Una vecina de Zaragoza buscará a su abuelo y otros seis represaliados de la Guerra Civil en el Valle de los Caídos

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudadana Isabel María Goñi Cartagena, vecina de la ciudad de Zaragoza, buscará los restos de su abuelo materno y otros seis ciudadanos aragoneses, asesinados durante la Guerra Civil por el bando rebelde, en el Valle de los Caídos, después de que la Comisión Constitucional del Congreso aprobara ayer, miércoles 30 de septiembre, una iniciativa de impulso al Gobierno central para facilitar este proceso.

En declaraciones a Europa Press, Isabel María Goñi explicó que los restos que busca son de siete republicanos, uno de ellos también masón, que fueron "secuestrados" en distintos puntos de la provincia de Zaragoza, fusilados y, después, enterrados en algún lugar. Goñi desconoce por completo cuál fue el destino de los restos de estas personas, por lo que también intentará encontrarlos en el Valle de los Caídos.

El abuelo materno de Goñi Cartagena era Juan Cartagena Vicén, quien fue secuestrado el 9 de agosto de 1936 en Mozota (Zaragoza), donde era concejal de Unión Republicana y ejercía como juez de paz. La familia de Cartagena pensó durante décadas que el abuelo se encontraba en una fosa del actual barrio zaragozano de Valdespartera, pero en la actualidad no hay evidencias de que esa fosa llegara a existir.

Otro pariente de Isabel María Goñi era Francisco Cartagena Vicén, uno de sus tíos abuelos, hermano de Juan. Francisco Cartagena fue "secuestrado" en Tobed (Zaragoza), donde era dirigente local de Unión Republicana, y pudo ser fusilado en el municipio de Santa Cruz de Grío, donde habría sido enterrado bajo las tapias del cementerio en una fosa que --se sospecha-- hoy estaría dentro del perímetro del cementerio. Goñi Cartagena también buscará a Francisco Cartagena en el Valle de los Caídos, al no tener la completa certeza del lugar en el que está enterrado.

"No sé dónde encontrar a mi abuelo y me gustaría saber dónde está", dijo Goñi Cartagena, quien subrayó que los familiares de los ocho represalidos que se mencionan "no sabemos dónde está ninguno".

También fueron fusilados los jóvenes libertarios Feliciano y Vicente Muela Cartagena, vecinos de Épila de 21 y 16 años, entre julio y agosto de 1936. Eran sobrinos de Juan Cartagena Vicén. El mayor de ellos era miembro del anarcosindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT-AIT).

Ambos fueron enviados a la cárcel zaragozana de Torrero y, después, fueron fusilados y enterrados en el cementerio, todavía existente en la actualidad, del mismo barrio de Torrero. Hay constancia de que el cadáver de uno de los fue exhumado y se desconoce el destino final de estos restos.

Antonio Bazán Bernadaus, cuñado de los hermanos Muela Cartagena, residía en Épila, donde militaba en el sindicato socialista UGT. Fue fusilado. Probablemente, antes de ser asesinado fue internado en la cárcel de Torrero.

En agosto de 1936 fue fusilado José Antonio Marco de Viedna, originario de Navarra y residente en Calatayud (Zaragoza), donde era concejal de izquierdas y pertenecía a la masonería, lo que se tradujo en la elaboración de un amplio expediente de responsabilidades políticas y le costó la vida. Marco de Viedna pertenecía a la misma familia que una amiga de Goñi Cartagena.

Victoriano Bolsa Montañés, natural de Alfajarín (Zaragoza), estaba casado con una joven de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), donde residía y era alcalde por el PSOE. De los ocho hermanos de esta familia, sólo uno sobrevivió a la Guerra Civil, al exiliarse pronto a Francia. Se desconoce el paradero de los restos de Bolsa Montañés, familiar de otra persona conocida de Isabel María Goñi que actualmente reside en Barcelona.

Goñi Cartagena se puso en contacto con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de ámbito nacional, para buscar información sobre estos represaliados.

CONGRESO

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó el miércoles, 30 de septiembre, una proposición no de ley pactada por PSOE, IU-ICV y Nafarroa Bai en la que se insta al Gobierno a elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos, y a facilitar "económicamente las exhumaciones" y agilizar el traslado de los restos de estas personas, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos.

El debate sobre el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, volvió al Congreso de la mano de IU-ICV y de Nafarroa Bai, que registraron sendas iniciativas para facilitar a los familiares de las personas enterradas en el mismo complejo que Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera la localización y exhumación de sus seres queridos.

El PSOE, que estuvo representado en el debate por el miembro de Izquierda Socialista Juan Antonio Barrio de Penagos, ofreció sendas enmiendas de sustitución a los grupos proponentes que finalmente salieron adelante con el apoyo de CiU y el voto en contra de los 'populares'.

AGILIZAR LOS TRASLADOS

Así, el Congreso pidió al Ejecutivo que, a más tardar en seis meses, elabore un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos que incluya, en los casos en los que se conozcan, su identidad y lugar de procedencia. Esta información deberá ser facilitada, a través de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil, a los familiares, asociaciones, instituciones o familiares interesados, siempre con "pleno respeto a las normas que regulan la protección de datos personales".

El texto también especifica que "se facilitarán económicamente las exhumaciones" y que, en su caso, "se agilizará el traslado de los restos humanos, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos", tal y como establece la Ley de Memoria Histórica.

Durante la defensa de su iniciativa, el diputado de ICV, Joan Herrera, recordó que en un principio la fosa común de Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, iba a albergar restos de fallecidos del bando nacional, pero surgieron problemas, como la negativa de los familiares de estas personas y al final el régimen franquista optó trasladar a este espacio los restos de soldados republicanos que se habían depositado en otras fosas comunes.

IDENTIFICAR A LOS DE LOS BANDOS

Aún asumiendo que será difícil identificar todos los restos, Herrera pidió que se ponga nombres y apellidos a todos los que sea posible, independientemente del bando al que pertenecieran, y que se facilite su desenterramiento y traslado a otro lugar si así lo desen sus familiares. En la misma línea, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, aludió al derecho de las familias a hacer el duelo por sus fallecidos "en casa" y no en un "entorno hostil".

En nombre del PP, el vicepresidente tercero del Congreso, Fernández Díaz, recalcó que en su partido consideran "indiscutible y hasta sagrado" que cualquier familiar tiene "absoluto derecho" a conocer dónde están los restos de sus seres queridos y a disponer de ellos, siempre que sea técnicamente posible y se haga en el marco de la ley.

Fernández Díaz argumentó que el PP no puede apoyar que se inste al Gobierno a realizar un censo sobre los enterrados en el Valle de los Caídos porque esta tarea sería, en todo caso, competencia de la Comunidad de Madrid. También avisó de que esa medida podría tener un "efecto perverso" puesto que, desde su punto de vista, hacer pública una relación de los nombres de estas personas podría llevar a una "violación clara y flagrante" de la Ley de Protección de Datos a no ser que se obtuviera el permiso de todas las familias.

DESAPARICIONES | LA ASOCIACIÓN DERECHO A SABER DA CUENTA DE MÁS CASOS
Los 30.000 menores robados del Franquismo
El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.

María José Esteso Poves / Madrid
Miércoles 6 de mayo de 2009. Número 101
“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”. Éste es el testimonio de Emilia Girón, que dio a luz en el hospital de la cárcel de Salamanca en 1941. Su delito, ser hermana de un guerrillero. Este caso y otros están recogidos en el auto de Garzón tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En el auto se dice que los niños perdidos son víctimas del Franquismo y que había un plan de desapariciones para eliminar oponentes. La Fiscalía declaró a Garzón no competente.

El caso de Emilia Girón no es único, se calculan más de 30.000 los niños robados a familias “no afectas”. 70 años después poco se sabe de aquel episodio aberrante de la dictadura. Irredentas (2002) de Ricard Vinyes recompone el puzzle. Vinyes basó parte de su investigación en testimonios de presas recogidos por Tomasa Cuevas, también presa.

Después de la guerra, la represión fue brutal. Miles de personas fueron encarceladas e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellas fueron a parar muchas mujeres.

La cárcel de Ventas, concebida como un edificio moderno por Victoria Kent, se convirtió en un lugar infame. Tomasa Cuevas lo describe como un gigantesco almacén de mujeres. Antonia García dice: “Sólo recuerdo la locura de mi primer día en la sala de prisión: un sitio para 500 personas albergaba a 11.000. Las mujeres se tiraban al suelo a la vez, no había más sitio”.

Las presas vivían hacinadas con sus hijos y, pronto, la masificación supuso un problema, no humanitario, sino económico y administrativo. Mirta Núñez Balart, historiadora, calcula que en 1939 había 280.000 presos. Hoy con el doble de población son unos 60.000.

Las embarazadas con pena de muerte eran fusiladas nada más dar a luz, como relata Carlos Fonseca en Trece rosas rojas. Trinidad Gallego, matrona, fue encarcelada y ayudó a parir a sus compañeras de prisión. A sus 95 años recuerda para DIAGONAL que “allí los niños los disfrutaba la Topete [la directora María Topete]. Las madres estaban separadas de sus hijos, si devolvían, ellas no podían cuidarlos. Sarna, piojos, sin apenas comida ni agua. Morían muchos. Con tres años se los llevaban, si tenían familia, pero entonces todos estaban en la cárcel e iban a parar a los hospicios o no se sabe”.

En los ‘40 se abrió una prisión para madres lactantes en Madrid. Las presas pensaron que las condiciones mejorarían. Mercedes Núñez, presa política, dice en Mujeres caídas de Mirta Núñez: “Ninguna madre podía cuidar de su hijo. Los niños vivían separados en un patio aparte y ellas trabajaban en talleres más de diez horas diarias”. En Santurrán (País Vasco) las monjas mandaron salir a las presas al patio. Cuando volvieron, sus hijos habían desaparecido. Ya no existían, no habían sido inscritos en el registro de entrada.

Teorías de inspiración nazi
El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 que da la patria potestad al Estado. El general y médico Vallejo Nájera, formado en Alemania e ideólogo del régimen, afirmaba que era necesario “extirpar el gen marxista” y recomendaba el traslado de los niños a hospicios para “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”. Para ello, aplicó descargas eléctricas a los presos y otros experimentos.

La Iglesia regía todos los órdenes de la vida, los internados moldeaban a los niños, mientras el régimen los presentaba como “sacados de la miseria material y moral”. Victoriano Ceruelo, de 65 años, estuvo en Zamora: “Desde los cinco años, todos los días nos levantaban a las 5h. de la mañana para ir a misa. Los domingos venían familias y las monjas nos ponían en fila. Y decían ‘me gusta ése’, y se lo llevaban. Un día me tocó a mí, pero él le daba mala vida a mi madre y ella se suicidó”. Hasta hace poco iba cada año a preguntarle a la superiora quiénes eran sus padres. Ella le decía: “No tienes derecho a remover”.

El 4 de diciembre de 1941 una ley autorizó cambiar los apellidos “si no se pudiera averiguar el Registro Civil en que figuren inscritos los nacimientos de los niños que los rojos obligaron a salir de España y que sean repatriados [23.000 volvieron]. Igual inscripción se hará a los niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional”.

Fernando Magán, abogado de la ARMH, señala que “eso es la transposición de un decreto nazi a España. Lo que subyace es el exterminio de una clase social, los rojos. La eliminación de las ideas por la vía del exterminio de las personas. Hubo un momento –continúa Magán– en el que se instruyó a la policía judicial para abrir los archivos parroquiales. Pero la sala de lo penal, la misma que condenó a Scilingo, cerró sumario”.

También el orden moral impuesto repudiaba a las mujeres si su unión no era bendecida. En el programa de Paco Lobatón (TVE) ¿Quién sabe dónde? afloraron miles de casos. Sensibilizado, Lobatón fundó Derecho a Saber (ANDAS), junto a varias afectadas. A partir de ahí, el programa fue incómodo.

El caso de María Fe Fernández (Pamplona) se resolvió en la tele. La suya fue madre soltera: “Si se quedaban embarazadas iban a parar al convento hasta que daban a luz, luego a la maternidad, allí el capellán hacía las gestiones. Las engañaban y los hijos iban para militares, ricos o familias humildes (a cargo de curas)”. Dice que hay casos en Argentina, Italia, Alemania o Austria.

Avanzada la dictadura el secuestro de bebés continúa. Ahora, Mar Soriano busca a su hermana. Su madre falleció hace unos días. “Mi hermana nació en 1964 en la Maternidad de O’Donnell (Madrid), parecía sana, pero la metieron en la incubadora y un día le dijeron a mis padres que había muerto y que ya la habían enterrado. Ellos estaban aturdidos, eran gente humilde y no sabían qué hacer. Les dieron la partida de defunción y decía que un general mandó enterrarla. A mí me contaron que mi hermana murió. Por mi trabajo doy conferencias en el extranjero para personas sordas. Y en 1997, en Austria, se me acercó alguien que me dijo que conocía a mi familia en Klangerfür, que si el padre era alemán, su hija era igual a mí, mi misma cara, pelo... Dije que no. Hace unos meses empecé a atar cabos”. También desconocía el caso de una madre que ha localizado en Austria a su bebé robado en Madrid. La Iglesia tiene los archivos, pero ninguna ley obliga a abrirlos.

ANÁLISIS | LA IGLESIA TIENE EN SUS ARCHIVOS LOS DATOS
¿Dónde están los datos de bautizo de Auxilio Social?
Durante años, Auxilio Social auspició a niños del contagio de las ideas de los “rojos”, gracias a la sintonía de Franquismo e Iglesia.

FRANCISCO GONZÁLEZ DE TENA (autor de ’Niños invisibles en el cuarto oscuro’, ed. Tébar y ’El papel de la Iglesia en Auxilio Social’, ed. Sepha)
Miércoles 6 de mayo de 2009. Número 101
Casi todos los españoles han oído hablar del llamado Auxilio Social, aunque la mayoría tengan sólo una idea aproximada de lo que representó.

Existen al menos dos estudios monográficos de esa institución, de Mónica Orduña (tesis) y de Ángela Cenarro (ensayo). La investigación sociológica que esta institución demandaba constituye el objeto de mi tesis, Puentes de escarcha, aún inédita aunque el profesor Paul Preston me invitó a que figurase en formato editorial en este mismo año. Las dictaduras tienen interés en destruir los documentos comprometedores, y en este aspecto la franquista tuvo tiempo y fue muy eficiente. En concreto con Auxilio Social la destrucción de documentos comprometedores debió de ser casi completa. Por esta razón parecía conveniente realizar una investigación sobre esta institución desde las herramientas sociológicas, sin demora, dada la avanzada edad de los afectados.

A modo de síntesis señalo los elementos más significativos de Auxilio Social.

El protagonismo de la Iglesia católica era absoluto, en contra de la impresión general de que era una institución netamente falangista. Las experiencias recogidas hablan de humillaciones, castigos corporales sin explicación de causa, racionamiento hasta la exageración del agua para beber y de la alimentación. Y un caso contrastado por triangulación que apunta a que familias afectas al régimen visitaban los hogares para “escoger” algún chico, incluyendo una especie de rueda de selección.

Como resumen hay que señalar que el concepto de disciplina era militar. En palabras de algunos internos, “eran cuarteles para niños”. Por encima de este comportamiento masificado, el único objetivo que parecían perseguir los ideólogos de la institución (que sobrevivió hasta 1981) era el ideal falangista de mitad monje/mitad soldado. La instrucción militar y el adoctrinamiento religioso eran los dos ejes sobre los que se articulaba el internamiento, sobre todo en las primeras edades de los ‘acogidos’.

Como eje directriz del plan trazado para Auxilio Social (con sello benéfico) aparece muy claro que era el ámbito ideal para realizar el maridaje perfecto del Franquismo y la Iglesia, es decir la síntesis más acabada del nacionalcatolicismo. Sólo así se explicaría la obsesión por aislar a los niños de los pocos contactos familiares que podrían quedarles (muchos eran huérfanos, pero sí tenían algún familiar), como una forma de evitar el contagio con las ideas de los “rojos”.

La posible respuesta a la pregunta de cabecera sólo la puede dar hoy, como resulta evidente, la Iglesia católica. Es la guardiana y transmisora de las esencias del Franquismo, muro infranqueable para todo intento de dignificar la memoria de las víctimas o desmontar las sólidas tramas ideológicas que permitieron 40 largos años de dictadura. La propia propaganda eclesial señaló en 1940 una explicación a la desaparición de niños. Semanalmente se bautizaban en los locales de Auxilio Social a “cientos” (son sus cifras) de niños. ¿Dónde están los registros de esos bautismos? Otro dato en la misma línea. En el registro parroquial de San Juan Bautista (Ciudad Lineal, Madrid) aparecen cientos de niños confirmados por Eijo Garay, cuyos datos filiales aparecen sin uno o ambos de sus progenitores ¿Son reales sus apellidos? ¿Fueron inscritos, al igual que los niños bautizados en locales de Auxilio Social, en el Registro Civil? ¿Los datos de filiación eran reales o supuestos? ¿Hizo Auxilio Social un uso intensivo del Decreto de diciembre de 1940, sobre apropiación de la patria potestad de los “niños abandonados” o “en riesgo”? Hay que señalar que, para el Franquismo, el mayor riesgo era el contacto con los “rojos”.

El peculiar concepto de justicia impuesto por los ideólogos del Franquismo, y en primer lugar por el “cuñadísimo” Serrano Súñer, hacía que todo el edificio legal fabricado resultara aberrante, si lo comparamos con los principios básicos del derecho. Por esta razón es preciso matizar el tema de adopciones y acogidas . La Iglesia católica tiene mucho que aclarar todavía.

Foro por la memoria de Córdoba

El Foro por la Memoria de Córdoba encontró y exhumó ayer por primera vez después de la Ley de Memoria Histórica en la provincia el cadáver de una víctima del régimen franquista. Se trata de un maquis que fue enterrado en una fosa común en el cementerio de Belmez, junto a otros tres guerrilleros que fueron exhumados en mayo de este año.
El Foro por la Memoria denunció los hechos ante el juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo, alegando crímenes de lesa humanidad, que no habría prescrito, aunque el juzgado lo rechazó. Fue el Ayuntamiento de Belmez, gobernado por IU, el que dio autorización para abrir la fosa común.
La historiadora del Foro por la Memoria de Córdoba, Carmen Jiménez, explicó que el cuerpo podría ser el de Manuel López González, apodado «el Solitario» y natural de Villanueva del Rey, que comenzó en la guerrilla en 1936 y se escondió en la Sierra al finalizar la Guerra Civil en 1939, hasta que murió en Belmez, en 1949.
Los trabajos para localizar sus restos comenzaron por la mañana y poco después de comenzar a excavar encontraron a una persona, enterrada sin restos de ataúd y cuyo cuerpo parecía que había sido arrojado de forma violenta. El cadáver presenta un disparo en el cráneo.
El siguiente paso tras el descubrimiento, es el levantamiento del cadáver, que previsiblemente se realizará hoy y, a continuación, se harán pruebas de ADN para certificar que el cuerpo es el de Manuel López González.
Una vez que se certifique la identidad, los familiares de los cuatro maquis que fueron enterrados en la misma fosa común pretenden que continúen juntos, para lo que se inhumarán nuevamente en el cementerio de Belmez, en un mausoleo. Las investigaciones del Foro por la Memoria de Córdoba para encontrar a los cuatro maquis exhumados comenzaron a raíz de la denuncia del hijo de uno de los guerrilleros, que informó de sus sospechas de que su padre podría estar junto a otros maquis, en una fosa común de ese cementerio

ABC
VALLADOLID. El PSOE de Valladolid aprobará hoy en la reunión del Comité Provincial Ordinaria la creación de una Secretaría Ejecutiva de la Memoria Histórica que será ocupada por el fornese y concejal del Equipo de Gobierno de Cigales, Manuel Escarda. Así lo explicó ayer en declaraciones recogidas por Europa Press el secretario general de los socialistas en la provincia, Mario Bedera, quien recalcó que se busca el reconocimieento a las víctimas de la represión tras la Guerra Civil «que siguen enterradas en pinares y cunetas» de la provincia.
Bedera señaló que esta decisión ya fue tomada en primer lugar por agrupaciones socialistas de Extremadura y que el PSOE de Valladolid es el primero de la Comunidad castellano y leonesa en crear la Secretaría Ejecutiva de la Memoria Histórica. «La idea es que el movimiento se siga extendiendo y que más pronto que tarde haya una secretaría específica», incidió.
El representante socialista destacó sobre Manuel Escarda que es responsable forense de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por lo que ha colaborada en una treintena de excavaciones de fosas de víctimas de la Guerra Civil.