martes, 2 de febrero de 2010

alència, 20 de gener de 2010

CASTELLANO

El Ayuntamiento de Valencia pretende instalar un monumento a los franquistas en la fosa común de la Sección 7ª Derecha de Cementerio General en la que fueron enterradas miles de sus víctimas. Las obras ya han empezado.

En el día de hoy esta Asociación y familiares de víctimas del franquismo tiradas a la fosa común de la Sección 7ª Derecha, hemos presentado en el Ayuntamiento de Valencia un escrito pidiendo la paralización inmediata de las obras que están realizándose en dicha fosa.

A través de los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de que en la mencionada fosa están realizándose obras de ajardinamiento e instalación de un monolito “en memoria de todos los que dieron la vida por la España que creían mejor”, al haber sido sobreseídos y archivados los procedimientos judiciales iniciados por esta asociación y por familiares de víctimas del franquismo tiradas a las fosas comunes del Cementerio general de Valencia.

Ante esta información hacemos público que esta asociación y 18 familiares de víctimas interpusimos el día 16 de noviembre de 2.009, un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia que declaraba el sobreseimiento del sumario para exhumar las fosas comunes del cementerio de Valencia e investigar los delitos de detención ilegal y desapariciones forzadas durante el franquismo, tipificados como crímenes contra la humanidad, y recuperar los restos de los familiares de los denunciantes, tirados a esas fosas. Diligencias todas ellas derivadas de la denuncia presentada en su día por esta asociación en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional no estando por tanto el procedimiento judicial archivado puesto que cabe la posibilidad de que se atienda lo solicitado por esta parte, es decir la exhumación de las fosas comunes del cementerio de Valencia, entre ellas la de la Sección 7ª Derecha.

La petición judicial de exhumación se ha realizado siguiendo las recomendaciones de Amnistía Internacional y de otros organismos internacionales, que parten de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe realizarlas, siendo España el único país que traslada a las asociaciones, partidos y particulares la competencia de recuperar los restos de las víctimas, sufragando incluso los gastos a través de subvenciones, sin que existan antecedentes de esta situación en ningún otro país, además de la opinión de otros expertos que afirman que las exhumaciones realizadas sin la órdenes judiciales correspondientes, pueden suponer el secuestro y la destrucción de pruebas de crímenes perpetrados durante el genocidio franquista.

Por otra parte, entendemos que la pretensión del Ayuntamiento de Valencia de erigir un monolito “En memoria de todos los que dieron su vida por la España que creían mejor”, supone un intento de honrar y reconocer a personas implicadas en el criminal golpe de estado fascista de 18 de julio de 1936 contra el legítimo gobierno de la II República, apoyado por la Alemania nazi y el fascismo italiano de Mussolini, entre otros, que asesinaron a centenares de miles de personas que lucharon por la libertad y la legalidad constitucional y causaron la muerte por hambre, frío, desnutrición y enfermedades no asistidas, entre otras causas, a otros cientos de miles más, debido a las miserables condiciones de vida que el franquismo les impuso. Honrar y hacer reconocimientos a implicados en delitos de crímenes contra la humanidad, está tipificado como delito de apología del fascismo y del golpismo en los países del área europea y de los demás continentes del planeta.

Por último entendemos que la pretensión del Ayuntamiento de Valencia, con la instalación de dicho monolito, es un insulto a las víctimas y a sus familias, que no han sido rehabilitadas, ni juzgado los responsables y colaboradores del genocidio franquista, tras más de 30 años de “democracia” y más de 70 de haberse proclamado la dictadura militar fascista, no pudiendo bajo ninguna razón, dar el mismo trato a víctimas y a verdugos, a delincuentes defensores del fascismo y del totalitarismo, que provocaron o apoyaron el criminal golpe de estado militar fascista, que a los que cayeron en defensa de la libertad, del bien común y de la legalidad constitucional.

Valencia, 20 de enero de 2.010

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