CASO GRANADO DELGADO

CASO GRANADO DELGADO

Los hechos remontan a 1963, Franco murió en 1975 y la Revisión sólo se presentó en 1998, ¿por qué?

O.A.- Entre 1963 y 1975, la prioridad era continuar la lucha contra el régimen franquista. Después de la muerte de Franco y hasta 1981, estuve asignado a residencia en Francia. También hay que tomar en consideración que, en España, la gente y la militancia libertaria estaban ocupadas en las vicisitudes de la Transición. Precisando un poco más: no se debe olvidar que, antes de la ejecución —como se puede comprobar con la lectura de la prensa francesa de aquellos días—, el DI no sólo desmintió las acusaciones franquistas contra nuestros dos compañeros, sino que tuvo que hacer frente a una oleada represiva de las autoridades francesas. Más de sesenta compañeros, principalmente de las Juventudes Libertarias, fueron detenidos en diversas ciudades francesas, mientras permitían la celebración, en Toulouse, del Congreso de la CNT en el exilio que debía parar la acción en España. No obstante, las Juventudes Libertarias la continuaron, con los medios a su alcance, para denunciar la continuidad de la represión franquista ante la opinión pública mundial. Recuérdese el eco internacional del secuestro, en 1966, de Monseñor Ussía, consejero eclesiástico de la embajada española ante la Santa Sede. Y en 1974, tras la ejecución de Salvador Puig Antich, el secuestro del director del Banco de Bilbao en París para impedir que ejecutaran a otros dos compañeros. Yo fui detenido y no pude obtener la libertad provisional hasta 1975, quedando asignado a residencia en París hasta 1981. Como bien se sabe, la reconstrucción del movimiento libertario en España fue muy ardua, y la grave crisis interna impidió ocuparse de casos como éste. En 1993 o 94, Luis Andrés Edo me contactó para decirme que había unos realizadores de la televisión catalana que querían hacer un documental sobre Granado y Delgado. Me dijo que estaba en contacto con Sergio Hernández y con Antonio Martín, y que éstos estaban de acuerdo en participar en dicho documental. Acepté participar también, y así fue como se pudo denunciar públicamente ese crimen y reivindicar su memoria. El documental y, poco después, el libro del periodista Carlos Fonseca permitieron, por primera vez, que los verdaderos autores de las acciones, los familiares de Granado y Delgado y nosotros pudiéramos entrar en relación. De ahí surgió la voluntad y la decisión de pedir la revisión del proceso de 1963 y la presentación del Recurso de Revisión en el Tribunal Supremo.

RyN.- La Transición impuso una amnesia colectiva sobre el periodo de la dictadura franquista, la Revisión ¿es un deber de memoria o de justicia?

O.A.- Una amnesia y una especie de complejo de culpa. Por su inmovilismo, la Oposición antifranquista institucional tuvo que aceptar las condiciones implícitas en el proyecto de Transición diseñado por los herederos de los vencedores de la Guerra Civil y sus padrinos de las finanzas y la política internacional. Al renunciar a una oposición activa al franquismo, la Oposición antifranquista clásica perdió la capacidad de conseguir una Transición menos “atada”. Recuérdense las palabras Franco antes de morir de que todo quedaba “atado y bien atado”. De ahí la importancia que tenía, en los años sesenta, el tratar de acabar físicamente con Franco. Si, en 1963, se hubiese logrado abatirlo, el pueblo español se habría ahorrado más de doce años de dictadura. La responsabilidad de la Oposición, en la continuidad del Régimen, es enorme y evidente. Por ello la Oposición no tuvo otra preocupación que la de hacerse bien ver de los que arbitraban la Transición.

De ahí su amnesia voluntaria, para no molestar a los nuevos “demócratas”: los Suárez, los Fraga… Además, esta Oposición no tenía ningún interés en recordar el pasado de la dictadura porque no quería que las nuevas generaciones se dieran cuenta de las funestas consecuencias de su renuncia a luchar activamente contra el franquismo. Para esta Oposición, que jugó siempre la carta posibilista, lo único posible era el “borrón y cuenta nueva” exigido por los beneficiarios de la dictadura. De ahí el olvido del pasado, de la historia, cuando sus dirigentes comenzaron a frecuentar los pasillos de los palacios y a codearse con los que mandaban en las esferas de la economía, de la política y la cultura. Entre sus nuevos amigos y colegas en el Parlamento los había con las manos manchadas de sangre; por eso había que olvidar y propiciar esa amnesia colectiva. De ahí que la revisión del proceso Granado-Delgado no sólo es un deber de memoria, sino de justicia. Los pueblos sin memoria son más fácilmente manipulables. Todos los poderes instituidos por el crimen prefieren pueblos desmemoriados y hacen todo lo que pueden para que no recuperen la memoria. Así pues, no se trata sólo de restituir la verdad histórica, para que las nuevas generaciones sepan el por qué su presente es el que es hoy, sino de algo aún más importante: de asumir plenamente los derechos de ciudadanos libres. Cuando aún se condecora a los torturadores del franquismo (Melitón Manzanas, entre otros) y se indemniza a sus familiares, sólo la recuperación de la memoria permitirá valorar la injusticia de que es víctima la viuda de Francisco Granado, a quien se niega la indemnización que se ha concedido a los ex presos del franquismo: sólo porque su marido fue ejecutado diecisiete días después de haber sido detenido y torturado.

RyN.- ¿Por qué Granado y Delgado pueden ser considerados los Sacco y Vanzetti españoles?

O.A.- Sacco y Vanzetti fueron ejecutados por ser anarquistas y porque el Poder quería imponer el terror en los medios obreros. Las autoridades que los condenaron sabían que eran inocentes, que no eran ellos quienes habían tirado las bombas. En el caso de Granado y Delgado, las autoridades franquistas también sabían que no eran ellos los autores de las acciones contra la Dirección General de Seguridad y contra la sede de los Sindicatos falangistas en Madrid. También los asesinaron por ser anarquistas, y porque los anarquistas querían abatir al Dictador. Su ejecución fue, además, bárbara (el “garrote vil”), porque el Régimen quería extender el terror de su represión más allá de los que le resistían, quería que el pueblo español lo tuviera bien presente, que no creyera que el periodo de terror había terminado. Por eso siguió matando hasta el final y reprimiendo duramente todos los movimientos de protesta obrera. La campaña que obligó a las autoridades norteamericanas a rehabilitar la memoria de Sacco y Vanzetti fue propiciada por el movimiento obrero y puede servir de ejemplo a seguir para rehabilitar la memoria de Granado y Delgado. No sólo porque eran dos jóvenes obreros que luchaban contra una dictadura, sino porque también aspiraban a la emancipación de la clase obrera.

RyN.- ¿Se puede pedir el esclarecimiento de los crímenes del franquismo y el castigo de sus responsables como se ha pedido para Argentina y Chile?

O.A.- No sé si se puede, pero creo que sí se debe exigir. ¿Por qué, lo que se considera justo y legítimo para la Argentina y Chile, no lo sería para España? ¡Acaso la Justicia española no sigue pidiendo cuentas (a través del juez Garzón) a la Justicia argentina y chilena por los crímenes de los Videla y Pinochet! El esclarecimiento de los crímenes de las dictaduras es un acto de justicia; pero también una necesidad para que se afirme la “legalidad democrática”. Esta no puede aceptar la impunidad de los crímenes. Si la acepta se condena, se deslegetimiza. Eso es lo que está sucediendo en Chile con la impunidad que se le está prodigando a Pinochet, y en Argentina a los responsables de la dictadura militar, a los asesinos y torturadores. En España, además, se debería exigir ese esclarecimiento porque ha aprobado la constitución del Tribunal Internacional que está juzgando a Milosevic.

RyN.- Dado el actual contexto político, ¿qué es lo que se puede esperar del Tribunal Constitucional?

O.A.- Es evidente que si Felipe González y los otros dirigentes socialistas hubiesen mostrado la voluntad, cuando estuvieron en el poder, de esclarecer los crímenes franquistas, el Tribunal Supremo no habría podido denegar la revisión del proceso Granado-Delgado. Si los magistrados de este Tribunal pudieron hacerlo no es sólo porque son el producto del régimen franquista, sino porque sabían que lo pactado era la impunidad de esos crímenes. Por eso su decisión fue política y no jurídica. Por eso se atrevieron a validar la “legalidad” de la dictadura y denegar el recurso de revisión, dejando a la parte demandante en la más completa indefensión, infringiendo, incluso, el artículo 24. 2 de la Constitución por “la sistemática denegación de pruebas testificales relevantes”. Si en España hubiera de verdad el llamado “Estado de derecho”, si la Justicia española fuese consecuente con sus propias normas jurídicas y no estuviese a la bota del poder, el Recurso de revisión habría sido aprobado. Eso es lo que habría pasado en cualquier país donde prime el “Estado de derecho”, pues la revisión es - cuando hay hechos nuevos que ponen en causa la acusación, como lo es en el caso Granado-Delgado - un principio fundamental del Derecho penal. Es la vía jurídica para evitar o corregir los “errores judiciales”. Pero en España, las normas jurídicas son violadas cada vez que les conviene a los poderosos. Por eso es necesario continuar la campaña de presión sobre el Tribunal Constitucional, porque éste debería, jurídicamente, darnos razón, anular el Fallo del Tribunal Supremo; pero, dado el actual contexto político, favorable a la derecha franquista, el Constitucional puede solidarizarse con el Supremo. Por supuesto, si así sucede, recurriremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para que se obligue a la Justicia española a proceder de conformidad con las normas jurídicas del Estado de derecho que la España actual pretende ser. Está claro que el combate por la “revisión” no es sólo jurídico, sino esencialmente político.