lunes, 19 de noviembre de 2007

PRESENTACION ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

Familiares y representantes de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica presentaron ayer, 71º aniversario del golpe militar que dio comienzo a la Guerra Civil, tres denuncias por un total de 55 desapariciones durante el conflicto: 23 en Sevilla, 31 en Huelva y una en Cádiz. Los denunciantes consideran que la Audiencia Nacional es "competente para conocer crímenes de lesa humanidad cometidos en España" y solicitan al juez Baltasar Garzón que abra una investigación para localizar a los desaparecidos y poder entregárselos a sus familiares.


"Se llamaba María Silva, pero la llamaban La Libertaria de Casas Viejas (Cádiz). No me acuerdo de ella, porque la última vez que estuvimos juntos yo tenía 15 meses. Nos llevaron a los dos el 19 de agosto de 1936 a la cárcel de Paterna. A los tres días a mí me llevaron a casa de mi tía, que fue la que me crió, y ya no volví a saber nada de ella. Desde entonces la estoy buscando. No he dejado de preguntarme un solo día dónde está", explicó ayer Juan Pérez Silva, de 72 años, minutos después de presentar en la Audiencia Nacional una denuncia por la desaparición de su madre durante la Guerra Civil.

"Si no lo averiguamos ahora, no lo sabremos nunca", afirma Pérez Silva, quien asegura haber perdido a 26 familiares durante la Guerra Civil y la dictadura franquista; entre ellos a su padre, Miguel Pérez Cordón, un conocido sindicalista de la CNT. "Lo que más me importa es saber dónde está mi madre, poder llevarle unas flores y enterrarla con mi padre, que está en una fosa común en el cementerio de Cartagena".

Jornaleros, campesinos, policías municipales y cargos públicos locales figuran entre los 55 desaparecidos incluidos en estas tres denuncias, aunque la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica confía en que se presentarán muchas más. Su abogado, Fernando Magán, insiste en que se trata de "crímenes masivos, de lesa humanidad, en todas las provincias españolas" y corresponde a la justicia investigarlos.

Argentina o Yugoslavia
"Nos asombramos de los desaparecidos de Argentina o Yugoslavia y resulta que aquí, entre nosotros, deambulan las sombras de miles de asesinados cuya defunción nunca fue recogida en registro alguno para no dejar huella de lo que se estaba haciendo. Legalmente, estas personas no han muerto", se lee en una de las denuncias.

Consideran los denunciantes que, por su carácter sistemático y masivo, las detenciones y desapariciones de cientos de personas durante la Guerra Civil constituyen un crimen de lesa humanidad y que, como tal, no prescribe, y apelan a una responsabilidad del Estado para "reparar" a los familiares más directos de los desaparecidos.

Esa reparación, según Magán, no consiste en castigar a los culpables, sino en "poner los medios" para averiguar el paradero de las víctimas. "Son familias buscando a sus familiares. No buscan identificar a los verdugos, muchos de los cuales ya habrán muerto, sino una verdad histórica que les reconozca como víctimas y una investigación que les permita enterrar dignamente a los suyos. Asociaciones como la nuestra ponen su mejor voluntad, pero estamos desbordadas", añadió.

Los denunciantes apelan a la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la desaparición de sus 55 familiares apoyándose en sentencias como la condena al ex militar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por crímenes contra la humanidad. Y añaden que las desapariciones durante la Guerra Civil española son coetáneas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Alemania antes de la II Guerra Mundial, perseguidos y enjuiciados en el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que no ofrecer la misma oportunidad ante los tribunales a las familias de los desaparecidos en la Guerra Civil supondría "discriminar a las víctimas y a sus familiares en función de la nacionalidad".

Las denuncias aportan documentación de diversos historiadores que hablan de casi 2.000 fusilados sólo en Sevilla capital, de donde proceden 23 de los desaparecidos, sin incluir las víctimas de la represión hasta 1953, ni los fallecidos en prisión o en campos de concentración.

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