viernes, 31 de julio de 2009

El quinto inquilino de la fosa de Lorca
Los nietos de un funcionario dicen que su abuelo está sepultado con el poeta y piden a la Junta la exhumación

ISABEL PEDROTE - Sevilla - 01/08/2009



La muerte de Federico García Lorca ha estado siempre cercada por el misterio y la polémica. Y así parece que va a seguir siendo, al menos en el perfil últimamente más controvertido: la identificación de sus restos. Primero fue el largo y laborioso camino hasta señalar el paraje en el que fue enterrado. Luego el aún más costoso proceso que ha derivado en la decisión de la Junta de Andalucía de abrir su fosa en otoño -sin esperar una decisión judicial-, a requerimiento de los descendientes de dos de los otros tres represaliados que se cree que yacen con él. Ahora surge un dato sorprendente, que no había sido apuntado por ninguno de los investigadores que han seguido el rastro de los momentos finales del poeta: la Consejería de Justicia y Administración Pública andaluza piensa que hubo una quinta persona fusilada y sepultada en el mismo emplazamiento, cuyos familiares acaban de solicitar su exhumación.





Fermín Roldán fue llevado de su casa al lugar de su muerte directamente

Se trata de Fermín Roldán García, un inspector municipal de tributos del Ayuntamiento de Granada, detenido y trasladado directamente desde su casa al paraje entre Víznar y Alfacar, donde cayó bajo los disparos de sus verdugos, en la madrugada del 18 de agosto de 1936. Ésta es la razón, sostiene la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, de que no quede constancia de su presencia en los trágicos sucesos. Mientras que García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas coincidieron en la finca La Colonia antes de ser asesinados, Fermín Roldán habría sido conducido al lugar de su muerte sin pasar por el cortijo. Su viuda se personó para recuperar los restos y se lo denegaron, pero le mostraron el sitio de la tumba que, afirma la familia, es la misma en la que se supone que descansan los otros cuatro fusilados.

Según relata Álvarez, el inspector de tributos de Granada tenía cinco hijos. Como ocurrió con muchas otras familias de represaliados, la sombra quedó para ellos. Los marcó a todos y la muerte de su padre se mantuvo como un secreto inconfesable. A la viuda le quitaron sus bienes y el miedo les venció. Sólo uno, prosigue la consejera, mantuvo lo ocurrido en la memoria. Ahora son sus hijos los que se han dirigido a la Delegación de la Consejería de Justicia de Granada y han solicitado formar parte del proceso de exhumación.

Se decidieron a dar el paso cuando leyeron en la prensa que la Junta había tomado la determinación de excavar la sepultura en la que ellos ubican los restos de su abuelo, acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica, que habilita a las Administraciones para localizar e identificar a las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil si lo piden sus descendientes directos.

La Consejería de Justicia va a usar el protocolo establecido por el Gobierno, pero con una orden específica que lo desarrolle. El primer paso es la firma de un convenio con la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Alfacar (municipio al que pertenece el enterramiento) y las asociaciones de memoria histórica, y crear una comisión especial para el caso. A ella se adherirán los expertos necesarios.

La fecha prevista para iniciar los trabajos es octubre. La Junta quiere dejar muy claro que la comisión nace para sacar los tres cadáveres que han pedido sus familiares -al banderillero Joaquín Arcollas nadie lo ha reclamado-, no para el de Federico García Lorca, cuya familia se ha negado a la identificación. Tan es así, que la consejería evita llamar a la sepultura "fosa de Lorca" y se refiere a ella en sus documentos internos como "fosa de Víznar" o "fosa de Alfacar". "Hemos decidido hacer una comisión especial porque hay una familia que se inhibe

[los sobrinos nietos del poeta], por tanto, es necesario dotar al procedimiento de todas las cautelas para que se garantice el derecho de todas las familias", señala Álvarez.

La discusión sobre competencias entre jueces y Administraciones ha dejado en el limbo la apertura de fosas. La Junta andaluza resolvió a mediados del mes pasado excavar la sepultura y terminar con el enmarañado ir y venir de la causa. El pasado 29 de mayo, una juez de Granada rechazó asumir el caso, en contra del criterio del fiscal. El juez Baltasar Garzón, en noviembre de 2008, a su vez, y por indicación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se había inhibido, tras abrir un mes antes una causa contra el franquismo por crímenes contra la humanidad. La negativa de la juez granadina devolvió el caso a la Audiencia Nacional. Y entonces Garzón planteó un conflicto de competencias al Tribunal Supremo para que determine qué juzgado es el competente para autorizar la exhumación.

Precisamente, antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -en un pleno del pasado 7 de noviembre- mandara paralizar las exhumaciones ordenadas por Garzón, todo estaba listo para actuar. Un jarro de agua fría acabó con las esperanzas de los familiares. Otra vez la montaña rusa de alegrías y decepciones. Quizás ahora, con la iniciativa de la Junta, el ánimo de los descendientes de las víctimas regrese al punto más alto.

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jueves, 30 de julio de 2009

Setenta años sin sepultura
La Guardia Civil encuentra en La hoya del muerto los restos de una víctima de la represión. El cráneo y la mandíbula hallados parecen ser los del joven de 20 años Sixto Caro, huido en 1936
Rafael Moreno (Huelva información /Kaos, 21-7-2009)



No era un lugar cómodo para ser republicano en 1936. El ideario carlista y tradicionalista imaginaba Encinasola como una Covadonga desde donde iniciar la reconquista del país a las fuerzas del mal, es decir, los rojos. Esa aura de mitología totalitaria atrajo a la zona al requeté sevillano. Lo recuerda Espinosa en su obra de manual La Guerra Civil en Huelva. Fue el único pueblo donde triunfó la sublevación fascista de forma permanente y cayó en manos de los franquistas el 19 de julio de 1936. Así que la represión se inició pronto. Cuando reaccionaron los izquierdistas fue tarde. Comenzó una desbandada en dirección al vecino Barrancos (Portugal) y a Badajoz. Treinta y tres víctimas de la represión derechista y cuatro de la izquierdista (fuente: La Guerra Civil).



Este fue el complicado decorado para sobrevivir que se encontró un joven campesino de 20 años llamado Sixto Caro. Como tantos, decidió huir. Perfecto conocedor de las montañas que rodean la llanura de Encinasola buscó cobijo en una de las zonas más agrestes del término, en dirección al Rosal que viera el poeta Miguel Hernández, y esquivó los primeros zarpazos de la muerte. Allí comenzó su calvario. Alimentado por los estraperlistas de la ruta del café resistió algún tiempo. Su aventura acabó después de recibir unos cuantos balazos de una batida fascista encargada de lo que el régimen franquista llamaba "la limpieza de los campos".



Entonces se dio paso a una leyenda amparada por un paraje de nombre más bien poco discreto: La hoya del muerto. Muchos sabían que en esa concavidad se encontraban, a la intemperie y sin enterrar, los restos de una persona.



Setenta años después de los hechos, la Guardia Civil ha resuelto el enigma y si se confirman las pesquisas, los restos óseos que encontraron en el lugar el pasado 7 de julio tendrán un rostro, una vida y una familia, la de Sixto Caro.



Todo empezó hace unos meses, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en un paraje de Rosal de la Frontera podrían encontrarse todavía los restos de un hombre que fue asesinado durante la Guerra. Los agentes estudiaron pormenorizadamente las fuentes históricas hasta dar con el lugar conocido como La hoya del muerto, dentro de la muy conocida finca El Castillo.



El pasado 7 de julio, narra la Benemérita en una nota, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza junto a un equipo de la Policía Judicial de Aracena y una comisión judicial formada por juez, secretario y forense emprendieron una expedición al recóndito paraje. El grupo tuvo que abandonar hasta los todo-terrenos y continuar a pie hasta La hoya. Allí, entre una maleza de dos metros de altura, encontraron varios restos óseos, una mandíbula humana y un trozo de hueso craneal. También una bota y un trozo de hoz. Era lo que quedaba de un hombre después de que el tiempo y las alimañas se encargaran de dispersar un cuerpo que nunca fue enterrado.



Los huesos, tras autorizar la titular del Juzgado de Instrucción el debido levantamiento, han sido enviados al Instituto Anatómico Forense para que se proceda a su identificación.



No será fácil. La mandíbula no tiene dientes adheridos ni alveolos, lugar donde el ADN permanece por más tiempo y que permite la identificación de un cadáver.



La aparente imposibilidad médica para conocer el nombre de la víctima no ha echado para atrás a la Guardia Civil. Ha recompuesto la historia, entrevistado a cronistas, historiadores y viejos conocedores de aquellos días del 36 hasta hilar una identidad y un pasado creíble que puede ser el de Sixto Caro. Su hermana, que tuvo un hijo que luego se hizo agente de la Benemérita, ha aportado datos claves, al igual que un sobrino nieto. Sólo queda hacer oficial un nombre, un hombre, una muerte y un asesinato más de aquella gran represión.



http://www.kaosenlared.net/noticia/setenta-anos-sin-sepultura

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jueves, 23 de julio de 2009

DOS JUECES DEVUELVEN A GARZÓN LA CAUSA CONTRA FRANQUISMO

Los magistrados analizaban la fosa de García Lorca y el Valle de los Caídos.

Público.es/DIEGO BARCALA - Madrid - 08/07/2009


Ya hay dos jueces de instrucción que consideran que los generales sublevados en 1936 cometieron delitos que deben ser investigados por la Audiencia Nacional por tratarse, entre otros asuntos, de crímenes contra la humanidad. El juez de San Lorenzo de El Escorial, Miguel Ángel Aguilera, se sumó ayer a la jueza de Granada, Aurora Fernández. Son los únicos de los 43 jueces en los que se inhibió Baltasar Garzón el pasado noviembre que han optado por devolverle la competencia de la causa contra el franquismo.


El juez de San Lorenzo estaba encargado de investigar las tumbas que se esconden en el mausoleo del Valle de los Caídos. Sin embargo, considera, en un auto del pasado 2 de julio, que no puede investigar estos hechos de manera "independiente del resto de hechos delictivos". El juez, al igual que su compañera de Granada cuyo cometido era investigar la fosa de Federico García Lorca, argumenta que las "detenciones, secuestros, asesinatos y torturas" pretendían subvertir "el orden constitucional y el poder legítimamente constituido". Por tanto, es un delito contra el Gobierno que corresponde a la Audiencia.



La denuncia analizada por el juez Aguilera fue presentada por Fausto Canales. El padre del denunciante fue asesinado y enterrado en un pozo en Aldeaseca (Ávila) en 1936. Después de 68 años, Canales fue a buscar los restos en 2004. Para su sorpresa no encontró nada y tras investigar en el Archivo General de la Administración descubrió que había sido trasladado al Valle de los Caídos pocos días antes de su inauguración en marzo de 1959. "Se lo llevaron antes para su inauguración, pero a mi tío, que murió en el frente de Brunete, lo trasladaron en 1968", recuerda. Los traslados al Valle de Cuelgamuros, sin el consentimiento de las familias, se prolongaron hasta 1982.

Sólo tres juzgados han asumido la tarea


La devolución de la causa al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional obliga a su titular, Baltasar Garzón, a elevar ante el Tribunal Supremo una nueva cuestión de competencia. El Alto Tribunal agrupará todos los autos en el mismo sentido para dictar un auto único. La mayoría de los juzgados en los que se inhibió Garzón han archivado la causa. Tan sólo tres juzgados han asumido la tarea y han practicado nuevas diligencias como aperturas de fosas o tomas de declaración a los familiares.


La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que añadió gran parte de la información al sumario de Garzón, espera que más juzgados tomen la misma postura que el de Granada o San Lorenzo de El Escorial. "El de Palencia acabará reenviándolo", pronostica el abogado de la ARMH, Fernando Magán. Este juez señaló en un auto que la competencia correspondía a la Audiencia Nacional.

Otro juez dice que la Audiencia debe investigar la Guerra Civil

Cree que hubo un plan preconcebido de un grupo militar.


El País/JOSÉ YOLDI - Madrid - 09/07/2009



El juez Miguel Ángel Aguilera, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) rechazó ayer su competencia para investigar delitos cometidos durante la Guerra Civil, y sostuvo que debe ser la Audiencia Nacional la que globalmente investigue los hechos enmarcados en un "plan preconcebido" y cometidos por un "grupo organizado militar y rebelde".


El nuevo rechazo a la inhibición de Garzón se une al planteado por la juez de Granada sobre la exhumación de García Lorca, cuya competencia para investigar unos hechos que consideraba crímenes contra la humanidad igualmente rechazó.


El magistrado de San Lorenzo admite que los hechos ocurridos durante el llamado alzamiento pueden ser calificados jurídicamente como rebelión en relación con crímenes contra la humanidad, ya que a su entender se trató de una insurrección que se llevó a cabo para acabar con el sistema de Gobierno, y cuyo instrumento fueron los crímenes contra la humanidad.


El magistrado explica en su auto que hubo "unidades militares que se rebelaron contra el sistema y el ordenamiento jurídico legalmente constituido y para ello se sirvieron de detenciones, secuestros, asesinatos entre otras lindezas", por lo que esos delitos comunes tienen una "clara conexión con el normal desenvolvimiento de las funciones de legislar y gobernar que representa la rebelión".


"Los hechos ocurridos durante la Guerra Civil", afirma el juez Aguilera, "tuvieron incidencia en la Comunidad Internacional; todos los actos delictivos (detenciones, secuestros, asesinatos, torturas) estaban encuadrados y dirigidos al mismo fin: subvertir el orden constitucional y el poder legítimamente constituido, por lo que no puede admitirse la competencia para instruir de forma sesgada lo ocurrido en San Lorenzo de El Escorial, independientemente del resto de hechos cometidos a nivel nacional".


Y ello es así, "so pena de pensar que las acciones delictivas de nuestra historia fueron aisladas, que no estuvieron organizadas en un plan preconcebido, que no fueron cometidas por un grupo organizado militar y rebelde y que en su lugar fueron cometidos a título particular, sin conexión, con una responsabilidad también aislada e individual y diseminada por todo el territorio nacional con coincidencia en el tiempo".


El caso afecta a ocho republicanos sepultados sin su consentimiento en el Valle de los Caídos. Se trata de Celestino Puebla, Emilio Caro, Flora Labajos, Pedro Ángel Sanz, Román González, Víctor Blázquez y Valerico Canales, miembros de la Casa del Pueblo de Pajares de Adaja (Ávila), que fueron fusilados el 20 de agosto de 1936 por un grupo de falangistas. Fueron enterrados en un pozo de Aldeaseca, y desenterrados 23 años después para ser trasladados al Valle de los Caídos un mes antes de la inauguración del monumento por orden de la misma autoridad que ordenó su muerte.Garzón, como ya hizo con el caso de Granada, planteará al Supremo una nueva cuestión de competencia. La decisión afecta también a la querella por prevaricación que el Supremo admitió contra Garzón. Hay al menos seis jueces que creen que Garzón tenía razón, por lo que la prevaricación imputada no es tan grosera como los querellantes pretenden.

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LA JUNTA DE ANDALUCÍA ABRIRÁ LA FOSA DE LORCA TRAS EL VERANO

El procedimiento «respetará» a la familia del poeta si no quiere identificarle.

Público.es/PURA RAYA - 15/07/2009


El Estado toma cartas en el esclarecimiento de un suceso convertido en símbolo de la represión franquista. La Consejería de Justicia de Andalucía abrirá en otoño la fosa situada en el barranco de Víznar, en Granada, donde supuestamente se encuentran los restos del poeta Federico García Lorca, asesinado en julio de 1936, junto a los de otras tres personas. "La Junta asume la competencia de recuperar la memoria histórica porque la tiene y puede abordar las excavaciones de las fosas localizadas", afirmó ayer la consejera del ramo, Begoña Álvarez, que hizo una puntualización: "No vamos a actuar en aquellos casos en que no sea solicitado", en referencia a la postura de los familiares de Lorca.


"Hay que respetar tanto a las familias que quieren reparar su dolor como a las que no quieren que se haga la identificación de las víctimas", añadió. En la fosa se encuentran, supuestamente, los cuerpos de Lorca, los banderilleros Francisco Baladí y Joaquín Arcollas y el maestro Dióscoro Galindo. La Junta pretende dar respuesta a las demandas realizadas por los descendientes de Galindo, Baladí y Arcollas, que sostienen puntos de vista que difieren del dominante entre los familiares del poeta.



La Consejería ultima ahora un protocolo de actuación que aporte un marco jurídico para iniciar tras el verano las excavaciones de la fosa, situada entre los municipios de Víznar y Alfacar. Para ello, partirá de una adhesión al protocolo de exhumaciones del Gobierno y elaborará luego uno propio que permita abrir este tipo de enterramientos y que podrá aplicarse otras solicitudes de colectivos y familiares.


Laura García Lorca, sobrina-nieta del poeta, valoró ayer con diplomacia las intenciones de la Junta. "Respetaremos cualquier decisión judicial", afirmó. Y añadió: "No seremos un obstáculo para aquellas familias que quieran recuperar los restos, pero pedimos el mismo respeto".


Serio y riguroso


Nieves Galindo, nieta del maestro fusilado, confesó sentirse "un tanto alucinada" por la decisión del Gobierno andaluz. "Estoy contenta, pero temo sufrir otro desengaño", explicó. A su juicio, "todo se hará de forma más seria y rigurosa" a través de la Administración.


La semana pasada, la titular de Cultura, Rosa Torres, enfrió las expectativas de los que deseaban la apertura al señalar que "en ningún caso" correspondía a su departamento al tratarse de un enterramiento contemporáneo y no arqueológico. "Primero que hablen los jueces", dijo la consejera, para enfado de varias asociaciones memorialistas, hartas de varapalos judiciales.


La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada inició en abril un proceso administrativo paralelo al judicial para obtener los permisos de exhumación. Lo hizo al constatar que la vía judicial se estrechaba cuando el juzgado de instrucción 3 de Granada rechazó asumir la causa sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que había instruido Baltasar Garzón hasta su inhibición.


El caso volvió así a la Audiencia Nacional, donde el propio Garzón planteó al Tribunal Supremo un conflicto de competencias.

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martes, 14 de julio de 2009

LAS FOSAS Y LOS NIÑOS PERDIDOS SON DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD"...

LAS FOSAS Y LOS NIÑOS PERDIDOS SON DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD"...

Los trabajos del investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el ciudadreleaño Miguel Ángel Rodríguez, en los que pone de manifiesto siguiendo la jurisprudencia europea que las fosas de Franco y los niños desaparecidos son crímenes contra la humanidad, han unido ya a más de 70 asociaciones de la memoria histórica en torno a un comunicado en el que piden al Gobierno que cumpla el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Su correcta aplicación, según explica Rodríguez a este diario, supondría una “profunda reforma” de la Ley de la Memoria Histórica que para él se podría calificar como la de “la vergüenza histórica”.

Las investigaciones de Rodríguez se han basado en la jurisprudencia de los procesos de Nuremberg y de Srebrenica. Su objetivo principal era demostrar que “las fosas de Franco y los niños perdidos son crímenes contra la humanidad” y que los gobiernos democráticos posteriores a 1979 “al no reparar con la diligencia debida” han incurrido en “trato inhumano y violación del derecho a la vida familiar”, puesto que dejar en manos de las familias de los desaparecidos la iniciativa de localizar las fosas incumple los convenios europeos.

De hecho, Rodríguez afirma que el Tribunal Europeo dice que ante la mera noticia -aunque ésta sea periodística- de que hay una fosa, las autoridades están obligadas a iniciar una investigación oficial, efectiva e independiente. Algo que no contempla la actual Ley de la Memoria Histórica que, apunta, no tiene que tratar “sólo de homenajes”.

“Cuando no se investiga se está dejando a las familias en el sufrimiento y eso es trato inhumano, es la reunificación familiar de la que tanto oímos hablar en otros contextos. Estamos hablando de niños que fueron robados por el Estado español”, dice.

“Niños cuyas madres, prosigue, han estado esperando a las puertas de la justicia durante años, como en el caso de Emilia Girón y muchas madres más. No hace falta leer muchas sentencias para entender que hablamos de humanidad”, sostiene.

La investigación de Rodríguez abre nuevas vías de actuación para las víctimas y sus abogados. “Yo digo que la Ley de la Memoria Histórica viola derechos humanos y por eso no cabe ningún reglamento”, apunta. Otra de sus denuncias se refiere la que esta ley, de diciembre de 2007, copia una orden de Franco de mayo de 1940 sobre “las exhumaciones de fosas de asesinados por la orda roja”.

Este experto mantiene que si España no adapta la ley al Convenio de Derechos Humanos, que se firmó ya con la democracia, el país estaría “en una situación de ilegalidad” porque estaría violando distintos artículos con una jurisprudencia “que no tiene dobleces, con una sola línea de interpretación”.

Y añade: “Cada fosa que se abre en la que no se sigue la Ley de Enjuiciamiento Criminal está violando el Convenio Europeo”. Para el investigador, la actual ley que “es un laberinto jurídico”y no cumple con los principios en materia de verdad, justicia y reparación.

A día de hoy se calcula que el número de desaparecidos en España víctimas de la Guerra Civil podría estar en torno a los 150.000. Los cálculos del juez Garzón fijan en 30.000 el número de niños que desapareció durante el franquismo.

Miguel Ángel Rodríguez, cuyos trabajos han sido utilizados por el juez Garzón, quiere abrir ahora una nueva línea de investigación en la que pretende demostrar que los atentados de ETA también son crímenes contra la humanidad

lunes, 13 de julio de 2009

La financiación de la ley. - PÚBLICO


Sólo un 19% de las subvenciones de Presidencia para recuperar la memoria histórica costean la identificación de cuerpos . Una asociación recibe 120.000 euros en tres años para 314 restos



La financiación de la ley. - PÚBLICO
DIEGO BARCALA - MADRID - 06/07/2009 08:00

Una habitación de 30 metros cuadrados en la Universidad Autónoma de Madrid es el laboratorio más grande de España que identifica restos rescatados de las fosas comunes de la Guerra Civil. El equipo científico que trabaja en recomponer las vidas de 314 esqueletos acumulados en cajas está compuesto por un antropólogo forense, dos arqueólogas en paro, un historiador aficionado y un becario que documenta toda la información. El becario es el único que cobra. Sólo un 19% de las subvenciones del Gobierno para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica están dedicadas a la recuperación de cuerpos.

El Ministerio de Presidencia otorga cada año, desde 2006, una cantidad aproximada de dos millones de euros para proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
El 81% de las ayudas se dedica a libros, exposiciones o jornadas

En su primera convocatoria primaba en las bases de la misma los proyectos relacionados con "la recuperación de los cuerpos". Sin embargo, durante tres años seguidos, las ayudas dedicadas a este fin apenas han alcanzado los dos millones. El 81% restante, de los 11,5 millones repartidos en total, ha sido dedicado a libros, exposiciones o jornadas.

"Está bien que paguen los libros o los monolitos, pero la subvención a nosotros nos supone una propina", apunta el representante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Burgos, José Ignacio Casado, que en el equipo de la Autónoma ejerce de historiador. Además, añade otro dato que explica la urgencia de la subvención en su caso: "Tenemos a muchos familiares esperando a que se acabe el trabajo de identificación para que les entreguemos el cuerpo. El problema es que muchos se nos mueren en la espera".

La situación contrasta con lo que ocurre en Catalunya, donde gracias a la reciente aprobación de la Ley de Fosas, la Administración autonómica pagará por mandato legal la apertura de las sepulturas colectivas siempre y cuando existan indicios documentales de que una determinada persona está enterrada allí.
"Muchos se mueren en la espera de la identificación de su familiar"

Casado irrumpe en el laboratorio con un documento en la mano. El papel es una lista de los presos que fueron sacados de la cárcel una madrugada de agosto. Los nombres coinciden con algunos de los asesinados cuyas muertes tratan de explicar 70 años después.

"Por el análisis de los huesos se pueden saber muchas cosas. Si tiene fractura post mórtem o pre mórtem. Es decir, si fueron maltratados, cómo los mataron...", explica Ríos. El objetivo de este equipo de la ARMH es ayudar a las agrupaciones de familiares y crear una gran base de datos que cuente la verdad del suceso histórico. "No se pueden explicar estos asesinatos sin un contexto global", añade Ríos.

La mesa central del laboratorio la ocupa un esqueleto completo con un agujero en el cráneo. "A estos los mataron dentro de la fosa. Primero les metieron y luego les dispararon", interpreta Casado con los datos del exhaustivo informe de la fosa de la que procede el cadáver.

Al lado, descansan en cajas los objetos que fueron rescatados en la excavación: un reloj, un crucifijo, una moneda, un pastillero e incluso gomas de borrar. "Aunque los huesos estuvieran desintegrados siempre puede haber objetos como unas suelas de goma que expliquen cuántos cuerpos había", comenta Ríos.

La asociación de Casado ha recibido una subvención de 120.000 euros de Presidencia en tres convocatorias. Un dinero que no costea todo el proceso. "Sólo con desplazar a un equipo de antropólogos durante dos días a excavar una fosa ya habríamos gastado el presupuesto. Menos mal que lo hacen voluntarios", explica. En la ayuda de la convocatoria de 2008 se encontraron con una paradoja. El Gobierno exige escrupulosamente una rendición de cuentas que justifique, en un año, el uso de la subvención. Por error, la ARMH indicó que tendría la identificación de los cuerpos de una fosa en ese año, pero al ritmo que les posibilitan los medios de los que disponen, era imposible. El Ejecutivo solicitó entonces la devolución del dinero.
ADN y documentación

El rigor científico con el que trabajan es total. "La parte documental es fundamental porque a veces, con la prueba de ADN, no es seguro que el cuerpo analizado sea la persona buscada", relata Ríos. Más de una vez se han encontrado con una coincidencia de más de un 95% en el código genético del resto hallado y del familiar que reclama su cuerpo. Sin embargo, en los pueblos pequeños, donde la represión fue muy dura, era común que hubiese multitud de lazos familiares entre los vecinos. "Si a la coincidencia genética le añades pruebas históricas, ya sí que garantizamos y firmamos el informe", concluye el antropólogo.

Cuando la Audiencia Nacional abrió una causa a través del juez Baltasar Garzón para investigar el paradero de 150.000 desaparecidos, salieron cálculos demagógicos sobre el coste que tendría el proceso. La cuenta era sencilla: tantos desaparecidos a 500 euros la identificación genética daba una cantidad escalofriante. Sin embargo, las pruebas genéticas apenas son necesarias para un 30% de los cuerpos encontrados: son aquellos que todavía mantienen familiares vivos. "Existe gente muy capacitada en España para hacer esta labor, lo que pasa es que no hay nadie que ponga el dinero", argumenta Ríos.

El Gobierno confía en la labor altruista de las agrupaciones de familiares. De hecho, el Ejecutivo les ha enviado una ficha para que cuenten los datos de la fosa donde están sus antepasados, los datos de los desaparecidos y las fuentes de información. Estos colectivos se siente explotados y hartos. El Gobierno pide a las víctimas que busquen las fosas cuando la ley atribuye la tarea a las "Administraciones públicas".

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miércoles, 8 de julio de 2009

Más de 60 asociaciones de Memoria Histórica presentaron ayer en La Moncloa un escrito en el que piden al Gobierno que modifique la actual ley en su apartado sobre desaparecidos del franquismo. Miguel Ángel Rodríguez, uno de sus redactores, resume así sus pretensiones: "Que sea el Estado, y no las familias, el que asuma las labores de identificación y exhumación de las víctimas".

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO


La legislación vigente, aprobada el 31 de octubre de 2007, dice que las Administraciones subvencionarán y colaborarán en las tareas de localización de las fosas comunes, "tareas que casi siempre recaen en los familiares. Así, el Estado se lava las manos", destaca Rodríguez, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El manifiesto, titulado Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos y que define la Ley de Memoria Histórica como una "ley de la vergüenza histórica", resalta que España es el segundo país del mundo en número de muertos cuyo paradero se desconoce (150.000 personas), "tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot".

Para propiciar una investigación "oficial, efectiva e independiente" en el asunto de las fosas -pero también, según el texto, en el caso de los "niños perdidos", es decir, críos separados de sus familias republicanas durante y tras la Guerra Civil-, el documento entregado ayer en la sede de la Presidencia del Gobierno propone crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. "Sería algo similar a los comités surgidos en los países latinoamericanos a finales de los años ochenta, tras las dictaduras militares", explica Rodríguez.

La nota enumera hasta cuatro supuestas violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos en las que incurriría la ley. La crítica más dura de todas es la que acusa a la norma de seguir el modelo "previsto por Franco" en la Orden de mayo de 1940, "ya que no recoge ni una sola de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación".

En diciembre pasado, Zapatero se comprometió a reunirse en 2009 con las asociaciones para valorar conjuntamente la ley. Aunque tal encuentro no ha tenido aún lugar, estos grupos aseguraron ayer "confiar" en la palabra del jefe del Gobierno

martes, 7 de julio de 2009

Fosas, huesos, víctimas, personas

* Es difícil considerar las exhumaciones de la Guerra Civil un acto de venganza o lucrativo
* Los familiares se resisten a que cadáveres maltratados sigan sin derecho a un homenaje
www.soitu.es
Por GERVASIO SÁNCHEZ (SOITU.ES)
Actualizado 27-06-2009 11:29 CET

Acérquese a una fosa común y mire durante unos minutos. Pregúntele a su conciencia: ¿si fuera mi padre o mi abuelo permitiría que continuase ahí tirado? Piénselo de verdad, es decir, en silencio.

Hay dos respuestas posibles: sí y no. Si su respuesta es sí, está claro que debe ir al psicólogo. Ya sé que hay familiares que no quieren revolver la tierra. Pero dudo mucho que contestasen de esa manera a pie de fosa.

Si su respuesta es no, actúe en consecuencia: acepte que todas las fosas sean abiertas, todos los huesos de las víctimas sean ordenados, identificados y entregados a sus familiares para que le den una sepultura decente.

Entiendo su dilema: hay muchos desaparecidos y es un trabajo muy caro. Además, estamos en crisis. ¿Vale la pena escarbar el pasado? ¿No sería mejor dedicar el dinero a construir puestos de trabajo, adecentar empresas o bancos ruinosos, subvencionar la compra de coches? Insisto: mire a la fosa y hágase otra vez la misma pregunta.
Gervasio Sánchez

La demagogia nos puede sacar del atolladero. Se puede pensar en ahorrar cuando un equipo de fútbol se gasta casi 100 millones de euros en un fichaje o cuando un Estado nos regala 400 euros por nuestra cara bonita. ¿Sabe cuántas fosas se podrían abrir con 100 millones de euros? Con una cuarta parte del regalo que el año pasado nos hizo nuestro Estado (el Gobierno simplemente ejerció de irresponsable), podríamos asear nuestro pasado.

¿Sabe cuánto está costando la búsqueda de los restos de los pasajeros y del avión de Air France que se cayó al océano hace tres semanas? Si su padre, su abuelo o su hijo estuviesen en el fondo del mar, ¿se conformaría con la explicación banal de que es muy caro buscarlos? Claro que no. ¿Rechazaría la entrega de algunos restos de su familiar en una pequeña caja? Claro que no.

Resulta que ve a los familiares como unos aprovechados que sólo quieren dinero o, peor, que buscan culpables y venganza. Vuelva a la fosa y observe cómo trabajan los arqueólogos y antropólogos. Entre ellos, camuflados, también verá familiares limpiando huesos armados de pequeños pinceles. ¿De verdad piensa que esa persona está ahí por dinero o venganza?

Pongamos que recibe una reparación económica. Primero recuerde que habrá tenido que acreditar documentalmente los hechos ocurridos. Le aseguro que es una misión imposible tal como están los archivos de nuestro país y las restricciones existentes. Si supera todos los obstáculos y consigue confeccionar un expediente decente, cobrará unos miles de euros. ¿No le parece que tiene el mismo derecho que le asistiría si su padre o su hijo fuesen atropellados en un paso de cebra? Al fin y al cabo, a su familiar quizá lo sacaron de su casa, lo pasearon durante unos minutos eternos, lo ejecutaron y lo lanzaron al fondo de un agujero.

Pongamos que se quiere vengar. ¿De quién? ¿Del asesino que ya murió? ¿De la historia? Nunca he escuchado la palabra venganza en una fosa. Ni en Guatemala, ni en Irak, ni en Bosnia. Tampoco en España. Nadie se remanga el traje y se dedica semanas, meses y años a buscar los restos de su padre o su abuelo por venganza. No se sostiene.

Trabajando en la limpieza de la fosa encontrada.

Es cierto que algunos verdugos siguen vivos. Me han explicado la historia de un asesino que, además, violó a una de sus víctimas femeninas antes de matarla, y que cada día va a comulgar en bicicleta. Las personas que conocen la historia nunca se la han contado a los familiares directos. El asesino ya tiene más de 90 años. ¿Usted tendría un comportamiento similar? ¿Usted se lo callaría? ¿Usted aceptaría que el violador de su abuela o su madre se pasease en bicicleta a unos kilómetros de su casa sin haber sido juzgado? Permítame que lo dude.

De nuevo, entiendo su dilema: era una guerra y ya sabemos lo que pasa cuando todo se desmorona. Los vecinos y los hermanos se matan. La violación es un arma de terror. El enemigo es reconvertido en un demonio para paliar los golpes de la conciencia. Llevo más de 25 años viviéndolo de forma regular. Ni el peor de los testimonios me asombra, aunque me siga hiriendo.

Pero la guerra tiene reglas. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques contra la población civil son crímenes contra el derecho internacional que no prescriben. Los máximos responsables ya murieron o son ancianos, pero sigue existiendo un Estado llamado España que tiene una obligación con su propia historia.

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lunes, 6 de julio de 2009

La familia de Luis Dorado, diputado del PSOE ha demandado al Estado Español en Estrasburgo.

Antonio Gutiérrez muestra una fotografía de su abuelo Luis Dorado, en Málaga. DANIEL PÉREZ ÁNGEL MUNÁRRIZ - SEVILLA - 19/06/2009 08:00


Los demandantes, que han agotado sin éxito las vías judiciales en España primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, alegan que "la pasividad del Estado español al no esclarecer el paradero del desaparecido o las circunstancias de su muerte, la falta de asistencia a la familia y la ausencia de investigación exhaustiva representan violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos", ratificado por España en 1979, según Antonio Gutiérrez, nieto de Dorado y portavoz de la familia.

La familia de Dorado es la primera de descendientes de desaparecidos o ejecutados por los franquistas que toma esta medida, al menos que se conozca. Diversas fuentes judiciales y otras relacionadas con el movimiento memorialista aseguran que no les consta otra denuncia contra España en Estrasburgo por este tema y apuntan a la importancia de la misma por hacer referencia a "crímenes cometidos por fuerzas armadas del régimen anterior ante los que el Estado debe dar una respuesta".

Todos los intentos de abrir su fosa común, con 500 cuerpos, fracasaronLa representación legal de la familia presentó la demanda el 12 de junio. "No hay plazos fijos para la admisión a trámite, pero suele tardar de seis meses a dos años", apuntan fuentes judiciales. Los abogados de Dorado esperan ahora confirmación de la recepción por parte del Tribunal.

La demanda, firmada por Carmen Dorado, de 83 años hija de la víctima, y su hijo, Antonio Gutiérrez, de 57, fue presentada tras comprobar que todas las puertas legales en España se cerraban tras una lucha de casi 30 años. La familia ni siquiera ha conseguido una partida de defunción. "No hemos sido reparados económica ni moralmente. Sólo hemos recibido burlas y dejadez de la justicia y la administración", afirma Gutiérrez, cuyo objetivo, desde el principio, ha sido claro: localizar el cuerpo, exhumarlo, identificarlo, entregarlo a la familia y modificar el Registro Civil.

Registro Civil
"En casi 30 años, sólo hemos recibido burlas de la justicia"El calvario empieza en 1979, al tramitar el papeleo para reconocer la viudedad de Josefa Ortiz, esposa de Dorado. La familia se vio obligada a presentar una declaración voluntaria de fallecimiento en 1980 al comprobar la imposibilidad de demostrar que Dorado estaba muerto, porque no consta en el Registro Civil de Córdoba. A partir de ahí, los familiares inician una lucha que culmina en 1993 con el reconocimiento del derecho de Josefa Ortiz a percibir una pensión de viudedad sin carácter retroactivo.

"Ahí ya no teníamos ni un documento para seguir pleiteando", afirma Gutiérrez. Sólo la progresiva apertura de los archivos militares va abriendo con los años expectativas para la familia, que logra al fin demostrar el asesinato de Dorado a partir de una investigación privada. "Desde mediados de los 90 voy indagando y empieza a llegarme información, anónima o de investigadores como Francisco Espinosa", explica Gutiérrez, que destaca el "apoyo" de la CGT.

El recurso de la familia a la vía judicial resultó infructuoso. En 2006, tanto el juzgado de instrucción 2 de Córdoba como la Audiencia Provincial rechazan sus denuncias. Sus argumentos se fundamentan en la prescripción de los delitos de secuestro, desconocimiento de paradero y asesinato y en la Ley de Amnistía. "Ahí ya sabíamos que aquí nuestra causa no tenía futuro, pero teníamos que agotar toda la vía en España para poder ir a Estrasburgo", explica Gutiérrez.

La denuncia apunta a una violación de la Convención de Derechos HumanosInhibición de Garzón
La familia presentó un recurso de amparo ante el Constitucional, que resolvió que no era de su competencia. En cuanto a la Audiencia Nacional, la causa le tocó a Baltasar Garzón. Al inhibirse en noviembre de 2008 en favor de los órganos territoriales, la familia dio la causa por perdida. "No somos una asociación ni pedíamos un juicio al franquismo. ¿Por qué no nos dio respuesta individual, si sabía que en el juzgado territorial ya habían dado por prescritos los delitos?", pregunta Gutiérrez.

Justo el día en que Garzón trasladó la causa a los órganos territoriales, el juzgado de instrucción 6 de Córdoba comunicó que no seguiría con la exhumación de la fosa en la que supuestamente están los restos de Dorado, en el cementerio de la Salud. Allí habían empezado en octubre los trabajos de localización de la fosa, en una actuación dentro del programa de subvenciones que la Ley de Memoria Histórica garantiza a los familiares para buscar a sus difuntos. La familia llegó a denunciar a Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba (entonces en IU), por prevaricación, al estimar que el Ayuntamiento ponía impedimentos para la apertura de la fosa, donde se calcula que hay entre 400 y 500 cadáveres. La denuncia fue archivada al no encontrarse indicios de delito.

Sus descendientes no han conseguido ni siquiera una partida de defunción. La demanda en Estrasburgo no pretende que el Tribunal asuma la investigación u ordene la exhumación cuestiones sobre las que carece de competencias, sino que reconozca la existencia de una violación de los derechos humanos que obligue al Estado a hacerlo. La familia y sus abogados prefieren no revelar el contenido exacto de la demanda, ya que daría ventaja al Estado para preparar su defensa en caso de que sea admitida.

"No pedimos que se enjuicie al régimen anterior. Sólo queremos hacer valer nuestros derechos fundamentales, que son inherentes a todo ser humano", aclara Gutiérrez.

El dinero para Dorado no sirve de nada

La familia de Luis Dorado Luque, el diputado socialista de la II República asesinado en 1936 por fuerzas franquistas, se plantea devolver los 37.500 euros que le va a conceder este año el Gobierno para exhumar a su pariente, enterrado en el cementerio de Córdoba. Antonio Gutiérrez, nieto del parlamentario, comunicará la decisión al Ministerio de la Presidencia después de enfrentarse por última vez con el Ayuntamiento de Córdoba paradójicamente gobernado por IU y PSOE, que se opone desde hace un par de años a la exhumación.

El caso Dorado es el primero que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ante la imposibilidad de investigar su asesinato y exhumar sus restos con la ayuda de las autoridades españolas. El nuevo alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), que sustituyó a Rosa Aguilar tras su salto al Gobierno de Andalucía, mantiene las mismas tesis que su predecesora.

Ocaña insiste en que el Ayuntamiento se encuentra "atado de pies y manos" por la actual situación de los terrenos donde los expertos sitúan la fosa común. "En una parte de ella se levanta una construcción de nichos. Comenzar las excavaciones requiere una autorización de los familiares de los fallecidos que ocupan estos para proceder a su traslado o una orden judicial, y no tenemos ninguna de ellas", manifestó el alcalde a Público.

La misma explicación
Son los mismos argumentos ya utilizados en agosto de 2007 por el Consistorio. "Del informe recibido se deduce la imposibilidad material de dar cumplimiento a su solicitud [la exhumación], ya que no existen planos de ubicación de las fosas comunes como es el caso de la zanja B, y porque de las 39 sepulturas existentes en la misma los descendientes son de difícil localización", señalaba el informe municipal. Esta fue parte de la respuesta que obtuvo la familia de Dorado Luque cuando solicitó la exhumación e identificación de los restos del diputado.

"El Gobierno debería hablar con el Ayuntamiento para resolver los problemas", afirma Cecilio Gordillo, del sindicato CGT, que ha apoyado a la familia a lo largo de todo el proceso. Los descendientes de Dorado están cansados de todo el asunto y esperan que la carta de Estrasburgo, que debe estudiar el caso, caiga boca arriba.

Quejas del alcalde
El primer edil de Córdoba asegura que le duelen las acusaciones de la familia de Dorado Luque, e insiste en que la situación de la fosa del cementerio no tiene nada que ver con la que el Consistorio de Málaga ha abierto en un camposanto de esta ciudad. "Allí no tienen que mover las construcciones donde hay otros enterramientos para intentar localizar los cadáveres", justifica.

¿Y si lo ordena un juez? Ocaña no duda: "Se haría, pero a día de hoy esa orden no existe". Ni existirá, salvo que Estrasburgo lo remedie, porque la familia ha agotado la vía judicial en España: primera y segunda instancia en Córdoba, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, que no admitió a trámite su demanda.

jueves, 2 de julio de 2009

IU desata la polémica al pedir que se supriman las últimas calles "franquistas" de Guadalajara

La Plaza de los Caídos es uno de los nombres que podría ser cambiado si prospera la propuesta de IU
Redacción
02/07/2009
Izquierda Unida presentará en el Pleno de este viernes una moción que pretende borrar del callejero todo rastro de franquismo en la capital. NUESTROS LECTORES OPINAN. ¿Y USTED?
El debate que ha abierto la propuesta de Izquierda Unida de llevar al Pleno de este viernes la anulación de la denominación franquista de una decena de calles de la capital, ha desdibujado el fondo de la cuestión, la pregunta última que anida en la base de este proceso: ¿quiénes eran aquellos personajes elegidos por el Ayuntamiento para prestar sus nombres al callejero de entonces?

Entre los personajes, hay una mayoría de combatientes del ejército de Franco muertos en los primeros días de la Guerra Civil; políticos y profesionales de prestigio en la Guadalajara de la época (necesariamente afectos al régimen).El bautizo de estas calles de la capital se inscribió en el amplio y prolongado proceso de fijar en el callejero y los monumentos de Guadalajara la impronta del régimen franquista, de lo que ha habido múltiples ejemplos por toda la ciudad.


Los nombres que Izquierda Unida propone eliminar son José Boixareu Rivera, nacido en Guadalajara (1910), muere en Brístez, Lérida(1939). Estudia en Guadalajara y en los Agustinos de El Escorial la carrera de Derecho. Amplíaa estudios en Alemania y cuando se inicia la Guerra Civil regresa haciendo los cursos de Alférez Provisional, toma parte muy activa en la toma de Sigüenza y Teruel. Ingresa en la Academia de Toledo y sale como Capitán mandando las compañías de tiradores de Ifni. Muere en combate, en Brístez (Lérida). Por ésta acción le es concedida la Medalla Militar Individual.

El caso de Moscardó Guzmán es más problemático, porque habitualmente se le confunde con su padre, José Moscardó Ituarte, que es quien se hizo famoso por su defensa numantina del Alcázar de Toledo, una acción que tuvo repercusión internacional.No es él quien aparec e en el callejero de Guadalajara, sino su hijo, también militar.

Francisco Vives Camino (Alcalá de Henares,1900-Azuqueca de Henares,5-6-1996).Hijo del general Pedro Vives Vich. Estudió Ingeniería militar en la antigua Academia de Guadalajara. Ostentó, entre otros cargos, Director General de Infraestructuras del Ministerio del Aire, Secretario General del mismo departamento y General Jefe de las Regiones Pirenaica y Balear, incluso presidente de la Comunidad de Regantes del Henares. Gran propietario de tierras productivas azudenses y destacado militar franquista..

Calle y travesía Hermanos Ros Emperador: Denominación con la que el consistorio capitalino franquista homenajeaba, desde el 20-10-1954,a tres hermanos fusilados durante la Guerra Civil Española, en 1939, por las tropas republicanas.

Calle de Gutiérrez Orejón: Empleado municipal de Guadalajara, en el servicio de Investigación y Vigilancia, muerto el 24-7-1936 por las tropas republicanas. Por acuerdo municipal del 23-6-1941 se le nominó de esta forma a la calle que antes se llamaba del Buen Vecino.

Plaza de los Caídos en la Guerra Civil: No es, como sostiene IU, la terminología con la cual la propagada franquista conoció a aquellos que murieron en el bando sublevado. El nombre actual, con el añadido de "en la Guerra Civil" con el que se denomina oficialmente la plaza, fue un intento del alcalde Javier Irízar para englobar a los muertos de ambos bandos. La filosofía de aquella iniciativa parece haberse olvidado o, simplemente, se desconoce.


Nombres alternativos
De esta forma, Izquierda Unida propone sustituir la denominación de dichas vías por las siguientes:

Boixerau Rivera por La Carrera; General Moscardó Guzmán por Emilio Meneses; General Vives Camino por El Balconcillo; calle Hermanos Ros Emperador por Castillejos; travesía Hermanos Ros Emperador por travesía de Castillejos; Gutierrez Orejón por El Buen Vecino y Plaza de los Caídos en la Guerra Civil por Plaza del Palacio del Infantado.


Por último, Izquierda Unida pide que durante el plazo de un año, a las placas con las nuevas denominaciones se incorpore otra en la que se informe de la antigua denominación de las mismas.

Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos del franquismo
Comunicado de la “iniciativa conjunta” de organizaciones de memoria, por derechos humanos y de lucha a la impunidad (un total de 47 a día de hoy)
(29-06-2009)



Nuestra ley de la “memoria histórica” es la ley de una “vergüenza histórica”



El modelo de búsqueda, localización y exhumación de los desaparecidos del franquismo vigente hoy en España es el de la Orden de Franco de Mayo de 1940 – que nuestra ley “de la memoria” copia – no el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el de Naciones Unidas.



Por ello, como si España estuviese fuera de Europa, o de las Naciones Unidas, en vez de una “investigación oficial efectiva e independiente”, sin tardanza, y por iniciativa de nuestras autoridades nacionales – no de las familias –, como exige el Tribunal Europeo, tenemos una ley que es un laberinto jurídico, que no recoge ni una sola de las obligaciones internacionales del Estado en materia de “verdad, justicia y reparación” y que no garantiza, en modo alguno, los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos.



Tras treinta años de democracia y Estado de Derecho España no ha cumplido, todavía, ni una sola de sus obligaciones en la materia, a pesar de seguir siendo en la actualidad el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo superadas las 150.000 víctimas de nuestras fosas clandestinas – y el indeterminado número de niños robados por la dictadura – por las cifras del régimen de Pol Pot en Camboya.



Lamentamos que en la elaboración de la ley nuestras autoridades hayan preferido seguir el sistema de garantía de derechos y libertades previsto por Franco al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando con ello, de forma contraria a la legalidad internacional, la normal aplicación en nuestro territorio de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a todas estas víctimas. Sentimos también que España no haya recogido las exigencias de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Res. 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1992) nise haya hecho eco de las contundentes observaciones finales adoptadas por el Comité de Derechos Humanos del pasado 30 de octubre de 2008,



Lamentamos que, con ello mismo, nuestras autoridades democráticas – no ya la sangrienta dictadura franquista precedente – vengan haciéndose responsables de la prolongación de la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, lo que es constitutivo de un trato cruel e inhumano prohibido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7) y por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 1 y 16); todo ello mientras se continúan desatendiendo obligaciones esenciales, recientemente reiteradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos. Las necesidades específicas de colectivos de familiares de desaparecidos en grandes fosas deben ser igualmente reconocidas.



Lamentamos que nuestro Gobierno no haya emprendido, todavía, medida alguna ante el caso de los “niños perdidos” del franquismo –que la llamada ley “de la memoria” ni siquiera menciona – a pesar de tratarse de desaparecidos aún en vida, buscados por sus familias y para los que cada día que sigue pasando sin actuación de nuestras autoridades resulta, además, en una adicional privación de su “derecho a la vida familiar” conforme el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 8), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23), obstruyéndose así la reagrupación de estas familias desgarradas por la dictadura.



A la vista de todo ello, los firmantes del presente comunicado pedimos al Gobierno de España que cumpla con su obligación de dar normal aplicación en el país al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a todas las normas internacionales que le obligan, y atienda a su deber, moral y jurídico, de ofrecer “verdad, justicia y reparación” respecto los desaparecidos del franquismo y sus familiares, comenzando por modificar la vigente ley y articulando un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de los casos de las fosas – y de localización de los “niños perdidos” – mediante una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos participada por representantes de la fiscalía y la judicatura, del Gobierno de la nación, de los cuerpos policiales y las instituciones de derechos humanos así como de las asociaciones, entre otros, conforme los estándares internacionales.







Organizaciones que respaldan el comunicado, por orden alfabético


1- Agrupación de familiares y amigos de los republicanos muertos y represaliados en la prisión de Valdenoceda

2-Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia

3-Asociación Comarcal de MH del Condado de Huelva

4-Asociación contra el Silencio y el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga

5-Associació Cultural Memòria i Justicia d'Elx i Comarca"

6-Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO)

7-Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra

8-Asociación de familiares la barranca, Rioja

9-Asociación Dignidad y Memoria. Marchena (Sevilla)

10-Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

11-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

12-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera

13-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA)

14-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas

15-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Mérida

16-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia

17-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid

18-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya

19-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca

20-Asociación pola Memoria Histórica de O Grove

21-Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, ARAGON (A.R.I.C.O.)

22-Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas

23-Confederación General del Trabajo

24-Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA)

25-Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo

26- Federación de Foros por la Memoria de España

27-Foro por la Memoria de Andalucía

28-Foro por la Memoria de Argentina

29-Foro por la Memoria de Cádiz

30-Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid

31-Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar

32-Foro por la Memoria de Granada

33-Foro por la Memoria de Guadalajara

34-Foro por la Memoria de Huelva

35-Foro por la Memoria de Jaen

36-Foro por la Memoria de La Rioja

37-Foro por la Memoria del Oriente de Asturias (Federación Asturiana)

38-Foro por la Memoria de Santaella

39-Foro por la Memoria de Segovia

40-Foro por la Memoria de Toledo

41-Foro por la Memoria del Valle del Tietar y la Vera

42-Foro por la Memoria Histórica de Málaga

43-Fòrum per la Memòria del País Valencià

44-Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló

45-Héroes de la República y la Libertad

46-Mémoires partagées

47- Mémoire de l\'Espagne républicaine 82

48-Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo)

49- Salamanca Memoria y Justicia

50-Todos los rostros

miércoles, 1 de julio de 2009

El Gobierno prepara una ley que retirará la calificación de “traidores” a aquellos que ayudaron a judíos o se resistieron al Führer.

El Gobierno prepara una ley que retirará la calificación de “traidores” a aquellos que ayudaron a judíos o se resistieron al Führer.

EFE – Berlín – 01/07/2009 09:41

La coalición de la canciller alemana, Angela Merkel, planea aprobar una ley para rehabilitar a todas las personas catalogadas como traidores por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, dijo el martes un líder conservador. Los conservadores de Merkel, que habían apoyado en un principio sólo una moción no vinculante, van a trabajar con sus socios de coalición, los miembros del Partido Socialdemócrata (SPD), para preparar una ley, dijo Volker Kauder, líder parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

La ley, discutida desde hace tiempo en Alemania, aseguraría una rehabilitación a aquellos vistos como traidores durante la era nazi y llegaría al Parlamento antes de las elecciones de septiembre, agregó.

Los tribunales militares nazis condenaron a cerca de 30.000 personas a muerte por deserción y traición durante la guerra y cerca de dos tercios de ellos fueron ejecutados, según medios alemanes. Según historiadores, los nazis utilizaron el cargo de traición para condenar a soldados y civiles a muerte por resistencia política y por ayudar a judíos.

El borrador de la ley podría prepararse en los próximos días y el Parlamento podría aprobarlo el 26 de agosto, agregó Kauder. “Esta es una gran oportunidad para enmendar esta injusticia”, dijo el legislador del opositor Partido de Izquierda, Jan Korte, según el Financial Times Deutschland.

“Sesenta y cuatro años después de la guerra, es momento de dar una señal a las familias de que el Parlamento alemán no ve a sus padres y abuelos como traidores”, enfatizó.

COMENTARIO:

Alemania sigue dando claros ejemplos de lo que es recuperar memoria y dignificar su historia a través de actos como este, como la retirada de símbolos fascistas y sobre todo nazis, del museo de la II Guerra Mundial o del Holocausto, sin que a nadie se le rasgen las vestiduras (al menos publicamente). Aprenderemos de una vez nosotros…

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