado la ley en su tramitación parlamentaria. Según denuncian los colectivos de la memoria, uno de los aspectos menos destacados al hablar de la ley ha sido ver cómo los trámites del texto se demoraban conforme los apoyos parlamentarios del PSOE estudiaban en qué medida se les devolvería su patrimonio incautado durante la Guerra Civil y la dictadura. Esta situación es criticada especialmente por las asociaciones de incautados por el Franquismo, que desde hace décadas buscan una compensación por los bienes expoliados y se preguntan por qué el patrimonio ya ha sido devuelto a sindicatos y partidos pero no a las familias robadas.